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Promulgan ley para limitar el gasto excesivo de recursos en proyectos
Se busca garantizar que los recursos y activos del Estado se utilicen de manera honesta, clara y con efectividad en todo el país
El Poder Ejecutivo anunció el sábado la aprobación de la Ley 31876, la cual tiene como objetivo establecer recursos para supervisar la ejecución de proyectos de construcción a nivel nacional a través de administración directa, con el fin de garantizar que se lleven a cabo con la máxima calidad, eficiencia de costos y cumplimiento de plazos.
El dispositivo, que recibió la aprobación del Congreso la semana pasada, tiene como objetivo garantizar la gestión ética, transparente y óptima de los recursos y activos del Estado en todo el país. Esto facilita el logro de los objetivos de las instituciones y el cumplimiento de los propósitos públicos establecidos para los proyectos de obra pública.
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Las organizaciones que realizan proyectos públicos por medios propios, sin importar la fuente de fondos que empleen, están consideradas dentro del ámbito de esta ley bajo el término genérico de «Entidad». Estas organizaciones deben estar sujetas a las regulaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1440, que abarca el Sistema Nacional de Presupuesto Público, y el Decreto Legislativo 1439, que se refiere al Sistema Nacional de Abastecimiento.
En adelante, la ejecución de las obras por administración directa, adicionalmente a los principios que rigen el derecho público, administrativo y financiero, en lo que resulte aplicable, se rige por los principios de moralidad, eficiencia, transparencia y economía.
Dentro de la realización de una obra a través de la gestión directa, queda expresamente prohibida la compra de maquinaria y equipos utilizando los fondos asignados para el proyecto, sin importar la forma en que se realice dicha adquisición.
El Sistema Nacional de Control supervisa de manera simultánea la implementación de proyectos de infraestructura gestionados directamente, dando preferencia al uso de tecnología para la supervisión, de acuerdo con las regulaciones establecidas por la Contraloría.
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Especialistas advierten que el próximo Gobierno deberá ordenar las finanzas públicas y garantizar estabilidad.
La inversión privada en Perú creció 10 % en 2025 y alcanzó tasas de dos dígitos por primera vez en 14 años. Este avance favoreció el empleo formal y podría reducir la pobreza de 27 % a 25 %. Sin embargo, la economía aún crece por debajo de su potencial de 5 %, pese a un contexto internacional favorable impulsado por los altos precios de minerales como el oro y el cobre.
“El contexto internacional es particularmente favorable (…) debería haber impulsado a la economía a crecer alrededor de 5 %, un nivel que ya alcanzamos en un periodo de precios altos”, señaló Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE). No obstante, advirtió que la inestabilidad política sigue siendo un freno definitivo. En esa línea, Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, afirmó: “El entorno político, sin duda, ha sido el principal obstáculo para que el Perú tenga un crecimiento más alto”.
A estos desafíos se suman riesgos como la minería ilegal y el deterioro fiscal. “Nosotros estimamos que en 2025 la exportación con origen ilegal igualó por primera vez virtualmente a las exportaciones de origen legal”, alertó Maita. Además, destacó que la deuda pública podría llegar a 70 % del PBI en 2036 si no se controla el gasto.
En ese contexto, Maita subrayó la necesidad de que el próximo mandatario ordene las finanzas públicas y mantenga la estabilidad económica. “Uno de los principales [retos] va a ser mantener y fortalecer los pilares que ya sostienen el crecimiento de nuestro país (…). Esto implica ordenar un poco las cuentas y no impulsar sobre todo gastos que no tengan un adecuado financiamiento detrás”, indicó. También remarcó la importancia de preservar la estabilidad monetaria y la independencia del Banco Central de Reserva (BCR).
Fuente: InfoActiva
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NUEVE DE CADA 10 ECONOMISTAS CONSIDERAN DESFAVORABLES LAS PROPUESTAS DE JUNTOS POR EL PERÚ, REPORTÓ GESTIÓN
“El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la cuarta edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre los temas más urgentes de la coyuntura económica y de las políticas públicas. (…)
El documento reflejó que existe consenso sobre propuestas desfavorables de Juntos por el Perú. A dos semanas de la primera vuelta, 9 de cada 10 de los encuestados considera desfavorables o muy desfavorables las propuestas de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) respecto a sostenibilidad fiscal (93%), condiciones para la inversión privada (92%), seguridad ciudadana y control de economías ilegales (92%) y generación de empleo formal (89%).”, reportó Gestión.
Fuente: Gestión
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