Actualidad
Piden justicia para Rosalino Flores, acribillado por la policía en Cusco durante las protestas contra Dina Boluarte
Estudiante de 22 años se encuentra grave en un hospital de Lima.
Jaime Herrera
Han pasado más de 5 semanas y Rosalino sigue hospitalizado, gran parte de este tiempo lo pasó entre quirófanos y unidades de Cuidados Intensivos. El pasado 11 de enero fue acribillado por un policía, tal como lo demuestra un video de seguridad de la municipalidad de Cusco. Al joven estudiante de 21 años, se le ve parado tras un árbol en la calle 28 de julio, de la ciudad de Cusco, sin protestar ni cometer algún acto violento, pero la policía lo persigue hasta reducirlo.
Según el hermano de la víctima, Juan José Flores Valverde “a él le dispararon a matar, lo emboscaron, les dispararon a dos o tres metros de distancia y fue por la espalda y eso fue a matar porque le dispararon al cuerpo”.
A su auxilio fueron otros manifestantes y brigadistas. Su estado era grave ya que le impactaron 36 perdigones disparados a corta distancia, los que le afectaron los pulmones y un riñón, además tuvieron que extraerle el 70 % del intestino, por ello le practicaron dos operaciones y al no poder curarlo del todo tuvieron que trasladarlo a un hospital de mayor complejidad en Lima.
“Él por el momento se está alimentando por la alimentación parenteral (a través de una sonda por la nariz) me comunicaron los doctores que este hospital no tiene la planta de procesamiento de alimentación parenteral y se está buscando un hospital para transferir que maneje esa alimentación que requiere mi hermano”, indicó Flores Valverde.
Actualmente, Rosalino Flores Valverde se encuentra internado en el hospital arzobispo Loayza de Lima, su salud evoluciona favorablemente, pero según los propios médicos, su vida no será la misma, ya que requerirá asistencia hasta para el mínimo esfuerzo.
Ésta no es una historia aislada. En lo que va de la crisis social y política en Perú han muerto cerca de 60 personas a causa de la represión y se estima que más de dos mil personas resultaron heridas.
Justicia y reparación, es la demanda del común de quienes se han visto afectados por la represión, y pese a ello siguen en las calles exigiendo la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso y Nuevas Elecciones.
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Corrupción y economías ilegales se afianzan en regiones y alimentan la inseguridad
Analistas y líderes regionales coinciden en que la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión prosperan gracias a vacíos del Estado y redes corruptas.
La corrupción y las economías ilegales mantienen una relación que explica buena parte del avance del crimen organizado en el Perú. Así lo confirma la última Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción de Proética, según la cual el 94 % de los peruanos asocia la corrupción con actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico. Esta percepción refleja cómo los vacíos institucionales permiten que estas redes se consoliden en varias regiones del país.
Para César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec), la corrupción actúa como un encubrimiento estructural del delito. “Es un manto que cubre la extorsión, el sicariato y los secuestros”, afirmó. Y agregó que “los resultados no han variado en nada y eso es lo más preocupante”, al referirse a la persistencia de la inseguridad pese a las medidas tomadas por el Estado.
En la misma línea, el analista político trujillano Greco Quiroz advirtió que la criminalidad no actúa de manera aislada. “La delincuencia y la minería ilegal, para que puedan operar, requieren necesariamente la participación de autoridades públicas”, dijo, y señaló responsabilidades que alcanzan a la policía, ministerios y gobiernos regionales y locales. Para el decano del Colegio de Abogados de Cusco, Franz Chevarría, esta conexión es evidente: “Las actividades delictivas no vienen solas, sino que se articulan varios delitos conexos. La corrupción tiene un lazo muy estrecho con la informalidad y, sobre todo, con la criminalidad organizada”.
Por su lado, el especialista ayacuchano Raúl Vegas Morales sostuvo que “las economías ilegales tienen un cordón umbilical con la corrupción”, y señaló que el narcotráfico y la minería ilegal dependen de la tolerancia o participación de sectores del propio Estado para operar. Las coincidencias entre los expertos apuntan a un mismo diagnóstico: mientras no se enfrente de manera frontal la corrupción dentro del aparato estatal, las economías ilegales seguirán alimentando la inseguridad, debilitando la institucionalidad y golpeando el desarrollo económico y social del país.
Fuente: Lima Conecta, Ayacucho te informa, Amanece Trujillo y Cusco Informativa
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ProInversión promueve cartera portuaria por US$ 4,500 millones mediante APP
Siete compromisos de inversión buscan fortalecer la conectividad en regiones como Loreto, Áncash y Arequipa para posicionar al país como un hub regional.
ProInversión presentó una cartera de proyectos portuarios bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP) que supera los US$ 4,500 millones. Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de la agencia, destacó que estos siete compromisos tienen un “impacto directo en el desarrollo económico regional y en la competitividad del comercio exterior peruano”. Estas inversiones beneficiarán a regiones como Loreto, Ucayali, Callao y Arequipa.
La estrategia busca consolidar al Perú como un nodo logístico clave para el comercio con Asia-Pacífico. Según indicó ProInversión, el fortalecimiento de la infraestructura portuaria ha sido fundamental para la “expansión y diversificación de las exportaciones peruanas, especialmente en productos agroindustriales con alto valor agregado”. La meta es reducir las brechas logísticas mediante un sistema de inversiones con prioridad y equidad territorial.
Para el periodo 2026-2028, la agencia impulsa una cartera global que suma más de US$ 21,000 millones en 23 regiones del país. Este plan incluye no solo puertos, sino también proyectos en activos y obras por impuestos para mejorar la conectividad y la gobernanza territorial. Con estas APP, el Estado busca articular esfuerzos con el sector privado para posicionar al país como un hub estratégico del comercio internacional en la próxima década.
Fuente: Revista Economía
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