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Opinión:El reparto agrario que desató la revolución mexicana, no fue para siempre, está en proceso de retorno a la propiedad privada

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Por: Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo

En este gobierno, ha habido un despiadado despojo de tierras ejidales, especialmente para la construcción de «grandes obras faraónicas»

Toda la infraestructura turística, se ha realizado a costa de la expropiación de grandes extensiones ejidales y comunales altamente rentables

El próximo gobierno de México deberá estar muy consciente de la prioridad que representa el sector rural de nuestra economía. En el breve plazo de los próximos seis años, se echará a cuestas la tarea de combatir frontalmente el rezago productivo y de distribución de alimentos agrícolas y derivados de los sectores pecuario y pesquero, con el firme propósito de desaparecer el espectro de la desnutrición y baja calidad de vida de los mexicanos.

Por principio, para la próxima administración, deberá proponerse la cancelación inmediata –en el presupuesto de Egresos de la Federación—de recursos fiscales para emprender «obras faraónicas», al mismo tiempo que ordenar un inventario de tierras nacionales, de ejidos y comunidades, así como de propiedad privada, que permita ordenar la tenencia de la tierra. «No más trafique ni despojo de tierras ejidales y comunales».

Esto, como consecuencia de que, a lo largo de este gobierno, confiado por los mexicanos a Andrés Manuel López Obrador, se ha propiciado un lamentable despojo de tierras ejidales y de otro tipo, especialmente para la construcción de «grandes obras», como la Refinería de «Dos Bocas», en Tabasco; el «Tren Maya» en Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, y el aeropuerto «Felipe Ángeles», en el estado de México.

Todo ello, seguramente sin contar que, desde hace muchos gobiernos, después de la Revolución Mexicana, el desarrollo urbano y turístico, tanto dentro del territorio nacional como a lo largo y ancho de las zonas costeras, toda esa infraestructura turística, se ha realizado a costa de la expropiación de grandes extensiones ejidales y comunales que, en la actualidad, son altamente rentables, sin ningún beneficio para sus antiguos propietarios.

Esto ocurre, por una parte, pero por otra, 100 millones de hectáreas que los distintos gobiernos de la República, se permitieron «entregar a los campesinos ejidatarios y comuneros sin tierra», como «fruto de la Revolución Mexicana», a estas alturas, gran parte de esa superficie «ya no es ejidal». El reto en este sentido, sería que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hiciera un inventario que permita encontrar en manos de quién están esas tierras que, poco a poco, se han convertido en propiedades privadas.  

Dentro de esa «mitad del territorio nacional» –100 millones de hectáreas—hay actualmente muchos miles de mexicanos que no tienen debidamente ordenados sus documentos de propiedad ejidal, comunal o propiedad privada, por irregularidades administrativas de toda una cadena de servidores públicos que «cobran» en lo que fue la Secretaría de la Reforma Agraria (ahora SEDATU). Por la falta de ordenamiento jurídico ejidal y comunal, esos miles de hombres y mujeres «están en la vil calle»; simplemente no tienen documentos que los acrediten como dueños de la casa donde viven y de las tierras parceladas que cultivan.

Bueno, ahora, como están las cosas «hechas una verdadera barbarie», el mismo secretario Meyer Falcón, declaró en una entrevista a la distinguida Elena Poniatovska, que la principal actividad de la secretaría a su cargo, la SEDATU, consiste en la construcción de viviendas modestas en el medio rural.

Le informó que se han construido, con su apoyo, bueno, del gobierno, 600 mil viviendas y que, si acaso, podrían aumentar hasta llegar a unas 900 mil en lo que resta de la presente administración. Ahh, pero afirmó Román Meyer Falcón que hay un déficit de 9 (nueve) millones de viviendas que proyectó construir la SEDATU en el gobierno que terminará en 2024.

Ahora bien, como parte de la SEDATU, operan dos subsecretarías, mismas que tienen atribuciones y obligaciones administrativas que muy poca gente demandante de servicios agrarios, conoce. De la misma manera, opera también un esquema jurídico integrado por Tribunales y Magistrados Agrarios.

En el Organigrama de esta secretaría, existe también una Procuraduría Agraria y un Registro Agrario Nacional, con representaciones en las capitales de todos los estados de la República. De igual manera, estas dependencias del sector agrario, también cuentan con «visitadores agrarios», que asisten a los comisariados ejidales de cada municipio, solamente un día a la semana.

