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Julio Monar Arias / La inseguridad ciudadana y el desarrollo del país
Algunos factores como la pobreza, la falta de oportunidades, bajos ingresos, la informalidad, son el caldo de cultivo de la delincuencia común y de las organizaciones criminales en el país, que a diario generan un dolor de cabeza en la comunidad, lo que se traduce en que un 75% de la población se siente insegura, resultando que en el primer trimestre del presente año se registraron 26,652 delitos-robos es decir un promedio diario de 296 al día, según datos de la Policía Nacional del Perú.
Es necesario señalar que el Perú se encuentra en el segundo lugar de los países con la tasa más alta de víctimas de la delincuencia, superados solo por Venezuela donde desde hace años se vive una grave crisis social, lo que ha ocasionado que muchos de sus connacionales ingresen a nuestro país de forma irregular, con antecedentes policiales y judiciales, siendo protagonistas, conjuntamente con ciudadanos Colombianos y Ecuatorianos, de miles de delitos que a diario se suceden en las principales capitales del país, siendo el delito más frecuente el Hurto agravado.
La exclusión social en todas sus formas de negación de los derechos, incluyendo la pobreza, la marginación, hogares disfuncionales, no completar los estudios escolares básicos, son factores de riesgo que pueden determinar el inicio de la delincuencia desde temprana edad, por lo tanto, es el Gobierno de turno el llamado a dar solución a todos estos temas para disminuir la delincuencia y que mejore la Sociedad. Algunos estudiosos de la materia indican que responder al problema de la inseguridad ciudadana con más policías y mano dura, como el Plan Bukele, es echar más gasolina al fuego e ignorar las profundas raíces que llevan al crecimiento de la delincuencia.
Pero, ¿cómo afecta la inseguridad ciudadana en el desarrollo del país?, Pues bien, no solo afecta la integridad, la vida y la salud de las personas sino que también tiene un impacto negativo en la economía y su desarrollo, pues retroceden significativamente las inversiones, el empleo y las posibilidades de crecimiento, con más escuelas, más hospitales, mejores exportaciones, cae el Turismo, muchos emprendedores son extorsionados y se ven obligados a cerrar sus locales perdiendo sus inversiones y su todo su capital, prefiriendo abandonar el país.
La clave es invertir en seguridad ciudadana, entendiendo que el problema es económico y social y que ello permitiría ampliar la base tributaria, obteniendo mayores recursos para la caja fiscal.
La presidenta de la República Dra. Dina Boluarte ha solicitado respetuosamente al Presidente del Congreso Dr. Alejandro Soto que se incluya a la mayor brevedad el proyecto de ley con el cual se solicita la delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana entre otros puntos, al respecto la Comisión de Constitución tendrá que evaluar el contenido del proyecto del Ejecutivo, pero con la rapidez que el asunto requiere.
En el Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo destacan el hecho de modificar el Código Penal, que permita mejorar la investigación de los delitos, la intervención de los operadores de justica, intensificar la lucha contra la extorsión, el sicariato, la ciberdelincuencia, el tráfico ilícito de drogas, y otros delitos conexos, además de una reforma del Sector Interior y de la Policía Nacional del Perú.
En la Anappomil Grupo Coraje recogemos las inquietudes de nuestros asociados que por ser Policías y Militares en situación de retiro, héroes y veteranos de Guerra y de la Pacificación nacional señalan que no hay tiempo que perder en la lucha Contra el Narco terrorismo y la Delincuencia Común y que se deben otorgar las facultades solicitadas por el Ejecutivo al Parlamento de la República bajo el control de esta entidad del Estado.
Un factor muy importante para lograr estos objetivos es actualizar sueldos y pensiones de Policial y Militares, que el congresista Jorge Montoya ha solicitado al Ejecutivo, propuesta que viene siendo evaluada en la comisión de economía del Congreso de la República, constituyendo un acto de justicia a la familia policial y militar.
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Fenpetrol pide una auditoría forense y cuestiona S/6093 millones que el Estado adeudaría a Petroperú
El sindicato exige revisar la gestión previa del directorio y la designación de Oliver Stark, mientras el exministro Luis Herrera Descalzi respalda su regreso, pero plantea reducir a menos de 10 el número de gerencias de la petrolera.
La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) cuestionó que el «cambio de rumbo» anunciado por el ministro de Economía, Elmer Cuba, para Petroperú no se refleje aún en decisiones concretas, y puso la mira en S/6093.5 millones que, según el gremio, el Estado le adeudaría a la petrolera a diciembre de 2025. El monto incluye S/3112 millones por crédito fiscal de la Amazonía, S/1863 millones vinculados a la recuperación anticipada del IGV de la Nueva Refinería de Talara, S/450 millones por una transferencia pendiente al fondo de pensiones de la ONP y otros conceptos menores.
El sindicato también cuestionó la designación de Oliver Stark Preuss como nuevo presidente del directorio, al recordar que en una gestión anterior impulsó propuestas para abrir la empresa a operadores privados. Fenpetrol pidió, además, una auditoría forense que examine el destino de los recursos públicos comprometidos con la petrolera en los últimos años y que los anteriores directivos rindan cuentas sobre las decisiones que llevaron a sucesivos salvatajes económicos.
No todas las voces del sector coinciden con ese cuestionamiento al regreso de Stark. El exministro de Energía y Minas Luis Herrera Descalzi consideró positivo su retorno, aunque coincidió en la necesidad de una revisión externa de las cuentas de la empresa. «Petroperú no se puede auditar a sí misma», sostuvo en declaraciones a Canal N. El exfuncionario planteó también reducir el número de gerencias, hoy en ocho, a menos de 10, y evaluar la apertura de la petrolera a capital privado bajo un esquema de «acción dorada» que preserve el control estatal sobre decisiones estratégicas de seguridad energética.
Fuente: La República
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Más de 4000 policías y militares resguardan rutas de transporte en Lima, pero los ataques continúan
El Plan Escudo del Mininter refuerza los patios de maniobras y acompaña a los buses en su recorrido, pero en las últimas 48 horas se registraron tres nuevos atentados contra choferes en Lima y Callao.
Más de 4000 efectivos entre policías y militares, junto a 100 agentes de inteligencia, se desplegaron esta semana en rutas de Lima Metropolitana como parte del Plan Escudo, la estrategia del Mininter para frenar la extorsión contra el transporte público. El ministro del Interior, César Astudillo, explicó que el resguardo ya no se limita a los patios de maniobras, sino que también acompaña a los buses en su recorrido. «Solo en Lima Sur hay cerca de 14 patios de maniobra», precisó.
Pese al despliegue, la violencia no se ha detenido. En las últimas 48 horas hubo tres nuevos atentados: en Villa El Salvador, sicarios balearon un bus de la Línea 41 y dejaron una nota amenazando a los choferes; en el Callao, una combi fue atacada en la avenida La Marina, dejando herido de gravedad al conductor; y en Ate, un sujeto interceptó a un chofer de la empresa Pesqueros para exigirle cupos, el cuarto ataque que sufre esa compañía este año.
A ellos se suman dos ataques recientes en Lima Norte —el asesinato del gerente de la empresa Corazón de Jesús de San Diego en Los Olivos y un atentado con explosivos contra un bus de Translima en San Martín de Porres—, que reavivan las críticas de los gremios al Plan Escudo. El dirigente Julio Vargas insistió en que la solución de fondo es otra. «Se necesita un trabajo continuo entre fuerzas policiales, el Ministerio Público y el Poder Judicial para combatir y sancionar a cabecillas de las mafias», sostuvo.
Fuente: La República
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