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Republicanos de Arizona proponen legalizar el asesinato de inmigrantes que crucen sus ranchos
Una iniciativa de la Cámara baja local desea modificar una doctrina para usar fuerza letal contra las personas que invadan la propiedad privada.
Una iniciativa de ley que pretender hacer legal matar inmigrantes si estos traspasan la propiedad privada avanza por el Congreso de Arizona, controlado por el Partido Republicano. La polémica norma modifica una ley vigente, conocida como la doctrina Castle, y justifica el uso de fuerza letal contra cualquiera que invada un terreno, propiedad o casa. La gobernadora demócrata del Estado, Katie Hobbs, ha prometido vetar la ley si esta es aprobada por el Senado estatal.
La House Bill 2843 quiere expandir los derechos de los terratenientes de Arizona ante el incremento de migrantes procedentes desde México. La doctrina Castle permite el uso de fuerza letal en contra de quien invada una propiedad o tenga la intención criminal de hacerlo. Como está redactada ahora, la ley requiere que el agresor esté también en una estructura “adaptada para la residencia o el alojamiento de una persona”, sin importar si esta está ocupada o no. Es decir, que ingrese a un hogar.
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El legislador republicano Justin Heap quiere abrir la interpretación de la doctrina. Su propuesta es modificar un puñado de palabras del texto original para hacerla más permisiva al uso de la fuerza.
“Si un granjero es propietario de un rancho de 4.000 hectáreas, quizá su casa está a dos kilómetros de donde él está, pero si ve alguien en su propiedad, ¿puede acercarse a él y expulsarlo de su propiedad? Propongo una enmienda para poder corregir esto”
La semana pasada, la Cámara Baja del Congreso local votó una serie de duras medidas para frenar el flujo migratorio que llega al Estado fronterizo. Los legisladores demócratas consideran que las normas aprobadas por la mayoría republicana se basan en la polémica SB 1070, una polémica norma que criminaliza a los indocumentados en 2010 y que después fue dejada sin efecto después de varios recursos judiciales federales.
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Alcaldes del Cusco protestan encadenados en Lima
En una medida de protesta sin precedentes, el alcalde del distrito de Huaro, provincia de Quispicanchi (Cusco), Juvenal Humpire, llegó a Lima junto a otros seis alcaldes de la región Cusco para exigir al Gobierno Central la asignación de recursos que permitan culminar importantes obras de infraestructura de salud.
Los siete burgomaestres representan a municipios cuyos proyectos forman parte del Programa Plan Mil, una iniciativa impulsada por el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, para construir y mejorar establecimientos de salud en distintos distritos y provincias del país. Sin embargo, denuncian que varias de estas obras, pese a encontrarse en ejecución, no fueron consideradas con el presupuesto necesario para su culminación.
Como medida de protesta, los alcaldes de provincias como Anta, Acomayo, Paruro y Quispicanchi decidieron encadenarse en instituciones del Estado, entre ellas el Congreso de la República y diversos ministerios, con el objetivo de ser escuchados y lograr la asignación de recursos mediante el próximo crédito suplementario.
«Nuestro centro de salud registra un avance del 70 % de ejecución, pero el presupuesto asignado no alcanza para concluir la obra. Necesitamos recursos adicionales para ejecutar el 30 % restante. Si no se aprueba este financiamiento, el proyecto quedará paralizado», manifestó el alcalde Juvenal Humpire.
El burgomaestre expresó su indignación al señalar que las autoridades del Gobierno les aseguraron que los proyectos en continuidad serían priorizados. Sin embargo, sostuvo que en la Ley de Presupuesto se incluyeron nuevos proyectos, mientras varias obras del Plan Mil quedaron sin el financiamiento requerido.
«Somos 17 alcaldes que integramos el Programa Plan Mil de la región cusco y, en esta oportunidad, siete hemos venido a Lima para alzar nuestra voz de protesta. Solo mediante esta medida radical esperamos que el Gobierno Central escuche nuestro pedido. Si no nos asignan el presupuesto en este crédito suplementario, nuestras obras quedarán paralizadas y se generará un grave problema para la población», afirmó.
El nuevo Centro de Salud de Huaro y de los demás distritos beneficiará a cerca de 100 mil habitantes de Huaro y distritos vecinos. La moderna infraestructura permitirá brindar atención médica oportuna y de calidad a miles de niños, adultos mayores y familias que durante décadas han esperado este proyecto.
«Han pasado más de 50 años y nuestro distrito sigue esperando un establecimiento de salud digno. El antiguo centro de salud ya colapsó y hoy, en medio del intenso friaje que afecta a nuestra población, necesitamos culminar esta obra con urgencia. La salud debe ser una prioridad. Gracias a Dios seguimos firmes en esta lucha porque nuestros pueblos no pueden seguir esperando», concluyó el alcalde Juvenal Humpire.
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Multas desde S/660 a quienes circulen con vehículos menores motorizados en ciclovías –
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, informó que la circulación de vehículos menores motorizados en las ciclovías de Lima constituye una infracción muy grave y se sanciona con una multa de S/660.
La comuna precisó que esta conducta se encuentra tipificada como la infracción M43, establecida en el Decreto Supremo N.° 016-2009-MTC, modificado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además de la sanción económica, la falta implica la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor.
Según la normativa vigente, esta infracción se aplica cuando no se respeta el derecho preferente de paso del ciclista o del conductor de vehículos de movilidad personal (VMP), lo que incluye el uso indebido de ciclovías por unidades motorizadas.
La MML recordó que la multa equivale al 12% de una UIT, lo que actualmente representa S/660. Esta medida forma parte del régimen de tránsito que busca ordenar el uso de las vías exclusivas para bicicletas y otros vehículos no motorizados.
La autoridad municipal remarcó que la infracción M43 no contempla medidas preventivas, pero sí se considera de alta gravedad dentro del sistema de fiscalización vial.
En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Tránsito, informó que desde el 2 de agosto de 2026 aplicará sanciones contra conductores de motocicletas eléctricas que circulen por ciclovías.
La medida se anunció durante el inicio de una campaña de orientación en Miraflores, que se extenderá por 45 días en las jurisdicciones de Lima norte, centro y sur. Luego de ese periodo, la PNP comenzará la imposición de sanciones.
La institución precisó que las motocicletas eléctricas pertenecen a la categoría vehicular L, por lo que deben circular por la pista y no por ciclovías, las cuales están destinadas exclusivamente a bicicletas y vehículos de movilidad personal como los scooters.
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