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Por: Arturo Bobbio C. / Un nuevo contrato social y un registro nacional de infractores

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Por: Arturo Bobbio C. / Un nuevo contrato social y un registro nacional de infractores


Pensadores tan importantes como Thomas Hobbes (1588), John Locke (1632), Jean Jacques Rousseau (1712), Norberto Bobbio y una infinidad más, coincidieron y coinciden, en que para el ser humano la convivencia en sociedad es súper complicada.

 

Cada persona es un mundo individual producto de sus taras, vivencias, costumbres, traumas, entre otros factores que construyen su personalidad.

 

Por un lado somos gregarios por naturaleza, pero por el otro solemos tener tendencia a vivir bajo nuestras propias reglas y hacer lo que nos place.

 

Por ello y para evitar caer en un anarquismo suicida de nuestras sociedades, los individuos que vivimos en ellas y las conformamos, hemos decidido establecer implícitamente un pacto social o contrato social.

 

Este no es más que un acuerdo de reglas de convivencia entre los individuos que las conforman, buscando instituir sociedades pacíficas y seguras estableciéndose en Estados, este contrato o pacto busca mantener la libertad individual y haciendo uso de esta, se auto impone límites para que el ejercicio de estos derechos individuales no colisionen con los derechos colectivos de la mayoría de sus miembros.

 

Es así que nace el derecho penal en un intento de regular y poner límites a las acciones antisociales de miembros de la colectividad, detallando en sus instrumentos legales, códigos y normas, las acciones tipificadas como delitos y faltas, así como las sanciones por cometerlos, imponiendo tipos de penas, que pueden ser desde las restrictivas de la libertad, limitativas de derechos o penas de multa, cuando se cometen actividades antisociales consideradas criminales dentro de un país.

 

Este sistema punitivo ha logrado que avancemos como humanidad, dejando atrás la era del oscurantismo.

 

Prácticas absurdas como los duelos, la ley del Talion, la Inquisición y otras que demostraban la barbarie y salvajismo al que se puede llegar sin un orden establecido.

 

Hoy habiendo con éxito regulado y creado un sistema desincentivador de acciones delictivas, ha llegado el momento de firmar un nuevo contrato social, habiendo ya el derecho penal cubierto los delitos y faltas, debemos evolucionar ahora en la búsqueda de mecanismos más efectivos de corrección de lo que se conocen como infracciones.

 

Estas si bien no son delitos ni faltas, hoy por hoy constituyen el principal problema que evita una convivencia pacífica y armoniosa entre nosotros, siendo esta la dificultad más recurrente para ordenar nuestras ciudades.

 

Hablamos de actitudes, acciones antisociales que por su levedad no tipifican como delitos ni como faltas, pero la sociedad en su conjunto las rechaza y deplora imponiendo sanciones a quienes las cometen.

 

Estas sanciones que son generalmente pecuniarias, normalmente no se pagan o ignoran, provocando que el ciudadano sienta que hay impunidad para quien las comete.

 

Me refiero por ejemplo a quienes miccionan o hacen sus deposiciones en la vía pública, ebrios que vomitan en las calles, quien maneja en estado de ebriedad, dueños de mascotas que no recogen sus excretas, personas que arrojan basura, desmonte o contaminan nuestras ciudades, entre otras tantas que por su levedad no son sancionadas por el derecho penal y que por ello quedan impunes con simples multas municipales que jamás se honran.

 

Por ello los municipios deben implementar un registro de infractores, el cual deberá estar en Internet.

 

Esto permitirá exponer el rostro y nombre de los infractores sin retirarlos del registro hasta que paguen sus multas, además de generar ordenanzas de escalonamiento de multas por reincidencias.

 

Solo con una fiscalización educativa y exponiendo a estos infractores lograremos generar mayor civismo y orden en nuestras ciudades, no soñemos con una ciudad armoniosa, pacifica, segura, eco amigable y ordenada,  empecemos a construirla ya.

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

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Trámites burocráticos amenazan cartera minera de US$64 mil millones, advierten expertos

Un proyecto minero debía cumplir 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría presentadas durante la feria Expomina Perú 2026.

El exceso de trámites y la falta de coordinación entre entidades del Estado son los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera del Perú, valorizada en US$64 mil millones, coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026, en Lima. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que en 2001 un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría. “En los últimos 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia”, afirmó.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, detalló que el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado. Según explicó, los Estudios de Impacto Ambiental demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones, hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a tomar hasta 10 veces el plazo establecido, de 36 a 360 días. Eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto, precisó.

Desde el Ministerio de Energía y Minas, Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, planteó consolidar una Ventanilla Única Digital que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva. Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre. “La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder”, afirmó.

Fuente: Minart

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

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La Línea 2 del Metro de Lima ya duplicó su plazo original y sigue sin fecha de término

La obra, concebida para ejecutarse en cinco años, ya acumula una década de trabajos y avanza sin un cronograma actualizado, señaló la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, ante el Congreso.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao podría tardar hasta 15 años en concluirse si no se actualiza su cronograma de ejecución, advirtió la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Congreso. La obra, concebida originalmente para ejecutarse en cinco años, enfrentó desde su inicio contingencias vinculadas a la entrega de terrenos, lo que afectó la elaboración de los expedientes técnicos y generó controversias contractuales entre las partes.

Zambrano explicó que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para sus etapas pendientes. Según dijo, el organismo supervisa la obra, pero no puede exigirle plazos precisos porque no existe un cronograma vigente. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.

La funcionaria consideró necesario negociar una nueva adenda contractual que incorpore los aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte de la capital. “Esta infraestructura es, luego del Anillo Vial Periférico, la más costosa que hemos tenido como Estado peruano y que además va a tener una gran repercusión en la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Fuente: Gestión

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