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Presidente de Ecuador disuelve Congreso y gobernará seis meses por decreto hasta nuevas elecciones – Diario Nacional Realidad.PE
Actualidad RT
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la “muerte cruzada” en el país suramericano y disolvió a la Asamblea Nacional.
“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna”, expresó el mandatario ecuatoriano en una cadena nacional de radio y televisión, emitida desde las 07:00 de la mañana [hora local].
En su discurso agregó que “no es posible avanzar” con “una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”.
“Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, continuó. Esto, porque con el decreto del mandatario, habrá un adelanto de comicios tanto legislativos como presidenciales, de ahí el término de muerte cruzada.
Al respecto, el presidente indicó que solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) “la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos”. La institución tiene un plazo de siete días para hacer el anuncio.
Mientras se llevan a cabo las elecciones y se posesionen las nuevas autoridades, de acuerdo con el mismo artículo 148 de la Constitución, el mandatario gobernaría por decretos durante seis meses.
Sobre esa facultad, el mandatario no perdió tiempo y, una vez emitido el Decreto Ejecutivo 741 sobre la muerte cruzada, también dio a conocer el 742, sobre la “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar”, que será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen.
Se trata de una iniciativa que el Ejecutivo había enviado la semana pasada al Parlamento, con reformas en materia tributaria.
“Esta es la mejor decisión posible (la muerte cruzada), que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al Gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas”, agregó el mandatario en su discurso.
De esta manera, Lasso se convierte en el primer presidente del país suramericano en decretar la muerte cruzada.
El juicio político
El mandatario emitió el decreto mientras en la Asamblea Nacional se lleva a cabo el proceso de juicio político en su contra, acusado del presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos).
En la cadena nacional, el mandatario dijo que ese juicio político, que calificó de “infundado”, no se trata “de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción”, sino que sus acusadores buscan “tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado”.
“Quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción”, dijo Lasso, al tiempo que indicó que sus interpelantes “han sido incapaces de encontrar prueba alguna” en su contra.
El juicio político está relacionado con un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una compañía internacional que es dueña de buques para transporte petrolero.
Aunque el caso se remonta a 2018, cuando aún gobernaba Lenín Moreno, al mandatario se le señala de haber firmado un nuevo contrato con la firma internacional el año pasado, a pesar de que la Contraloría General del Estado emitió un informe en 2021 señalando que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado y recomendó evaluar “la conveniencia y pertinencia de continuar” con la asociación.
Las pérdidas al sector público se estiman en 6 millones de dólares, según indicó el asambleísta Esteban Torres, uno de los interpelantes, en la sesión del pleno del Parlamento el martes donde arrancó el juico político.
En esa misma sesión, la legisladora Viviana Veloz, otra de las interpelantes, mostró un video del vicealmirante Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec, quien dijo que en el Gobierno de Lasso sí se firmaron contratos entre con Amazonas Tanker Pool.
Pese a esas denuncias, Lasso dijo ante el Parlamento el martes, donde acudió a defenderse, que “no hay contratos ni adendas firmados” en su Gobierno.
En su alocución este miércoles añadió que el juicio político es “un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo”; y que los legisladores han hecho “lo que sea” para “alcanzar su objetivo” de destituirlo.
Tras disolver al Congreso, Lasso señaló que “el país no se detiene” y que “los servicios públicos atienden con normalidad”.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan con su labor diaria para enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país”, agregó.
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La próxima investidura de Delia Espinoza como decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028 se encuentra bajo la sombra de la ilegalidad. Lo que debería ser un acto de unidad institucional se ha transformado en un choque de poderes, luego de que el Comité Electoral advirtiera que la juramentación ante la Asamblea General —y no ante su propio órgano— contraviene el reglamento electoral vigente.
El riesgo de una «gestión fantasma»
La insistencia de Espinoza en ignorar las advertencias del Comité Electoral abre una caja de Pandora jurídica. Si el acto se realiza fuera del marco que el órgano electoral considera legal, las consecuencias podrían ser devastadoras para el gremio:
- Nulidad del Acto: El Comité Electoral tiene la facultad de declarar nulo el acto de juramentación, lo que dejaría a la decana sin el reconocimiento oficial para ejercer sus funciones.
- Impedimento de Registro: Una juramentación cuestionada dificultaría la inscripción de los poderes de la nueva junta directiva ante la SUNARP, bloqueando el acceso a las cuentas bancarias del Colegio y paralizando la administración de los aportes de los agremiados.
- Acefalía Institucional: En la práctica, el CAL podría quedar en un limbo donde la junta saliente no tiene mandato y la entrante no tiene legitimidad, lo que generaría un vacío de poder sin precedentes.
