La resolución judicial anuló la prisión preventiva dictada en primera instancia y permitió que el investigado retome sus funciones desde el 2 de febrero.

El Poder Judicial declaró fundada la apelación presentada por la defensa de Ciro Castillo Rojo Salas, anuló la orden de prisión preventiva dictada en su contra y dispuso que continúe el proceso penal en libertad. La resolución, emitida por la Sala Penal de Apelaciones del Callao, deja al investigado habilitado para retomar sus funciones como gobernador regional desde este lunes 2 de febrero, bajo un régimen de comparecencia con restricciones, en el marco del caso denominado Los Socios del Callao.

Antecedentes y decisión judicial

La medida fue adoptada por el colegiado presidido por el juez René Martínez Castro, que revocó el fallo de primera instancia mediante el cual se había ordenado 24 meses de prisión preventiva, así como la ubicación y captura del gobernador. Según la resolución, no se acreditaron de manera suficiente los presupuestos exigidos por ley para imponer la medida más gravosa, en particular el peligro procesal.

El tribunal consideró que el imputado presenta arraigo domiciliario, laboral y familiar, y valoró que se haya presentado voluntariamente ante las autoridades. En ese contexto, concluyó que medidas menos gravosas resultan idóneas para asegurar su sometimiento al proceso.

El caso “Los Socios del Callao”

La investigación se inició a finales de 2025, cuando el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, solicitó coerciones personales contra Castillo Rojo y otros investigados por presunta organización criminal y colusión agravada.

De acuerdo con la tesis fiscal, durante 2023 se habría operado una red al interior del Gobierno Regional del Callao para direccionar más de 60 contrataciones públicas —principalmente menores a ocho UIT—, evitando procesos de selección y ocasionando un perjuicio económico estimado en más de S/ 1,4 millones al Estado.

Fundamentos del pedido fiscal

En enero de este año, el Poder Judicial acogió inicialmente el requerimiento fiscal y dictó prisión preventiva al considerar que existían graves y fundados elementos de convicción. La Fiscalía sostuvo que Castillo Rojo habría tenido un rol determinante en la presunta red, facilitando adjudicaciones irregulares a cambio de beneficios indebidos, con apoyo de funcionarios considerados clave, entre ellos responsables del área de Logística.

Asimismo, el Ministerio Público alegó riesgo de fuga y de obstaculización, sustentado en la influencia política del investigado y su presunta capacidad para interferir con testigos y funcionarios.

Criterios de la Sala y reglas de conducta

La Sala Penal de Apelaciones cuestionó la suficiencia de dichos argumentos y determinó que no alcanzaban el estándar legal para imponer prisión preventiva. En consecuencia, dispuso que el proceso continúe bajo comparecencia con restricciones.

Entre las reglas de conducta impuestas figuran: la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial; la obligación de concurrir a todas las diligencias convocadas por la Fiscalía o el Poder Judicial; la prohibición de comunicarse directa o indirectamente con otros investigados y testigos; y el deber de informar cualquier cambio de domicilio. El incumplimiento podría derivar en la revocatoria de la medida.

Implicancias político-administrativas

La anulación de la prisión preventiva levanta la suspensión que pesaba sobre el cargo y habilita el retorno de Castillo Rojo a la conducción del Gobierno Regional del Callao. No obstante, la investigación fiscal continúa en curso, con diligencias pendientes orientadas a esclarecer los hechos imputados.

Panorama

Con la decisión de la Sala Penal de Apelaciones, Ciro Castillo Rojo afrontará el proceso penal en libertad y bajo restricciones, mientras avanzan las investigaciones por el caso Los Socios del Callao. En el plano institucional, queda habilitado para reasumir funciones desde el 2 de febrero, sin que ello implique el cierre ni la resolución definitiva del proceso judicial.