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Regiones y municipios deben garantizar espacios públicos para personas con discapacidad – Diario Nacional Realidad.PE
Ante el inicio de las nuevas gestiones regionales y municipales, la Defensoría del Pueblo exhorta a sus autoridades a priorizar el trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad, adecuando la infraestructura urbana de sus jurisdicciones, así como los servicios que ofrecen, con la finalidad de crear ciudades realmente accesibles e inclusivas.
Malena Pineda, jefa del mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), asignado a la Defensoría del Pueblo, manifestó que hay un reclamo permanente por parte de las personas con discapacidad ante la inaccesibilidad de los espacios públicos.
Indicó que reiteradamente los gobiernos municipales y regionales incumplen con su obligación de asignar los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento de sus oficinas de atención a las personas con discapacidad como la Oredis (Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad) y la Omaped (Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad).
“Es necesario recordarles a las nuevas autoridades regionales y municipales que la Ley de Presupuesto Fiscal 2023 dispone la obligación de asignar el 1 % de sus presupuestos a la atención de personas con discapacidad. Un 0,5 % para accesibilidad urbanística y arquitectónica y el otro 0,5 %, para el funcionamiento de las oficinas de atención a la discapacidad (Oredis y Omaped)”, afirmó la funcionaria.
En ese sentido, pidió a las nuevas autoridades que se ciñan al Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente a la norma técnica para los nuevos proyectos de obras, o la adecuación de los ya existentes con la finalidad de asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad y personas con movilidad reducida.
Agregó que, ante el limitado acceso a los servicios públicos, en una sociedad en donde persisten los prejuicios hacia las personas con discapacidad y se vulneran constantemente sus derechos, estas se ven afectadas por un problema de discriminación estructural, el cual requiere, para su eficaz atención, la intervención articulada del Estado desde cada uno de sus niveles de gobierno: local, regional y nacional.
La representante de la Defensoría del Pueblo invocó a las nuevas autoridades regionales y municipales a implementar políticas públicas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad y a la eliminación de las barreas que impiden su libre desarrollo.
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Gobierno plantea eliminar el tope a las tasas de interés de bancos y financieras
La propuesta forma parte del pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso y se sustenta en informes de la SBS y el BCRP sobre el efecto del límite actual en el acceso al crédito formal.
El Poder Ejecutivo incluyó en su pedido de facultades legislativas, presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso, una propuesta para derogar el tope a las tasas de interés que bancos y entidades financieras pueden cobrar a sus clientes. La medida modificaría el artículo 6 de la Ley 28587 y el artículo 9 de la Ley 26702, con el fin de eliminar las disposiciones de la Ley 31143, la norma vigente desde 2021 que protege de la usura a los consumidores de servicios financieros.
El sustento remitido junto con el pedido de facultades sostiene que el mecanismo actual ha generado efectos adversos sobre el acceso al crédito formal, en particular entre personas de menores ingresos y clientes con menor historial crediticio. “La SBS concluye que la regulación de tasas máximas habría limitado la incorporación al sistema financiero de determinados deudores de mayor riesgo que, de haber accedido a un primer crédito, podrían posteriormente haber obtenido condiciones de financiamiento más favorables”, señala el documento. En la misma línea, cita una conclusión del BCRP: “Las tasas máximas de interés no constituyen un mecanismo adecuado para mejorar las condiciones de acceso al crédito de la población ni para promover la inclusión financiera”.
De aprobarse, la medida permitiría a bancos y financieras fijar sus tasas de interés sin el límite que rige desde hace cinco años, cuando el Congreso aprobó la Ley 31143 como respuesta a las críticas por el cobro de tasas consideradas abusivas en créditos de consumo. La propuesta forma parte de un paquete más amplio de facultades legislativas que el Ejecutivo espera que el Congreso apruebe en las próximas semanas.
Fuente: Infobae
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Anglo American proyecta invertir US$1648.9 millones para ampliar el tajo de Quellaveco
La propuesta, presentada ante el Senace, extendería por cinco años la explotación de la mina en Moquegua sin incrementar la capacidad de producción ya aprobada.
Anglo American presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) la Quinta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de Quellaveco, su mina de cobre y molibdeno en Moquegua, con una inversión proyectada de US$1648.9 millones. La propuesta busca extender por cinco años la explotación del tajo, del año 20 al año 25 de operación, sin incrementar las reservas ni la capacidad de producción ya aprobada, que se mantiene en 150 000 toneladas por día.
El cambio más visible estará en las dimensiones del Tajo Quellaveco, cuya huella pasaría de aproximadamente 420 a 580 hectáreas, con la explotación llegando hasta la cota de 2970 metros sobre el nivel del mar. La nueva configuración obligará a modificar el plan de minado y a rediseñar componentes como el depósito de material estéril y el stock de mineral, además de incorporar plataformas multiuso y el depósito de material excedente Asana.
La etapa de construcción de estos componentes está prevista para el año 8 de operación, con una duración de un año, mientras Quellaveco mantiene sus actividades habituales; los nuevos componentes entrarían en operación entre los años 9 y 25. La compañía plantea también obras complementarias como el realineamiento del acceso entre planta y mina y mejoras en los sistemas de manejo y desaguado de aguas, manteniendo el esquema aprobado de descarga cero.
Fuente: Rumbo Minero
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