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Por: Arturo Bobbio C. / Un nuevo contrato social y un registro nacional de infractores
Pensadores tan importantes como Thomas Hobbes (1588), John Locke (1632), Jean Jacques Rousseau (1712), Norberto Bobbio y una infinidad más, coincidieron y coinciden, en que para el ser humano la convivencia en sociedad es súper complicada.
Cada persona es un mundo individual producto de sus taras, vivencias, costumbres, traumas, entre otros factores que construyen su personalidad.
Por un lado somos gregarios por naturaleza, pero por el otro solemos tener tendencia a vivir bajo nuestras propias reglas y hacer lo que nos place.
Por ello y para evitar caer en un anarquismo suicida de nuestras sociedades, los individuos que vivimos en ellas y las conformamos, hemos decidido establecer implícitamente un pacto social o contrato social.
Este no es más que un acuerdo de reglas de convivencia entre los individuos que las conforman, buscando instituir sociedades pacíficas y seguras estableciéndose en Estados, este contrato o pacto busca mantener la libertad individual y haciendo uso de esta, se auto impone límites para que el ejercicio de estos derechos individuales no colisionen con los derechos colectivos de la mayoría de sus miembros.
Es así que nace el derecho penal en un intento de regular y poner límites a las acciones antisociales de miembros de la colectividad, detallando en sus instrumentos legales, códigos y normas, las acciones tipificadas como delitos y faltas, así como las sanciones por cometerlos, imponiendo tipos de penas, que pueden ser desde las restrictivas de la libertad, limitativas de derechos o penas de multa, cuando se cometen actividades antisociales consideradas criminales dentro de un país.
Este sistema punitivo ha logrado que avancemos como humanidad, dejando atrás la era del oscurantismo.
Prácticas absurdas como los duelos, la ley del Talion, la Inquisición y otras que demostraban la barbarie y salvajismo al que se puede llegar sin un orden establecido.
Hoy habiendo con éxito regulado y creado un sistema desincentivador de acciones delictivas, ha llegado el momento de firmar un nuevo contrato social, habiendo ya el derecho penal cubierto los delitos y faltas, debemos evolucionar ahora en la búsqueda de mecanismos más efectivos de corrección de lo que se conocen como infracciones.
Estas si bien no son delitos ni faltas, hoy por hoy constituyen el principal problema que evita una convivencia pacífica y armoniosa entre nosotros, siendo esta la dificultad más recurrente para ordenar nuestras ciudades.
Hablamos de actitudes, acciones antisociales que por su levedad no tipifican como delitos ni como faltas, pero la sociedad en su conjunto las rechaza y deplora imponiendo sanciones a quienes las cometen.
Estas sanciones que son generalmente pecuniarias, normalmente no se pagan o ignoran, provocando que el ciudadano sienta que hay impunidad para quien las comete.
Me refiero por ejemplo a quienes miccionan o hacen sus deposiciones en la vía pública, ebrios que vomitan en las calles, quien maneja en estado de ebriedad, dueños de mascotas que no recogen sus excretas, personas que arrojan basura, desmonte o contaminan nuestras ciudades, entre otras tantas que por su levedad no son sancionadas por el derecho penal y que por ello quedan impunes con simples multas municipales que jamás se honran.
Por ello los municipios deben implementar un registro de infractores, el cual deberá estar en Internet.
Esto permitirá exponer el rostro y nombre de los infractores sin retirarlos del registro hasta que paguen sus multas, además de generar ordenanzas de escalonamiento de multas por reincidencias.
Solo con una fiscalización educativa y exponiendo a estos infractores lograremos generar mayor civismo y orden en nuestras ciudades, no soñemos con una ciudad armoniosa, pacifica, segura, eco amigable y ordenada, empecemos a construirla ya.
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“NADA IGUAL A VENEZUELA”: ROBERTO SÁNCHEZ REAFIRMA EN CHICLAYO SU APUESTA POR UN MODELO DEMOCRÁTICO, PROPIO, CON ESTABILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL PERÚ
Chiclayo, Lambayeque. Durante declaraciones en Exitosa Chiclayo, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, reafirmó que su propuesta política se basa en la democracia, la estabilidad institucional, la seguridad ciudadana y la construcción de un modelo propio para el Perú, marcando distancia de modelos externos y posiciones extremas.