Por lo que respecta a los Comisariados Ejidales, es de señalar que, muchos de ellos, junto con sus Comités Directivos, han encontrado la forma de convencer a las autoridades agrarias para retirar derechos agrarios ejidales a los campesinos, y transferir las parcelas a favor de los propios ejidos, sin explicar con claridad a los posesionarios qué destino se dará a las tierras que se declaran expropiadas.

Para el ordenamiento jurídico de las formas de operación de la propiedad ejidal y comunal, así como de la propiedad privada, en toda la República Mexicana está vigente la Ley Agraria, que es parte muy importante del Marco Legal Agrario, el cual cuenta con otras 17 Leyes complementarias. Es de señalar que la Primera Ley Agraria fue emitida el 6 de enero de 1915, por don Venustiano Carranza de la Garza. En la Constitución de 1917, esa Ley Agraria pasó a formar parte de la Constitución de 1917, en su calidad de Artículo 27.

Las expropiaciones de tierras a las haciendas y latifundios en los primeros años de vigencia de la Ley Agraria, no se iniciaron de inmediato. Esto, debido al asesinato del Presidente Carranza y a esquemas de planeación de las ocupaciones ejidales y comunales, aunque ya muchos campesinos habían tomado posesión de áreas agrícolas.

Un caso llama la atención en el estado de Veracruz. Cuando asumió la Presidencia el general Álvaro Obregón Salido en 1920, sin que fuera proclive a la expropiación para el reparto agrario a campesinos sin tierra –personalmente era agricultor-emprendedor y propietario de tierras de riego en Sonora—el noviembre de 1923, emitió un Decreto para expropiar 3,560 hectáreas, de la ex hacienda de San José de los Molinos, en Villa de Perote, estado de Veracruz.

Con esta superficie resultaron beneficiados 351 «capacitados», es decir, campesinos que normalmente prestaban servicios de peones en las haciendas. Las parcelas fueron entregadas con una extensión de seis hectáreas por cada solicitante, de acuerdo con el Decreto correspondiente de esa fecha.

Por otra parte, en 1937, hubo una ampliación de expropiación de tierras a favor del mismo Ejido Villa de Perote, que afectó a la Hacienda de San Antonio Limón Totalco. El entonces Presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, expropió, por Decreto de fecha 21 de junio de 1937, una ampliación de 960 hectáreas. Todo el proceso de expropiación y distribución de parcelas ejidales en esta zona, fue normal, aunque hubo un sobrante de parcelas que no se repartieron, mientras que el tiempo transcurrió y se convirtió en «negocio» de los sucesivos comisariados ejidales de esa región, seguramente en contubernio con las sucesivas autoridades agrarias del estado.

En el propio ejido de Villa de Perote, ocurrió algo inusitado, por lo menos no del dominio público y tan extraño, que mucha gente de la región se niega a creer. En el sexenio de 1994 – 2000, correspondiente al Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se ordenó por Decreto la expropiación de 960 hectáreas del Ejido Villa de Perote, mismas que venían trabajando ejidatarios desde su entrega en el periodo cardenista, para su entrega, de inmediato, a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Eran ocupadas por ejidatarios y, de inmediato, pasaron a control, administración y aprovechamiento forestal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que, en ese tiempo, sólo se ofreció una cantidad de cinco mil pesos por cada una de las seis hectáreas de que constaban las parcelas ejidales.

El destino que se ha dado a esa superficie, es la reforestación y la construcción de Unidades Habitacionales para las familias de los militares. Prácticamente todos los ejidatarios que recibieron originalmente las parcelas ejidales de esta zona, han fallecido.

Sus descendientes afirman que solamente se dio un apoyo, no un pago, de 5 mil pesos por hectárea; poseían un promedio de 3 hectáreas, de manera que los hijos herederos de los antiguos campesinos sin tierra, volvieron a la misma condición de sus padres, antes del gran reparto agrario de la Revolución Mexicana.

El pasado sábado se conmemoró el Día Mundial de la Agricultura y en esa materia México se aleja cada vez más de la posibilidad de responder a los retos que se están viviendo debido a la cerrazón de los integrantes de la cuarta transformación que desde el Ejecutivo y el Congreso intentan frenar las herramientas tecnológicas como los plaguicidas y los organismos genéticamente modificados.

