Un paso muy importante, que el Perú dio en sus pretensiones de incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue cuando entre los años 2016 y 2020, se promulgaron los decretos legislativos 1434 y 1313, que le permitía a la SUNAT, fiscalizar información tributaria y financiera internacional, a más de 16 mil empresas y 33 mil personas de alto patrimonio radicadas en el Perú. El mecanismo fue que el recaudador tenía la potestad para acceder al secreto bancario, convirtiéndose éste en un factor decisivo para combatir la evasión y la elusión tributaria, así como el lavado de activos.

Por ese parámetro y, otros, que la salud de nuestra economía exhibe, desde hace más de dos décadas, es que recientemente ese ente internacional, volvió a invitar al gobierno peruano para proseguir con ese proceso de incorporación para formar parte del grupo de países que bordea la cantidad de 38 integrantes.  En todos esos países, crece la convicción de que, por los altos nivel de globalización y digitalización de la economía, casi de modo automático y por el creciente uso de la moneda virtual, el secreto bancario ya es una institución jurídica obsoleta y en muerte lenta.

Resulta sospechosa, la fuerte resistencia de diversos sectores a los referidos decretos legislativos, ocultándose en formalidades garantistas. En una sociedad que convive con un alto porcentaje de economía delictiva, proveniente del narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la tala ilegal y diversas formas ilícitas de generar ganancias, esa resistencia vuelva al ataque, cada cierto tiempo, de forma casi agónica. Recordemos las diversas artimañas que se utilizó para intentar bloquear la ley que permite ahora a la Superintendencia de Banca y Seguros, supervisar a las cooperativas de ahorro y créditos, una red muy preferida, por los actores de aquella economía, ilícita para lavar el dinero sucio. Después de casi cuatro de debate, esa norma legal se logró aprobar.

Ahora existen diversos grupos en el Congreso que buscan dar un paso atrás en el contenido de los referidos decretos Legislativos, sin importarles si el Perú no logra acceder a la OCDE. Hay en curso un tramposo dictamen que busca cortarle esa posibilidad a la Sunat, para acceder al acceso al secreto bancario y reserva tributaria. El dictamen de reforma constitucional en mención, que se votaría bajo el mecanismo de reconsideración, en los próximos días, en el Pleno del Parlamento, propone que el acceso al secreto bancario y reserva tributaria “solo” sea facultad del juez, el fiscal de la Nación, una comisión investigadora del Congreso con facultades, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, sin considerar a la Sunat. No es casualidad que, el mismo grupo parlamentario que en el pasado reciente, se negara a aprobar la fiscalización de las cooperativas por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, sea el que ahora, a través del congresista, Alejandro Aguinaga, insista en la aprobación de ese dictamen.

Si el Congreso aprueba esa contra reforma sería un retroceso muy significativo, en vista que por ahora esa potestad del ente recaudador, es un parámetro crucial para poder acceder a la OCDE, ya que es uno de los estándares fundamentales que ese ente exige, en el entendido que la evasión, elusión tributaria y el lavado de activos, es un problema global y ha sido uno de los temas centrales de las últimas reuniones del Grupo de los 7. Hoy en día, el Perú tiene nota muy buena, en este ámbito, pero si cambia la Constitución y la Sunat no podría proporcionar esta información. El Foro Global tendría que revisar la situación de Perú, y además de eso, otras instituciones internacionales como la Unión Europea pondrían en evidencia esa deficiencia.

Hay muchos estándares en materia tributaria para acceder a la OCDE, que tienen que ver con la transparencia tributaria y el intercambio de información para efectos fiscales. Desde hace más de 10 años, la OCDE ha venido trabajando con distintos países del mundo, miembros o no de esta organización, a través del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información. El Perú pertenece a ese bloque, al haberse comprometido en cumplir con los estándares de intercambio de información financiera, a solicitud o automática.  El foro global tiene 163 miembros. Nuestro país, ha hecho un compromiso internacional con los otros miembros del Foro Global. Si no cumple con ese compromiso, sería una deficiencia grave. El Foro Global se encarga de hacer revisiones entre pares de todos los países miembros a fin de verificar si sus integrantes cumplen con los estándares del foro global.

El propósito del Perú para poder administrar sus tributos de una forma eficaz y tratar a los contribuyentes con equidad y sin privilegios, es muy importante para que la administración tributaria tenga el poder de obtener información de otros países. Nuestro país tiene ahora esa posibilidad, pero si cambia la Constitución, eso también va a cambiar. Estamos en una buena posición, en términos de tributación, salvo una aprobación del referido dictamen, el que cambiaría el acceso a la información financiera por parte de la Sunat, generando un cambio brusco.

Este esfuerzo desarrollado por el Perú, es fruto de un acuerdo firmado con la OCDE, para dar los primeros pasos de incorporación. El Perú ha venido trabajando con ese ente internacional y participa en el marco inclusivo sobre el proyecto que tiene que ver con la lucha contra la elusión de tributos por parte de las multinacionales, formando parte del consenso sobre los dos pilares para gravar a las empresas multinacionales, formando parte de un grupo de 140 países miembros.

Una eventual decisión negativa del Congreso, seria funcional a otra que ya fue promovida por un sector de parlamentarios en relación a la baja presión tributaria que aun ostenta el Perú. La OCDE ya ha observado que, en el 2019, la recaudación tributaria del Perú como porcentaje del PBI fue de 16,6%, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (22,9%) y también menor al promedio de países miembros del conglomerado económico (33,8%). Debido a esta baja presión tributaria, el Ejecutivo presentó el año pasado la reforma tributaria al Congreso; sin embargo, una mayoría parlamentaria, recorto la solicitud de facultades delegadas, evitando que se incremente la recaudación en S/ 12.000 millones anuales, según cifras del MEF.

Si los lobbies del Congreso que intentan cortarle las alas a la SUNAT, para que no tenga mayores potestades en combatir la evasión, elusión tributaria y lavado de activos, logran aprobar el referido dictamen, se habrá dado un golpe mortal a las pretensiones del Perú por ingresar a la OCDE. Ese debería ser, por ahora, un tema central de la agenda mediática del país. Pero, parece que a un gran sector de los diversos poderes fácticos no les interesa, sino todo lo contrario. Prefieren intentar una nueva bonanza económica, entremezclada con el dinero sucio y baja presión tributaria, sacrificando el ingreso del Perú a la OCDE.

Escribe: Neptalí Carpio Soto – periodista