Política
“La entrevista se convirtió en un interrogatorio”
El exfiscal supremo y extitular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, se pronunció públicamente luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera no ratificarlo en el cargo, una decisión que ha generado debate en el ámbito jurídico y político. A través de un comunicado, el magistrado expresó su desacuerdo con el proceso de evaluación y aseguró que durante la entrevista fue sometido a un trato que calificó como un “interrogatorio”.
Sánchez explicó que decidió participar en el proceso de ratificación debido a que es un requisito establecido por la ley para los altos magistrados. Además, señaló que confiaba en que el colegiado actuaría con objetividad e imparcialidad. No obstante, sostuvo que el desarrollo de la evaluación no cumplió con esas expectativas.
“El proceso debía ser objetivo y justo, pero la entrevista se convirtió en un interrogatorio”, manifestó el exfiscal, dejando entrever su malestar por la forma en que se condujo la revisión de su desempeño.
Cuestionamientos a la “evaluación integral”
La JNJ fundamentó su decisión en una “evaluación integral”, argumento que Sánchez rechazó al afirmar que se tomaron en cuenta hechos que ya habían sido archivados en dos ocasiones por el Ministerio Público e incluso declarados prescritos por la propia Junta.
Entre los casos mencionados figura una supuesta llamada telefónica relacionada con un fiscal adjunto y una presunta cercanía con el periodista Gustavo Gorriti, situaciones que —según el exmagistrado— no tenían sustento vigente para influir en su ratificación.
Asimismo, se refirió a un segundo episodio vinculado al presunto cobro de una dieta durante su participación en la Academia de la Magistratura. Sobre este punto, aclaró que la dieta no constituye una remuneración adicional y recordó que ya cumplió una suspensión de 120 días por ese caso, sanción que considera injusta.
El exfiscal también señaló que el proceso judicial relacionado con esa sanción aún no ha sido resuelto por el juzgado constitucional correspondiente, lo que, a su juicio, agrava la controversia.
“Es decir, no me ratifican por dos hechos ya archivados y no solo archivados en el Ministerio Público, sino que fueron declarados prescritos por la propia JNJ”, enfatizó.
Defensa de su trayectoria profesional
En su pronunciamiento, Sánchez resaltó sus 45 años de carrera en el sistema de justicia, tanto en el ámbito fiscal como académico. Subrayó que durante el proceso presentó documentación que —según afirma— demuestra la claridad de los hechos cuestionados y respalda su conducta profesional.
El exfiscal defendió además su compromiso con el fortalecimiento del Ministerio Público y con la lucha contra la criminalidad, destacando que su trayectoria ha estado marcada por el respeto al Estado de derecho.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la decisión responda a factores distintos a los estrictamente jurídicos. “Sobre todos los casos presenté la documentación pertinente que demuestra la claridad de los hechos, pero entiendo que los motivos no son jurídicos”, concluyó.
La no ratificación de un fiscal supremo es un hecho de alto impacto para el sistema judicial peruano, ya que estos procesos buscan garantizar la idoneidad, independencia y solvencia ética de las máximas autoridades del Ministerio Público.
Política
Juntos por el Perú presentará segunda denuncia contra Renzo Reggiardo por vulnerar la neutralidad electoral
El partido Juntos por el Perú anunció la presentación de una segunda denuncia formal contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral en el marco de las elecciones generales 2026.
La acción legal será presentada ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, órgano encargado de evaluar este tipo de controversias en primera instancia. Según informó el vocero legal del partido, Roy Mendoza, la denuncia responde a recientes declaraciones públicas del burgomaestre en las que solicitó al Jurado Nacional de Elecciones reconsiderar la posibilidad de convocar elecciones complementarias.
Cuestionamientos por presunta parcialidad política
Desde la agrupación liderada por Roberto Sánchez sostienen que las declaraciones del alcalde no son neutrales, sino que evidenciarían una toma de posición política en favor de Renovación Popular, organización a la que pertenece Reggiardo.
“Consideramos que el alcalde de Lima está adoptando posiciones a favor de una organización política a la cual él es afiliado”, señaló Mendoza, al confirmar que el recurso será formalizado en las próximas horas.
