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Minem propone aumentar límite de consumo de energía de 30 Kwh a 42 KWh – Diario Nacional Realidad.PE | Noticias relevantes del Perú
El Ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, afirmo hoy que su sector ha propuesto incrementar el límite de consumo energético de 30 kilovatios hora (Kwh) a 42 Kwh, con la finalidad de que más hogares de menores recursos puedan acceder al vale de descuento del Fondo de Inclusión Social Energético, conocido como Bono FISE, para la adquisición de un balón de gas licuado de petróleo (GLP).
Detalló que el costo del petróleo a nivel mundial internacional aumentó de noviembre del 2020 a julio de este año en 80%, un aumento muy fuerte que afectó el costo del GLP en el mercado doméstico.
“En el Perú, el 80% del gas es producido por Camisea; mientras que el restante 20% es importado. Ante esta situación, el Gobierno decidió aumentar el bono de descuento para los hogares más pobres, el cual pasó de 16 a 18 soles. Además, se eliminó el requisito de que, para recibir el bono, los hogares tenían que estar registrados en el Sistema de Focalización de Hogares, lo cual era una buena idea, pero muchos de ellos no podían acceder a este importante descuento”, sostuvo Gálvez.
Agregó que el objetivo ahora es aumentar el descuento de 18 a 20 soles y también aumentar el límite de consumo por medio del cual un hogar puede acceder a este importante subsidio.
“El límite actual se encuentra en 30 kWh de consumo de energía eléctrica al mes. Queremos incrementar ese límite a 42 kW hora. Con ello, más hogares de menores recursos podrán beneficiarse con este bono, lo que será una manera de compensar el aumento que ha registrado el precio internacional del petróleo y que se ha reflejado en el GLP”, detalló.
Masificación
El titular del Minem aseguró que el objetivo del Gobierno de Transición y Emergencia fue masificar el uso del gas natural. “En ese sentido, le dimos un mayor impulso al fondo FISE. Hemos realizado algunos cambios que permiten que este fondo sea más efectivo. Encontramos 574,828 hogares conectados con el apoyo del FISE en cinco años y con los cambios que pudimos hacer logramos acelerar el ritmo de conexión de estos hogares”, comentó Gálvez.
Sostuvo que, básicamente, este fondo no incluía los pequeños negocios. “El gobierno los incluyó. Además, el fondo no construyó redes adicionales, solamente conectaba a los hogares si esto se encontraban cerca de la red. Ahora, al fondo FISE se le permite invertir en redes adicionales y con ello pudimos prácticamente duplicar la velocidad de conexión de los hogares en los últimos ocho meses”, refirió.
Además, agregó, en coordinación con el Ministerio de inclusión y Desarrollo Social (Midis), se desarrolló un proyecto para instalar gas natural en los comedores populares. “Ya tenemos dos comedores conectados y 103 más en proceso de conexión y esperamos que sean muchos más. Esta es una labor que dejamos para el próximo gobierno”, refirió Gálvez.
El ministro sostuvo que actualmente hay un millón 300,000 hogares conectados a gas natural a nivel nacional. “Antes, el fondo FISE solamente invertía en Lima. Con el cambio efectuado, este fondo puede invertir en todo el país.”
Gas natural licuefactado
El ministro de Energía y Minas resaltó la posibilidad de suscribir un convenio entre el Gobierno y el consorcio Camisea para promover el uso del gas natural licuefactado.
“El gas natural vehicular se divide en dos grupos. El primero es el gas natural comprimido, el cual se consume actualmente. El segundo es el gas natural licuefactado que, a diferencia del primero, ocupa menos volumen (solamente un tercio), por lo que un vehículo convertido a este hidrocarburo puede almacenar mucho más gas natural de este tipo en un depósito”, comentó.
Según dijo, esta es la mejor alternativa para el futuro del transporte de carga e interprovincial de pasajeros.
“La idea del convenio es que el precio que nos den por el gas natural licuefactado sea menor, es decir, menor precio que el que se les cobra a las centrales hidroeléctricas. De esta manera, los vehículos que se conviertan a gas natural licuefactado o los nuevos vehículos gasten hasta un 50% menos de lo que actualmente gastan usando diésel”, precisó.
