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No nos representan – Señal Alternativa

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“El problema es que, en países como el nuestro, bienes esenciales también son escasos: educación, atención médica, justicia, seguridad, entre otros. La solución, entonces, es inversión pública y privada que vuelva la educación, la salud, la justicia y la seguridad más accesibles”.

La primera presidenta del Perú ofende a las mujeres cuando, ante las evidentes muestras de desbalance patrimonial, señala que las investigaciones por sus joyas y su colección de relojes de alta gama esconden un sesgo sexista y discriminatorio. En una conferencia de prensa donde no aclaró nada, quien dijo ser “la mamá de todo el Perú” nos miente descaradamente y por señal nacional.

El caso opuesto es el ‘affair Toblerone’, emblemático en el mundo anticorrupción. A mediados de los 90, la viceprimera ministra sueca Mona Sahlin utilizó para compras personales la tarjeta de crédito destinada para sus gastos como funcionaria. ¿Qué compró? Dos barras de chocolate Toblerone y un vestido, por los que pagó 35,12 euros. El pueblo sueco alzó su voz de protesta, Sahlin renunció y devolvió el dinero a las arcas del país escandinavo.

En el Perú, la Contraloría General de la República ha estimado en S/24.268 millones el costo extrapolado de la corrupción y la inconducta funcional en el Estado durante el 2023. Precisó que casi la tercera parte de todo el gasto público en contrataciones, equivalentes a S/19.300 millones, se hizo a dedo.

Todo lo anterior confirma varias cosas.

Primero: que para todo corrupto existe un corruptor, sea público o privado.

Segundo: que, más allá de calcular cuánta infraestructura se podría construir con ese dinero perdido, el costo de no tenerla es invaluable. La corrupción es mucho más que coimas, malversación y negociados. Nos quita calidad de vida, bienestar, salud. Impacta en nuestros derechos más fundamentales, afecta nuestro presente y nos roba nuestro futuro.

Tercero: la corrupción no distingue ideología, edad, raza, condición social, nivel educativo, nacionalidad ni sexo. Históricamente se pensó que las mujeres son menos corruptas que los hombres. Una encuesta realizada por Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, encontró en el 2012 que, aunque el 66% de los peruanos consideraba que los policías varones eran corruptos, solo el 19% creía que sus contrapartes femeninas lo eran. No sé cuáles serán las cifras hoy, pero sospecho –muy a mi pesar– que no serán tan alentadoras para nosotras.

¿Qué hacer? Quiero compartir la visión del nigeriano Efosa Ojomo, investigador principal del Instituto Clayton Christensen para la Innovación Disruptiva y especialista en prosperidad global. Ojomo explica que la corrupción crece ante una mayor escasez, porque siempre habrá alguien que ofrezca ese servicio a quien pueda o se sienta obligado a pagarlo.

El propio contexto de escasez fomenta la corrupción –¿recuerdan los cobros ilegales por camas UCI durante la pandemia del COVID-19. El problema es que, en países como el nuestro, bienes esenciales también son escasos: educación, atención médica, justicia, seguridad, entre otros. La solución, entonces, es inversión pública y privada que vuelva la educación, la salud, la justicia y la seguridad más accesibles.

El experto pone como ejemplo a Corea del Sur, que en la década de 1950 estaba dirigida por un gobierno autoritario, sus instituciones eran tan frágiles como las de los países africanos más pobres y corruptos de entonces, y los economistas la tildaban de caso perdido. Pero, cuenta Ojomo, a medida que empresas como Samsung, Kia y Hyundai invirtieron en innovación, se logró que más cosas fueran asequibles para más personas. Corea del Sur prosperó, en 1987 celebró sus primeras elecciones democráticas y empezó a invertir en reconstruir sus instituciones. Esto permitió que, en el 2018, quien había sido elegida presidenta cinco años antes fuera condenada a 24 años de cárcel por corrupción y abuso de poder. En consecuencia, para Ojomo la prosperidad es el vehículo para reducir y combatir la corrupción.

Desde Videnza nos ponemos a disposición del país para avanzar en ese sentido. Porque ni Dina ni la corrupción nos representan.

Fuente: El Comercio – Janice Seinfeld es fundadora y presidenta del Directorio de Videnza Consultores



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Megapuerto de Chancay no tendrá problemas para implementar exclusividad. – Señal Alternativa

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Ministro Raúl Pérez Reyes destaca la potencialidad de la industria portuaria en el Perú.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, sostuvo que el consorcio empresarial a cargo del mega puerto de Chancay no tendrá problemas para la exclusividad en la operación del terminal portuario, considerando que las modificaciones a la ley de puertos están avanzando para que no haya ninguna dificultad legal.

“Con el texto que fue aprobado en primera votación hace dos semanas (en el Congreso de la República) y que, entiendo, será votado esta semana en segunda votación, se dará las modificaciones a la ley de puertos. Eso permitirá pasar la página en relación con este debate alrededor de la exclusividad”, dijo en RPP.

“Del lado nuestro, creemos que ya las condiciones estarían planteadas con relación al problema que había. La ley permitirá la exclusividad para una habilitación portuaria; entonces, se aplicará la norma y Cosco Shipping implementará la exclusividad en el mega puerto de Chancay sin ningún problema, teniendo una ley como amparo y no una interpretación en el marco de una resolución directoral. Eso garantiza la seguridad jurídica para las inversiones”, agregó.

Proyecto de inversión privada

El nuevo Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, ubicado en el distrito del mismo nombre (provincia de Huaral), a 80 kilómetros de Lima Metropolitana, es un proyecto de inversión privada cuyos accionistas son la empresa de capitales chinos Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) con una participación del 60 %, y la peruana Volcan Compañía Minera con 40 %.

