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Fiscalía no avisa al personal del INPE cuando hay requisas

Presos adquieren celulares en cárceles por S/ 5,000 – S/ 10,000; en ocasiones, empleados penitenciarios están implicados en tráfico
Según datos proporcionados por la Fiscalía de Prevención del Delito, se ha registrado un aumento del doble en las llamadas extorsivas provenientes de los centros penitenciarios en el Perú entre el año 2022 y 2023. Además, durante los 107 megaoperativos llevados a cabo en el último año en las cárceles, se descubrió que el 80% de las organizaciones criminales contaban con miembros operando desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Se sugiere que este crecimiento está vinculado a la participación de algunos malos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que facilitan la entrada de teléfonos celulares y otros artículos de naturaleza ilegal.
Un informe del semanario Hildebrandt en sus Trece corrobora esta afirmación, tras entrevistar a Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito. Barrenechea reveló que cuando se planifican operativos de inspección en las cárceles, estos se mantienen en absoluto secreto y no se informa con antelación al personal de los centros penitenciarios ni a sus directivos, con el fin de evitar filtraciones de información a los reclusos y brindarles tiempo para deshacerse de los objetos ilícitos.
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Hallazgos Alarmantes en Centros Penitenciarios: Drogas y Celulares entre el Personal
El reportaje también destaca que incluso entre el personal de los centros penitenciarios se han hallado teléfonos celulares y drogas entre sus pertenencias. Por ejemplo, el 22 de octubre, la Fiscalía de Prevención del Delito llevó a cabo un operativo en dos pabellones del penal El Milagro, en Trujillo. En esa ocasión, se encontraron 19 teléfonos y 187 sobres de marihuana. Además, en el casillero de un agente penitenciario se hallaron drogas, tarjetas SIM y armas blancas.
«En el penal El Milagro también inspeccionamos los casilleros de los agentes de seguridad, donde encontramos varios teléfonos celulares. En uno de los casilleros se descubrieron 440 gramos de cocaína en una bolsa negra. También encontramos tarjetas SIM y armas punzocortantes», informó Barrenechea al semanario.
El informe periodístico también recuerda que el 26 de abril de este año, la Fiscalía Antidrogas y agentes de la División de Investigación Criminal de la Policía detuvieron al director de la Oficina Regional Norte del INPE, Faustino Pingo Zapata; al director del penal de Piura, Segundo Montalván Maza; y a 14 agentes penitenciarios. A todos ellos se les acusa de estar implicados en una red de tráfico de drogas y cobro de extorsiones en el penal de Río Seco.
Según información proporcionada por la Fiscalía, se ha constatado que los reclusos pueden adquirir un celular abonando entre S/ 5.000 y S/ 10.000.
Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías de Crimen Organizado, afirmó al semanario que en las prisiones existe una notable circulación de información: «El 80% de las bandas criminales intervenidas tienen integrantes operando desde los penales», declaró.
Añadió que incluso hay empleados del INPE que extorsionaban a los internos, cobrándoles por el ingreso de celulares e incluso por el acceso a servicios básicos como el baño. Esta red delictiva fue desmantelada en una operación llevada a cabo en agosto de 2021 en el penal de Cajamarca.
Un informe de la Contraloría fechado el 7 de julio de 2023, también citado en el reporte del semanario, advirtió sobre la escasa «rotación de personal en las áreas de seguridad» en el penal de Socabaya. Esta situación propicia que tanto los internos como los empleados penitenciarios se vuelvan más «familiarizados».
En consecuencia, los representantes de las prisiones (anteriormente conocidos como ‘taitas’) tienen la capacidad de coordinar con funcionarios del INPE para evitar la realización de requisas o para manipular o dañar los bloqueadores de señal de celular.
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Municipalidad de Chorrillos y ATU advierten sobre combis informales en el Morro Solar

El municipio advierte la existencia de ‘colectivos’ que trasladan pasajeros y bicicletas hasta la cima del morro. La ATU afirma que no cuentan con autorización para realizar el servicio de transporte ni tienen las condiciones adecuadas. El Comercio verificó que algunas combis arrastran papeletas y sus choferes han sido multados. Los ciclistas, por su parte, piden que se escuche su postura para encontrar una solución.
Más que un mirador natural con vistas privilegiadas de la costa del Pacífico, el Morro Solar de Chorrillos es un espacio emblemático declarado zona histórica intangible e integrante del Patrimonio Cultural de la Nación desde 1986. También es uno de los destinos favoritos para la práctica del ciclismo de montaña y downhill. Hoy, sin embargo, es escenario de una controversia entre la municipalidad distrital y un grupo de deportistas, debido al ingreso de combis que ofrecen subir bicicletas y ciclistas hasta la cima del morro.

Transporte informal en zona protegida
De acuerdo a la Municipalidad de Chorrillos, estas combis operan como colectivos informales, cobrando entre S/7 y S/8 por viaje, sin tener permiso alguno de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Además, se ha alertado que circulan sin SOAT para pasajeros, sin revisión técnica vigente, y transportan hasta 12 personas con bicicletas en el interior.
El municipio recuerda que, según la Ordenanza Municipal N.º 332‑2018, la vía que sube al Morro Solar solo puede ser utilizada por vehículos autorizados con fines de mantenimiento. Ingresar sin autorización constituye una infracción grave que puede ser sancionada con una multa de S/5,350 y la retención del vehículo.

Operativos y antecedentes
Durante recientes intervenciones, la ATU y la Policía Nacional calificaron este tipo de traslado como un servicio informal y fuera de la normativa vigente. Según verificó El Comercio, algunas de las combis involucradas —como las de placas AUL‑338 y W2K‑065— tienen multas previas por circular en sentido contrario, no pasar la revisión técnica o brindar transporte sin autorización. Incluso figuran papeletas impagas.

Ciclistas: “Necesitamos una alternativa legal”
En medio de la polémica, los ciclistas han salido a defender su práctica. Jean Pierre Guzmán, deportista con 40 años de experiencia, explicó que no todos los aficionados tienen vehículo propio y que subir pedaleando es físicamente inviable para muchos. Por ello, pidió que las autoridades habiliten un sistema formal, regulado y seguro para acceder al punto de partida de las rutas de descenso.
“Después de la pandemia, este deporte ha ayudado mucho a la salud mental. No queremos conflictos, solo soluciones”, afirmó.
📝 Con información de El Comercio.
📍 Redacción Limaaldia.pe
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En el mes del Día del Padre, Cabify Club destaca a quienes se mueven con frecuencia en Lima

En una ciudad como Lima, moverse no siempre es fácil. Ya sea para llegar temprano a clases, volver a casa después del trabajo o cruzar la ciudad para visitar a tu familia, cada trayecto puede ser una prueba de paciencia, tiempo y energía. Por eso, tener una opción de movilidad segura y de calidad adaptada a la rutina diaria hace una gran diferencia.
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