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Tras pacto con Maduro, Estados Unidos retomará deportaciones de migrantes venezolanos

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En vista de esta situación, Biden extendió protección migratoria a 472 000 venezolanos por 18 meses, permitiéndoles obtener permisos de residencia y trabajo. Sin embargo, esta medida solo se aplica a aquellos que llegaron al país antes del 31 de julio de 2023. Para quienes arribaron después de esta fecha y carecen de «base legal» para permanecer en Estados Unidos, se procederá con su expulsión.

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El Departamento de Seguridad Interior anunció que se retomarán las devoluciones de venezolanos que carecen de autorización legal para permanecer en Estados Unidos, con la aprobación de las autoridades de Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado confirmando el pacto que facilita «el retorno organizado, protegido y conforme a la ley de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos a través del programa ‘Vuelta a la Patria’.

Estados Unidos: Análisis Individual en Deportaciones

Un oficial estadounidense, que pidió permanecer en el anonimato, aseguró que el proceso de deportación comenzará de manera inmediata. «Ya hemos identificado a individuos bajo custodia que serán expulsados en los próximos días», afirmó, destacando que todos ellos «no han podido demostrar una base legal para permanecer en Estados Unidos».

El alto funcionario optó por no detallar las conversaciones con el gobierno de Maduro, sujeto a sanciones de Washington por la cuestionada reelección en 2018. No obstante, aseguró que se evaluará cada caso «para determinar si hay preocupaciones respecto a protección, miedo a persecución o tortura».

Cuando un migrante llega a Estados Unidos, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración llevan a cabo las llamadas «entrevistas de miedo creíble», donde se evalúa si existe una probabilidad de persecución o tortura en caso de regresar a su país.

Caracas atribuye la migración a las «medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo» impuestos por Estados Unidos a su economía.

El gobierno estadounidense ha manifestado su disposición a levantar gradualmente las sanciones financieras impuestas al país si Maduro y la oposición logran acuerdos de cara a las elecciones programadas para el próximo año.

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Encuesta CPI: Allison, Bruce y Reggiardo lideran; Arón Espinoza da la sorpresa

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Un nuevo estudio de opinión revela las preferencias iniciales para la alcaldía de Lima Metropolitana. Más de un 40% aún no decide su voto.

La última encuesta de CPI, publicada por El Comercio, traza un primer mapa de preferencias con miras a las elecciones municipales de 2026 en Lima Metropolitana. Si bien las cifras reflejan una competencia aún abierta, ya empiezan a perfilarse nombres, narrativas y contrastes que vale la pena analizar.

En el primer lugar aparece Francis Allison, actual alcalde de Magdalena del Mar y precandidato por Avanza País, con un 12.46%. Aunque lidera el sondeo, su falta de carisma, tono frío y aparente apatía frente a los grandes temas de ciudad le restan fuerza más allá de su base. Lima es más que Magdalena, y los retos metropolitanos exigen otra energía.

Le siguen Carlos “Techito” Bruce (10.86%), alcalde de Surco, figura experimentada pero sin mayor arrastre en sectores populares; y Renzo Reggiardo (también con 10.86%), actual teniente alcalde de Lima, quien intenta revitalizar su imagen a través del espacio televisivo Alto al Crimen y una narrativa de orden que remite inevitablemente a su pasado fujimorista. Reggiardo, sin embargo, ha sido el que más creció desde abril, lo que revela que aún conserva una base reactiva y atenta.

En cuarta posición aparece Sofía Franco (7.51%), figura televisiva que hoy es más recordada por los constantes escándalos y conflictos maritales con su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra, que por alguna propuesta política seria. Su alta recordación podría jugarle tanto a favor como en contra en los próximos meses.

Pero el dato más interesante lo ofrece el quinto lugar. Con un 5.11%, el excongresista Arón Espinoza se posiciona como la sorpresa del sondeo. Sin un apellido de alcurnia, ni pantalla propia, ni gestión distrital en su historial, Espinoza ha logrado conectar con sectores populares como Ate, Carabayllo, Chorrillos y Villa El Salvador. Su reciente designación como responsable político de Lima Metropolitana por parte de Podemos Perú confirma que su agrupación lo proyecta con ambición, y que la calle sigue siendo el mejor termómetro para captar el humor social.

Más abajo en la tabla aparecen otros aspirantes con menor tracción:
▪️ Ulises Villegas (4.95%), alcalde de Comas, con visibilidad distrital pero aún sin proyección metropolitana.
▪️ Alberto Tejada (2.88%), médico y alcalde de San Borja, cuya imagen técnica parece no despertar entusiasmo fuera de su nicho.
▪️ Jorge Quintana (0.80%), exalcalde de Jesús María, marcado por una gestión cuestionada.
▪️ Luis Gálvez y Yorry Warthon, ambos con apenas 0.32%, sin presencia reconocible para el gran electorado.

Pero la cifra más contundente sigue siendo la de los indecisos: 41.53% de los encuestados aún no sabe o no opina. Esto evidencia que, a pesar de las movidas y precandidaturas, Lima aún no encuentra una figura que capture la confianza ciudadana con claridad.

El reto no es solo ganar encuestas. Es construir liderazgo, representar a una ciudad desigual y exigente, y demostrar que se puede gobernar más allá del nombre, el cargo o el show.

Lima observa. Y aunque aún no decide, ya empieza a filtrar.

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Simplificación de trámites es clave para destrabar proyectos mineros

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Especialista de Videnza Instituto propone un sistema digital único y medidas de seguridad jurídica para impulsar el 73 % de iniciativas aún paralizadas.

Más del 73 % de los proyectos de la Cartera de Proyectos Mineros permanecen paralizados debido a la excesiva tramitología, conflictos sociales y falta de infraestructura. Ante este panorama, el exministro de Economía y director de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, sostuvo que el Gobierno debe implementar cuatro acciones clave para reactivar estas iniciativas extractivas.

En primer lugar, Castilla propuso la implementación de un Sistema Único de Tramitación Digital (SUTD) que unifique procesos y reduzca los plazos a 12 meses. Además, subrayó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal, mediante la ampliación y blindaje de los Pactos de Estabilidad Tributaria, a fin de garantizar que no se modifiquen tasas ni regalías durante el periodo de inversión.

El exministro también resaltó que “es crucial la inversión en infraestructura de apoyo: desarrollar corredores logísticos prioritarios (sur y norte) bajo Asociaciones Público-Privadas, reduciendo costos de transporte. Además, es necesario impulsar proyectos de transmisión eléctrica para garantizar suministro continuo en áreas remotas”.

Por último, Castilla hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el diálogo social y la gobernanza territorial, mediante la creación de Mesas de Diálogo Regionales estables, que cuenten con protocolos de seguimiento y presupuestos asignados para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Fuente: Rumbo Minero

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