Consulta previa
Con relación a la consulta previa en el Lote 192, Gálvez dijo que se trata de un Lote muy importante, pero que no puede ser explotado debido a que el gobierno se comprometió a realizar precisamente el proceso de consulta previa.
“Ya hemos logrado un primer acuerdo con un grupo de comunidades de la zona de Pastaza (Loreto). Seguimos coordinando con otras comunidades de la zona. No creo que terminemos la consulta previa por lo poco que queda del Gobierno, pero lo estamos dejando bastante avanzado”, manifestó.
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INSEGURIDAD EN LA LIBERTAD: NEGOCIOS SUFREN MILLONARIAS PÉRDIDAS POR EXTORSIÓN
El economista Giacomo Puccio de Redes advierte que la extorsión lidera el crimen en la región, obligando a las empresas a destinar el 10 % de sus ingresos a seguridad privada.
Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), destacó que La Libertad se mantiene como la región que lidera el ranking nacional de extorsiones, a pesar de registrarse una ligera disminución en algunos delitos durante los primeros meses de 2026. En 2025, la región contabilizó cerca de 246 homicidios y un promedio anual de 4000 casos de extorsión, lo que forzó el cierre o la relocalización de aproximadamente 7700 negocios. El impacto ha sido mayor en el sector transporte, donde se han perdido inversiones que pueden alcanzar hasta los US$110 000 por unidad, reduciendo drásticamente la oferta de servicios.
La inseguridad ciudadana ejerce una presión directa sobre la economía al obligar a las empresas a desviar recursos hacia gastos de protección privada. Puccio advirtió que “la inseguridad puede llevarse hasta el 10 % de los ingresos de una empresa, que se invertirían en vigilancias, cámaras y seguridad privada que normalmente se podrían invertir en algo más productivo”. Esto impide que los negocios inviertan en su expansión, en la generación de nuevos empleos o en mejoras operativas, frenando el crecimiento de la región.
Para enfrentar esta problemática, resulta urgente cubrir el déficit de 3000 efectivos policiales y fortalecer la inteligencia para desarticular las redes de financiamiento de las economías ilegales. El economista enfatizó que “no podemos vivir de los estados de emergencia”, pues existe evidencia de que no son suficientes para lograr reducciones sostenidas en las tasas de criminalidad. En ese sentido, propuso un enfoque integral que incluya fiscalías especializadas y una cultura de prevención que fortalezca la educación y el empleo en zonas vulnerables.
Fuente: REDES
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GESTIÓN PÚBLICA DEFICIENTE: MUNICIPIOS CON MAYORES RECURSOS DE CANON DEJAN SIN EJECUTAR S/1000 MILLONES CADA AÑO
Colegios deteriorados y centros de salud que no operan son la cara visible de municipios que no saben, o no pueden, gastar lo que tienen.
En un escenario de precios récord de los metales, la dependencia de los gobiernos locales hacia la minería es tan alta que, según un estudio de Videnza, representa hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del país. Sin embargo, esta abundancia no se traduce en desarrollo: entre 2023 y 2025, los 20 municipios con mayores asignaciones por canon y regalías mineras dejaron sin utilizar más de S/1000 millones anuales destinados a proyectos de inversión. El caso de Áncash es ilustrativo: a pesar de recibir S/8000 millones entre 2019 y 2025, solo el 25 % de sus colegios tiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan correctamente.
La incapacidad de gasto se manifiesta en distritos como Marcona, que en 2025 apenas logró ejecutar el 37.2 % de sus S/286 millones asignados. Frente a este escenario de abandono administrativo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, destaca la urgencia de sincerar las carteras de inversión para “no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”. Esta necesidad también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que la acumulación de iniciativas inviables ha desbordado la capacidad de ejecución del Estado. Según el viceministro de Economía, Eloy Durán, aunque existen 7122 proyectos viales en ejecución por S/61,000 millones, la cartera total asciende a S/221,000 millones, un monto que calificó como “imposible de absorber”.
Al respecto, Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), enfatiza que el problema central ha dejado de ser solo la disponibilidad de fondos para convertirse en una crisis de gestión: “Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”. Mientras esa calidad no mejore, los ciudadanos de las zonas mineras seguirán siendo los más afectados por una paradoja que se repite año tras año: vivir sobre la riqueza que el Estado no sabe gastar.
Fuente: Gestión, Correo y Rumbo Minero
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