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Gobierno destina más de S/1,5 millones de soles a Sierra y Selva Exportadora
Para mejorar las habilidades de la agricultura familiar
El Ejecutivo ha aprobado la asignación de una suma superior a 1.5 millones de soles al programa Sierra y Selva Exportadora, con el propósito de apoyar el crecimiento del programa destinado a reforzar las habilidades en administración empresarial, comercio y producción para los agricultores familiares.
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 213-2023-EF, que ha sido publicado en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano el día de hoy, se ha autorizado la transferencia de fondos en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.
Esta transferencia, por un monto de un millón 566,955 soles, se realizará a través de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y tendrá como beneficiario a Sierra y Selva Exportadora. El propósito de esta transferencia es financiar la continuación de dos proyectos de inversión destinados a fortalecer la agricultura familiar.
Uno de los proyectos que será financiado incluye el “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Comercial de los Productores de Palta en el Valle de Torobamba del Distrito de San Miguel – Provincia de La Mar – Departamento de Ayacucho”.
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Los recursos transferidos en virtud de este Decreto Supremo actual no pueden ser utilizados con responsabilidad para propósitos diferentes a los que están previamente autorizados.
La disposición está firmada por la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras Álvarez, y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.
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Hacinamiento carcelario se agrava mientras fallan la inversión pública y las políticas de prevención del delito
Un análisis de Videnza Instituto alerta que el sistema penitenciario opera al borde del colapso y que la ausencia de prevención sigue alimentando la inseguridad en las calles.
El Perú enfrenta una crisis penitenciaria sin precedentes. Según un reciente análisis de Videnza Instituto, el país alberga 103 mil internos en establecimientos diseñados para 42 mil, lo que representa un hacinamiento del 147 % y escenarios extremos en regiones como Huancavelica (462 %) y el Callao (440 %). Todo esto ocurre a pesar de que el presupuesto en seguridad se triplicó en la última década. El informe advierte que el sistema actual solo profundiza la inseguridad: “La privación de libertad no funciona como un puente hacia la reintegración”, señala Videnza.
Mientras la población penitenciaria casi se duplicó entre 2007 y 2024, la infraestructura no avanzó al mismo ritmo. De 53 obras a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 25 no tienen ejecución financiera, lo que compromete más de S/1,326 millones, y solo S/59 millones se han ejecutado este año. Para Videnza Instituto, esta brecha evidencia que el problema “no es coyuntural, sino estructural”.
El análisis subraya que la ampliación de infraestructura no basta si no se enfrenta la operación criminal desde dentro de las cárceles. Propone bloquear comunicaciones ilegales, implementar un sistema integrado de información para evitar traslados discrecionales y reforzar la inteligencia penitenciaria. También plantea ampliar medidas alternativas para adolescentes y personas primarias, a fin de frenar el colapso del sistema.
La crisis se agrava con un creciente número de trabajadores penitenciarios investigados por corrupción —casi 50 solo este año—, lo que, según el informe, convierte a los penales en espacios donde el delito se reproduce y se fortalece. Videnza Instituto concluye que el país no podrá enfrentar la inseguridad sin una reforma profunda del sistema penitenciario basada en tecnología, transparencia y programas efectivos de reinserción. La advertencia es contundente: la seguridad ciudadana “no es una opción: es una urgencia impostergable”.
Fuente: Gestión
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Recorte presupuestal en Mi Vivienda podría dejar sin acceso a casa a 30 mil familias peruanas
José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios, advierte que la reducción de S/ 2.200 millones a S/ 1.000 millones en el fondo Mi Vivienda afectará seriamente la inversión privada y agravará la informalidad urbana.
El recorte del presupuesto asignado al fondo Mi Vivienda para el año 2026 podría dejar sin acceso a una vivienda formal a cerca de 30 mil familias peruanas, advirtió José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios. Espantoso explicó que el presupuesto para 2026 se ha reducido a solo S/ 1.000 millones, un monto heredado de la administración anterior, frente a los S/ 2.200 millones ejecutados en 2025. Esta disminución afecta tanto a quienes buscan adquirir vivienda nueva como a aquellos que desean construir en terreno propio bajo el programa Techo Propio, impactando directamente en el esfuerzo por cerrar el déficit habitacional estimado en 1.9 millones de viviendas.
El representante gremial alertó que la reducción presupuestaria no solo golpea la demanda de vivienda, sino que también envía una señal negativa a la inversión privada en el sector inmobiliario, el segundo más importante después de la minería, que genera más de 280 mil empleos. Además, señaló que la falta de acceso a vivienda formal incrementa la ocupación informal del suelo urbano, un fenómeno que, citando estudios del IPE y GRADE, ha representado el 93% del crecimiento urbano en los últimos 20 años.
Pese a la situación crítica, Espantoso destacó que existe voluntad política para revertir el escenario mediante un crédito suplementario que se discutiría en los primeros meses de 2026. También propuso una ley de financiamiento habitacional para dar predictibilidad al bono habitacional por los próximos cinco años. El líder gremial finalizó advirtiendo que si no se logra una solución rápida, “se agotan los fondos a mitad de año y los proyectos se congelan. No podemos repetir esa historia”.
Fuente: Canal N
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