Dos días antes de la visita de Dina Boluarte al Vaticano, el despacho del papa Francisco recibió una carta escrita de puño y letra. El remitente era Pedro Castillo Terrones, el depuesto presidente peruano hoy detenido en una cárcel de Lima por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. En la versión del entorno del exjefe de Estado, esa fue una de las razones por las cuales el sumo pontífice no se habría reunido con la actual mandataria en su reciente visita. Aunque, la versión de cancillería es distinta y señalan que hubo tal encuentro con el líder de la Iglesia Católica.

En la Santa Sede, Castillo tiene un contacto clave. Es el abogado Raúl Eugenio Zaffaroni, exintegrante de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y también exmiembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Zaffaroni y Guido Leonardo Croxatto han asumido la defensa internacional del exmandatario desde que cumple una medida de prisión preventiva. Hace dos meses, el Papa creó un instituto para la investigación y promoción de los derechos sociales llamado Fray Bartolomé de las Casas y designó como directivo de ese organismo a Zaffaroni. Hay una fuente que revela que el Papa leyó esa carta antes de recibir a Boluarte. Aunque ello solo lo podría confirmar el sumo pontífice.

En el contenido de la misiva, el maestro chotano da cuenta de la crisis política que enfrenta el país y acusa a Dina Boluarte, su exsocia política en las elecciones de 2021, de encabezar una dictadura con la complicidad del Congreso de la República, al que tilda de fujimorista. “Desde esta celda en la que me encuentro preso arbitrariamente, le escribo estas pocas líneas para poner en conocimiento la gravedad de la situación vivida en mi país”, advierte.

El exjefe de Estado, que también afronta acusaciones de corrupción, reitera que en el Perú han fallecido 75 peruanos, manifestantes de la sierra sur y lamenta que este hecho no haya merecido el repudio internacional. “Sus vidas parecen valer menos que las de otras personas”.

Castillo también da cuenta de su situación personal en la cárcel Barbadillo, donde permanece recluido desde diciembre de 2022. Sostiene que no puede comunicarse con su hija Alondra, hoy radicada en México, tampoco puede ver a sus abogados argentinos Raul Eugenio Zaffaroni y Guido Leonardo Croxatto. Sin embargo, dice, no interesa lo que suceda con él sino con “su pueblo”, un pueblo, añade, que descalifica al Congreso de la República con 90% de aprobación, una institución racista y corrupta, que favorece negocios con la minería ilegal, que ejecutaron esterilizaciones forzadas en contra de mujeres indígenas. Esto último, se supone, en alusión al régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), cuya heredera es su hija Keiko al mando de Fuerza Popular, partido con representación en el legislativo actual.

Castillo también se excusa de no haberlo visitado en el año 2022 porque el Congreso le impidió viajar. “No me dejaron gobernar desde el principio, no querían que el presidente del Perú sea un campesino, un cholo de Cajamarca y maestro rural”. En cambio, lamenta que sí le han dado permiso a una presidente ilegítima, que es rechazada en todas las provincias de Perú y tiene las manos manchadas de sangre. El expresidente pone énfasis en el caso de violaciones humanas ocurridas en el Perú.