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Presidente del Poder Judicial Javier Arévalo propone «justicia de calidad con rostro humano en la era digital»
Emprenderá una lucha frontal contra la corrupción judicial y administrativa en todas las áreas de la institución.
Con el compromiso de un trabajo honorable y eficiente, el flamante presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, afirmó que ejecutará su plan de gobierno 2023-2024 sintetizado en “una justicia de calidad con rostro humano en la era digital”.
Su discurso lo brindó esta mañana en la ceremonia de asunción de cargo como máxima autoridad del Poder Judicial y de Apertura del Año Judicial 2023, que tuvo como invitadas a las autoridades de las principales instituciones del Estado.
EJES ESTRATÉGICOS
El juez supremo explicó que su mandato se basará en ocho ejes estratégicos para fortalecer el servicio judicial: autonomía e independencia de la función jurisdiccional, transparencia y lucha contra la corrupción; descarga procesal, modernización institucional.
También, en el fortalecimiento de la capacidad institucional, magistrados y recursos humanos, acceso a la justicia y compromiso con la seguridad ciudadana.
Sostuvo que durante su gestión “seremos celosos defensores de la independencia judicial frente a otros poderes y órganos del Estado; así como frente a los poderes fácticos que cada día tratan de influir en las decisiones de los jueces con el pretexto de representar el sentir de la opinión pública”.
“A todos aquellos que traten de inmiscuirse en el funcionamiento del Poder Judicial, les opondremos aquella histórica frase tan usada por el bando republicano durante la guerra civil española: ‘NO PASARÁN’”, advirtió.
Consideró que es importante para la independencia judicial acabar con la provisionalidad, por lo que instó a la Junta Nacional de Justicia que, dentro de sus atribuciones, proceda a llevar adelante los concursos que permitan contar con jueces titulares.
CONTRA LA CORRUPCIÓN
La autoridad judicial indicó que emprenderá una lucha frontal contra la corrupción judicial y administrativa en todas las áreas de la institución, por lo que promoverá mecanismos para transparentar las decisiones judiciales.
De ese modo, perfeccionará la plataforma de publicación de las sentencias de los órganos jurisdiccionales, lo que permitirá conocer cómo resuelven los jueces, favoreciendo así la predictibilidad de las decisiones.
Refirió que para acelerar la descarga procesal establecerá una nueva forma de medición de la productividad jurisdiccional, mejorando sus indicadores a través de la ponderación de las variables que midan el avance del expediente de acuerdo con su importancia en cada etapa procesal.
Los mencionados indicadores, señaló, serán puestos a disposición de cada órgano jurisdiccional, estableciéndose metas, y se difundirán los rankings para fomentar la sana competencia y el cumplimiento de metas entre los juzgados a nivel nacional, siendo reconocidos los servidores que superen dichas metas.
“Esta estrategia debe ir acompañada de una buena gestión de las bases de datos, del uso intensivo de la tecnología, de la interconexión de los sistemas existentes en el Poder Judicial y de la mejora de los procesos administrativos y su estandarización simplificada”, subrayó.
JUSTICIA CON ROSTRO HUMANO
Remarcó que una justicia con rostro humano no es ajena a la transformación digital, continuará con la implementación del Expediente Judicial Electrónico en todas las especialidades y cortes del país, contando con el apoyo del juez supremo Héctor Lama More.
“Buscaremos que la modernización llegue a todas las especialidades, priorizando aquellas vinculadas a los sectores más vulnerables de la población, como son los temas laborales, del adulto mayor y de las personas con discapacidad”, añadió.
Sobre el fortalecimiento de la capacidad institucional, indicó que mediante el Centro de Investigaciones Judiciales perfeccionará la sistematización de las resoluciones de la Corte Suprema y de las cortes con el fin de difundir las líneas jurisprudenciales que son dictadas en esas instancias.
Adelantó que mejorará la calidad de los datos estadísticos para lograr la toma de decisiones con transparencia, lo que contribuirá al plan de descarga y la organización del despacho.
PROYECTO DE LEY
Señaló que propondrá al Congreso un proyecto de ley para regular las remuneraciones y beneficios de los magistrados y la escala remunerativa de los servidores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial.
Al reconocer como un principio de la función jurisdiccional el derecho a la tutela jurisdiccional, anunció que solicitará al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear o convertir órganos jurisdiccionales de ejecución en materia laboral, pensionaria, familia y alimentaria, además de instar a las cortes superiores a brindar prioridad a la etapa de ejecución de los procesos, sobre todo los de naturaleza social.
Para enfrentar la inseguridad, Arévalo Vela refirió que promoverá una alianza estratégica contra la delincuencia con el Ministerio Público, la Policía Nacional y demás organismos competentes.
“Un tema que nos afecta es la violencia contra la mujer, la cual rechazamos y condenamos, al igual que rechazamos todo acto de violencia y odio contra otras colectividades en situación de vulnerabilidad”, subrayó en otro momento de su mensaje.
INVOCACIÓN A LA PAZ Y LA UNIDAD
Sobre la situación actual que devino en una espiral de violencia, con el saqueo e incendio a los locales del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía, Arévalo Vela enfatizó que respalda toda acción dirigida a defender el Estado de Derecho, la democracia y la fortaleza de las instituciones.
