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Regiones y municipios deben garantizar espacios públicos para personas con discapacidad – Diario Nacional Realidad.PE

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Regiones y municipios deben garantizar espacios públicos para personas con discapacidad – Diario Nacional Realidad.PE


Ante el inicio de las nuevas gestiones regionales y municipales, la Defensoría del Pueblo exhorta a sus autoridades a priorizar el trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad, adecuando la infraestructura urbana de sus jurisdicciones, así como los servicios que ofrecen, con la finalidad de crear ciudades realmente accesibles e inclusivas.

Malena Pineda, jefa del mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), asignado a la Defensoría del Pueblo, manifestó que hay un reclamo permanente por parte de las personas con discapacidad ante la inaccesibilidad de los espacios públicos.

Indicó que reiteradamente los gobiernos municipales y regionales incumplen con su obligación de asignar los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento de sus oficinas de atención a las personas con discapacidad como la Oredis (Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad) y la Omaped (Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad).

“Es necesario recordarles a las nuevas autoridades regionales y municipales que la Ley de Presupuesto Fiscal 2023 dispone la obligación de asignar el 1 % de sus presupuestos a la atención de personas con discapacidad. Un 0,5 % para accesibilidad urbanística y arquitectónica y el otro 0,5 %, para el funcionamiento de las oficinas de atención a la discapacidad (Oredis y Omaped)”, afirmó la funcionaria.

En ese sentido, pidió a las nuevas autoridades que se ciñan al Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente a la norma técnica para los nuevos proyectos de obras, o la adecuación de los ya existentes con la finalidad de asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad y personas con movilidad reducida.

Agregó que, ante el limitado acceso a los servicios públicos, en una sociedad en donde persisten los prejuicios hacia las personas con discapacidad y se vulneran constantemente sus derechos, estas se ven afectadas por un problema de discriminación estructural, el cual requiere, para su eficaz atención, la intervención articulada del Estado desde cada uno de sus niveles de gobierno: local, regional y nacional.

La representante de la Defensoría del Pueblo invocó a las nuevas autoridades regionales y municipales a implementar políticas públicas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad y a la eliminación de las barreas que impiden su libre desarrollo.



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Noveno retiro de AFP: proyecto plantea retirar hasta 4 UIT sin perder el derecho a solicitar la pensión mínima

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Noveno retiro de AFP: proyecto plantea retirar hasta 4 UIT sin perder el derecho a solicitar la pensión mínima

La iniciativa, que cita el impacto de El Niño en las familias, deberá pasar por las dos cámaras del Congreso. Especialistas advierten que los retiros reducen las posibilidades de alcanzar los 240 aportes que exige la pensión mínima.

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso propone autorizar a los afiliados a las AFP a retirar hasta 4 UIT de sus fondos, lo que constituiría el noveno retiro desde la pandemia de la COVID-19. La iniciativa, de la congresista Catherin Palomino (Juntos por el Perú), sustenta la medida en el impacto económico que podría tener El Niño en las familias. Deberá ser evaluada primero en comisiones de la Cámara de Diputados y, de aprobarse, pasaría a la Cámara de Senadores antes de llegar al Ejecutivo para su promulgación u observación.

Actualmente, quien retira fondos de su AFP pierde el derecho a solicitar la pensión mínima. El proyecto deja sin efecto esa prohibición, aunque mantiene el requisito de 240 aportes, equivalentes a 20 años. Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, explicó que quien retire podrá seguir solicitándola, pero tendrá menos posibilidades de alcanzar esos aportes, ya que los retiros los descuentan.

César Abanto, especialista previsional del estudio Rodríguez Angobaldo, recordó que la Constitución prohíbe el retiro de fondos previsionales y que el Tribunal Constitucional solo lo admitió en casos extraordinarios, como la COVID-19. “El Niño no es el COVID-19”, sostuvo, al señalar que es un fenómeno que se presenta cada cierto tiempo en el país. Añadió que estos fondos no solo sirven para la jubilación, sino que incluyen un seguro ante la invalidez o la muerte del trabajador.

Carrillo cuestionó que siempre habrá una justificación para un nuevo retiro y advirtió que la medida favorecería sobre todo a los sectores A y B, que tienen más fondos, mientras que los sectores C y D tienen muy poco o nada en su AFP. Según Abanto, los retiros generalizados anteriores incentivaron la salida de dinero incluso entre quienes no perdieron su empleo, y hoy más de 4 millones de afiliados ya no cuentan con fondos para su pensión.

Fuente: Gestión

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74% de las empresas siente que recibe del Estado menos de lo que aporta, revela estudio de Ipsos

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74% de las empresas siente que recibe del Estado menos de lo que aporta, revela estudio de Ipsos

ComexPerú plantea simplificar trámites, racionalizar fiscalizaciones y acelerar permisos para que la inversión privada, desde el gran proyecto hasta la pequeña bodega, se concrete. En Lima Norte, el Parque Industrial de Ancón demandará más de US$1200 millones de inversión privada.

El mensaje de la presidenta Keiko Fujimori durante su reciente visita a la Bolsa de Valores de Nueva York, donde afirmó que “la inversión privada significa empleo, crecimiento y desarrollo para millones de peruanos”, debe convertirse en acción dentro del país, plantea ComexPerú. El gremio recuerda que hablar de inversión privada no se limita a los grandes proyectos mineros, energéticos o de infraestructura, sino que incluye a los millones de emprendedores que cada día abren sus negocios y contratan trabajadores.

Las cifras, según el gremio, son contundentes: en 2025, las micro y pequeñas empresas (mypes) representaron alrededor de 99.5% de las empresas del país y generaron aproximadamente 8 millones de empleos, pero 86.5% de ellas opera en la informalidad. Un estudio de Ipsos, realizado por encargo de ComexPerú, añade que 74% de las empresas considera que recibe del Estado menos de lo que aporta y que 45% identifica el manejo de fiscalizaciones e inspecciones como el proceso estatal más problemático; además, las municipalidades son percibidas como entidades que priorizan sancionar en vez de orientar.

Para ComexPerú, el Estado debe dejar de poner obstáculos innecesarios a quien quiere producir, invertir y generar empleo. El gremio propone simplificar procedimientos, eliminar barreras burocráticas, racionalizar las fiscalizaciones, acelerar permisos y licencias, digitalizar trámites y generar predictibilidad. Hacerlo, subraya, “no significa reducir estándares ni controles. Significa hacer que el Estado funcione mejor”.

ComexPerú plantea que esta agenda debe abordarse con el mismo sentido de urgencia que la inseguridad ciudadana y la prevención frente al Fenómeno El Niño, pues cada proyecto paralizado y cada empresario que desiste de crecer son oportunidades que el país pierde. En Lima Norte, el Parque Industrial de Ancón, adjudicado en diciembre de 2025 al consorcio Junefield Ancón Industrial Park, demandará una inversión superior a US$1200 millones y prevé albergar a más de 200 empresas y generar cerca de 120 mil empleos; según el Ministerio de la Producción, su diseño contempla que pymes abastezcan a empresas tractoras.

Fuente: ComexPerú

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