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Promulgan ley para limitar el gasto excesivo de recursos en proyectos
Se busca garantizar que los recursos y activos del Estado se utilicen de manera honesta, clara y con efectividad en todo el país
El Poder Ejecutivo anunció el sábado la aprobación de la Ley 31876, la cual tiene como objetivo establecer recursos para supervisar la ejecución de proyectos de construcción a nivel nacional a través de administración directa, con el fin de garantizar que se lleven a cabo con la máxima calidad, eficiencia de costos y cumplimiento de plazos.
El dispositivo, que recibió la aprobación del Congreso la semana pasada, tiene como objetivo garantizar la gestión ética, transparente y óptima de los recursos y activos del Estado en todo el país. Esto facilita el logro de los objetivos de las instituciones y el cumplimiento de los propósitos públicos establecidos para los proyectos de obra pública.
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Las organizaciones que realizan proyectos públicos por medios propios, sin importar la fuente de fondos que empleen, están consideradas dentro del ámbito de esta ley bajo el término genérico de «Entidad». Estas organizaciones deben estar sujetas a las regulaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1440, que abarca el Sistema Nacional de Presupuesto Público, y el Decreto Legislativo 1439, que se refiere al Sistema Nacional de Abastecimiento.
En adelante, la ejecución de las obras por administración directa, adicionalmente a los principios que rigen el derecho público, administrativo y financiero, en lo que resulte aplicable, se rige por los principios de moralidad, eficiencia, transparencia y economía.
Dentro de la realización de una obra a través de la gestión directa, queda expresamente prohibida la compra de maquinaria y equipos utilizando los fondos asignados para el proyecto, sin importar la forma en que se realice dicha adquisición.
El Sistema Nacional de Control supervisa de manera simultánea la implementación de proyectos de infraestructura gestionados directamente, dando preferencia al uso de tecnología para la supervisión, de acuerdo con las regulaciones establecidas por la Contraloría.
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Según Forbes, el 55 % de la población estuvo expuesta a contenidos engañosos en plataformas digitales.
Las noticias falsas y los discursos de odio, muchas veces amplificados con herramientas de inteligencia artificial, están aumentando la desconfianza en los procesos electorales y profundizando la confrontación política. En ese contexto, el miembro del Comité de Fact Checking del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jeanmarco Vila Solano, señaló que los bulos no solo perjudican a candidatos y organizaciones políticas, sino también a las propias instituciones electorales. “La desinformación electoral crea controversias, polarización, desunión, escepticismo, miedo, manipulación e incluso se evidencian actos de violencia, pero lo más preocupante para nosotros, desde los organismos electorales, es que disminuye la participación ciudadana y también genera desconfianza”, advirtió.
Por otro lado, Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, enfatizó que “la normalización del insulto, la deshumanización y el desprecio dificulta cualquier intento posterior de diálogo, consenso o gobernabilidad”. Asimismo, remarcó que “el discurso de odio puede movilizar adhesiones de corto plazo, pero deja una sociedad más fragmentada, desconfiada y polarizada”.
Ante este panorama, proyectos de alfabetización digital como Up for Democracy recomiendan incorporar hábitos de verificación antes de compartir contenidos, revisando la confiabilidad de las fuentes y comprobando que no se trate de una web falsa haciéndose pasar por una legítima. También sugieren contrastar la información con medios de comunicación y plataformas verificadas, utilizar herramientas como la búsqueda inversa de imágenes y evitar reaccionar únicamente a titulares alarmistas o publicaciones que apelan al miedo y la confrontación.
Fuente: InfoActiva
“Un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que el Poder Ejecutivo mantiene herramientas clave para influir en la economía, la seguridad, el empleo y los servicios públicos, incluso sin mayoría en el Congreso.
El Ejecutivo define la ejecución del presupuesto, lidera las estrategias de seguridad, establece regulaciones laborales y diseña políticas sociales, tributarias y de inversión. Sin embargo, en los últimos años se han evidenciado problemas como el deterioro fiscal, la alta rotación de autoridades, trabas a la inversión y respuestas poco efectivas frente a distintas crisis”, indicó el IPE.
Fuente: Instituto Peruano de Economía
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