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Perú requiere nueva política de apertura frente a crisis global
El panorama económico internacional atraviesa una fase de reconfiguración caracterizada por tensiones geopolíticas y un incremento en el uso de políticas proteccionistas como herramientas estratégicas. Ante este escenario desafiante para economías pequeñas y abiertas, Mercedes Aráoz, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), ha presentado una propuesta técnica para actualizar la estrategia de apertura comercial del Perú. El objetivo central es reforzar la competitividad nacional a largo plazo y asegurar la resiliencia frente a los shocks externos.
El análisis forma parte del estudio titulado Acciones para contrarrestar la crisis de la globalización y las guerras comerciales en el Perú, desarrollado dentro de la iniciativa Agenda 2026. La investigación subraya que el entorno actual difiere sustancialmente de las condiciones que permitieron la inserción internacional del país en la década de 1990, lo que obliga a replantear los mecanismos de defensa y promoción comercial.
¿Por qué es necesario actualizar la estrategia comercial?
Las principales potencias económicas han comenzado a priorizar objetivos no económicos en su agenda comercial. Temas como la seguridad nacional, la garantía de las cadenas de suministro, la sostenibilidad ambiental y la protección de derechos laborales han cobrado protagonismo. Si bien estos propósitos son legítimos, su implementación genera distorsiones en el mercado y eleva la incertidumbre para países emergentes.
“Si bien el modelo de apertura comercial permitió elevar la productividad, atraer inversión extranjera y reducir la pobreza, el entorno global actual exige ajustes para sostener la inserción internacional del país”, señala Aráoz.
¿Cuáles son los riesgos del nuevo entorno global?
El estudio identifica amenazas directas derivadas del nuevo proteccionismo. Entre ellas destacan la imposición de estándares ambientales y laborales más estrictos, los cuales pueden resultar excluyentes para ciertas industrias locales. Además de ello, existen efectos colaterales provenientes de las disputas entre grandes bloques económicos, lo que podría desplazar al Perú de cadenas de suministro estratégicas. Estos factores afectan tanto al sistema financiero como a la estabilidad monetaria y el acceso a crédito externo.
“Para una economía pequeña y abierta como la peruana, preservar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la competitividad no es una opción, sino una condición para enfrentar shocks externos y mantener el crecimiento en un entorno global cada vez más incierto”, añade la investigadora del CIUP.
¿Qué medidas propone la Agenda 2026?
Frente a este diagnóstico, se plantea una hoja de ruta estructurada en cinco ejes fundamentales. El primero se centra en preservar la estabilidad macroeconómica para mantener la confianza de los inversionistas. El segundo eje apunta a la mejora de la competitividad sistémica; aquí es donde la infraestructura física y la conectividad digital juegan un rol determinante, junto con reformas en los mercados de factores.
El tercer punto sugiere fortalecer la estrategia de negociación comercial y las capacidades de defensa del Estado. Como cuarto eje, se propone promover el desarrollo sectorial con una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos. Finalmente, Aráoz destaca la necesidad de consolidar una gobernanza público-privada que permita generar consensos sobre una agenda nacional de desarrollo exportador.
Beneficios a largo plazo
La implementación de estas medidas es clave para asegurar un crecimiento inclusivo en los próximos años. Aunque algunas de estas acciones implican costos fiscales inmediatos, el análisis concluye que los beneficios en términos de generación de empleo, diversificación productiva y solidez económica son superiores en el mediano y largo plazo. La adaptación a este nuevo orden mundial requiere una acción coordinada que integre tecnología, política pública y visión empresarial.
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Alcaldes del Cusco protestan encadenados en Lima
En una medida de protesta sin precedentes, el alcalde del distrito de Huaro, provincia de Quispicanchi (Cusco), Juvenal Humpire, llegó a Lima junto a otros seis alcaldes de la región Cusco para exigir al Gobierno Central la asignación de recursos que permitan culminar importantes obras de infraestructura de salud.
