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Perú requiere nueva política de apertura frente a crisis global
El panorama económico internacional atraviesa una fase de reconfiguración caracterizada por tensiones geopolíticas y un incremento en el uso de políticas proteccionistas como herramientas estratégicas. Ante este escenario desafiante para economías pequeñas y abiertas, Mercedes Aráoz, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), ha presentado una propuesta técnica para actualizar la estrategia de apertura comercial del Perú. El objetivo central es reforzar la competitividad nacional a largo plazo y asegurar la resiliencia frente a los shocks externos.
El análisis forma parte del estudio titulado Acciones para contrarrestar la crisis de la globalización y las guerras comerciales en el Perú, desarrollado dentro de la iniciativa Agenda 2026. La investigación subraya que el entorno actual difiere sustancialmente de las condiciones que permitieron la inserción internacional del país en la década de 1990, lo que obliga a replantear los mecanismos de defensa y promoción comercial.
¿Por qué es necesario actualizar la estrategia comercial?
Las principales potencias económicas han comenzado a priorizar objetivos no económicos en su agenda comercial. Temas como la seguridad nacional, la garantía de las cadenas de suministro, la sostenibilidad ambiental y la protección de derechos laborales han cobrado protagonismo. Si bien estos propósitos son legítimos, su implementación genera distorsiones en el mercado y eleva la incertidumbre para países emergentes.
“Si bien el modelo de apertura comercial permitió elevar la productividad, atraer inversión extranjera y reducir la pobreza, el entorno global actual exige ajustes para sostener la inserción internacional del país”, señala Aráoz.
¿Cuáles son los riesgos del nuevo entorno global?
El estudio identifica amenazas directas derivadas del nuevo proteccionismo. Entre ellas destacan la imposición de estándares ambientales y laborales más estrictos, los cuales pueden resultar excluyentes para ciertas industrias locales. Además de ello, existen efectos colaterales provenientes de las disputas entre grandes bloques económicos, lo que podría desplazar al Perú de cadenas de suministro estratégicas. Estos factores afectan tanto al sistema financiero como a la estabilidad monetaria y el acceso a crédito externo.
“Para una economía pequeña y abierta como la peruana, preservar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la competitividad no es una opción, sino una condición para enfrentar shocks externos y mantener el crecimiento en un entorno global cada vez más incierto”, añade la investigadora del CIUP.
¿Qué medidas propone la Agenda 2026?
Frente a este diagnóstico, se plantea una hoja de ruta estructurada en cinco ejes fundamentales. El primero se centra en preservar la estabilidad macroeconómica para mantener la confianza de los inversionistas. El segundo eje apunta a la mejora de la competitividad sistémica; aquí es donde la infraestructura física y la conectividad digital juegan un rol determinante, junto con reformas en los mercados de factores.
El tercer punto sugiere fortalecer la estrategia de negociación comercial y las capacidades de defensa del Estado. Como cuarto eje, se propone promover el desarrollo sectorial con una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos. Finalmente, Aráoz destaca la necesidad de consolidar una gobernanza público-privada que permita generar consensos sobre una agenda nacional de desarrollo exportador.
Beneficios a largo plazo
La implementación de estas medidas es clave para asegurar un crecimiento inclusivo en los próximos años. Aunque algunas de estas acciones implican costos fiscales inmediatos, el análisis concluye que los beneficios en términos de generación de empleo, diversificación productiva y solidez económica son superiores en el mediano y largo plazo. La adaptación a este nuevo orden mundial requiere una acción coordinada que integre tecnología, política pública y visión empresarial.
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Más de 200 personas acceden a trámites de DNI en Iparia
El Programa PAIS y Reniec tramitan el DNI de más de 200 pobladores shipibo-konibo en Ucayali
Un total de 200 pobladores pertenecientes a comunidades nativas shipibo-konibo, en el distrito de Iparia, realizaron trámites de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita durante agosto de 2026. La campaña se ejecutó en la provincia de Coronel Portillo mediante una estrategia coordinada entre el Tambo Colonia del Caco del Programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Aparte de la emisión de nuevos documentos, la jornada social de tres días atendió solicitudes de cambio por caducidad, duplicado por pérdida, renovación, actualización de datos e inscripción de partidas de nacimiento. En total, las instituciones involucradas sumaron más de 400 atenciones en favor de los residentes de las localidades de Colonia del Caco, Nazareth y Amaquiria.
¿Qué impacto económico y logístico genera la campaña en Iparia?
La intervención en el distrito de Iparia contó con el soporte técnico de la Dirección Regional de Identificación y Asistencia Social (DRIAS) de Ucayali. Esta gestión descentralizada evitó que las familias vulnerables de la cuenca fluvial gastaran recursos económicos y emplearan hasta un día entero de navegación para trasladarse hacia la ciudad de Pucallpa.
Sobre la relevancia de la descentralización de los trámites estatales, Jaksson Villaorduña, coordinador regional del Programa PAIS en Ucayali, precisó: “A través de los Tambos y la articulación con el Reniec, garantizamos que las personas que viven en estas zonas de difícil acceso ejerzan su derecho a la identidad sin tener que salir de sus comunidades o realizar largos desplazamientos hasta la capital de la provincia para realizar los trámites del DNI”.
