Actualidad
Fiscalía no avisa al personal del INPE cuando hay requisas
Presos adquieren celulares en cárceles por S/ 5,000 – S/ 10,000; en ocasiones, empleados penitenciarios están implicados en tráfico
Según datos proporcionados por la Fiscalía de Prevención del Delito, se ha registrado un aumento del doble en las llamadas extorsivas provenientes de los centros penitenciarios en el Perú entre el año 2022 y 2023. Además, durante los 107 megaoperativos llevados a cabo en el último año en las cárceles, se descubrió que el 80% de las organizaciones criminales contaban con miembros operando desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Se sugiere que este crecimiento está vinculado a la participación de algunos malos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que facilitan la entrada de teléfonos celulares y otros artículos de naturaleza ilegal.
Un informe del semanario Hildebrandt en sus Trece corrobora esta afirmación, tras entrevistar a Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito. Barrenechea reveló que cuando se planifican operativos de inspección en las cárceles, estos se mantienen en absoluto secreto y no se informa con antelación al personal de los centros penitenciarios ni a sus directivos, con el fin de evitar filtraciones de información a los reclusos y brindarles tiempo para deshacerse de los objetos ilícitos.
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Hallazgos Alarmantes en Centros Penitenciarios: Drogas y Celulares entre el Personal
El reportaje también destaca que incluso entre el personal de los centros penitenciarios se han hallado teléfonos celulares y drogas entre sus pertenencias. Por ejemplo, el 22 de octubre, la Fiscalía de Prevención del Delito llevó a cabo un operativo en dos pabellones del penal El Milagro, en Trujillo. En esa ocasión, se encontraron 19 teléfonos y 187 sobres de marihuana. Además, en el casillero de un agente penitenciario se hallaron drogas, tarjetas SIM y armas blancas.
«En el penal El Milagro también inspeccionamos los casilleros de los agentes de seguridad, donde encontramos varios teléfonos celulares. En uno de los casilleros se descubrieron 440 gramos de cocaína en una bolsa negra. También encontramos tarjetas SIM y armas punzocortantes», informó Barrenechea al semanario.
El informe periodístico también recuerda que el 26 de abril de este año, la Fiscalía Antidrogas y agentes de la División de Investigación Criminal de la Policía detuvieron al director de la Oficina Regional Norte del INPE, Faustino Pingo Zapata; al director del penal de Piura, Segundo Montalván Maza; y a 14 agentes penitenciarios. A todos ellos se les acusa de estar implicados en una red de tráfico de drogas y cobro de extorsiones en el penal de Río Seco.
Según información proporcionada por la Fiscalía, se ha constatado que los reclusos pueden adquirir un celular abonando entre S/ 5.000 y S/ 10.000.
Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías de Crimen Organizado, afirmó al semanario que en las prisiones existe una notable circulación de información: «El 80% de las bandas criminales intervenidas tienen integrantes operando desde los penales», declaró.
Añadió que incluso hay empleados del INPE que extorsionaban a los internos, cobrándoles por el ingreso de celulares e incluso por el acceso a servicios básicos como el baño. Esta red delictiva fue desmantelada en una operación llevada a cabo en agosto de 2021 en el penal de Cajamarca.
Un informe de la Contraloría fechado el 7 de julio de 2023, también citado en el reporte del semanario, advirtió sobre la escasa «rotación de personal en las áreas de seguridad» en el penal de Socabaya. Esta situación propicia que tanto los internos como los empleados penitenciarios se vuelvan más «familiarizados».
En consecuencia, los representantes de las prisiones (anteriormente conocidos como ‘taitas’) tienen la capacidad de coordinar con funcionarios del INPE para evitar la realización de requisas o para manipular o dañar los bloqueadores de señal de celular.
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Denuncian retiro de paneles de candidato de Somos Perú en La Victoria
El equipo de campaña de Alberto Moreno, candidato a la alcaldía por Somos Perú, acusa a personal de la Municipalidad de La Victoria de retirar y destruir sus paneles publicitarios, mientras —según la denuncia— la propaganda de Susana Saldaña, de Renovación Popular, permanece instalada en distintos puntos del distrito.
Videos y fotografías difundidos por vecinos mostrarían a trabajadores municipales interviniendo publicidad electoral de Somos Perú. La campaña de Moreno sostiene que estos hechos evidenciarían un presunto uso de recursos y personal edil para favorecer a una determinada opción política.
Doble rasero en retiro de propaganda
La controversia aumenta debido a que, según los denunciantes, los paneles de Susana Saldaña continúan colocados en postes de alumbrado público y otros espacios del distrito sin ser retirados.
El equipo de Alberto Moreno cuestiona que la municipalidad aplique, presuntamente, criterios diferentes frente a la propaganda de distintos candidatos, y recuerda que las autoridades y funcionarios públicos deben mantener una conducta neutral durante el proceso electoral.
“Estamos ante un juego sucio y una cancha totalmente inclinada”, señalaron voceros de Somos Perú, quienes responsabilizaron políticamente al alcalde Rubén Cano, de Renovación Popular, y anunciaron acciones ante las autoridades electorales y judiciales.
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¡Masacre en Trujillo! Policía busca a “Los Pulpos” tras secuestro de empresario
La Policía Nacional intensificó los operativos en distintos puntos de Trujillo para localizar a los responsables del asesinato de cuatro personas ocurrido en la calle Húsares de Junín. La principal hipótesis apunta a integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”, vinculados presuntamente al secuestro de un empresario minero.
Las cuatro víctimas fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.
El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, informó que los delincuentes habrían utilizado prendas similares a las de agentes policiales para simular un operativo y detener la camioneta en la que viajaba el empresario Jenns Marty Lara Tantaquilla y sus acompañantes.
Según la versión policial, los ocupantes del vehículo se resistieron a que el empresario fuera retirado por los falsos policías. Ante esta resistencia, los delincuentes abrieron fuego y asesinaron a cuatro de sus acompañantes.
El general Espinoza confirmó el secuestro del empresario y señaló que los responsables se habrían deshecho de las prendas utilizadas durante el falso operativo. Un equipo especializado de la División de Secuestros llegó a Trujillo para reforzar las investigaciones.
La Policía mantiene desplegados diversos operativos para ubicar a los autores del crimen y establecer el paradero del empresario secuestrado. La magnitud del operativo policial aumenta la presión sobre los captores y mantiene en alerta a las autoridades de La Libertad.
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