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Pese a mentir a Fiscalía, Sada Goray busca otra vez ser colaboradora eficaz

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Pese a mentir a Fiscalía, Sada Goray busca otra vez ser colaboradora eficaz


Proyecto de 90 hectáreas de Marka Group que pasó de valer un millón de dólares a US$ 42 millones solo era la punta del Iceberg.

 

La empresaria Sada Goray habría presentado un nuevo pedido para acogerse a la colaboración eficaz, en esta ocasión ante el fiscal del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, Jorge García.

Como se recuerda, el 7 de julio de este año, el fiscal del caso, Christian Niño, rechazó el requerimiento de colaboración eficaz de Goray Chong, porque mintió y ocultó información. Esa fue una de las razones por las que los magistrados le ratificaron la detención por 30 meses.

Trascendió que el fiscal García Juárez también rechazaría la nueva solicitud de colaboración eficaz de la empresaria, porque el beneficio se basa en que el aspirante reconoce todos los delitos, lo que no hizo inicialmente la propietaria de la inmobiliaria Marka Group.

También porque la colaboración eficaz se sustenta en que la persona que lo pide desde el principio habla con la verdad, pero la empresaria ocultó información, según el fiscal Christian Niño.

Expertos en el tema, consultados por otro medio señalan que las normas no impiden que un imputado, a quien las autoridades desestimaron una primera solicitud de colaboración eficaz, presente un nuevo requerimiento para lograr este beneficio, pero que el caso de Sada Goray es inusual.

El fiscal Christian Niño Torres pidió la detención de Sada Goray Chong, quien se encontraba inmersa en un proceso de colaboración eficaz, luego que otros involucrados en el caso revelaron hechos que desmienten a la empresaria inmobiliaria o que esta había ocultado.

Entre otros hechos, los testigos informaron que Sada Goray organizó el copamiento del directorio del Fondo Mivivienda, de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), de Sedapal y de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), con el propósito de favorecer a sus millonarios proyectos inmobiliarios. Goray no mencionó estos casos en sus declaraciones como aspirante a la colaboración eficaz.

“Que yo recuerde, no hay un caso similar que haya visto como el de Sada Goray. La ley no prohíbe el pedido de una nueva colaboración eficaz. La ley lo que establece es que si se le miente a la Fiscalía, cuando solicitas acogerte a la colaboración, se pierde la negociación, queda sin efecto la solicitud y se aplica todos los apremios que consideren conveniente, conforme ha ocurrido con Sada Goray”, explicó el penalista Wilber Medina Bárcena.

Según las fuentes de la Fiscalía, las manifestaciones del exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción, Salatiel Marrufo Alcántara, así como la de otros investigados, dejaron en evidencia que la propietaria de Marka Group no había dicho toda la verdad sobre los actos ilícitos que había cometido.

Por este motivo, el fiscal Christian Niño revocó el proceso de colaboración eficaz de Sada Goray por haber faltado a la verdad.

 

FAENÓN

Cabe indicar que entre los proyectos que no han sido abordados con la Fiscalía está el plan para realizar un faenón por US$ 5 mil millones.

Como se informó hace unas semanas en este medio, la red criminal de Sada Goray, que actuó en coordinación con Pedro Castillo, tenía planificado un negociazo de casi US$ 5 mil millones. El objetivo era lograr la habilitación de agua y desagüe en terrenos eriazos de 1200 hectáreas en Chilca, ubicada a solo 60 kilómetros de Lima.

Se debe precisar que un terreno eriazo, sin agua y desagüe, vale muy poco. Es la habilitación de estos últimos los que hacen que el valor del terreno se multiplique casi 50 veces.

Es por ello que, según el Ministerio Público, los tentáculos de la mafia de Goray no solo infiltraron el Fondo MiVivienda, sino también Sedapal.

De acuerdo con el Ministerio Público, la dueña de Marka Group logró colocar a su exesposo Luis Mesones Odar como miembro del directorio de Sedapal, al igual que a Salatiel Marrufo, a través de Fonafe, adscrita al Ministerio de Vivienda, con el objetivo de verse favorecida en sus proyectos.

 

NEGOCIAZO

Muestra de lo beneficioso de la habilitación es que el proyecto de Marka Group en Chilca, de 90 hectáreas, que costaba un millón de dólares, pasó luego a US$ 18 millones y, finalmente, a US$42 millones. Sin embargo, esto solo era la punta del Iceberg.

La mafia buscaba replicar este negociazo con terrenos eriazos de 1200 hectáreas en el mismo Chilca, que tras habilitación de agua y desagüe tendrían un valor que bordeaba los US$ 5 mil millones.

La Fiscalía indaga qué otros proyectos habrían sido beneficiados indebidamente o proyectaban serlo, y quiénes estaban detrás de este billonario negocio.