¿Por qué el DNI es la puerta de entrada a los servicios básicos?
Contar con una identificación oficial constituye un requisito indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Más que un registro administrativo, el DNI facilita la inclusión social de los pobladores originarios, garantizando su incorporación en los programas del Estado, la atención en los servicios públicos de salud, el acceso a la educación formal, la inserción al empleo y la protección legal.
¿Cuál es la cobertura del Programa PAIS en la región ucayalina?
En la región Ucayali, la infraestructura social gestionada por la entidad gubernamental dispone de seis Tambos operativos. Estas plataformas fijas conectan los servicios del Estado con más de 70 comunidades nativas de la Amazonía peruana.
Durante el año 2026, la red de atención social ha superado las 16 000 atenciones dirigidas a personas que habitan en los sectores más alejadados del territorio regional, fortaleciendo la presencia institucional en la selva central.
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“Santa Anita perdió más de 140 millones de soles por malas gestiones municipales”
Ingrid Alcarraz, candidata de Juntos por el Perú para el distrito de Santa Anita, apuesta por una estrategia integral contra la delincuencia, la ampliación de vías clave para eliminar cuellos de botella y la creación de un centro de salud y bienestar animal. Como santanitense de nacimiento, empresario y ex subprefecta, conoce la realidad de su distrito y sabe cómo lograr el desarrollo, progreso y bienestar de sus vecinos.
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD BAJO CUATRO PILARES
Frente a la creciente ola de robos al paso y extorsiones que afectan a los pequeños comercios y a las líneas de transporte menor en el distrito, Alcarraz planteó un enfoque integral basado en cuatro ejes: infraestructura, tecnología, aspecto legal y prevención.
- Prevención con deporte y salud mental: Propone recuperar espacios públicos para el desarrollo deportivo y académico de los jóvenes. Abrir en todos los sectores del distrito, academias deportivas municipales gratuitas para alejar a los niños y jóvenes de las calles. Con ello, formará también hombres y mujeres responsables, con valores, líderes y sabiendo trabajar en equipo.
Asimismo, planteó el abordaje de la salud mental mediante campañas en colegios y parques, articulando esfuerzos mediante convenios con instituciones locales como el Centro de Salud Mental Comunitario y el Hospital Hermilio Valdizán.
- Tecnología de vanguardia: Bajo la propuesta «Santa Anita Smart», proyecta la implementación de un sistema de videovigilancia equipado con inteligencia artificial para el reconocimiento facial y de placas. Alcarraz enfatizó que este sistema operará mediante una central de monitoreo moderna integrada directamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía para garantizar su efectividad legal.
- Infraestructura segura: Promete la mejora de la iluminación y la recuperación de espacios actualmente abandonados o inseguros, como el Parque 6 de Andahuaylas.
AMPLIACIÓN DE VÍAS Y CONECTIVIDAD URBANA
Para solucionar el caos vehicular y los denominados «cuellos de botella» que afectan la calidad de vida de los residentes, Ingrid Alcarraz se comprometió a gestionar proyectos de infraestructura vial ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima:
- Puente Atarjea (Puente Tecno): Gestión para la ampliación de la vía de la Av. César Vallejo para agilizar la salida del distrito en horas punta.
- Avenida Ferrocarril: Coordinará con El Agustino y Lima Metropolitana para pavimentar y limpiar la zona colindante a Sedapal, erradicando los botaderos de desmonte y focos delictivos actuales.
- Megaproyectos y áreas verdes: Fiscalizará y gestionará los tramos de la ampliación de la Av. Huarochirí (hacia el Malecón Checa) y los pasos a desnivel para asegurar que las vías adyacentes reciban inversión en pistas e iluminación, además de defender el compromiso ambiental y la conservación de los árboles frente al avance de las obras urbanas.
BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PÚBLICA
Alcaraz criticó la inoperatividad de la actual veterinaria municipal y anunció la creación de un «Centro de Salud y Bienestar Animal». Este establecimiento proyecta ofrecer atención de emergencias las 24 horas, consultas a costos sociales accesibles, campañas masivas y continuas de esterilización, vacunación, y programas de educación ciudadana para combatir el abandono de mascotas en puntos críticos como el «Parque del Triángulo».
CUESTIONAMIENTOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ingrid Alcarraz, administradora de profesión y ex subprefecta de Santa Anita, alertó sobre la deficiente capacidad de gasto de las autoridades previas, señalando que entre el año 2015 y el período anterior se devolvieron al erario nacional más de 140 millones de soles que debieron ser destinados a proyectos de inversión pública. Tras detallar los bajos niveles de ejecución presupuestal al inicio de los últimos períodos municipales, exhortó a los vecinos a emitir un voto informado para dar paso a una administración caracterizada por la transparencia, la eficiencia técnica y la lucha frontal contra la corrupción.
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