Alcalde de SMP Julio Chávez Chiong sorprende a Ministro del Interior al solicitarle declare el distrito en Estado de Emergencia, cuando su gestión tuvo 0% en gasto en seguridad tampoco presentaron Plan de Seguridad 2021 – LA NOTICIA RENOVADA

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El alcalde de la Municipalidad de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong, ante la ola de robos y sicariato que sufre el distrito santo, solicito al gobierno Central del Presidente Pedro Castillo Terrones, declare el distrito de SMP en Estado de Emergencia.

Asimismo, el burgomaestre se dirigió al Congreso de la República, dejando su pedido a los congresistas para que evalúen su pedido, luego el alcalde sanmartiniano, se contacto con el Ministro del Interior, mediante el sistema virtual para solicitar al ministro declare su distrito en estado de emergencia.

Sin embargo la Defensoría del Pueblo, ha desnudado la gestión de los alcaldes metropolitanos con respecto a la inseguridad que viven sus distrito, entre ellos se encuentra el distrito de San Martín de Porres, con más de 5,200 denuncias que corresponden al delito contra el patrimonio, asimismo la Defensoría del Pueblo, comprobó que las municipalidades metropolitanas, e incluso la Municipalidad de San Martín de Porres, no aprobó el Plan de Seguridad Ciudadana 2021.

LA NOTICIA RENOVADA y su programa político EL QUE SE PICA PIERDE, dialogo con vecinos para pedirle su opinión al respecto y dijeron “La inseguridad en nuestro distrito es terrible y no puede ser posible que el alcalde este pidiendo al gobierno estado de emergencia, cuando ellos no han cumplido con el distrito y sobre todo teniendo presupuesto no han gastado nada en seguridad, eso es inaudito”, “No puede ser posible que el alcalde sorprenda al Ministro del Interior al pedir estado de emergencia, cuando ellos no han gastado nada en seguridad en favor de nuestro distrito teniendo presupuesto, ademas por qué no han presentado el Plan de Seguridad Ciudadana 2021, eso se llama incapacidad”, “El alcalde Julio Chávez, no puede sorprender al gobierno Central con los graves problemas que tiene nuestro distrito con respecto a la inseguridad, si ellos no cumplen, para eso tiene una costosa planilla en pago a funcionarios, para que no cumplan su cometido en favor del distrito, ahora por qué los regidores no han fiscalizado que se gaste el dinero en seguridad, ellos son también responsables”, acotaron vecinos entre otras declaraciones subidas de tono.

A continuación publicamos la nota periodística publicada por la Defensoría del Pueblo para que ustedes saquen sus propias conclusiones.

Defensoría del Pueblo: ninguna municipalidad de Lima Metropolitana ha aprobado su plan de seguridad ciudadana para el 2021

Durante el año 2020, comunas registran baja ejecución presupuestal pese a los altos índices de criminalidad.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima advirtió que, tras una supervisión, realizada el 20 de diciembre, se detectó que los 43 planes distritales de acción en seguridad ciudadana de Lima Metropolitana para el 2021, fueron observados por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima (Coresec), encontrándose pendientes de subsanación y de su respectiva aprobación mediante ordenanza.

La situación se repite en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tampoco tiene aprobado su plan de acción regional en seguridad ciudadana, no obstante que su titular preside el Coresec, como señala el oficio enviado por el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima, Alberto Huerta, a los burgomaestres de nuestra capital y que da cuenta de la magnitud y trascendencia del tema.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a octubre del 2020, Lima Metropolitana presenta las mayores tasas de víctimas de intento de robo y de denuncias por delitos contra el patrimonio, violencia familiar y sexual, así como de personas desaparecidas y vehículos robados en todo el país. No obstante, las municipalidades de la capital reportan un mínimo porcentaje de avance en la ejecución de presupuesto destinado a la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.

Con más de 5200 denuncias, San Juan de Lurigancho lidera el listado de distritos con mayor cantidad de denuncias ciudadanas, que en su mayoría corresponden a delitos contra el patrimonio. Le siguen Los Olivos, Comas, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, Surco, Ate, Carabayllo, El Agustino y La Victoria.

Además, la Defensoría del Pueblo comprobó que las municipalidades de La Victoria, Miraflores, Ancón, Ate, Agustino, Los Olivos, Pucusana, Puente Piedra, Chaclacayo, Lince, San Miguel y San Luis reportan 0 % en el avance de ejecución presupuestal destinado a proyectos de inversión en materia de seguridad ciudadana, mientras que en el caso de Carabayllo, El Agustino, Independencia, Los Olivos y Villa El Salvador, la ejecución es menor al 50 %. Además, respecto a la ejecución del presupuesto destinado a labores de patrullaje municipal, los municipios de Breña y San Juan de Lurigancho presentan un avance entre 30 % y 40 %, respectivamente.

El representante de la Defensoría del Pueblo demandó a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a los 43 municipios distritales adoptar acciones inmediatas para enfrentar los altos índices de criminalidad que se registran en distintos puntos de la capital. En ese sentido, instó a las autoridades municipales a aprobar sus planes de acción en seguridad ciudadana y transparentar la rendición de gastos a través de sus respectivos portales web. Además, sostuvo que ha requerido a las municipalidades establecer plataformas virtuales como el WhatsApp o correo electrónico para recibir los requerimientos en materia de seguridad ciudadana que formula la ciudadanía, evitando trasladados presenciales innecesario acorde a las medidas para evitar contagios de COVID-19.

“Es lamentable que, gran parte de los distritos limeños presenten una reducida ejecución de sus presupuestos destinados a frenar el avance de la criminalidad, pese a los altos índices de delincuencia que se reportan como consecuencia de la crisis económica, por lo que hemos trasladado también los hallazgos al Ministerio del Interior, Ministerio Publico y Contraloría General de la República”, subrayó Huerta.



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