Por: Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo

En este gobierno, ha habido un despiadado despojo de tierras ejidales, especialmente para la construcción de «grandes obras faraónicas»

Toda la infraestructura turística, se ha realizado a costa de la expropiación de grandes extensiones ejidales y comunales altamente rentables

El próximo gobierno de México deberá estar muy consciente de la prioridad que representa el sector rural de nuestra economía. En el breve plazo de los próximos seis años, se echará a cuestas la tarea de combatir frontalmente el rezago productivo y de distribución de alimentos agrícolas y derivados de los sectores pecuario y pesquero, con el firme propósito de desaparecer el espectro de la desnutrición y baja calidad de vida de los mexicanos.

Por principio, para la próxima administración, deberá proponerse la cancelación inmediata –en el presupuesto de Egresos de la Federación—de recursos fiscales para emprender «obras faraónicas», al mismo tiempo que ordenar un inventario de tierras nacionales, de ejidos y comunidades, así como de propiedad privada, que permita ordenar la tenencia de la tierra. «No más trafique ni despojo de tierras ejidales y comunales».

Esto, como consecuencia de que, a lo largo de este gobierno, confiado por los mexicanos a Andrés Manuel López Obrador, se ha propiciado un lamentable despojo de tierras ejidales y de otro tipo, especialmente para la construcción de «grandes obras», como la Refinería de «Dos Bocas», en Tabasco; el «Tren Maya» en Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, y el aeropuerto «Felipe Ángeles», en el estado de México.

Todo ello, seguramente sin contar que, desde hace muchos gobiernos, después de la Revolución Mexicana, el desarrollo urbano y turístico, tanto dentro del territorio nacional como a lo largo y ancho de las zonas costeras, toda esa infraestructura turística, se ha realizado a costa de la expropiación de grandes extensiones ejidales y comunales que, en la actualidad, son altamente rentables, sin ningún beneficio para sus antiguos propietarios.

Esto ocurre, por una parte, pero por otra, 100 millones de hectáreas que los distintos gobiernos de la República, se permitieron «entregar a los campesinos ejidatarios y comuneros sin tierra», como «fruto de la Revolución Mexicana», a estas alturas, gran parte de esa superficie «ya no es ejidal». El reto en este sentido, sería que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hiciera un inventario que permita encontrar en manos de quién están esas tierras que, poco a poco, se han convertido en propiedades privadas.  

Dentro de esa «mitad del territorio nacional» –100 millones de hectáreas—hay actualmente muchos miles de mexicanos que no tienen debidamente ordenados sus documentos de propiedad ejidal, comunal o propiedad privada, por irregularidades administrativas de toda una cadena de servidores públicos que «cobran» en lo que fue la Secretaría de la Reforma Agraria (ahora SEDATU). Por la falta de ordenamiento jurídico ejidal y comunal, esos miles de hombres y mujeres «están en la vil calle»; simplemente no tienen documentos que los acrediten como dueños de la casa donde viven y de las tierras parceladas que cultivan.

Bueno, ahora, como están las cosas «hechas una verdadera barbarie», el mismo secretario Meyer Falcón, declaró en una entrevista a la distinguida Elena Poniatovska, que la principal actividad de la secretaría a su cargo, la SEDATU, consiste en la construcción de viviendas modestas en el medio rural.

Le informó que se han construido, con su apoyo, bueno, del gobierno, 600 mil viviendas y que, si acaso, podrían aumentar hasta llegar a unas 900 mil en lo que resta de la presente administración. Ahh, pero afirmó Román Meyer Falcón que hay un déficit de 9 (nueve) millones de viviendas que proyectó construir la SEDATU en el gobierno que terminará en 2024.

Ahora bien, como parte de la SEDATU, operan dos subsecretarías, mismas que tienen atribuciones y obligaciones administrativas que muy poca gente demandante de servicios agrarios, conoce. De la misma manera, opera también un esquema jurídico integrado por Tribunales y Magistrados Agrarios.

En el Organigrama de esta secretaría, existe también una Procuraduría Agraria y un Registro Agrario Nacional, con representaciones en las capitales de todos los estados de la República. De igual manera, estas dependencias del sector agrario, también cuentan con «visitadores agrarios», que asisten a los comisariados ejidales de cada municipio, solamente un día a la semana.

