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PODER JUDICIAL LE CIERRA EL PASO A ANA VARGAS EN OTRO INTENTO DE DESLEGITIMAR AL CAL
La decisión permite que el Consejo de Ética del bicentenario gremio continúe con sus procedimientos internos mientras se resuelve la demanda principal.
El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ha emitido una decisión clave para la estabilidad institucional del Colegio de Abogados de Lima (CAL), al declarar IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la abogada Ana Mirian Vargas Albines.
La demandante pretendía, a través de esta medida, la suspensión temporal de los efectos de la Resolución del Consejo de Ética N° 19-2025-CE/DEP/CAL. Dicha resolución había admitido a trámite una denuncia de oficio para iniciar una investigación deontológica en su contra.
La pretensión desestimada
La medida cautelar rechazada es parte de un proceso de amparo (Expediente N° 10760-2025-0) en el que Vargas Albines busca anular la mencionada investigación.
Además, en su demanda principal, la abogada solicita que se le «REPONERLE tanto como abogada habilitada y presidenta de la junta de vigilancia del Colegio de Abogados de Lima – CAL».
El fundamento del Juzgado
El juzgado, a cargo del juez Alexis Johan Anicama Budiel , fundamentó su rechazo en que la solicitud no cumple con el requisito de «verosimilitud del derecho» (Fumus Bonus Iuris).
El juez determinó que la solicitud era «prematura» , explicando que el solo hecho de haber admitido a trámite la demanda de amparo «no determina por si sólo la verosimilitud del derecho».
La resolución judicial subraya que la demanda principal contiene «múltiples pretensiones» y que «aún no ha sido planteada de forma clara, ni específica». Por lo tanto, el juzgado concluyó que analizar si se afectaron o no los derechos de la demandante requiere un «mayor análisis» que debe realizarse en el proceso principal, y no en un incidente cautelar.
Impacto de la decisión
Con este fallo, la Resolución del Consejo de Ética del CAL que inicia la investigación mantiene plena vigencia.
La decisión del Poder Judicial permite que los órganos internos del bicentenario Colegio de Abogados de Lima continúen ejerciendo sus funciones disciplinarias y deontológicas, salvaguardando sus procedimientos mientras el proceso de amparo sigue su curso para una decisión de fondo.
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“ROBERTO SÁNCHEZ SE COMPROMETE CON GREMIO VINCULADO A MOVADEF QUE PLANTEA LIBERAR PRESOS”, INFORMÓ CANAL N
“Un documento suscrito entre el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEP) ha generado controversia en la recta final de la campaña electoral, luego de que se conociera que el acuerdo contempla la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Según el compromiso firmado el pasado 12 de mayo, ambas partes coinciden en impulsar una serie de medidas políticas y sociales en caso de un eventual triunfo electoral. Entre los puntos más cuestionados figura el pedido de libertad para Pedro Castillo y otros ciudadanos a quienes el documento denomina “luchadores populares”.”, informó Canal N
Fuente: Canal N
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JP REACTIVA RIESGOS DEL GOBIERNO DE CASTILLO Y PODRÍA REDUCIR CRECIMIENTO A SOLO 1,5% ANUAL
Videnza Instituto recordó que durante el Gobierno de Pedro Castillo hubo una salida de capitales equivalente al 7% del PBI, por lo que las propuestas de Juntos por el Perú podrían desacelerar el crecimiento del país.
Aunque el Perú cuenta con importantes contrapesos institucionales, como la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), el Tribunal Constitucional y el retorno de la bicameralidad, Videnza Instituto advierte que estos mecanismos no eliminan la capacidad de acción del Ejecutivo. Según el análisis, los “candados” institucionales actúan como mecanismos de contención, pero “estos límites son parciales”, ya que el Gobierno conserva margen suficiente para influir en variables clave como la inversión, el empleo y la confianza empresarial.
Entre las propuestas que ofrece Juntos por el Perú están la intervención estatal, la asamblea constituyente y cambios en el sistema financiero y el BCR. De acuerdo con Videnza, “bajo un escenario de continuidad del marco macroeconómico” el país podría crecer alrededor de 4,5% anual entre 2026 y 2031. En contraste, “bajo un escenario de mayor intervención estatal e inestabilidad por el llamado a una asamblea constituyente, el crecimiento se desaceleraría a alrededor de 1,5%”.
El informe señala que la inversión privada sería la variable más afectada ante un escenario de renegociación de contratos, incertidumbre constitucional y mayor participación estatal en sectores estratégicos. En ese contexto, recuerda que “la experiencia con Pedro Castillo, entre julio del 2021 y diciembre del 2022, ofrece un precedente claro sobre los efectos de cuestionar las bases del modelo económico”. La incertidumbre generada en ese periodo derivó en una salida de capitales equivalente al 7% del PBI, una depreciación del sol y un deterioro de la confianza empresarial que terminó afectando el crecimiento y los ingresos de los hogares más vulnerables.
Videnza agrega que varias de las propuestas de Juntos por el Perú recogen elementos similares a los observados durante ese periodo, como el cuestionamiento de la autonomía del BCR, el uso de reservas internacionales para financiar gasto público y una mayor intervención estatal en sectores estratégicos. Asimismo, advierte que “el impacto de las decisiones del gobierno puede ser profundo”, pues el Ejecutivo mantiene control sobre aspectos clave como la ejecución del gasto público, la conducción de la inversión pública y el nombramiento de altos funcionarios, herramientas suficientes para alterar las expectativas económicas y el desempeño del país durante los próximos años.
Fuente: El Comercio
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