Política
Poder Judicial anula prisión preventiva de Ciro Castillo y habilita su retorno al Gobierno Regional del Callao
La resolución judicial anuló la prisión preventiva dictada en primera instancia y permitió que el investigado retome sus funciones desde el 2 de febrero.

El Poder Judicial declaró fundada la apelación presentada por la defensa de Ciro Castillo Rojo Salas, anuló la orden de prisión preventiva dictada en su contra y dispuso que continúe el proceso penal en libertad. La resolución, emitida por la Sala Penal de Apelaciones del Callao, deja al investigado habilitado para retomar sus funciones como gobernador regional desde este lunes 2 de febrero, bajo un régimen de comparecencia con restricciones, en el marco del caso denominado Los Socios del Callao.
Antecedentes y decisión judicial
La medida fue adoptada por el colegiado presidido por el juez René Martínez Castro, que revocó el fallo de primera instancia mediante el cual se había ordenado 24 meses de prisión preventiva, así como la ubicación y captura del gobernador. Según la resolución, no se acreditaron de manera suficiente los presupuestos exigidos por ley para imponer la medida más gravosa, en particular el peligro procesal.
El tribunal consideró que el imputado presenta arraigo domiciliario, laboral y familiar, y valoró que se haya presentado voluntariamente ante las autoridades. En ese contexto, concluyó que medidas menos gravosas resultan idóneas para asegurar su sometimiento al proceso.
El caso “Los Socios del Callao”
La investigación se inició a finales de 2025, cuando el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, solicitó coerciones personales contra Castillo Rojo y otros investigados por presunta organización criminal y colusión agravada.
De acuerdo con la tesis fiscal, durante 2023 se habría operado una red al interior del Gobierno Regional del Callao para direccionar más de 60 contrataciones públicas —principalmente menores a ocho UIT—, evitando procesos de selección y ocasionando un perjuicio económico estimado en más de S/ 1,4 millones al Estado.
Fundamentos del pedido fiscal
En enero de este año, el Poder Judicial acogió inicialmente el requerimiento fiscal y dictó prisión preventiva al considerar que existían graves y fundados elementos de convicción. La Fiscalía sostuvo que Castillo Rojo habría tenido un rol determinante en la presunta red, facilitando adjudicaciones irregulares a cambio de beneficios indebidos, con apoyo de funcionarios considerados clave, entre ellos responsables del área de Logística.
Asimismo, el Ministerio Público alegó riesgo de fuga y de obstaculización, sustentado en la influencia política del investigado y su presunta capacidad para interferir con testigos y funcionarios.
Criterios de la Sala y reglas de conducta
La Sala Penal de Apelaciones cuestionó la suficiencia de dichos argumentos y determinó que no alcanzaban el estándar legal para imponer prisión preventiva. En consecuencia, dispuso que el proceso continúe bajo comparecencia con restricciones.
Entre las reglas de conducta impuestas figuran: la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial; la obligación de concurrir a todas las diligencias convocadas por la Fiscalía o el Poder Judicial; la prohibición de comunicarse directa o indirectamente con otros investigados y testigos; y el deber de informar cualquier cambio de domicilio. El incumplimiento podría derivar en la revocatoria de la medida.
Implicancias político-administrativas
La anulación de la prisión preventiva levanta la suspensión que pesaba sobre el cargo y habilita el retorno de Castillo Rojo a la conducción del Gobierno Regional del Callao. No obstante, la investigación fiscal continúa en curso, con diligencias pendientes orientadas a esclarecer los hechos imputados.
Panorama
Con la decisión de la Sala Penal de Apelaciones, Ciro Castillo Rojo afrontará el proceso penal en libertad y bajo restricciones, mientras avanzan las investigaciones por el caso Los Socios del Callao. En el plano institucional, queda habilitado para reasumir funciones desde el 2 de febrero, sin que ello implique el cierre ni la resolución definitiva del proceso judicial.
Política
Juntos por el Perú presentará segunda denuncia contra Renzo Reggiardo por vulnerar la neutralidad electoral
El partido Juntos por el Perú anunció la presentación de una segunda denuncia formal contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral en el marco de las elecciones generales 2026.
La acción legal será presentada ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, órgano encargado de evaluar este tipo de controversias en primera instancia. Según informó el vocero legal del partido, Roy Mendoza, la denuncia responde a recientes declaraciones públicas del burgomaestre en las que solicitó al Jurado Nacional de Elecciones reconsiderar la posibilidad de convocar elecciones complementarias.
Cuestionamientos por presunta parcialidad política
Desde la agrupación liderada por Roberto Sánchez sostienen que las declaraciones del alcalde no son neutrales, sino que evidenciarían una toma de posición política en favor de Renovación Popular, organización a la que pertenece Reggiardo.