Los siete burgomaestres representan a municipios cuyos proyectos forman parte del Programa Plan Mil, una iniciativa impulsada por el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, para construir y mejorar establecimientos de salud en distintos distritos y provincias del país. Sin embargo, denuncian que varias de estas obras, pese a encontrarse en ejecución, no fueron consideradas con el presupuesto necesario para su culminación.
Como medida de protesta, los alcaldes de provincias como Anta, Acomayo, Paruro y Quispicanchi decidieron encadenarse en instituciones del Estado, entre ellas el Congreso de la República y diversos ministerios, con el objetivo de ser escuchados y lograr la asignación de recursos mediante el próximo crédito suplementario.
«Nuestro centro de salud registra un avance del 70 % de ejecución, pero el presupuesto asignado no alcanza para concluir la obra. Necesitamos recursos adicionales para ejecutar el 30 % restante. Si no se aprueba este financiamiento, el proyecto quedará paralizado», manifestó el alcalde Juvenal Humpire.
El burgomaestre expresó su indignación al señalar que las autoridades del Gobierno les aseguraron que los proyectos en continuidad serían priorizados. Sin embargo, sostuvo que en la Ley de Presupuesto se incluyeron nuevos proyectos, mientras varias obras del Plan Mil quedaron sin el financiamiento requerido.
«Somos 17 alcaldes que integramos el Programa Plan Mil de la región cusco y, en esta oportunidad, siete hemos venido a Lima para alzar nuestra voz de protesta. Solo mediante esta medida radical esperamos que el Gobierno Central escuche nuestro pedido. Si no nos asignan el presupuesto en este crédito suplementario, nuestras obras quedarán paralizadas y se generará un grave problema para la población», afirmó.
El nuevo Centro de Salud de Huaro y de los demás distritos beneficiará a cerca de 100 mil habitantes de Huaro y distritos vecinos. La moderna infraestructura permitirá brindar atención médica oportuna y de calidad a miles de niños, adultos mayores y familias que durante décadas han esperado este proyecto.
«Han pasado más de 50 años y nuestro distrito sigue esperando un establecimiento de salud digno. El antiguo centro de salud ya colapsó y hoy, en medio del intenso friaje que afecta a nuestra población, necesitamos culminar esta obra con urgencia. La salud debe ser una prioridad. Gracias a Dios seguimos firmes en esta lucha porque nuestros pueblos no pueden seguir esperando», concluyó el alcalde Juvenal Humpire.
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Multas desde S/660 a quienes circulen con vehículos menores motorizados en ciclovías –
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, informó que la circulación de vehículos menores motorizados en las ciclovías de Lima constituye una infracción muy grave y se sanciona con una multa de S/660.
La comuna precisó que esta conducta se encuentra tipificada como la infracción M43, establecida en el Decreto Supremo N.° 016-2009-MTC, modificado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además de la sanción económica, la falta implica la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor.
Según la normativa vigente, esta infracción se aplica cuando no se respeta el derecho preferente de paso del ciclista o del conductor de vehículos de movilidad personal (VMP), lo que incluye el uso indebido de ciclovías por unidades motorizadas.
La MML recordó que la multa equivale al 12% de una UIT, lo que actualmente representa S/660. Esta medida forma parte del régimen de tránsito que busca ordenar el uso de las vías exclusivas para bicicletas y otros vehículos no motorizados.
La autoridad municipal remarcó que la infracción M43 no contempla medidas preventivas, pero sí se considera de alta gravedad dentro del sistema de fiscalización vial.
En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Tránsito, informó que desde el 2 de agosto de 2026 aplicará sanciones contra conductores de motocicletas eléctricas que circulen por ciclovías.
La medida se anunció durante el inicio de una campaña de orientación en Miraflores, que se extenderá por 45 días en las jurisdicciones de Lima norte, centro y sur. Luego de ese periodo, la PNP comenzará la imposición de sanciones.
La institución precisó que las motocicletas eléctricas pertenecen a la categoría vehicular L, por lo que deben circular por la pista y no por ciclovías, las cuales están destinadas exclusivamente a bicicletas y vehículos de movilidad personal como los scooters.
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