“Nada igual a Venezuela. Nosotros construimos un camino peruano, democrático, con identidad propia, diálogo, estabilidad y justicia social”, sostuvo.
Sánchez señaló que el país necesita una nueva etapa de reconciliación nacional, gobernabilidad y consensos democráticos, defendiendo un modelo peruano basado en participación ciudadana, respeto a la alternancia democrática y un nuevo pacto social que permita enfrentar pobreza, exclusión e inestabilidad.
Seguridad, justicia y lucha contra la corrupción
El candidato afirmó que una prioridad de su propuesta será enfrentar con firmeza la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, la corrupción y la debilidad institucional.
Planteó fortalecer la Policía Nacional, mejorar inteligencia, modernizar el sistema de justicia y recuperar la autoridad del Estado frente a mafias, extorsión y criminalidad.
“La inseguridad no se combate con discursos, sino con decisión política, instituciones fuertes y un Estado que recupere autoridad”, expresó.
Estabilidad económica y desarrollo regional
Roberto Sánchez ratificó su compromiso con la estabilidad macroeconómica, la inversión responsable y el empleo, destacando el acompañamiento técnico de economistas como Pedro Francke y el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú, así como la importancia de la continuidad institucional encabezada por Julio Velarde.
Asimismo, anunció una agenda de desarrollo para Lambayeque enfocada en agricultura, salud, educación, comercio, infraestructura, turismo y modernización de mercados como Moshoqueque y el Mercado Modelo de Chiclayo.
Un mensaje desde Chiclayo al Perú
Finalmente, Roberto Sánchez afirmó que desde Lambayeque se impulsa una propuesta de unidad nacional, seguridad, estabilidad social, política y económica.
“Queremos recuperar la esperanza democrática, derrotar la inseguridad y construir un Perú con justicia social, desarrollo y oportunidades para todos”, concluyó.
ONPE traslada a la Cancillería material de sufragio para peruanos residentes en el exterior
El material electoral para el voto de 1 194 172 electores peruanos residentes en el extranjero fue trasladado esta mañana, a partir de las 4:00 horas, desde el almacén de la Gerencia de Gestión Electoral, en Lurín, hacia la Cancillería, en el Cercado de Lima, a fin de que posteriormente sea trasladado a los diversos países del mundo, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
A bordo de 2 camiones, el material de sufragio, incluyendo el de reserva fue desplegado con el resguardo de la Policía Nacional del Perú, y en cada unidad móvil viajó un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral, responsable que la carga electoral llegar a su destino.
La documentación electoral comprende cabinas de votación, ánforas, cédulas de sufragio, actas electorales y muchos otros documentos que usarán las oficinas consulares peruanas al organizar la Segunda Elección Presidencial en el exterior. Entre el material electoral también se envía 515 cartillas Braille para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual.
La ONPE utilizó 2 líneas de producción para realizar el ensamblaje de todo el material electoral, actividad que contó con la presencia de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes realizaron la respectiva verificación.
Para el voto de los connacionales en el exterior, el organismo electoral contempla 2 506 mesas de sufragio, distribuidas en 217 locales de votación, ubicados en 205 ciudades.
Por consideraciones técnicas, logísticas y operativas, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no podrán votar aquellos compatriotas que vivan en Venezuela en América ni en Ghana, África. Igualmente, no se cuenta con las condiciones de seguridad y operatividad indispensables para organizar los comicios en la República Islámica de Irán.
Asimismo, en cuanto a la ciudad de Beirut (Líbano), se señala que la Embajada del Perú en El Cairo ha informado que, a la fecha, continúan las operaciones ofensivas entre Israel y Hezbollah, motivo por el cual no será posible organizar la Segunda Elección Presidencial prevista para el 7 de junio de 2026 en dicho país.
En cambio, con fecha 29 de abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado cuenta que se registra una relativa calma en Medio Oriente, razón por la cual se considera viable la realización de la Segunda Elección Presidencial en las ciudades de Riad (Arabia Saudita), Doha (Catar), Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Amán (Jordania), Tel Aviv (Israel) y Kuwait (Estado de Kuwait).
Fotos: Ensamblaje del material electoral para peruanos en el exterior.
Fotos: Traslado del material electoral a cancillería.
Lima, 21 de mayo de 2026
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