El panorama económico internacional atraviesa una fase de reconfiguración caracterizada por tensiones geopolíticas y un incremento en el uso de políticas proteccionistas como herramientas estratégicas. Ante este escenario desafiante para economías pequeñas y abiertas, Mercedes Aráoz, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), ha presentado una propuesta técnica para actualizar la estrategia de apertura comercial del Perú. El objetivo central es reforzar la competitividad nacional a largo plazo y asegurar la resiliencia frente a los shocks externos.

El análisis forma parte del estudio titulado Acciones para contrarrestar la crisis de la globalización y las guerras comerciales en el Perú, desarrollado dentro de la iniciativa Agenda 2026. La investigación subraya que el entorno actual difiere sustancialmente de las condiciones que permitieron la inserción internacional del país en la década de 1990, lo que obliga a replantear los mecanismos de defensa y promoción comercial.

¿Por qué es necesario actualizar la estrategia comercial?

Las principales potencias económicas han comenzado a priorizar objetivos no económicos en su agenda comercial. Temas como la seguridad nacional, la garantía de las cadenas de suministro, la sostenibilidad ambiental y la protección de derechos laborales han cobrado protagonismo. Si bien estos propósitos son legítimos, su implementación genera distorsiones en el mercado y eleva la incertidumbre para países emergentes.

“Si bien el modelo de apertura comercial permitió elevar la productividad, atraer inversión extranjera y reducir la pobreza, el entorno global actual exige ajustes para sostener la inserción internacional del país”, señala Aráoz.

¿Cuáles son los riesgos del nuevo entorno global?

El estudio identifica amenazas directas derivadas del nuevo proteccionismo. Entre ellas destacan la imposición de estándares ambientales y laborales más estrictos, los cuales pueden resultar excluyentes para ciertas industrias locales. Además de ello, existen efectos colaterales provenientes de las disputas entre grandes bloques económicos, lo que podría desplazar al Perú de cadenas de suministro estratégicas. Estos factores afectan tanto al sistema financiero como a la estabilidad monetaria y el acceso a crédito externo.

“Para una economía pequeña y abierta como la peruana, preservar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la competitividad no es una opción, sino una condición para enfrentar shocks externos y mantener el crecimiento en un entorno global cada vez más incierto”, añade la investigadora del CIUP.

¿Qué medidas propone la Agenda 2026?

Frente a este diagnóstico, se plantea una hoja de ruta estructurada en cinco ejes fundamentales. El primero se centra en preservar la estabilidad macroeconómica para mantener la confianza de los inversionistas. El segundo eje apunta a la mejora de la competitividad sistémica; aquí es donde la infraestructura física y la conectividad digital juegan un rol determinante, junto con reformas en los mercados de factores.

El tercer punto sugiere fortalecer la estrategia de negociación comercial y las capacidades de defensa del Estado. Como cuarto eje, se propone promover el desarrollo sectorial con una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos. Finalmente, Aráoz destaca la necesidad de consolidar una gobernanza público-privada que permita generar consensos sobre una agenda nacional de desarrollo exportador.

Beneficios a largo plazo

La implementación de estas medidas es clave para asegurar un crecimiento inclusivo en los próximos años. Aunque algunas de estas acciones implican costos fiscales inmediatos, el análisis concluye que los beneficios en términos de generación de empleo, diversificación productiva y solidez económica son superiores en el mediano y largo plazo. La adaptación a este nuevo orden mundial requiere una acción coordinada que integre tecnología, política pública y visión empresarial.