La Fiscalía de la Nación realizó este miércoles 18 de febrero una diligencia en el Palacio de Gobierno, pocas horas después de que el Congreso censurara a José Jerí, lo que marcó el fin de su gestión como jefe de Estado.

La intervención estuvo encabezada por el fiscal adjunto supremo Ramón Flores Ñañez, acompañado por los fiscales José Fustamante Rafael y Ana Manrique Farfán. El equipo del Ministerio Público ingresó específicamente a la oficina de asesoría jurídica de la sede presidencial con el objetivo de recabar documentación relevante.

Según información preliminar, las diligencias se centraron en la revisión de contratos, designaciones y otros actos administrativos realizados durante la administración de Jerí. Estas acciones forman parte de un proceso de verificación que busca determinar si se cumplieron los procedimientos legales en la gestión del despacho presidencial.

Exfuncionarias vinculadas a José Jerí renunciaron a su cargos tras cuestionamientos en su contra

Dos colaboradoras cercanas al expresidente de la República, José Jerí, dejaron sus cargos en el Estado luego de que una investigación periodística revelara que ambas accedieron a contratos públicos días después de haber participado en una reunión nocturna en el despacho presidencial, realizada el 1 de noviembre de 2025. El caso ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en las contrataciones y motivó la intervención del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República.

Las renuncias corresponden a la ingeniera ambiental Guadalupe Vela y a Cristina Beraún, quienes, según registros oficiales de visitas, permanecieron varias horas en Palacio de Gobierno la noche del 1 de noviembre. La difusión de esta información encendió las alertas sobre un posible vínculo entre las reuniones privadas y la posterior adjudicación de órdenes de servicio y contratos estatales.

De acuerdo con los reportes, Guadalupe Vela ingresó al despacho presidencial a las 6:48 p. m. y se retiró a las 11:56 p. m. Veinte días después, el 20 de noviembre, obtuvo una orden de servicio con EsSalud por un monto superior a los 6,330 soles. Ese mismo mes, fue contratada como locadora bajo la modalidad del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) en el Ministerio del Ambiente, con una remuneración mensual de 11,000 soles.

En el caso de Cristina Beraún, esta accedió a un contrato por 6,500 soles para realizar labores de análisis de comunicación interna en la oficina presidencial. Tras la publicación del reportaje que reveló la secuencia de visitas y contrataciones, la funcionaria también optó por presentar su renuncia al cargo.

La primera dimisión se hizo pública a través de un comunicado difundido por Guadalupe Vela en su cuenta de Facebook. En el texto, la exfuncionaria defendió su formación profesional y sostuvo que cumplía con todos los requisitos técnicos exigidos para los cargos que desempeñó. Sin embargo, denunció que la exposición mediática del caso afectó gravemente su vida personal y profesional.

“Objeto de una injusta exposición pública que ha incluido insinuaciones de carácter personal y sexual, así como la deslegitimación de mis capacidades profesionales”, señaló Vela en su pronunciamiento, en el que también aseguró que su renuncia buscaba evitar que la controversia continúe escalando.

Paralelamente, el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro abrió una investigación preliminar para determinar si existieron irregularidades en las contrataciones de Vela y Beraún, así como para esclarecer si las visitas nocturnas al despacho presidencial guardan relación directa con la obtención de las órdenes de servicio.

A esta investigación se suma la intervención de la Contraloría General de la República, que solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros y a diversos ministerios la remisión de información detallada sobre contratos y órdenes de servicio otorgados desde octubre de 2025. El pedido incluye al menos a tres de las cinco jóvenes que visitaron el despacho del presidente interino y luego fueron contratadas por el Estado.

Además de los casos de Vela y Beraún, la controversia alcanza a otras funcionarias. Entre ellas figura Violeta Beas, quien también ingresó al despacho presidencial el 1 de noviembre y, semanas después, fue designada como jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación. Asimismo, se encuentran los nombres de Fiorela Melgarejo y Alicia Camargo, quienes registraron visitas oficiales a Palacio y posteriormente recibieron órdenes de servicio en entidades públicas.