La Comisión de Mujer y Familia aprobó, por unanimidad, el dictamen que promueve la incorporación de salas de entrevistas únicas por el Ministerio Público, además propone modificar el artículo 4 del Decreto Legislativo 1368, que crea el Sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La propuesta de la congresista Carolina Lizárraga Houghton (PM) tiene por objeto el equipamiento de sala de entrevista única como parte de la implementación de unidades de investigación forense del Ministerio Público para llevar a cabo la entrevista a las víctimas de violencia contra mujeres e integrantes de grupos familiares, en el marco del fortalecimiento del sistema nacional especializado de justicia para la sanción de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar.

Además, promoverá la institucionalización de un Sistema de Administración de Justicia, respetando la independencia, la autonomía y el presupuesto del Poder Judicial, el Ministerio Público, y el Tribunal Constitucional dentro de un proceso de modernización y descentralización del Estado al servicio del ciudadano.

Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra la integración física y mental de niños, ancianos y mujeres, asimismo garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia.

La titular del grupo de trabajo, Carolina Lizárraga, señaló que la norma permitirá contar con espacios apropiados para la declaración testimonial para los niños, niñas y adolescentes y mujeres víctimas de violencia diligencias que pueden realizarse a través de una cámara Gesell o una sala de entrevista única.

Afirmó que la información disponible muestra que el Ministerio Público ha implementado 103 cámaras Gesell, 44 salas de entrevistas únicas en distintas zonas del país y, sin embargo, la oferta no satisface la demanda de los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

“En el contexto actual, se observa que el número existente de cámaras Gesell en el país es insuficiente para hacer frente a la demanda de las víctimas de violencia, debido al alto costo de su instalación y mantenimiento. Esto en armonía con los tratados y comercios internacionales asumidos por el Estado peruano, así como con en el marco normativo de políticas públicas que respalden y promueven la implementación de espacios privados, cómodos y seguros que garanticen la preservación de la declaración testimonial de niñas, niños y adolescentes y mujeres víctimas de violencia”, subrayó la titular de la Comisión de Mujer y Familia.

Al respecto, la parlamentaria Mónica Saavedra Ocharán (AP) se mostró a favor de la propuesta e indicó que no se no se puede someter a los menores de edad a varios interrogatorios, ya que han sido objeto de agresiones físicas en especial muchos de ellos de agresiones sexuales.

“Debemos tener presente que todas las personas desarrollamos nuestra personalidad durante la niñez y si somos agredidos esto podría generar trastornos en nuestra personalidad”, indicó.

Por su parte, Yessica Apaza Quispe (UPP) consideró que las cámaras Gesell del Ministerio Público que se utilizan para el interrogatorio de los menores han resultado ser un claustro que provocan temor y miedo en las víctimas, especialmente para los menores. Agregó que hace perder espontaneidad y le quita objetividad a la investigación, promoviendo muchas veces que las declaraciones sean inducidas.

“La creación de estas salas de entrevistas únicas es una propuesta mejor que una investigación objetiva”, manifestó.

En la misma línea, la legisladora Arlette Contreras Bautista (NoA) sostuvo que es importante no solo priorizar las cámaras Gesell, sino también que se cuente con personal capacitado, con profesionales que puedan llevar a cabo de manera adecuada estas entrevistas y evitar la revictimización.

A su turno, la congresista Matilde Fernández Florez (SP) señaló que se debe implementar estas salas de audiencias a fin de que las exposiciones de los menores y mujeres se puedan realizar sin miedo.

“Tienen que ser ambientes adecuados para estos niños y mujeres. Debemos de cuidar mucho y no exponerlos de manera inoportuna”, dijo.

MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO

La Comisión de la Mujer y Familia también aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley que propone modificar el artículo 31 de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La iniciativa es de autoría de la congresista Mónica Saavedra Ocharán (AP). Indica que el Reniec tendrá el marco normativo que permita desarrollar la labor de actualización de la información registral que obra en nuestras bases de datos, respecto a niñas, niños y adolescentes adoptados, resguardando la confidencialidad y la intimidad personal de los mismos, así como la seguridad jurídica de los registros de su competencia.

El presente proyecto no significa un costo adicional al presupuesto de la República o al Reniec, dado que la atención en materia de documentación se encuentra dentro de las funciones específicas de esa entidad, con el mismo personal e infraestructura que actualmente tiene.

Finalmente, el grupo de trabajo aprobó,, por unanimidad el proyecto de ley recaído en el Decreto de Urgencia 023-2020, que crea el mecanismo de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, desde el conocimiento de los antecedentes policiales.