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Reducción del IGV amenaza sostenibilidad del país, advierte ComexPerú

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Reducción del IGV amenaza sostenibilidad del país, advierte ComexPerú

Aunque se pretenda justificar esta medida bajo la premisa de destinar más recursos a los gobiernos locales para impulsar obras públicas, los hechos demuestran que los niveles de ejecución del gasto en esta instancia continúan siendo alarmantemente bajos.

De acuerdo con Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, que el Congreso haya aprobado un proyecto de ley que propone reducir el IGV del 16% al 14%, al tiempo que eleva el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) del 2% al 4%, genera mucha preocupación por la seria amenaza que significaría para la sostenibilidad fiscal del país. “Si bien se mantendría la misma carga impositiva para el consumidor, la consecuencia inmediata sería una drástica disminución de los ingresos del Gobierno nacional, justo en un contexto en el que urge consolidar las finanzas públicas”, explica.

En ese sentido, señala que, aunque se pretenda justificar esta medida bajo la premisa de destinar más recursos a los gobiernos locales para impulsar obras públicas, los hechos demuestran que los niveles de ejecución del gasto en esta instancia continúan siendo alarmantemente bajos. “En 2024, por ejemplo, la ejecución promedio de inversión pública a nivel local apenas superó el 60%, lo que dejó miles de millones de soles sin utilizar, mientras las necesidades de infraestructura y servicios básicos siguen insatisfechas”, sostiene.

Asimismo, Dupuy advierte que reducir la participación del Gobierno central en la recaudación del impuesto al consumo equivale a debilitar su capacidad para financiar sectores clave como salud, educación, seguridad y lucha contra la pobreza. “En lugar de promover normas populistas que comprometen el futuro del país, el debate debería centrarse en cómo mejorar la eficiencia del gasto público, cerrar brechas de capacidad en los gobiernos locales y fortalecer la recaudación sin afectar la competitividad ni la sostenibilidad del sistema fiscal”, puntualiza.

Fuente: Comex

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SCOTIABANK: LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ ALREDEDOR DE 3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL IMPACTO DE EL NIÑO

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SCOTIABANK: LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ ALREDEDOR DE 3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL IMPACTO DE EL NIÑO

El banco estima que el fenómeno climático le restó cerca de un punto porcentual al PBI de junio, principalmente por la menor pesca y el impacto en la agricultura, en un trimestre que suele concentrar el mayor peso de los sectores primarios.

El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank estimó que la economía peruana creció alrededor de 3% entre abril y junio de este año, por debajo del 3.5% registrado en el primer trimestre. El banco atribuyó esta desaceleración al impacto del Fenómeno El Niño (FEN) sobre la actividad productiva del país durante estos meses.

Según la entidad, solo en junio el fenómeno le habría restado cerca de un punto porcentual al PBI: «El impacto del Fenómeno El Niño sobre el Producto Bruto Interno habría sido cercano a 1 punto porcentual», señaló, considerando tanto el menor desembarque de anchoveta como la caída en los rendimientos agrícolas. Scotiabank remarcó que el segundo trimestre suele ser, además, el de mayor peso de los sectores primarios dentro del PBI, lo que amplifica el efecto de este tipo de choques climáticos sobre el resultado trimestral.

Este resultado se suma a un primer trimestre que ya había mostrado señales de esa misma vulnerabilidad: en marzo, la agricultura registró una ligera caída de 0.1%, explicada por el adelanto de cosechas —como el de la uva— ante el temor a las lluvias intensas asociadas a El Niño, lo que anticipó el tipo de ajustes que el fenómeno seguiría generando en los sectores primarios a lo largo del año.

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MOODY’S ADVIERTE QUE EL APOYO ESTATAL DE US$2000 MILLONES A PETROPERÚ SIGUE SIN RUTA CLARA DE EJECUCIÓN

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MOODY’S ADVIERTE QUE EL APOYO ESTATAL DE US$2000 MILLONES A PETROPERÚ SIGUE SIN RUTA CLARA DE EJECUCIÓN

Más de dos meses después del anuncio del Gobierno, la calificadora de riesgo señala que no hay claridad sobre cuándo se desembolsará el financiamiento ni cómo se estructurará, mientras la petrolera estatal solo cuenta con US$34 millones en caja.

El Gobierno aprobó en mayo un decreto de emergencia que autoriza un esquema de financiamiento privado de hasta US$2000 millones para Petroperú, destinado a la compra de combustible y a garantizar la continuidad operativa de sus refinerías. La medida contempla recursos de la banca privada internacional, canalizados mediante un fideicomiso a cargo de ProInversión, sin comprometer el Tesoro Público. Sin embargo, más de dos meses después del anuncio, la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que persisten dudas sobre cuándo se desembolsarán esos recursos, cómo se estructurará el financiamiento y cuál será el mecanismo para canalizarlo hacia la empresa estatal.

Para la agencia, esa falta de claridad afecta directamente la confianza de los inversionistas. «El apoyo gubernamental sigue siendo esencial para Petroperú, pero su ejecución es incierta», calificó Moody’s al decreto. El esquema contemplaba, además, un primer tramo de US$500 millones que debía desembolsarse en junio para financiar el capital de trabajo de la petrolera. Semanas antes, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, había proyectado a RPP que «en el transcurso de este mes se da el primer tramo del financiamiento», destinado a la compra de crudo para las refinerías. Hasta la fecha, ese desembolso no se ha concretado.

La calificadora también alertó que la liquidez de Petroperú sigue siendo frágil, debido a que, a marzo de este año, la empresa contaba con apenas US$34 millones disponibles en caja, una cifra que considera reducida frente a sus necesidades operativas, y parte de sus operaciones se financian con pagos pendientes a proveedores. Pese a que la petrolera mejoró sus resultados —con un ebitda de US$273 millones en el primer trimestre— gracias a mayores márgenes de refinación, Moody’s remarcó que la liquidez, el alto nivel de deuda y la continuidad operativa siguen siendo los principales riesgos crediticios para la empresa, por encima incluso de los controles de precios de combustibles.

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