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Fonavistas desbaratan maniobra que busca dejar sin pago a 328

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Demuestran que nunca hubo “beneficiarios directos” del FONAVI

La Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf-Perú) alertó que más de 328.000 fonavistas quedarían apartados de la devolución de sus aportes, debido a la última sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 0-16-2021 que deja la puerta abierta a una posible exclusión.

¿Qué dice este fallo?

Según lo resuelto, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley N° 31173 en el extremo que permite la posibilidad que se incluya en la devolución a diversas personas, sin evaluar si es que recibieron algún beneficio directo o indirecto de los recursos del Fonavi.

Con la decisión del colegiado, el Fenaf-Perú sostiene que se abre puerta a la exclusión de la devolución de pagos a los prestatarios del Banco de Materiales, quienes resultan ser fonavistas que viven en lugares donde el Estado ejecutó obras de saneamiento y electrificación.

Lee: 

Devolución de aportes tendrá como prioridad a los que no cobraron pago a cuenta

“Cuando hacemos el análisis, tomando como referencia la Constitución y la sentencia del TC no hay beneficiados del recurso del Fonavi. Por ejemplo, las personas que recibieron préstamos del Banco de Materiales, lo hicieron de su propio dinero y sobre eso pagaron intereses. Entonces, el beneficio es nulo”, dijo el dirigente Jorge Milla.

Agregó que el Tribunal Constitucional ha establecido que se evalúe si un fonavista recibió beneficios directos del Fonavi y si es que resultó así, ahí es excluido del proceso. “El TC no ha fijado qué es ser beneficiario de los recursos del Fonavi”, refirió.

En esa línea, trasladó la preocupación de miles de fonavistas, debido a que esa evaluación caerá ahora en manos de la Comisión ad Hoc, cuya mayoría está compuesta por integrantes del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, fácilmente podrían excluir al grupo de personas imponiendo sus criterios.

“Si los miembros de la Comisión ad Hoc, representantes del Poder Ejecutivo (deudor), imponiendo su mayoría resuelven excluir a 328.000 fonavistas de la devolución de su propio dinero bajo el pretexto que se habrían beneficiado con su propio dinero, estarían confiscando patrimonio privado, acción prohibida por el Art. 70° de la Constitución Política del Perú”, se lee en la partida de Fenaf-Perú.

Según indica el gremio, una parte ya pagó su deuda y otra está aún pendiente, pero lo harían con el dinero que se les debe.

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Participación electoral en el Perú cae a mínimos históricos: urgen medidas para una democracia más inclusiva

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Un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) revela que la asistencia a las urnas ha disminuido del 88 % al 70 % en las últimas dos décadas. Además, advierte que el sistema electoral actual excluye a poblaciones vulnerables y plantea la necesidad de impulsar reformas estructurales.

El informe «La democracia en el Perú desde sus indicadores electorales», elaborado por la Escuela de Gobierno PUCP, evidencia una alarmante caída en participación electoral: mientras en 2006 el 88.7 % de la ciudadanía votó en comicios congresales, en 2021 se redujo al 70.1 %. «El sistema electoral actual reproduce exclusiones históricas al no garantizar accesibilidad para personas con discapacidad, comunidades indígenas y poblaciones rurales», advierte el reporte. Esta brecha se acentúa en las segundas vueltas regionales, donde la participación no supera el 66 %.

La investigación identifica tres factores clave detrás de la baja participación: la desconfianza institucional —con un 88 % de desaprobación al Congreso—, la falta de representatividad de los candidatos y las barreras logísticas. Además, las brechas territoriales también son evidentes: los distritos rurales registran tasas de participación hasta 25 % menores que los urbanos. «En las últimas elecciones, 3 de cada 10 peruanos habilitados no votaron no por desinterés, sino por dificultades para llegar a centros de votación o falta de documentos», detalla el documento.

Para revertir esta crisis, el estudio propone tres alternativas: implementar el voto electrónico asistido para zonas remotas, establecer cuotas obligatorias para candidatos indígenas y de personas con discapacidad, y reformar el sistema de multas por inasistencia. «Sin una inclusión real de los grupos marginados, la democracia peruana seguirá siendo una promesa incumplida», concluye el informe, que resalta la urgencia de aplicar estas medidas antes de los próximos comicios regionales.

Fuente: InfoActiva

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Más de 2,500 obras públicas están detenidas en el país

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Entre los departamentos más afectados se encuentran Arequipa (146 obras), La Libertad (86), Lima (186) y Piura (127). Ello perjudica la continuidad de servicios clave como salud, educación, saneamiento e infraestructura vial.

Un reciente informe del Sistema Nacional de Obras Públicas (Infobras) y el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en marzo de 2025, revela que “en el Perú existen 2,572 obras públicas paralizadas, con un costo actualizado total de 43,163 millones de soles. De dicho monto, aún queda un saldo de inversión por ejecutar de 22,512 millones de soles”. De acuerdo con la Contraloría, si se reactivan estas inversiones, permitiría restablecer servicios y obras esenciales para más de ocho millones de personas.

De esta manera, algunos de los departamentos más afectados son: Arequipa que tiene 146 obras paralizadas con más de S/ 7,731 millones comprometidos; destacan proyectos penitenciarios, viales y policiales. La Libertad con 86 obras detenidas por más de S/ 5,595 millones; resaltan tramos viales estratégicos y puentes clave. Asimismo, Lima registra 186 obras paralizadas por S/ 4,564 millones; incluyen proyectos de agua, saneamiento y carreteras interregionales. Finalmente, en Piura hay 127 obras sin ejecutar por más de S/ 2,547 millones; entre ellas, obras de saneamiento, conectividad digital y riego agrícola.

Así, estas regiones no solo concentran un volumen importante de proyectos detenidos, sino también millonarios recursos públicos que permanecen inmovilizados, afectando la continuidad de servicios clave como salud, educación, saneamiento e infraestructura vial.Fuente: Perú 21 y Rumbo Minero

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