Por lo que respecta a los Comisariados Ejidales, es de señalar que, muchos de ellos, junto con sus Comités Directivos, han encontrado la forma de convencer a las autoridades agrarias para retirar derechos agrarios ejidales a los campesinos, y transferir las parcelas a favor de los propios ejidos, sin explicar con claridad a los posesionarios qué destino se dará a las tierras que se declaran expropiadas.

Para el ordenamiento jurídico de las formas de operación de la propiedad ejidal y comunal, así como de la propiedad privada, en toda la República Mexicana está vigente la Ley Agraria, que es parte muy importante del Marco Legal Agrario, el cual cuenta con otras 17 Leyes complementarias. Es de señalar que la Primera Ley Agraria fue emitida el 6 de enero de 1915, por don Venustiano Carranza de la Garza. En la Constitución de 1917, esa Ley Agraria pasó a formar parte de la Constitución de 1917, en su calidad de Artículo 27.

Las expropiaciones de tierras a las haciendas y latifundios en los primeros años de vigencia de la Ley Agraria, no se iniciaron de inmediato. Esto, debido al asesinato del Presidente Carranza y a esquemas de planeación de las ocupaciones ejidales y comunales, aunque ya muchos campesinos habían tomado posesión de áreas agrícolas.

Un caso llama la atención en el estado de Veracruz. Cuando asumió la Presidencia el general Álvaro Obregón Salido en 1920, sin que fuera proclive a la expropiación para el reparto agrario a campesinos sin tierra –personalmente era agricultor-emprendedor y propietario de tierras de riego en Sonora—el noviembre de 1923, emitió un Decreto para expropiar 3,560 hectáreas, de la ex hacienda de San José de los Molinos, en Villa de Perote, estado de Veracruz.

Con esta superficie resultaron beneficiados 351 «capacitados», es decir, campesinos que normalmente prestaban servicios de peones en las haciendas. Las parcelas fueron entregadas con una extensión de seis hectáreas por cada solicitante, de acuerdo con el Decreto correspondiente de esa fecha.

Por otra parte, en 1937, hubo una ampliación de expropiación de tierras a favor del mismo Ejido Villa de Perote, que afectó a la Hacienda de San Antonio Limón Totalco. El entonces Presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, expropió, por Decreto de fecha 21 de junio de 1937, una ampliación de 960 hectáreas. Todo el proceso de expropiación y distribución de parcelas ejidales en esta zona, fue normal, aunque hubo un sobrante de parcelas que no se repartieron, mientras que el tiempo transcurrió y se convirtió en «negocio» de los sucesivos comisariados ejidales de esa región, seguramente en contubernio con las sucesivas autoridades agrarias del estado.

En el propio ejido de Villa de Perote, ocurrió algo inusitado, por lo menos no del dominio público y tan extraño, que mucha gente de la región se niega a creer. En el sexenio de 1994 – 2000, correspondiente al Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se ordenó por Decreto la expropiación de 960 hectáreas del Ejido Villa de Perote, mismas que venían trabajando ejidatarios desde su entrega en el periodo cardenista, para su entrega, de inmediato, a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Eran ocupadas por ejidatarios y, de inmediato, pasaron a control, administración y aprovechamiento forestal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que, en ese tiempo, sólo se ofreció una cantidad de cinco mil pesos por cada una de las seis hectáreas de que constaban las parcelas ejidales.

El destino que se ha dado a esa superficie, es la reforestación y la construcción de Unidades Habitacionales para las familias de los militares. Prácticamente todos los ejidatarios que recibieron originalmente las parcelas ejidales de esta zona, han fallecido.

Sus descendientes afirman que solamente se dio un apoyo, no un pago, de 5 mil pesos por hectárea; poseían un promedio de 3 hectáreas, de manera que los hijos herederos de los antiguos campesinos sin tierra, volvieron a la misma condición de sus padres, antes del gran reparto agrario de la Revolución Mexicana.

El pasado sábado se conmemoró el Día Mundial de la Agricultura y en esa materia México se aleja cada vez más de la posibilidad de responder a los retos que se están viviendo debido a la cerrazón de los integrantes de la cuarta transformación que desde el Ejecutivo y el Congreso intentan frenar las herramientas tecnológicas como los plaguicidas y los organismos genéticamente modificados.

Será una labor titánica para la próxima administración andar lo desandado en este sexenio y dotar a los campesinos de las tecnologías necesarias para incrementar la productividad y hacer rentable esta área productiva que hoy por hoy se encuentra en la incertidumbre.