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APROBAR ESTUDIOS AMBIENTALES PARA MINERÍA DEMORAN 3 VECES MÁS QUE LO FIJADO POR LEY
La demora en aprobar estudios ambientales no solo frena la competitividad, también alienta la minería informal y debilita la confianza en el Perú como destino de inversión.
En el Perú, los estudios ambientales para proyectos mineros tardan hasta tres veces más de lo permitido por ley, lo que extiende el desarrollo de las inversiones a plazos de hasta 40 años. Según el informe “De promesa a producción: El largo viaje de un proyecto minero en el Perú” —presentado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en Perumin—, la etapa exploratoria y de factibilidad concentra el 60 % del tiempo total del proyecto, debido a que requiere opiniones de hasta cuatro entidades, lo que genera retrasos, limita la competitividad del país y frena inversiones estratégicas en minería.
Uno de los mayores cuellos de botella es la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d): pese a que la norma fija un plazo de 120 días hábiles, en 2023 los expedientes demoraron más del triple. Organismos clave como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Cultura funcionan con presupuestos reducidos —Senace con menos de S/60 millones anuales, por ejemplo—, mientras la cartera minera proyectada supera los US$64,000 millones.
El IPE advierte que estas demoras frenan nuevas inversiones, fomentan la minería informal y afectan la competitividad del país. El estudio alerta que, si no se adoptan mejoras institucionales urgentes como automatización, simplificación de trámites y fortalecimiento presupuestario, muchos de los proyectos en la cartera minera permanecerán en el limbo.
Fuente: Gestión
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VIDENZA ADVIERTE INCONSISTENCIAS EN PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS CANDIDATOS
Análisis del director de Videnza Instituto alerta que persisten debilidades técnicas en propuestas económicas y riesgos para la estabilidad fiscal.
Tras la primera vuelta electoral y en la antesala de la segunda, el análisis de los planes económicos de los candidatos evidencia que persisten vacíos importantes en el sustento técnico y financiero de sus propuestas. Según Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, aunque ahora el debate se ha reducido a menos opciones, continúan las inconsistencias en planteamientos que combinan anuncios de alto gasto con promesas de disciplina fiscal.
Entre los principales cuestionamientos, el economista advirtió que iniciativas como grandes proyectos de infraestructura, incluidos sistemas ferroviarios, siguen sin detallar su financiamiento. “Se plantean ferrocarriles interurbanos por un costo incremental anual de S/5 mil millones y no se explica cómo se financiarán”, señaló. Para Castilla, esta falta de claridad no es nueva y refleja una tendencia observada durante toda la campaña. “Todos sin excepción son muy laxos en prometer cosas que no saben cómo los van a financiar”, afirmó.
El análisis también identifica riesgos en materia fiscal y tributaria. Castilla alertó que propuestas como la reasignación de impuestos no consideran las restricciones actuales del sistema. “Se plantea reasignar parte del IGV y este ya está bastante reasignado”, explicó, al advertir posibles tensiones en las finanzas públicas. Además, subrayó que varias iniciativas dependen de decisiones del Congreso o no detallan su viabilidad, lo que incrementa la incertidumbre en esta etapa decisiva.
Finalmente, el especialista destacó que será clave que los candidatos —más aún ahora, de cara a la segunda vuelta— precisen cómo sostendrán la estabilidad macroeconómica. Mientras algunos han planteado dar continuidad a la conducción técnica del Banco Central de Reserva, otros no han definido una posición clara, lo que refleja diferencias en el enfoque hacia la política monetaria y la institucionalidad económica.
Fuente: Canal N
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DESCONFIANZA Y DESINTERÉS MARCAN LA RELACIÓN DE LOS PERUANOS CON LA POLÍTICA
Estudio evidencia baja confianza en instituciones y mayor apertura a liderazgos fuertes.
La Encuesta Mundial de Valores 2025 revela una fuerte desconfianza hacia las instituciones políticas. Solo el 2 % de los peruanos participa en partidos, mientras el Congreso concentra los mayores niveles de rechazo. Además, el 79 % afirma no tener “nada de confianza” en la figura presidencial, y el Gobierno obtiene un bajo puntaje de 2.8 sobre 9 en su capacidad para “hacer lo correcto”. “La encuesta muestra una sociedad con fuertes contrastes: seguimos siendo conservadores en temas como género y, al mismo tiempo, enfrentamos una profunda crisis de confianza”, señaló María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú.
Este escenario se traduce en un menor respaldo a la democracia en la práctica. Quienes consideran “muy importante” vivir en democracia bajaron de 47 % a 41 % entre 2018 y 2025, mientras aumenta la aceptación de que un líder fuerte pueda ignorar al Congreso. “También preocupa el creciente respaldo a un líder fuerte o incluso a un gobierno militar”, advirtió Villegas.
En este contexto, se amplía el distanciamiento ciudadano. El 39 % no muestra interés en la política y más del 50 % afirma que nunca participaría en protestas. A ello se suman mayores dudas sobre el sistema electoral y una percepción extendida de corrupción. “Esta desconfianza se ha alimentado de campañas de desinformación, ataques a instituciones y un ecosistema digital que amplifica la confrontación”, explicó Nelly Luna, directora periodística y cofundadora de Ojo Público.
Fuente: InfoActiva
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