“Consideramos que el alcalde de Lima está adoptando posiciones a favor de una organización política a la cual él es afiliado”, señaló Mendoza, al confirmar que el recurso será formalizado en las próximas horas.
El principio de neutralidad electoral es una de las bases del sistema democrático peruano, especialmente para funcionarios públicos en ejercicio, quienes deben abstenerse de influir directa o indirectamente en el proceso electoral o favorecer a determinadas candidaturas.
El origen de la controversia
El conflicto se origina tras las declaraciones del alcalde capitalino, quien pidió públicamente revisar la posibilidad de realizar elecciones complementarias, argumentando que miles de ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto debido a fallas logísticas registradas durante la jornada electoral.
Estas afirmaciones fueron interpretadas por Juntos por el Perú como un intento de incidir en el proceso electoral en curso, lo que —según el partido— podría alterar la equidad de la contienda.
No es la primera vez que la agrupación presenta un recurso de este tipo contra Reggiardo, lo que evidencia una escalada en la confrontación política en medio del conteo y revisión de los resultados electorales.
Defensa del alcalde de Lima
Por su parte, Renzo Reggiardo rechazó categóricamente las acusaciones. En declaraciones a medios de comunicación, aseguró que su postura responde exclusivamente a la defensa de los derechos ciudadanos y no a intereses partidarios.
El alcalde sostuvo que su solicitud ante el JNE busca garantizar que todos los electores tengan la oportunidad de participar en el proceso democrático, especialmente aquellos que se vieron afectados por problemas logísticos.
“No se trata de favorecer a ningún partido, sino de proteger el derecho constitucional al voto”, enfatizó.
Política
Abogado de López Aliaga pide salida del presidente del JNE y asegura que 1.5 millones de personas no votaron
El proceso electoral 2026 en Perú continúa bajo cuestionamientos. El abogado Wilber Medina, representante legal del candidato presidencial Rafael López Aliaga, afirmó que al menos 1.5 millones de ciudadanos en Lima Metropolitana no pudieron ejercer su derecho al voto debido a problemas logísticos registrados durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.
En declaraciones a RPP, el letrado sostuvo que el retraso en la distribución del material electoral afectó significativamente la instalación oportuna de mesas de sufragio, especialmente en distritos del sur de la capital como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.
Fallas logísticas y mesas tardías
Según explicó Medina, las demoras provocaron que varias mesas no se habilitaran en el horario previsto, lo que generó desorden y desincentivó la participación ciudadana.
“En Lima se ha perjudicado a un millón y medio de personas a ejercer su voto, porque las mesas no se instalaron en el tiempo oportuno”, señaló.
El abogado indicó que, debido a estos inconvenientes, se tuvo que extender la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril en 13 locales de votación ubicados en Lima Sur, una medida excepcional adoptada para permitir que más ciudadanos pudieran sufragar.
No obstante, afirmó que el daño ya estaba hecho, ya que gran parte de la población suele acudir a votar durante las primeras horas del día, por lo que las demoras habrían generado un ausentismo significativo.
Críticas a autoridades electorales
En ese contexto, Medina cuestionó duramente la gestión del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, a quien responsabilizó por las fallas operativas que afectaron el desarrollo normal del proceso.
Asimismo, dirigió críticas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, señalando que, en su calidad de máxima autoridad electoral, también tendría responsabilidad en los problemas registrados.
“El señor no ofrece las garantías para continuar lo que queda en este proceso”, afirmó Medina, sugiriendo incluso que Burneo debería dar un paso al costado.
El abogado argumentó que, según el marco constitucional, el titular del JNE es el principal responsable de asegurar que las elecciones se desarrollen con normalidad, sin contratiempos ni irregularidades.
Insistencia en narrativa de fraude
Bajo este escenario, el representante legal de López Aliaga insistió en la posibilidad de que las deficiencias logísticas puedan haber afectado el resultado electoral, reforzando la narrativa de un supuesto fraude.
“Las elecciones se pueden ganar por un voto. Basta que se restrinja el derecho de algunas personas para que no voten y eso puede cambiar el resultado”, sostuvo.
Estas declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política, donde diversos actores han cuestionado el proceso electoral, mientras avanza el conteo oficial de votos.
El escenario es particularmente sensible debido a que Rafael López Aliaga se encuentra disputando el pase a la segunda vuelta presidencial con Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.
En ese marco, cualquier irregularidad o cuestionamiento adquiere mayor relevancia, ya que podría incidir en la definición final de los candidatos que participarán en el balotaje.
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