Será una labor titánica para la próxima administración andar lo desandado en este sexenio y dotar a los campesinos de las tecnologías necesarias para incrementar la productividad y hacer rentable esta área productiva que hoy por hoy se encuentra en la incertidumbre.



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La autoestima es clave en la prevención de accidentes en la minería – Agencia de Noticias Órbita

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“El trágico accidente ocurrido recientemente en la minera Antamina ha puesto de relieve la necesidad de abordar no solo los aspectos técnicos de la seguridad laboral, sino también los factores emocionales y psicológicos que influyen en el comportamiento de los trabajadores. Como experta en autoestima y su impacto en el entorno laboral, es imperativo destacar cómo la baja autoestima puede conducir a decisiones inconscientes que comprometen la seguridad en el sector minero”, afirmó Itala Ureta coach en Autoestima y Liderazgo.

Estadísticas de Accidentes en la Minería Peruana

En los últimos años, las cifras de accidentes en el sector minero han sido preocupantes:

2023: Se registraron 50 accidentes fatales, 1.076 accidentes que dejaron personas incapacitadas y 2.466 accidentes leves.

2022: Hubo una disminución significativa en las muertes por accidentes mineros en comparación con otros años.

2021: Se reportaron 50 muertes debido a accidentes mineros, cifra similar a la de 2023.

Fuente: Statista.

Raíces del Problema

La autoestima, prosiguió Itala Ureta quien también es autora del Libro: Autoestima; Del Sufrimiento e la Libertad, influye directamente en el nivel de conciencia y en la capacidad de los trabajadores para tomar decisiones acertadas. Cuando esta es baja, las decisiones pueden estar motivadas por emociones negativas como el miedo, el resentimiento o la envidia, en lugar de una evaluación racional de las situaciones de riesgo. Esta dinámica puede llevar a comportamientos inseguros y, en consecuencia, a accidentes laborales.

“Recientes estudios respaldan esta perspectiva. La Cámara Minera del Perú ha señalado que colaboradores con altos niveles de autoestima muestran mayor autocuidado y automotivación, factores esenciales para la prevención de accidentes en minería. Asimismo, investigaciones indican que la mayoría de los comportamientos de riesgo en el trabajo son elecciones personales, incluso cuando los trabajadores poseen el conocimiento y las condiciones adecuadas para actuar de manera segura”, precisó la especialista.

Itala Ureta dijo que “es fundamental reconocer que el trabajo en minería no es únicamente una actividad mecánica; también es emocional y mental. Por ello, propongo que los programas de capacitación y entrenamiento en el sector minero incluyan módulos específicos sobre autoestima y autocuidado. Fomentar una cultura de seguridad basada en la autoestima no solo reducirá la incidencia de accidentes, sino que también mejorará el bienestar general de los trabajadores”

“La implementación de políticas que promuevan el desarrollo de la autoestima en el entorno laboral es una inversión en la seguridad y eficiencia de las operaciones mineras. Es momento de reconocer y actuar sobre la influencia de los factores psicológicos en la seguridad laboral”, finalizó.




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Amenazas de despido y retención de sueldos: la realidad de los que trabajan para evitar tragedias como la de Trujillo

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Por Lucía Castro

La reciente tragedia en el Real Plaza de Trujillo (La Libertad), que ha dejado 6 víctimas mortales y más de 80 heridos, ha dejado al descubierto la realidad de los trabajadores municipales que se encargan de verificar, entre otras cosas, que los centros comerciales a los que todos concurrimos sean lugares seguros: los inspectores técnicos especializados en seguridad en edificaciones (ITSE). 

Su día a día, según los testimonios recogidos por Wayka.pe, se resume en sobrecarga laboral, amenazas de despido y retención de sueldos por denegar certificados de seguridad a lugares donde se registran riesgos.

La presidenta de la Comisión de Inspecciones de Seguridad del Colegio de Ingenieros del Perú, Nancy Barrenechea, alerta a Wayka.pe sobre esta realidad. “Soy presidenta de la Comisión desde el 2016 y durante todo ese tiempo he escuchado a mis colegas quejarse que no tienen estabilidad laboral, que los que conducen los municipios los condicionan a ciertas ciertas cosas que si que si no cumplen, tal vez, los van a despedir”, advierte. 

