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Política

José Jerí asegura que este lunes entrará en vigencia ley contra la extorsión y el sicariato

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El presidente de la República, José Jerí, anunció un plazo definitivo para la entrada en vigor de las nuevas medidas de seguridad destinadas a frenar el avance del crimen organizado en el sector transporte, uno de los más golpeados por la extorsión y el sicariato en los últimos meses. Según informó, la Ley 32490, que establece disposiciones extraordinarias contra estos delitos, será aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en los próximos días para su inmediata aplicación.

“La Ley 32490, que como máximo el día sábado está lista, aprobada por el Consejo de Ministros, y publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes”, señaló el mandatario, subrayando la urgencia de la norma frente al aumento de atentados contra empresas y conductores del transporte urbano e interprovincial.

La ley tiene como eje central la protección de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. Entre sus principales innovaciones destaca la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), un equipo de élite conformado por policías, fiscales y jueces que operará bajo un régimen especial de seguridad. Este grupo será sometido a pruebas de polígrafo cada seis meses, con el objetivo de garantizar su integridad y evitar filtraciones que pongan en riesgo las investigaciones.

Además, la norma incorpora un Fondo estatal de riesgo destinado a brindar respaldo económico a las empresas y unidades de transporte que sean víctimas de atentados. Esta medida busca reducir el impacto financiero que generan los ataques y evitar que los operadores se vean obligados a cerrar rutas o abandonar sus actividades por temor a represalias.

¿De qué trata la ley 32490?

Otro de los pilares de la Ley 32490 es la implementación de inteligencia financiera para rastrear los pagos extorsivos, conocidos como “cupos”, que actualmente se realizan con mayor frecuencia a través de billeteras digitales y cuentas bancarias. Con este mecanismo, el Estado apunta a seguir la ruta del dinero y desarticular las redes criminales desde su base económica, debilitando su capacidad de operación.

A ello se suma la aplicación de la figura de la extinción de dominio exprés, que permitirá incautar de manera más rápida los bienes y cuentas utilizadas para recibir dinero de las extorsiones. Esta herramienta busca acelerar los procesos judiciales y evitar que los recursos ilícitos continúen financiando actividades criminales mientras se desarrollan largas investigaciones.

Como parte de la estrategia integral contra el sicariato, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, explicó los alcances del decreto supremo que acompañará la ley y que prohibirá la circulación de motocicletas con dos ocupantes, una modalidad recurrentemente utilizada por delincuentes para cometer atentados y huir con rapidez.

José Jerí

Prieto fue enfático al detallar la severidad de las sanciones. En una primera infracción, el conductor incurrirá en una falta “muy grave”, con la pérdida de 50 puntos en su récord y la posibilidad de acogerse al pronto pago de la multa. Sin embargo, en una segunda falta, la sanción será mucho más dura: se duplicará la multa, no habrá descuento por pronto pago y se restarán 60 puntos adicionales, lo que en la práctica significará la pérdida del brevete.

“O sea, la segunda vez que vas en una moto con dos personas te quedas sin brevete. Entonces se espera desincentivar el comportamiento de uso para que pueda ser más fácil identificarlos”, afirmó el ministro, al explicar que la medida busca reducir las oportunidades de acción de los sicarios y facilitar la labor de la Policía.

Las nuevas disposiciones llegan en un contexto de creciente presión social por la inseguridad, especialmente en el transporte público, donde conductores y empresas han denunciado amenazas, atentados con explosivos y asesinatos por negarse a pagar cupos. En ese escenario, el Gobierno apuesta por una respuesta integral que combine control policial, inteligencia financiera y sanciones administrativas más severas.

Con la entrada en vigencia de la Ley 32490, el Ejecutivo busca enviar un mensaje claro: la lucha contra la extorsión y el sicariato será una prioridad de Estado. No obstante, especialistas advierten que la efectividad de estas medidas dependerá no solo de su dureza, sino también de su correcta implementación, la coordinación interinstitucional y la asignación de recursos suficientes para sostener esta ofensiva contra el crimen organizado.



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Política

Perú Federal arranca campaña a ritmo de Massé

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El partido Democrático Federal inauguró su local de campaña y presentó su propuesta país

En un ambiente entusiasta, el Partido Democrático Perú Federal inauguró su local de campaña en la Plaza Bolognesi, en Breña, en un acto encabezado por el candidato presidencial Armando Massé, acompañado de su plancha Virgilio Acuña y Lydia Díaz, donde se presentaron los principales ejes de la propuesta política del partido y su compromiso con el orden democrático, la lucha contra la corrupción y un Perú con dignidad y oportunidades.

Durante su discurso, Massé remarcó las profundas contradicciones estructurales del Perú, un país rico en recursos naturales y biodiversidad, pero con altos niveles de desigualdad, pobreza, desnutrición infantil y abandono estatal. En un mensaje cargado de contenido social y político, el candidato expresó:

“El Perú es mi paciente, pero yo soy un impaciente. No me resigno a ver niños con anemia en el primer productor mundial de anchovetas, ni ancianos haciendo interminables colas por una atención médica paupérrima, cuando somos potencia minera y biodiversa”, señaló.