El principio de neutralidad electoral es una de las bases del sistema democrático peruano, especialmente para funcionarios públicos en ejercicio, quienes deben abstenerse de influir directa o indirectamente en el proceso electoral o favorecer a determinadas candidaturas.
El origen de la controversia
El conflicto se origina tras las declaraciones del alcalde capitalino, quien pidió públicamente revisar la posibilidad de realizar elecciones complementarias, argumentando que miles de ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto debido a fallas logísticas registradas durante la jornada electoral.
Estas afirmaciones fueron interpretadas por Juntos por el Perú como un intento de incidir en el proceso electoral en curso, lo que —según el partido— podría alterar la equidad de la contienda.
No es la primera vez que la agrupación presenta un recurso de este tipo contra Reggiardo, lo que evidencia una escalada en la confrontación política en medio del conteo y revisión de los resultados electorales.
Defensa del alcalde de Lima
Por su parte, Renzo Reggiardo rechazó categóricamente las acusaciones. En declaraciones a medios de comunicación, aseguró que su postura responde exclusivamente a la defensa de los derechos ciudadanos y no a intereses partidarios.
El alcalde sostuvo que su solicitud ante el JNE busca garantizar que todos los electores tengan la oportunidad de participar en el proceso democrático, especialmente aquellos que se vieron afectados por problemas logísticos.
“No se trata de favorecer a ningún partido, sino de proteger el derecho constitucional al voto”, enfatizó.
Política
Abogado de López Aliaga pide salida del presidente del JNE y asegura que 1.5 millones de personas no votaron
El proceso electoral 2026 en Perú continúa bajo cuestionamientos. El abogado Wilber Medina, representante legal del candidato presidencial Rafael López Aliaga, afirmó que al menos 1.5 millones de ciudadanos en Lima Metropolitana no pudieron ejercer su derecho al voto debido a problemas logísticos registrados durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.
En declaraciones a RPP, el letrado sostuvo que el retraso en la distribución del material electoral afectó significativamente la instalación oportuna de mesas de sufragio, especialmente en distritos del sur de la capital como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.
Fallas logísticas y mesas tardías
Según explicó Medina, las demoras provocaron que varias mesas no se habilitaran en el horario previsto, lo que generó desorden y desincentivó la participación ciudadana.
“En Lima se ha perjudicado a un millón y medio de personas a ejercer su voto, porque las mesas no se instalaron en el tiempo oportuno”, señaló.
El abogado indicó que, debido a estos inconvenientes, se tuvo que extender la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril en 13 locales de votación ubicados en Lima Sur, una medida excepcional adoptada para permitir que más ciudadanos pudieran sufragar.
No obstante, afirmó que el daño ya estaba hecho, ya que gran parte de la población suele acudir a votar durante las primeras horas del día, por lo que las demoras habrían generado un ausentismo significativo.
Críticas a autoridades electorales
En ese contexto, Medina cuestionó duramente la gestión del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, a quien responsabilizó por las fallas operativas que afectaron el desarrollo normal del proceso.
Asimismo, dirigió críticas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, señalando que, en su calidad de máxima autoridad electoral, también tendría responsabilidad en los problemas registrados.
“El señor no ofrece las garantías para continuar lo que queda en este proceso”, afirmó Medina, sugiriendo incluso que Burneo debería dar un paso al costado.
El abogado argumentó que, según el marco constitucional, el titular del JNE es el principal responsable de asegurar que las elecciones se desarrollen con normalidad, sin contratiempos ni irregularidades.
Insistencia en narrativa de fraude
Bajo este escenario, el representante legal de López Aliaga insistió en la posibilidad de que las deficiencias logísticas puedan haber afectado el resultado electoral, reforzando la narrativa de un supuesto fraude.
“Las elecciones se pueden ganar por un voto. Basta que se restrinja el derecho de algunas personas para que no voten y eso puede cambiar el resultado”, sostuvo.
Estas declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política, donde diversos actores han cuestionado el proceso electoral, mientras avanza el conteo oficial de votos.
El escenario es particularmente sensible debido a que Rafael López Aliaga se encuentra disputando el pase a la segunda vuelta presidencial con Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.
En ese marco, cualquier irregularidad o cuestionamiento adquiere mayor relevancia, ya que podría incidir en la definición final de los candidatos que participarán en el balotaje.
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