Nancy Barrenechea e inspectores ITSE en el Colegio de Ingenieros. Foto: Cortesía

SOBRECARGA LABORAL

De acuerdo con la presidenta de la Comisión ITSE, las municipalidades suelen encargar más de 10 o 15 inspecciones al día. “Dependiendo de la dimensión del local, máximo podrían ser 6. Porque si usted saca la cuenta, diez inspecciones es menos de una hora por lugar. Entonces, el inspector con tanta carga, ¿cree que lo va a hacer a conciencia?, ¿lo va a hacer bien? No, para nada”, advierte Barrenechea. 

Prueba de ello es la experiencia laboral de más de 20 años de ‘Rosario’, una ingeniera ITSE que prefiere mantener su nombre en reserva para evitar represalias. ‘Rosario’, que fue inspectora en las municipalidades de Surco, Miraflores y San Miguel, cuenta que en un día se le encargaba hasta 20 revisiones, bajo la excusa de que eran de “riesgo bajo”.

“En la Municipalidad de Surco me daban todos los días 20 inspecciones básicas. Entrábamos a las 8:00 a.m., nos asignaban nuestro trabajo y al día siguiente regresabas con tus inspecciones ya listas. Yo a veces me quedaba hasta las 10:00 p.m para cumplir con todas mis inspecciones, pero he visto otros inspectores que hacían dos o tres horas”, cuenta la ingeniera ITSE a Wayka.pe. 

AMENAZAS DE DESPIDO

Cuando un ingeniero ITSE deniega un certificado de seguridad, dependiendo del lugar al que se inspecciona, también puede recibir amenazas de despido. 

‘Rosario’ también afrontó una amenaza de despido cuando trabajó en la Municipalidad de San Miguel en el 2016, entonces a cargo de Eduardo Bless, actual alcalde del mismo distrito. El jefe de ‘Rosario’ era el entonces subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres, Luis Alberto Luna Renteros. Tanto Eduardo Bless como Luna Renteros han sido militantes del Partido Popular Cristiano (PPC). 

Municipalidad de San Miguel. Foto: Andina

En ese periodo, ‘Rosario’ y otros dos inspectores ITSE realizaron una revisión de 15 días al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Según recuerda ‘Rosario’, los inspectores encontraron deficiencias en la infraestructura y seguridad del campus. “Encontré graves observaciones. Por ejemplo, un tanque de agua sin tapa y un muro que se veía que podía colapsar. Mi compañera también encontró algunas fallas eléctricas que representaban un alto riesgo”.

Al terminar la revisión, los inspectores se reunieron con las autoridades de la universidad y expusieron sus hallazgos. Sin embargo, según cuenta ‘Rosario’, en ese momento recibieron una llamada de su entonces jefe, Luis Alberto Luna Renteros, quien les habría ordenado omitir todas las observaciones y aprobar la inspección.

“El gerente nos dijo que el alcalde está apoyando a la Universidad Católica, y por eso nos ordena que no dejemos ninguna observación. Nos dijo: ‘yo les ordeno que dejen un documento en el cuál no exista ninguna observación’. También nos dijo que si alguno de nosotros se negaba a obedecerle, lo iba a despedir”, cuenta la ingeniera ‘Rosario’.

Con la amenaza hecha, ‘Rosario’ y otro de los inspectores decidieron mantener las observaciones de la revisión, pero el tercer inspector, temeroso de perder su empleo, según cuenta la ingeniera ITSE, omitió las deficiencias. Al final, ‘Rosario’ fue despedida y además, según denuncia ella, la Municipalidad de San Miguel le debe hasta hoy 4 meses de sueldo, casi S/20 mil.

Hasta la presidenta de la Comisión ITSE del Colegio de Ingenieros del Perú, Nancy Barrenechea, ha afrontado amenazas de despido por negarse a aprobar un certificado de seguridad.

Cuando era inspectora, a mediados del 2020, Barrenechea recuerda, aunque sin ánimo de dar nombres, que un subgerente de la Municipalidad de Carabayllo le amenazó con despedirla por negarse a aprobar un certificado de seguridad de una discoteca del distrito porque pertenecía a un entonces regidor. Ante la firmeza de Barrenechea, fue despedida.