 

TESIS FISCAL

Según el Ministerio Público, Goray estaba desesperada por solucionar un problema con respecto a los servicios de agua y desagüe que tenía en el terreno de 90 hectáreas, ubicado en Chilca, que había vendido a la empresa Centenario.

La colaboradora eficaz Pilar Tijero reveló al fiscal el verdadero interés de la organización criminal: “Cuando Sada Giray hace el contrato con Centenario por las 90 hectáreas del terreno de Chilca, uno de los requerimientos de la empresa Centenario fue que los terrenos deben tener la habilitación completa (servicios de agua, desagüe, pistas, veredas, electricidad y otros). De allí viene la preocupación de Goray para que pueda tener manejo de Sedapal y pueda realizar sus gestiones para favorecerse en sus proyectos inmobiliarios que necesitan de documentos que habiliten los servicios de agua y desagüe”.





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Expanión minera y gestión social en América Latina

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Expanión minera y gestión social en América Latina

En ciertos territorios, la discusión no empieza con una perforadora sino con una reunión. Antes de que se instale un campamento o se despliegue maquinaria pesada, ya circulan preguntas en radios locales, asambleas vecinales y oficinas municipales. América Latina concentra algunas de las reservas minerales más codiciadas del mundo, pero también una historia compleja en torno a la actividad extractiva. Para las compañías que buscan expandirse desde Estados Unidos hacia la región, el desafío no es únicamente geológico ni financiero. Es, ante todo, político y social.

La minería moderna opera en una vitrina permanente. Cada estudio ambiental, cada comunicado y cada audiencia pública puede inclinar la percepción pública en un sentido u otro. Y esa percepción termina condicionando el ritmo real de la operación.

Permisos que se discuten más allá del expediente

En el papel, el proceso parece claro. Se presenta un estudio de impacto ambiental, se responden observaciones técnicas y, eventualmente, llega la aprobación. En la práctica, el expediente es apenas una parte del escenario.

En países como Chile, Perú o Colombia, los estudios ambientales son analizados no solo por funcionarios técnicos sino también por organizaciones sociales, académicos y periodistas especializados. Las cifras de consumo de agua, los planes de manejo de residuos o las estimaciones de emisiones se revisan con atención. Un término ambiguo o una formulación poco precisa puede abrir interpretaciones que luego se amplifican en el debate público.

En ese contexto, los reportes no funcionan como simples requisitos administrativos. Son documentos que circulan, se citan y se contrastan con declaraciones previas. Cuando la casa matriz produce informes en inglés y las filiales deben presentarlos ante autoridades locales, la consistencia entre versiones deja de ser un detalle técnico y pasa a ser una cuestión de credibilidad.

Comunidades que ya no aceptan respuestas genéricas

En muchas regiones mineras, las comunidades han desarrollado una experiencia acumulada. Conocen los plazos de exploración, distinguen entre etapas del proyecto y manejan información técnica con mayor soltura que en décadas anteriores.

Las reuniones informativas suelen incluir preguntas específicas sobre acuíferos, relaves o rutas de transporte. Frente a ese nivel de escrutinio, los discursos demasiado abstractos pierden efecto rápidamente.

Las empresas que logran avanzar sin interrupciones prolongadas suelen haber entendido que la comunicación no es un apéndice del proyecto. Elaboran materiales accesibles, explican los datos con claridad y evitan contradicciones entre lo que se presenta en el terreno y lo que se publica en informes corporativos.

En ese punto, la coherencia documental cobra un peso decisivo. La traducción de contenidos técnicos —desde estudios hidrogeológicos hasta planes de cierre— requiere un nivel de precisión que preserve los matices del original y los adapte al marco normativo y cultural local. No se trata solo de equivalencias lingüísticas, sino de asegurar que el mensaje conserve su sentido técnico y jurídico.

Reportes que viajan de la cordillera a Wall Street

La minería latinoamericana no se financia exclusivamente en la región. Fondos de inversión, bancos internacionales y aseguradoras exigen reportes alineados con estándares globales de sostenibilidad y gobierno corporativo. Al mismo tiempo, las autoridades locales demandan estudios ajustados a su normativa específica.

El mismo proyecto puede ser evaluado por un regulador provincial, por analistas en Nueva York y por organizaciones ambientales con presencia internacional. En ese circuito, cualquier inconsistencia entre versiones —un dato expresado de manera distinta, una cifra que cambia de contexto— puede generar cuestionamientos.

Las compañías que sostienen operaciones en varios países suelen desarrollar sistemas internos de revisión documental que integran equipos técnicos, legales y de comunicación. No es una formalidad burocrática; es una forma de reducir riesgos reputacionales antes de que se conviertan en conflictos visibles.

La reputación como factor operativo

En mercados extractivos, la reputación no es un intangible etéreo. Tiene efectos concretos sobre cronogramas, financiamiento y continuidad operativa. Un proyecto con permisos aprobados puede enfrentar demoras si la percepción pública se deteriora.