El candidato recordó además su experiencia durante la pandemia del COVID-19, denunciando la precariedad del sistema de salud y la falta de conducción del Estado en momentos críticos, a pesar de la riqueza del país. Asimismo, cuestionó el centralismo histórico que —según indicó— ha marginado a las regiones y obligado a miles de peruanos a migrar a Lima en busca de oportunidades.

“Tenemos un país rico, pero un Estado pobre. Regiones con potencial inmenso tratadas como periferia durante más de 200 años. No es falta de recursos, es falta de conducción. No es aceptable que el futuro del país se vea forzado a emigrar o a desempeñarse en condiciones de subempleo en el extranjero por falta de oportunidades en su propia patria”, señaló.

La inauguración incluyó diversos actos simbólicos, entre ellos la bendición del local a cargo del padre Luis Bazalar, el corte de cinta inaugural y la develación de la placa institucional, así como presentaciones musicales de los artistas Homero y Julio Andrade, que acompañaron el carácter festivo de la jornada. En el cierre del evento, el candidato reafirmó la identidad y los principios de Perú Federal al señalar: “No queremos el poder para mandar, queremos el poder para ordenar el país. No venimos a dividir al Perú, venimos a reconciliarlo consigo mismo. El cambio que proponemos no es un salto al vacío, es un paso firme hacia adelante, concluyó.

Con esta inauguración, el Partido Democrático Perú Federal inicia formalmente una etapa de acercamiento territorial y político, presentándose como una alternativa que apuesta por el orden democrático, la soberanía popular, el respeto a la Constitución y los derechos humanos entendidos desde la dignidad y no desde la imposición ideológica.





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Política

Acepto el jalón de orejas

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En un inusual gesto de autocrítica pública, el presidente de la República, José Jerí Oré, reconoció errores en la estrategia del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas que hoy golpea con mayor fuerza a la población peruana. El pronunciamiento se produjo durante una reunión con dirigentes de diversos gremios de transportistas, quienes vienen denunciando un alarmante incremento de las extorsiones, amenazas y ataques armados contra conductores y empresas del sector.

El encuentro tuvo lugar en el local de la empresa Santa Catalina S.A. (Etsaca), en el distrito de San Juan de Lurigancho, una de las zonas más afectadas por la criminalidad. A la cita asistieron también el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el titular de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola; así como representantes del gremio de transporte, entre ellos Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos.

Durante su intervención, el jefe de Estado fue directo al admitir que el Ejecutivo no actuó con la firmeza necesaria en momentos clave de la lucha contra la delincuencia, especialmente en lo referido a los cambios y rotaciones dentro de las fuerzas operativas.

“Acepto el jalón de orejas que nos han dado el día de hoy porque hay que admitir también cuando una autoridad comete un error o se confía. En un momento de crisis, con altos índices de delincuencia violenta, no debimos habernos descuidado en el tema de los cambios y la rotación”, expresó Jerí ante los representantes del sector.

Según explicó, esos periodos de transición fueron aprovechados por las organizaciones criminales para reforzar su presencia y escalar sus acciones violentas. “En una guerra no podemos flaquear ni un solo día. Le dejamos espacio a los delincuentes y hacen lo que están haciendo en los últimos días: generar pánico, caos y atentar contra la vida de personas que se ganan honestamente la vida”, remarcó.

Las palabras del mandatario llegan en un contexto crítico, marcado por el incremento sostenido de las denuncias por extorsión, sicariato y atentados contra unidades de transporte público. En las últimas semanas, varios conductores han sido asesinados o heridos en ataques vinculados a mafias que exigen pagos ilegales para permitirles operar, una situación que ha desatado protestas y paralizaciones parciales en distintas ciudades del país.

José Jerí también puso énfasis en otro punto neurálgico: la falta de articulación entre las principales instituciones del sistema de justicia. El presidente reconoció que existen serias deficiencias en la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que debilita la efectividad de la lucha contra el crimen organizado.

“Tenemos que mejorar los niveles de coordinación con la Fiscalía y con el Poder Judicial. De nada sirve un buen resultado policial si todavía hay falencias de coordinación y de aplicación normativa”, señaló. A su juicio, mientras no se corrijan estas brechas, muchos operativos exitosos seguirán diluyéndose en procesos judiciales lentos o ineficaces.

El mandatario recordó, además, que la inseguridad ciudadana es un problema multicausal, que no puede ser abordado únicamente desde la represión policial. Factores como la informalidad laboral, la falta de oportunidades para los jóvenes, el hacinamiento carcelario y la debilidad institucional también contribuyen a la expansión del crimen.

Desde los gremios de transportistas, la respuesta fue clara: demandaron acciones concretas e inmediatas. Los dirigentes exigieron mayor presencia policial en las rutas más peligrosas, inteligencia operativa para desarticular bandas de extorsionadores y un marco legal más severo contra quienes atentan contra la vida y el trabajo de miles de peruanos.

El mea culpa del presidente José Jerí marca un punto de inflexión en el discurso oficial frente a la inseguridad. No obstante, para la ciudadanía y los sectores más afectados, el desafío no está en las palabras, sino en los resultados. La población espera que este reconocimiento de errores se traduzca en una estrategia renovada, con liderazgo político, coordinación interinstitucional efectiva y una respuesta firme del Estado frente a la delincuencia que hoy mantiene en vilo a gran parte del país.



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