Un pulso de interpretaciones
Mientras Delia Espinoza se apoya en la jerarquía del Estatuto del CAL para justificar su postura, el Comité Electoral insiste en que las reglas de juego para el proceso de asunción están supeditadas al reglamento específico de la elección. Esta interpretación no es menor: un error en la forma del juramento no es un simple error protocolar, es un vicio que puede invalidar cada resolución, contrato o nombramiento que firme la decana a partir del 6 de abril.
Exhortación al rigor
Ante este escenario, diversas voces dentro del gremio exigen que la exfiscal actúe con la prudencia jurídica que su cargo amerita. Realizar una juramentación bajo cuestionamiento de nulidad no solo debilita su autoridad desde el primer día, sino que expone a la institución a una serie de procesos judiciales (acciones de amparo o impugnaciones) que podrían durar todo su mandato.
La ceremonia programada para este lunes frente a la Asamblea General es, ahora mismo, un salto al vacío legal que pone en juego la estabilidad del colegio profesional más importante del país.
Actualidad
Raúl Canelo advierte sobre el peligroso retorno de «Los Cuellos Blancos» al sistema judicial peruano
El candidato al Senado resaltó la urgente necesidad de combatir la corrupción institucionalizada mediante la derogatoria de las «leyes procrimen» y la aplicación de sanciones drásticas.
El reconocido jurista Raúl Canelo Rabanal, candidato al Senado con el número 3 por el partido Libertad Popular, encendió las alarmas al advertir sobre la rearticulación de «Los Cuellos Blancos» en el sistema de justicia peruano, una situación irregular que amenaza gravemente la institucionalidad del país.
«Han regresado a la Corte. Todo este grupo mafioso se ha reagrupado y, avalados por resoluciones, leyes a medida y recientes fallos del Tribunal Constitucional (TC), han retomado el control», sostuvo de manera categórica.
Cabe recordar que «Los Cuellos Blancos del Puerto» fue una organización criminal conformada por jueces, fiscales, políticos y empresarios que operaba desde el Callao. El caso, destapado tras la difusión de audios comprometedores, reveló una profunda red de tráfico de influencias agravado y corrupción.
Un pésimo ejemplo y la crisis institucional
Canelo cuestionó el severo deterioro de las instituciones encargadas de administrar justicia y de interpretar la Constitución. En esa línea, criticó la politización en la elección de los magistrados del TC, del Defensor del Pueblo y de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
«¿Qué ejemplo estamos dando al país? Tenemos el desastre perfecto: destituciones irregulares en la Fiscalía, ataques sistemáticos al Poder Judicial y un TC que emite fallos complacientes a favor del actual gobierno», precisó el abogado.
«Tienen prontuarios, no currículums»
Con cuatro décadas de trayectoria profesional, el doctor Canelo fustigó duramente a las agrupaciones políticas que incluyen a personas con antecedentes penales en sus listas congresales.
«Hay partidos que escogen a sus candidatos en los penales; tienen prontuarios, no currículums. Fuerza Popular tiene decenas de procesados, y el partido de Acuña otro tanto. Si el Perú se organiza con estas agrupaciones, ¿qué nos espera a futuro? Tenemos que trabajar para eliminar esto de raíz, y nosotros tenemos los planes para hacerlo», sentenció el futuro senador.
Derogatoria del paquete «procrimen»
Frente a este preocupante panorama, Canelo recordó que, durante su gestión como Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), presentó en octubre de 2025 el Proyecto de Ley N° 12158/2025/CAL. Esta iniciativa tiene como finalidad derogar el paquete normativo aprobado por el actual Congreso, el cual debilitó la persecución del crimen organizado y limitó las capacidades operativas del sistema de justicia.
«Las ‘leyes procrimen’ se tienen que eliminar de plano. Además, debemos ser muy drásticos con las leyes anticorrupción, que hoy resultan demasiado leves», agregó el ilustre jurista y catedrático universitario.
Libertad Popular y el respaldo fonavista
Finalmente, destacó que Libertad Popular, partido liderado por el candidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa, representa la opción más limpia y sólida para los comicios generales del próximo domingo 12 de abril, donde se elegirá al presidente y al nuevo Congreso Bicameral (130 diputados y 60 senadores).
«Aquí no tenemos a gente vinculada a los grupos de poder que hoy controlan el Congreso. No somos corruptos ni sinvergüenzas, ni pertenecemos a este pacto mafioso que tanto daño nos hace. Nosotros contamos con una trayectoria democrática comprobada, liderada por Rafael Belaúnde», afirmó.
Como cierre, Canelo anunció que el movimiento de fonavistas se sumará al respaldo de Libertad Popular, recordando que él asumió la defensa legal de este grupo desde los inicios de su justo reclamo para la devolución de sus aportes al ex Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).
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