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Regiones y municipios deben garantizar espacios públicos para personas con discapacidad – Diario Nacional Realidad.PE
Ante el inicio de las nuevas gestiones regionales y municipales, la Defensoría del Pueblo exhorta a sus autoridades a priorizar el trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad, adecuando la infraestructura urbana de sus jurisdicciones, así como los servicios que ofrecen, con la finalidad de crear ciudades realmente accesibles e inclusivas.
Malena Pineda, jefa del mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), asignado a la Defensoría del Pueblo, manifestó que hay un reclamo permanente por parte de las personas con discapacidad ante la inaccesibilidad de los espacios públicos.
Indicó que reiteradamente los gobiernos municipales y regionales incumplen con su obligación de asignar los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento de sus oficinas de atención a las personas con discapacidad como la Oredis (Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad) y la Omaped (Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad).
“Es necesario recordarles a las nuevas autoridades regionales y municipales que la Ley de Presupuesto Fiscal 2023 dispone la obligación de asignar el 1 % de sus presupuestos a la atención de personas con discapacidad. Un 0,5 % para accesibilidad urbanística y arquitectónica y el otro 0,5 %, para el funcionamiento de las oficinas de atención a la discapacidad (Oredis y Omaped)”, afirmó la funcionaria.
En ese sentido, pidió a las nuevas autoridades que se ciñan al Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente a la norma técnica para los nuevos proyectos de obras, o la adecuación de los ya existentes con la finalidad de asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad y personas con movilidad reducida.
Agregó que, ante el limitado acceso a los servicios públicos, en una sociedad en donde persisten los prejuicios hacia las personas con discapacidad y se vulneran constantemente sus derechos, estas se ven afectadas por un problema de discriminación estructural, el cual requiere, para su eficaz atención, la intervención articulada del Estado desde cada uno de sus niveles de gobierno: local, regional y nacional.
La representante de la Defensoría del Pueblo invocó a las nuevas autoridades regionales y municipales a implementar políticas públicas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad y a la eliminación de las barreas que impiden su libre desarrollo.
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Roberto Sánchez plantea un nuevo pacto social basado en el respeto a la voluntad popular
NI FRAUDE NI CONFRONTACIÓN, RESPETO AL VOTO POPULAR
El candidato presidencial Roberto Sánchez aseguró que respetará el veredicto de las urnas, cualquiera sea el resultado electoral. Durante una entrevista con Nicolás Lúcar, sostuvo que el país necesita abrir una nueva etapa histórica basada en la unidad nacional, la inclusión y el respeto irrestricto a la voluntad ciudadana.
“Vamos a recorrer este camino junto al pueblo peruano. Y si el pueblo decide que aún no es nuestro momento, acataremos su voluntad con convicción democrática y absoluto respeto”, afirmó.
Sánchez señaló que el Perú requiere construir un nuevo pacto social que permita superar décadas de desigualdad, exclusión y crisis política. En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar un país donde ningún ciudadano sea discriminado por su origen cultural, condición económica, identidad sexual, creencias religiosas o lugar de nacimiento.
“Aspiramos a construir una nación donde no exista ningún tipo de discriminación. El Perú del futuro debe garantizar igualdad de derechos, oportunidades y dignidad para todos”, expresó.
Asimismo, indicó que, una vez recuperado plenamente el derecho ciudadano al referéndum, deberá abrirse un amplio debate nacional sobre una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución que responda a los desafíos del país y fortalezca la democracia.
El líder político reiteró que la transparencia electoral constituye una condición indispensable para la estabilidad del país y destacó que su organización participará activamente en la vigilancia del proceso mediante miles de personeros desplegados en todo el territorio nacional.
“Somos demócratas y quien cree en la democracia respeta la voluntad popular. Nos comprometemos a reconocer y respetar los resultados electorales. Defender el voto ciudadano también es defender la democracia”, manifestó.
En ese contexto, convocó a las fuerzas democráticas, a los organismos electorales y a la comunidad internacional a garantizar que prevalezcan la legalidad, la transparencia y la voluntad soberana del pueblo peruano.
Sánchez también cuestionó los discursos que buscan desacreditar anticipadamente los procesos electorales sin pruebas, señalando que esas posiciones solo contribuyen a profundizar la división y la inestabilidad política.
“La democracia exige coherencia. Si se participa en una elección, se deben respetar sus resultados. Basta de insistir en narrativas de fraude que solo debilitan nuestras instituciones y afectan la confianza de los ciudadanos”, sostuvo.
Finalmente, ratificó que el interés nacional debe estar por encima de cualquier candidatura o proyecto político personal.
“Ante el país, asumo el compromiso de reconocer el veredicto de las urnas. Si la ciudadanía nos otorga su confianza, gobernaremos con responsabilidad y al servicio de todos los peruanos. Y si decide otro camino, seremos los primeros en reconocerlo y en contribuir a la estabilidad democrática del país. Porque por encima de cualquier candidatura o interés político está el Perú y el respeto a la voluntad de su pueblo”, concluyó.
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“ROBERTO SÁNCHEZ SE COMPROMETE CON GREMIO VINCULADO A MOVADEF QUE PLANTEA LIBERAR PRESOS”, INFORMÓ CANAL N
“Un documento suscrito entre el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEP) ha generado controversia en la recta final de la campaña electoral, luego de que se conociera que el acuerdo contempla la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Según el compromiso firmado el pasado 12 de mayo, ambas partes coinciden en impulsar una serie de medidas políticas y sociales en caso de un eventual triunfo electoral. Entre los puntos más cuestionados figura el pedido de libertad para Pedro Castillo y otros ciudadanos a quienes el documento denomina “luchadores populares”.”, informó Canal N
Fuente: Canal N
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