“El mega puerto de Chancay es un proyecto muy importante, tiene casi el 80 % de avance y se terminará la obra en noviembre próximo para su inauguración. Hay coordinaciones pequeñas con relación a permisos de operación, infraestructura, telecomunicaciones y cosas menores que van complementando el proyecto”, señaló Raúl Pérez Reyes.

El ministro comentó que ahora se están centrando en las obras complementarias para el acceso al mega puerto de Chancay.

Vías de acceso

“Una buena parte de la carga que irá a Chancay viene del norte del Perú, entonces tenemos que habilitar la zona de Chancayllo porque se verá afectada cuando llegue una importante cantidad de camiones que van a parar ahí y ya no irán al Callao”, explicó.

Industria portuaria

Por otra parte, el ministro destacó la potencialidad de la industria portuaria en el Perú, con las diferentes inversiones que se están ejecutando y las grandes oportunidades para el sector exportador.

“Un tema interesante es el momento importante para la industria portuaria y la potencialidad que esta tiene de cara a nuestra viabilidad como país exportador, no solo minero, sino también agroexportador”, explicó.

“En junio se inaugura la ampliación del muelle sur en el puerto del Callao, a cargo de Dubai Ports World. Mientras que APM Terminals también está haciendo inversiones importantes en el muelle norte”, añadió.

Raúl Pérez Reyes resaltó que ese incremento de la capacidad portuaria, con el inicio de operaciones del mega puerto de Chancay, coloca al Perú en una posición privilegiada en el Pacífico, solo por debajo del puerto de Long Beach (California, Estados Unidos), el cual tiene contacto directo con Asia.

“Solo para que tengamos una idea, de los diez puertos más importantes del mundo, nueve están conectados con Asia. Long Beach hoy es el principal puerto que conecta América con el continente asiático y Manzanillo (México) es el segundo”, detalló.

“Estamos yendo claramente en la ruta de competir con Manzanillo y ser un importante referente de la carga hacia Asia. Esto dinamizará mucho nuestra actividad económica porque vendrán de otros países, del sur y del norte, con su carga para que la llevemos a Asia, considerando que reducirá los costos logísticos”, agregó.

Fuente: Andina



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No nos pisemos la cola – Señal Alternativa

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“Ni la celeridad ni el sentido de urgencia acompañan el debate de las sesiones de la Comisión de Ética”.

“Espero que sea igual con los mocha sueldos, presidente. A ver si usted, en sus fiestas [ilegible], que van a salir a la luz”, advirtió una furibunda y amenazante Rosselli Amuruz contra su colega Diego Bazán, al enterarse de la aprobación del informe en su contra en la Comisión de Ética, un grupo de trabajo del que seguramente no esperaba algo menos que el comportamiento exento de sanciones de siempre y en donde ‘pasarse la mano’ ha sido el sello porque allí –no hay cliché más real que este– otorongo no come otorongo.

Mi crítica al espíritu de cuerpo de la Comisión de Ética está respaldada en hechos y ejemplos que dan cuenta de que ni la celeridad ni el sentido de urgencia acompañan el debate de las sesiones en las que las sanciones no se analizan, sino que se negocian. Lo saben bien los “niños” y los mocha sueldos, que fueron blindados en este grupo.

Cómo olvidar la gestión de la congresista Karol Paredes que rechazó los informes de las denuncias de quienes empezábamos a conocer, a través del testimonio ante las autoridades de Karelim López, como los operadores congresales del expresidente Pedro Castillo. Pasaron meses, hubo poca efectividad y, como resultado de todo, se blindó a cuatro de ellos: Darwin Espinoza, Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo e Ilich López.

Luego la titularidad de la Comisión de Ética cambió y la presidencia fue asumida por el congresista Diego Bazán que, aunque afirmaba que habría mano dura y tolerancia cero contra los infractores, no pudo contra un mochasueldo, el congresista Edgar Tello, quien fue señalado por su trabajadora (que resultó además estigmatizada en este grupo) de recortarle el sueldo y que terminó también blindado al recibir apenas una amonestación pública y una multa por 60 días.

¿Quién reivindica entonces la ética en este grupo parlamentario? ¿O es que acaso la única reivindicación que importa es la de congraciarse circunstancialmente para sacudirse del ruido que ocasiona su letargo? Hace varias columnas que vengo hablando de los delitos contra la administración pública, como el tráfico de influencias y el peculado doloso, de parte de algunos congresistas. Allí radica la importancia de esta comisión que, si bien es política, abre un camino para el reconocimiento de hechos en la comisión de estos delitos y cuyos informes son altamente referenciales para el trabajo de otras autoridades.

Sobre esto último, la congresista Amuruz ya se había librado, con la benevolencia de la misma comisión, de ser investigada anteriormente por la contratación en su despacho de gente cercana a su pareja, el excongresista Paul García, y por sus viajes en plena semana de representación. En octubre, en mi columna “Lo que se ve sí se pregunta”, hice una crónica sobre lo grave que es el caso que implica a Amuruz (y que incluye nada menos que una persona fallecida en una fiesta) y sostuve que había que investigar el tema hasta el final. Seis meses después, sin embargo, la congresista Amuruz solo ha recibido una amonestación pública y una multa por 60 días.

Así, cabe preguntarse, ¿se ha ofuscado ella por la sanción (irrisoria) que le ha caído o, más bien, lo ha hecho porque la consigna era la de “no pisarse la cola” en el mismo box?

Fuente: El Comercio – Claudia Chiroque periodista y abogada



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