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Segunda vuelta: Definición de resultados oficiales tardará hasta catorce días por revisión de 1,500 actas –
Advierten que las impugnaciones de las agrupaciones políticas amenazan con dilatar aún más la entrega del cómputo oficial definitivo.
Pese al avance sostenido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el procesamiento de los sufragios de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la proclamación del próximo presidente de la República se encuentra en un escenario de total incertidumbre jurídica. El retraso en los resultados definitivos no responde a la velocidad del conteo técnico, sino a la obligatoria auditoría legal de más de 1,500 actas observadas e impugnadas que han sido derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE).
La situación adquiere una alta sensibilidad política debido al estrecho margen de diferencia entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Expertos en derecho electoral advierten que resolver estos expedientes tomará un mínimo de 14 días, un plazo que podría prolongarse significativamente si las agrupaciones políticas deciden interponer recursos de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Tipología de las observaciones y el procedimiento de cotejo técnico
El paquete de actas enviado a la justicia electoral abarca tanto los documentos observados por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) debido a fallas operativas, como aquellos impugnados directamente por los personeros partidarios en las mesas de votación. De acuerdo con el marco normativo, las observaciones técnicas responden a criterios específicos que invalidan temporalmente el documento:
- Inconsistencias numéricas y de legibilidad: Discrepancias obvias en las sumas de los votos válidos, nulos y blancos, o grafías ilegibles que impiden identificar la cifra exacta.
- Errores formales: Omisión de las firmas obligatorias de los miembros de mesa o adulteración visible de las actas de escrutinio.
El procedimiento de subsanación exige que cada JEE analice de forma individual cada expediente mediante un cotejo minucioso con el ejemplar original de la ONPE. Si las inconsistencias son estrictamente matemáticas, la ley permite un recuento pormenorizado con la presencia de los personeros de ambas fuerzas políticas, una labor metodológica que descarta cualquier resolución inmediata.
Votos en reserva y el impacto en la representatividad electoral
La relevancia de este bloqueo administrativo radica en el volumen de sufragios que permanecen congelados fuera del sistema oficial. Considerando que cada acta electoral concentra un promedio de 300 electores, las proyecciones estadísticas arrojan que existen más de 450,000 votos pendientes de incorporación en el resultado general.
Esta cifra supera ampliamente la diferencia matemática actual entre Fujimori y Sánchez, lo que convierte a la resolución de los Jurados Electorales Especiales en el factor definitivo para la adjudicación del cargo presidencial. Especialistas de la judicatura electoral reiteraron que el sistema de justicia electoral priorizará la exhaustividad legal sobre la celeridad para garantizar la transparencia del proceso.
El Ministerio del Interior aprobó la reasignación en el cargo, por necesidad del servicio, de 23 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), mediante la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada este domingo 20 de setiembre en el diario oficial El Peruano.
La medida fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro del Interior, César Astudillo.
Entre los cambios dispuestos figura el del general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán, quien deja la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y es reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (Dirasint PNP).
La norma también dispone otros movimientos en puestos de la institución. Entre ellos, el general Miguel Ángel Mesta Rebaza pasa de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (DIRASINT PNP) a la Región Policial Áncash; Ricardo Sabino Espinoza Cuestas deja la Región Policial La Libertad y asume la Dirección de Investigación Criminal; mientras que Eric Waldir Ángeles Puente pasa a la Región Policial La Libertad.
Según la resolución, el general Franco Raúl Moreno Panta pasa de la Dirección de Asesoramiento Operativo del Estado Mayor General de la PNP a la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General (DIRINV).
Asimismo, el teniente general Luis Flores Solís deja la jefatura del Comando de Operaciones Policiales (COMOPPOL) y asume la Dirección de la Inspectoría General de la PNP. En tanto, el general Manuel Elías Lozada Morales deja la Dirección Nacional de Investigación Criminal y pasa a la dirección del COMOPPOL.
Otro de los cambios corresponde al general Víctor Hugo Meza Farfán, quien deja la Dirección Nacional de Operaciones Especiales y es reasignado a la jefatura de la Región Policial Lima Centro.
Asimismo, la resolución precisa que la reasignación del personal policial se efectúa de acuerdo con las necesidades del servicio y tiene como finalidad contribuir al cumplimiento eficaz de la misión institucional.
En el documento se precisa que la Comandancia General de la PNP propuso los cambios mediante un oficio, en el marco de las disposiciones de la Ley de la carrera y situación del personal policial.
La norma señala que la reasignación de los oficiales generales puede efectuarse en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades institucionales, y que su aprobación corresponde a una resolución suprema. La Secretaría Ejecutiva de la PNP deberá adoptar las acciones necesarias para ejecutar los cambios establecidos.
El Comando Operacional del Norte, mediante el Comando Unificado Pataz (Cupaz), ejecutó la operación “Camilo” en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, que permitió incautar más de mil explosivos y seIs fusiles de cañones largo y corto, informó el Ministerio de Defensa.
Durante la intervención, las fuerzas del orden decomisaron también 510 municiones de calibres 22, 5. 56 y 9 mm, dos pistolas, 15 cargadores, ocho fardos de cordón detonante y equipamiento táctico.
El operativo se realizó en una bocamina del anexo La Porfía y contó con la participación de efectivos de la Divopus, Divitiame y Dirincri de la Policía Nacional, así como con representantes de la Oficina Regional de Indecopi y Sucamec.
Todo el material de guerra hallado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que estará a cargo de las investigaciones por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas y explosivos.
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