Las redes sociales y los medios locales amplifican rápidamente cualquier señal de contradicción. Una frase mal interpretada en una entrevista o una discrepancia entre documentos puede alimentar sospechas que luego requieren meses para disiparse.

Por eso, algunas empresas han empezado a tratar la comunicación con el mismo rigor que la ingeniería. Incorporan revisiones cruzadas, validaciones técnicas y controles de coherencia antes de publicar estudios o comunicados. No es una cuestión estética; es una forma de blindar la operación frente a lecturas adversas.

Diferencias culturales que inciden en el tono

Más allá de la normativa, existe un elemento menos visible pero igualmente determinante: la cultura. Las compañías estadounidenses suelen privilegiar mensajes directos y estructurados. En ciertas regiones latinoamericanas, el contexto histórico y la sensibilidad social influyen en la manera en que se reciben esos mensajes.

Un informe técnicamente sólido puede percibirse como distante si no contempla el trasfondo local. Del mismo modo, un intento de simplificación excesiva puede interpretarse como falta de transparencia.

Las empresas que logran establecer relaciones estables invierten tiempo en comprender la dinámica del territorio. Analizan antecedentes de conflictos, estudian el rol de actores comunitarios y ajustan el tono de sus comunicaciones sin alterar la precisión técnica.

Una expansión que no termina con la aprobación

Abrir una operación minera no es un punto de llegada. Cada etapa —exploración, construcción, explotación y eventual cierre— introduce nuevos interlocutores y nuevas exigencias documentales. Lo que se afirma en un estudio inicial puede ser revisado años después, cuando la comunidad evalúa resultados concretos.

La expansión sostenible en América Latina parece depender menos de anuncios grandilocuentes y más de una consistencia silenciosa. Los proyectos que se mantienen a lo largo del tiempo suelen haber tejido una relación estable con autoridades, comunidades y mercados financieros.

En ese entramado, la claridad documental y la coherencia entre idiomas no son detalles secundarios. Funcionan como la base sobre la cual se construye —o se desgasta— la confianza. Y en un sector donde cada decisión se observa con atención, esa confianza termina siendo tan valiosa como el propio yacimiento.

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Más de 53 000 efectivos de la PNP resguardarán segunda vuelta electoral

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Más de 53 000 efectivos de la PNP resguardarán segunda vuelta electoral


La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó este viernes el plan de operaciones para la Segunda Vuelta Electoral 2026, que contempla el despliegue de 53 373 efectivos en todo el país, para garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público durante la jornada democrática.

Desde la Institución Educativa Estatal Melitón Carvajal, en Lince, el ministro del Interior, José Zapata, aseguró que su sector ejecutará con firmeza el encargo del Gobierno central, liderado por el presidente de la república, José Balcázar, de salvaguardar el derecho a sufragio, la institucionalidad y la paz social en todo el país este domingo 7 de junio.

“Frente a esta importante decisión ciudadana, el Gobierno tiene una misión irrenunciable: asegurar que cada ciudadano vote con absoluta paz y confianza. La seguridad de la gente es el centro de nuestro trabajo. Para asegurar la tranquilidad de esta jornada se ha diseñado un plan estratégico y articulado que no deja nada al azar”, remarcó.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) informó también que esta labor de resguardo será complementada con más de 44 000 efectivos de las Fuerzas Armadas, que desarrollarán un trabajo conjunto con la PNP, a fin de brindar seguridad a la población y a los más de 10 000 locales de votación instalados a nivel nacional.

“Quiero ser categórico y enfático: el despliegue electoral no le dará tregua a la delincuencia. El patrullaje preventivo, las operaciones policiales y los servicios de emergencia no se detienen en el país. Mientras resguardamos el orden público, nuestras unidades de inteligencia e investigación criminal seguirán combatiendo el delito con firmeza en cada rincón del país”, enfatizó el ministro Zapata.

Por su parte, el comandante general de la PNP, general de Policía Óscar Arriola, hizo un llamado a la ciudadanía que acudirá a las urnas, exhortándola a cumplir con todas las recomendaciones de seguridad y no hacer caso a mensajes que puedan perturbar esta fiesta electoral.

“Nos queda hacer un llamado a la ciudadanía para que acudan a sus centros de votación, porque toda la seguridad está garantizada a nivel nacional. La Policía Nacional está en alerta absoluta desde hoy hasta que termine el proceso. Estamos dispuestos y preparados para cualquier contingencia.”, aseguró el jefe máximo de la PNP.

En esta actividad también estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor de la PNP, Tnte. Gral. Freddy López Mendoza; el inspector general de la PNP, Tnte. Gral. Augusto Ríos Tiravanti; el jefe del Comando Operaciones Policiales, Tnte. Gral. Luis Flores Solís; el director nacional de Investigación Criminal, Gral. PNP Manuel Lozada Morales; y el jefe de la Región Policial Lima, Gral. PNP Jorge Castillo Vargas.



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