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Regiones y municipios deben garantizar espacios públicos para personas con discapacidad – Diario Nacional Realidad.PE
Ante el inicio de las nuevas gestiones regionales y municipales, la Defensoría del Pueblo exhorta a sus autoridades a priorizar el trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad, adecuando la infraestructura urbana de sus jurisdicciones, así como los servicios que ofrecen, con la finalidad de crear ciudades realmente accesibles e inclusivas.
Malena Pineda, jefa del mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), asignado a la Defensoría del Pueblo, manifestó que hay un reclamo permanente por parte de las personas con discapacidad ante la inaccesibilidad de los espacios públicos.
Indicó que reiteradamente los gobiernos municipales y regionales incumplen con su obligación de asignar los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento de sus oficinas de atención a las personas con discapacidad como la Oredis (Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad) y la Omaped (Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad).
“Es necesario recordarles a las nuevas autoridades regionales y municipales que la Ley de Presupuesto Fiscal 2023 dispone la obligación de asignar el 1 % de sus presupuestos a la atención de personas con discapacidad. Un 0,5 % para accesibilidad urbanística y arquitectónica y el otro 0,5 %, para el funcionamiento de las oficinas de atención a la discapacidad (Oredis y Omaped)”, afirmó la funcionaria.
En ese sentido, pidió a las nuevas autoridades que se ciñan al Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente a la norma técnica para los nuevos proyectos de obras, o la adecuación de los ya existentes con la finalidad de asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad y personas con movilidad reducida.
Agregó que, ante el limitado acceso a los servicios públicos, en una sociedad en donde persisten los prejuicios hacia las personas con discapacidad y se vulneran constantemente sus derechos, estas se ven afectadas por un problema de discriminación estructural, el cual requiere, para su eficaz atención, la intervención articulada del Estado desde cada uno de sus niveles de gobierno: local, regional y nacional.
La representante de la Defensoría del Pueblo invocó a las nuevas autoridades regionales y municipales a implementar políticas públicas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad y a la eliminación de las barreas que impiden su libre desarrollo.
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Proceso electoral llevaría a la inversión privada a actuar con cautela en 2026
Economista de Redes advierte que el escenario electoral llevaría a empresas y emprendedores a esperar definiciones políticas antes de invertir, lo que podría enfriar la economía este año.
Para 2026, se proyecta que la economía peruana experimente un crecimiento moderado del 3.2 %, una cifra ligeramente menor a la registrada en 2025. Este avance estaría impulsado por el consumo privado de las familias y empresas, sumado al ciclo de precios altos del cobre y el oro que favorecerá las exportaciones mineras. No obstante, la economista Mónica Muñoz-Nájar, de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), advierte que el panorama electoral influirá en el comportamiento económico, ya que las expectativas de los agentes suelen cambiar ante la posibilidad de transformaciones políticas profundas.
El entorno de las elecciones generales suele provocar que la inversión privada no minera, especialmente en sectores como la construcción y nuevos emprendimientos, se vuelva más cautelosa y postergue decisiones hasta obtener resultados definitivos. Muñoz-Nájar destaca que, a pesar de factores externos como la inestabilidad en la región, el principal desafío es interno. Al respecto, la especialista señaló que, para el país, «el riesgo más grande siguen siendo las elecciones y tenemos que esperar que hayan las señales claras por parte de los candidatos».
Finalmente, la economista de Redes subrayó la importancia de mantener la estabilidad fiscal, la independencia del Banco Central de Reserva y evitar medidas temporales que solo alivian el gasto de corto plazo. En lugar de continuar con la liberación de fondos de pensiones o CTS, se requiere un enfoque en cambios estructurales que garanticen el bienestar ciudadano. Muñoz-Nájar enfatizó que «lo que necesitamos son reformas importantes en educación y en salud para mejorar la productividad y que haya más trabajo formal», pues esto permitiría que la población incremente sus ingresos de manera sostenible.
Fuente: RPP
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Solo 3 de cada 10 jóvenes en Lima Norte logran acceder a la educación superior
La brecha territorial y la concentración de la oferta universitaria limitan el desarrollo profesional en distritos como Comas, Carabayllo y Puente Piedra.
A pesar del crecimiento demográfico en Lima Norte, el acceso a la educación superior sigue siendo un desafío crítico para miles de jóvenes de la zona. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), solo 3 de cada 10 peruanos logran ingresar a estudios universitarios o técnicos, una brecha que se agudiza en la periferia de la capital debido a la distancia y los altos costos de traslado. Distritos como Comas y Puente Piedra concentran una alta proporción de población juvenil; sin embargo, la oferta de instituciones licenciadas continúa centralizada en sectores tradicionales de Lima.
Para mitigar esta desigualdad, se ha proyectado la apertura de nuevas sedes académicas en el sector norte de la ciudad para abril de 2026. Sobre esta necesidad de descentralización, el rector de la Universidad Autónoma del Perú, Enrique Vásquez, señaló que “Lima Norte concentra un número significativo de jóvenes que buscan acceder a educación superior sin alejarse de su entorno familiar y laboral. Ampliar la oferta universitaria en estos territorios es clave”. Esta iniciativa busca reducir las barreras que enfrentan los estudiantes que culminan la secundaria y que hoy ven limitadas sus oportunidades por factores territoriales.
El informe de la Sunedu sobre la realidad universitaria advierte que la distribución desigual de facultades afecta directamente la continuidad académica de los sectores más vulnerables. La planificación educativa actual requiere alinearse con las dinámicas de crecimiento urbano para asegurar que el talento joven de distritos periféricos no quede excluido del mercado profesional. Al acercar la oferta educativa a las zonas con mayor densidad poblacional, se espera mejorar los indicadores de acceso y fortalecer el capital humano necesario para el desarrollo de la capital.
Fuente: El Comercio
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