Añadió que en el Poder Judicial “somos fieles defensores del Estado Constitucional de Derecho y del respeto absoluto a la Constitución Política del Perú, por eso creemos que nuestra Carta Magna solo puede reformarse por los mecanismos que ella ha previsto”.
Invocó “a la paz y a la unidad entre peruanos, porque solo así podremos superar los graves problemas que el país afronta, siendo este el único escenario donde los derechos se respetan por igual”.
“Nosotros desde nuestra posición nos comprometemos a ofrecer a la Nación un servicio de justicia de calidad con rostro humano, que esté al servicio de todos los peruanos, especialmente de los más vulnerables”, puntualizó.
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SENADO PODRÍA ACTUAR COMO CONTRAPESO ANTE PROPUESTAS QUE AFECTEN REGLAS ECONÓMICAS VIGENTES, ADVIERTE VIDENZA
Análisis de Luis Miguel Castilla señala que la bicameralidad introduce un nuevo filtro institucional frente a iniciativas sobre el Banco Central, uso de reservas y cambios que podrían comprometer la estabilidad económica del país.
Por primera vez en más de tres décadas, el Perú llega a una segunda vuelta presidencial con un Senado ya elegido. Así lo sostuvo Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía, quien señaló que este nuevo diseño político “puede ser el factor más determinante del próximo quinquenio”. En un contexto reciente marcado por inestabilidad política y aprobación de leyes con bajo estándar, el retorno de la bicameralidad incorpora un contrapeso que no existía bajo el esquema unicameral.
Según Castilla, la reorganización del Congreso “en dos cámaras introduce un freno interno que el Legislativo nunca tuvo en el ciclo unicameral”. En ese marco, el Senado asumirá una función revisora con capacidad para ratificar, modificar u observar decisiones adoptadas por la Cámara de Diputados, lo que lo convierte en un filtro clave frente a iniciativas que no cuenten con suficiente sustento técnico o que impliquen riesgos institucionales.
Este contrapeso cobra especial importancia frente a propuestas electorales que plantean cambios profundos en el manejo económico del país. El análisis de Videnza advierte que algunas iniciativas buscan “modificar la conducción del Banco Central de Reserva, utilizar las reservas internacionales para financiar gasto social”, entre otras medidas que implicarían un giro respecto al marco vigente y que generan preocupación por sus eventuales efectos sobre la estabilidad económica.
Frente a este escenario, Castilla advirtió que “el Senado no es una garantía absoluta”, ya que su efectividad dependerá de la correlación de fuerzas políticas que se configure en el nuevo Parlamento. Sin embargo, remarcó que, en un contexto fragmentado, la bicameralidad introduce mayores barreras frente a reformas radicales y podría contribuir a sostener la estabilidad si funciona como un verdadero contrapeso institucional.
Fuente: Videnza e Infobae
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CONGRESO 2026: CINCO NUEVOS PARLAMENTARIOS IMPULSARÁN AGENDA A FAVOR DE LA MINERÍA INFORMAL
Representantes de Puno, La Libertad, Apurímac y Madre de Dios ingresarán al Parlamento bicameral con vínculos directos al Reinfo y propuestas de formalización.
El nuevo Congreso bicameral, que iniciará funciones en julio de 2026, contará con al menos cinco legisladores cuyas agendas priorizan la defensa de la minería informal. Entre los rostros destacados se encuentra Helard Sonco, virtual diputado por Puno, quien es titular de una empresa inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Al ser consultado sobre su vinculación con el sector, Sonco manifestó su intención de proteger la actividad local frente a la falta de un marco legal definitivo, señalando que: “Queremos formalizar, pero si tú no cuentas con una concesión, eres un tercero, necesitas un contrato”. Esta postura coincide con la de otros representantes de regiones como La Libertad y Apurímac, donde la minería informal convive con la extracción ilegal.
La bancada de Juntos por el Perú contará con representantes vinculados a este sector en ambas cámaras. Jesús Pérez, dirigente minero de Apurímac, y Hugo Ccahuana, virtual senador por Madre de Dios, han recibido el respaldo explícito de federaciones mineras y sectores de extracción en zonas críticas como La Pampa. Ccahuana reconoció haber mantenido reuniones con mineros de dichas áreas para asegurar su apoyo electoral, afirmando que: “Todo candidato en Madre de Dios ha dado su respaldo a la minería como actividad general”. Especialistas advierten que esta nueva composición parlamentaria buscará justificar futuras ampliaciones del Reinfo bajo la lógica del derecho al trabajo y la inestabilidad política.
A estos nuevos rostros se suman 12 congresistas reelegidos que en el pasado votaron a favor de flexibilizar el marco jurídico contra la minería ilegal y permitieron la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2026. Según expertos en derecho ambiental, la presencia de estos legisladores en las comisiones de Energía y Minas facilitará la promoción de la Ley MAPE sin criterios técnicos rigurosos. Con más de 84,000 mineros actualmente inscritos en el registro de formalización, el nuevo Parlamento tendrá en sus manos la decisión de extender nuevamente un proceso que, según diversos sectores, ha servido para proteger operaciones que eluden la fiscalización estatal.
Fuente: El Comercio
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