“El subgerente, que tenía menos tiempo de experiencia que yo, me dijo que tenía que aprobarla porque era la propiedad de un regidor. Entonces, le dije que yo no iba a aprobar el certificado de seguridad de esa discoteca porque no tenía las dos salidas que contempla la norma. Y al final, me terminaron botando. Encima solo me pagaron 15 días, aunque trabajé un mes entero”, rememora. 

RETENCIONES DE SUELDO

Barrenechea no fue la única inspectora que sufrió la retención de su sueldo por no ceder a la presión de sus jefes para otorgar certificados de seguridad pese a los riesgos que se registren. El ingeniero ‘Octavio’, quién también denuncia a Wayka.pe en reserva, contó que cuando trabajó en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho durante la gestión de Jesús Maldonado, entre octubre y diciembre del 2023, un funcionario lo obligó a firmar 10 actas en blanco de certificados de seguridad para edificaciones de alto riesgo. De lo contrario, según ‘Octavio’ no le pagarían su sueldo. 

“Un colega me llamó y me dijo: ‘ven a firmar (las actas) para que te paguen’. Al llegar, dos ingenieros ya habían firmado estos certificados que necesitan la firma de 3 ingenieros. Yo, por temor, firme, pero no como hago mi firma normal, utilicé un sello sin mi nombre, con la intención de que si lo utilizaban en edificaciones grandes y pasaba algo como la caída del techo de Real Plaza, ya yo me deslindaba. Yo sé que hacen eso para locales grandes y luego les cobran”, cuenta el ingeniero ‘Octavio’.

Por no cumplir las órdenes al pie de la letra, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho le debe 4 mil soles de su salario de noviembre del 2023. Los documentos, mostrados a continuación, lo demuestran. 

Orden de servicio por 8 mil soles y Recibio por honorarios de 4 mil soles del ingeniero ‘Octavio’ por su trabajo en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Más de 20 casos de inspectores que recibieron amenazas de despido por negarse a aprobar certificados de seguridad se han registrado en la Comisión ITSE en el Colegio de Ingenieros del Perú, desde que Barrenechea asumió la presidencia. Sin embargo, apunta Barrenechea, la mayoría no inicia una denuncia formal por falta de pruebas. 

“Yo les digo que me presenten sus quejas, pero, lamentablemente, no cuentan con documentos para avalar estas amenazas que son verbales, y aparte de eso, si las tuvieran, también tienen miedo de las represalias. Y la represalía muchas veces es despedirte, y como muchos inspectores tienen familias, lo piensan dos veces antes de denunciar”, alerta Barrenechea.

NORMAS POR MEJORAR

La presidenta de la Comisión ITSE señaló que las condiciones laborales de los inspectores y la rigurosidad en la aprobación de certificados podrían mejorar si se refuerza la Ley N° 29664, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Explicó que la actual normativa no permite estudios estructurales, lo que genera conflictos cuando los inspectores los solicitan, pues algunos administrados lo interpretan como un abuso de autoridad. Además, propuso restablecer la exigencia previa a la modificación de 2018, que requería la presencia de tres inspectores para edificaciones de alto riesgo y cuatro para las de muy alto riesgo, incluyendo obligatoriamente a un ingeniero civil para evaluar la estructura.

“Es necesario ser más rigurosos con el personal ITSE. Actualmente, prefieren inspectores jóvenes para pagar un menor sueldo, pero la experiencia que puede tener un inspector con 20 o 30 años de experiencia es diferente, porque tiene una visión total. Asimismo, los gerentes y subgerentes deben ser acreditados como ITSE, porque si ellos no están capacitados cómo se van dar cuenta si es que lo que están haciendo los inspectores está bien”, resaltó Barrenechea. 

Finalmente, la especialista exhortó al Ministerio de Vivienda que cumpla su función fiscalizadora y controle lo que se está haciendo en cada municipalidad con las oficinas de Gestión de Riesgo y Desastre. “Tendrían que empezar a visibilizar cuántas municipalidades ha visitado, qué falencias han podido encontrar para la mejora de las normativas, y, sobre todo, qué municipalidades están cumpliendo y quiénes no”, agregó.

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