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Fiscalía pide 6 años y 8 meses de prisión para Agustín Lozano
La acusación alega que Lozano habría enriquecido ilícitamente en más de dos millones cuando era alcalde de Chongoyape en Chiclayo
El Ministerio Público pidió seis años y ocho meses de cárcel para el líder de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano Saavedra, por el crimen de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque (3.° Despacho) fue la entidad encargada de presentar la acusación.
Según una publicación de la institución en Twitter, Agustín Lozano habría abusado de su posición como alcalde de la ciudad de Chongoyape para incrementar ilegítimamente su fortuna en más de S/2.8 millones. El dirigente no habría justificado este desequilibrio. Además, habría utilizado a sus familiares y amigos más cercanos para ocultar este hecho.
Lozano fue dos veces alcalde de esta localidad situada en la provincia de Chiclayo, región de Lambayeque, entre el 2011 y 2014, en el primer periodo, y entre el 2014 y 2018, en el segundo. Para obtener su última gestión postuló con el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP).
Después de finalizar su mandato, asumió la presidencia de la federación peruana en diciembre del 2018, cuando el entonces presidente, Edwin Oviedo, fue detenido por las autoridades. Finalmente, en el 2021, fue elegido formalmente para ocupar el cargo hasta el 2025.
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La Fiscalía también está investigando al presidente de la FPF por la presunta reventa de boletos para los partidos de la selección y la venta irregular de uniformes del equipo nacional. Hildebrandt en sus trece informó que un testigo protegido afirmó que Lozano estableció una red criminal para este propósito y que para ello habría tenido una «operadora en la sombra».
Además, se han detectado irregularidades en los contratos de televisión para la transmisión de partidos de la primera división de fútbol del Perú, más conocida como Liga 1, y el uso indebido de las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional, también conocida como Videna.
En el 2020, la Comisión de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó a Agustín Lozano por el caso de reventa de boletos durante las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Aunque no se le encontró culpable de las acusaciones, se determinó que cometió una falta administrativa al no garantizar el destino adecuado de los boletos. La Conmebol ordenó la realización de campañas de concientización en la FPF contra este delito y una multa de USD 5.000 que debían ser pagados en un plazo máximo de 15 días.
Desviación de fondos de la FPF
Por otro lado, se informó en Panorama que el líder de la FPF habría efectuado pagos irregulares y utilizado los recursos de la institución deportiva de manera indebida. De esta manera, se sugiere que se habrían realizado transferencias de grandes sumas a varios clubes de la Liga 2 con el fin de asegurar su apoyo político.
El fiscal Juan Orihuela, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, está a cargo de la investigación sobre el exalcalde, quien presuntamente habría autorizado la entrega de S/250 mil mensuales a una asociación, dos clubes y equipos de la segunda división.
Estos pagos estarían dirigidos a asegurar el respaldo de los dirigentes que forman parte de la asamblea de la Federación, compuesta por 67 miembros. «Dado que se trata de una asociación sin fines de lucro, la FPF no tiene la potestad de distribuir ganancias entre sus miembros por sí sola. Esto es ilegal», señaló una fuente al semanario.
Además, según Óscar Romero, representante de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), el presidente de la federación habría modificado el sistema de votación en dicha asamblea para que los clubes departamentales obtengan 25 votos, mientras que los de primera división se quedaron con 20 y los de segunda con 10.
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Vendedora de golosinas es asesinada en los alrededores de Plaza Norte –
De un disparo frente a su hermana fue asesinada una vendedora de golosinas, identificada como Alondra Aquino Huanca (22), en la avenida Alfredo Mendiola, cerca del ingreso vehicular del Centro Comercial Plaza Norte, en el distrito limeño de Independencia.
Según información policial, alrededor de las 4 y 50 de la mañana, la vendedora de golosinas se encontraba en su puesto atendiendo a los viajeros que llegan a dicho punto para realizar el conocido «Full Day».
La joven continuaba con sus ventas cuando un delincuente abordo de una motocicleta, vestido con una polera blanca y pantalón gris oscuro, hizo disparos contra la víctima.
El delincuente cruzó la avenida Panamericana Norte y subió una motocicleta con destino al centro de la capital.
De acuerdo con el acta policial, la hermana de la víctima descartó un caso de feminicidio, ya que no tenía pareja; además, según su declaración, al momento del disparo ella «observó a dos sujetos que trabajan como choferes de colectiveros informales, quienes se dieron a la fuga».
La policía presume que los autores del hecho serían colectiveros informales que realizan servicios en el lugar» y sería de una empresa que era la competencia en donde «trabajaba la víctima», señalando a dos personas «de nacionalidad venezolana» como presuntos responsables del hecho.
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Condenan a chofer informal por agredir a un fiscalizador de la ATU en San Borja –
El Poder Judicial impuso la medida por el delito de violencia contra la autoridad y fijó un monto de reparación civil a favor del trabajador afectado.
El Poder Judicial condenó este sábado a 2 años y 6 meses de prisión suspendida a un chofer informal que agredió a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en San Borja. Además, el fallo judicial ordena al sentenciado pagar una reparación civil económica tanto a la institución como al colaborador afectado.
El ataque se registró el pasado 27 de mayo en la Vía Expresa de la avenida Javier Prado Este, a la altura del Ministerio de Cultura. En ese punto, el inspector intervino un vehículo informal de placa BLZ-207, desatando la violenta reacción del conductor, quien lo agredió físicamente.
Ante la agresión, un agente de la Policía Nacional (PNP) que resguardaba el operativo intervino de inmediato, detuvo al sujeto y lo trasladó a la comisaría del sector. Posteriormente, la Fiscalía lo procesó por el delito de violencia contra la autoridad para la administración pública.
Apenas 48 horas después del incidente, se instaló la audiencia donde el acusado admitió su culpabilidad y se acogió al mecanismo de terminación anticipada, lo que aceleró la emisión de la sentencia.
A través de un comunicado, la ATU destacó que este fallo marca un precedente clave contra las agresiones que padece su personal en la lucha contra el transporte informal. Finalmente, la entidad ratificó su compromiso de mantener los operativos en Lima y Callao, junto a la PNP, para asegurar un servicio público formal y seguro.
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