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Presupuesto 2026 recorta recursos para obras municipales y limita mejoras en servicios básicos
Videnza Instituto advierte que el ajuste deja menos recursos para obras básicas en barrios y distritos, mientras el presupuesto prioriza planillas y gasto administrativo.
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 aprobado para los gobiernos locales confirma un retroceso significativo en la inversión municipal. Aunque el presupuesto total de las municipalidades crece 1.34 % frente a 2025, los recursos destinados a obras e infraestructura se reducen en 8.8 %, lo que afecta la capacidad de los municipios para ejecutar proyectos básicos. Mientras tanto, el gasto corriente continúa expandiéndose, de acuerdo con un análisis de Videnza Instituto.
Este ajuste en la inversión no es uniforme y golpea con mayor fuerza a la mayoría del país. En 20 de las 26 regiones, los gobiernos locales recibirán menos recursos para obras que el año anterior. Las mayores caídas se registran en Lima Provincias, Ucayali, San Martín y Ayacucho, donde la inversión municipal cumple un rol clave para mejorar servicios básicos. Para Videnza, “este patrón no es nuevo, sino que consolida una tendencia observada en los últimos años”, en la que se priorizan salarios y servicios por encima de proyectos que cierran brechas territoriales.
A nivel nacional, el panorama es aún más preocupante. El estudio revela que el 65 % de los 1,890 gobiernos locales analizados reducirá su presupuesto de inversión en 2026. En promedio, estas municipalidades contarán con la mitad de los recursos que tuvieron en 2025, y uno de cada dos municipios enfrentará recortes superiores al 50 %. Esta volatilidad dificulta la planificación de mediano plazo y pone en riesgo la continuidad de obras esenciales.
La caída de la inversión ocurre, además, en un contexto de obras paralizadas. De acuerdo con la Contraloría, hay 427 obras detenidas por falta de recursos en gobiernos locales; y, en 131 de esas municipalidades, el presupuesto fue recortado para 2026. Para Videnza Instituto, esta dinámica “debilita el rol del presupuesto como herramienta de planificación territorial” y limita la capacidad de los municipios para sostener proyectos y avanzar en infraestructura.
Fuente: El Comercio
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SCOTIABANK: LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ ALREDEDOR DE 3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL IMPACTO DE EL NIÑO
El banco estima que el fenómeno climático le restó cerca de un punto porcentual al PBI de junio, principalmente por la menor pesca y el impacto en la agricultura, en un trimestre que suele concentrar el mayor peso de los sectores primarios.
El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank estimó que la economía peruana creció alrededor de 3% entre abril y junio de este año, por debajo del 3.5% registrado en el primer trimestre. El banco atribuyó esta desaceleración al impacto del Fenómeno El Niño (FEN) sobre la actividad productiva del país durante estos meses.
Según la entidad, solo en junio el fenómeno le habría restado cerca de un punto porcentual al PBI: «El impacto del Fenómeno El Niño sobre el Producto Bruto Interno habría sido cercano a 1 punto porcentual», señaló, considerando tanto el menor desembarque de anchoveta como la caída en los rendimientos agrícolas. Scotiabank remarcó que el segundo trimestre suele ser, además, el de mayor peso de los sectores primarios dentro del PBI, lo que amplifica el efecto de este tipo de choques climáticos sobre el resultado trimestral.
Este resultado se suma a un primer trimestre que ya había mostrado señales de esa misma vulnerabilidad: en marzo, la agricultura registró una ligera caída de 0.1%, explicada por el adelanto de cosechas —como el de la uva— ante el temor a las lluvias intensas asociadas a El Niño, lo que anticipó el tipo de ajustes que el fenómeno seguiría generando en los sectores primarios a lo largo del año.
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MOODY’S ADVIERTE QUE EL APOYO ESTATAL DE US$2000 MILLONES A PETROPERÚ SIGUE SIN RUTA CLARA DE EJECUCIÓN
Más de dos meses después del anuncio del Gobierno, la calificadora de riesgo señala que no hay claridad sobre cuándo se desembolsará el financiamiento ni cómo se estructurará, mientras la petrolera estatal solo cuenta con US$34 millones en caja.
El Gobierno aprobó en mayo un decreto de emergencia que autoriza un esquema de financiamiento privado de hasta US$2000 millones para Petroperú, destinado a la compra de combustible y a garantizar la continuidad operativa de sus refinerías. La medida contempla recursos de la banca privada internacional, canalizados mediante un fideicomiso a cargo de ProInversión, sin comprometer el Tesoro Público. Sin embargo, más de dos meses después del anuncio, la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que persisten dudas sobre cuándo se desembolsarán esos recursos, cómo se estructurará el financiamiento y cuál será el mecanismo para canalizarlo hacia la empresa estatal.
Para la agencia, esa falta de claridad afecta directamente la confianza de los inversionistas. «El apoyo gubernamental sigue siendo esencial para Petroperú, pero su ejecución es incierta», calificó Moody’s al decreto. El esquema contemplaba, además, un primer tramo de US$500 millones que debía desembolsarse en junio para financiar el capital de trabajo de la petrolera. Semanas antes, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, había proyectado a RPP que «en el transcurso de este mes se da el primer tramo del financiamiento», destinado a la compra de crudo para las refinerías. Hasta la fecha, ese desembolso no se ha concretado.
La calificadora también alertó que la liquidez de Petroperú sigue siendo frágil, debido a que, a marzo de este año, la empresa contaba con apenas US$34 millones disponibles en caja, una cifra que considera reducida frente a sus necesidades operativas, y parte de sus operaciones se financian con pagos pendientes a proveedores. Pese a que la petrolera mejoró sus resultados —con un ebitda de US$273 millones en el primer trimestre— gracias a mayores márgenes de refinación, Moody’s remarcó que la liquidez, el alto nivel de deuda y la continuidad operativa siguen siendo los principales riesgos crediticios para la empresa, por encima incluso de los controles de precios de combustibles.
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