Actualidad
Congreso apruebó ley que prohíbe matrimonio infantil
Congresista José María Balcázar se mostró en contra
El Congreso de la República aprobó una modificación al Código Civil, Decreto Legislativo 295, con el propósito de prohibir el matrimonio de individuos que sean menores de edad. La decisión de eximir el dictamen de una segunda votación fue tomada.
«La incapacidad de las personas mayores de dieciséis (16) años cesa por obtener título oficial que les autorice ejercer profesión u oficio. No se aplica para contraer matrimonio», establece una de las modificaciones al Código Civil.
Se establece como una restricción definitiva que las personas que tienen menos de dieciocho (18) años de edad no pueden casarse.
Además, se prohíbe el matrimonio entre el tutor o curador y cualquier persona menor de 18 años o con capacidad de ejercicio restringida.
Sobre las diligencias para el matrimonio civil, el texto sustitutorio aprobado quedó redactado de la siguiente manera:
«Quienes pretendan contraer matrimonio civil lo declararán oralmente o por escrito al alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de ellos. Asimismo, podrán contraer matrimonio civil ante notario de la provincia del domicilio de cualquiera de los contrayentes. En ninguno de estos casos se permite contraer matrimonio a personas menores de dieciocho años de edad».
«La Disposición Complementaria Transitoria de la norma sobre la anulabilidad del matrimonio establece que: «La persona menor de edad, de forma directa y sin intermediarios, tiene la facultad de solicitar la anulabilidad del matrimonio que haya contraído con anterioridad a la vigencia de la presente ley».
La propuesta legislativa fue aprobada con un respaldo de 113 votos a favor, ningún voto en contra y 3 abstenciones. Esta modificación implica cambios en los artículos 42, 46, 241, 243, 248 del Código Civil, así como la incorporación de los artículos 46 A y el inciso 10 del artículo 274, según lo establecido en el Decreto Legislativo 295.
También puedes leer:
Congreso aprobó nombramiento progresivo de personal administrativo CAS en el sector salud
Por su parte, el legislador Balcázar hizo comentarios polémicos al afirmar que existe actividad sexual entre profesores y alumnas, maestras y alumnos, así como entre los propios estudiantes, lo que equivale a normalizar la pedofilia y la intimidad sin conciencia ni precaución previa.
Asimismo, considera aceptable que adultos tengan relaciones sexuales con menores de edad. Lo también insólito es que preside la Comisión de Educación del Legislativo.
«De 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países es de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también», enfatizó.
Actualidad
Expanión minera y gestión social en América Latina

En ciertos territorios, la discusión no empieza con una perforadora sino con una reunión. Antes de que se instale un campamento o se despliegue maquinaria pesada, ya circulan preguntas en radios locales, asambleas vecinales y oficinas municipales. América Latina concentra algunas de las reservas minerales más codiciadas del mundo, pero también una historia compleja en torno a la actividad extractiva. Para las compañías que buscan expandirse desde Estados Unidos hacia la región, el desafío no es únicamente geológico ni financiero. Es, ante todo, político y social.
La minería moderna opera en una vitrina permanente. Cada estudio ambiental, cada comunicado y cada audiencia pública puede inclinar la percepción pública en un sentido u otro. Y esa percepción termina condicionando el ritmo real de la operación.
Permisos que se discuten más allá del expediente
En el papel, el proceso parece claro. Se presenta un estudio de impacto ambiental, se responden observaciones técnicas y, eventualmente, llega la aprobación. En la práctica, el expediente es apenas una parte del escenario.
En países como Chile, Perú o Colombia, los estudios ambientales son analizados no solo por funcionarios técnicos sino también por organizaciones sociales, académicos y periodistas especializados. Las cifras de consumo de agua, los planes de manejo de residuos o las estimaciones de emisiones se revisan con atención. Un término ambiguo o una formulación poco precisa puede abrir interpretaciones que luego se amplifican en el debate público.
En ese contexto, los reportes no funcionan como simples requisitos administrativos. Son documentos que circulan, se citan y se contrastan con declaraciones previas. Cuando la casa matriz produce informes en inglés y las filiales deben presentarlos ante autoridades locales, la consistencia entre versiones deja de ser un detalle técnico y pasa a ser una cuestión de credibilidad.
Comunidades que ya no aceptan respuestas genéricas
En muchas regiones mineras, las comunidades han desarrollado una experiencia acumulada. Conocen los plazos de exploración, distinguen entre etapas del proyecto y manejan información técnica con mayor soltura que en décadas anteriores.
Las reuniones informativas suelen incluir preguntas específicas sobre acuíferos, relaves o rutas de transporte. Frente a ese nivel de escrutinio, los discursos demasiado abstractos pierden efecto rápidamente.
Las empresas que logran avanzar sin interrupciones prolongadas suelen haber entendido que la comunicación no es un apéndice del proyecto. Elaboran materiales accesibles, explican los datos con claridad y evitan contradicciones entre lo que se presenta en el terreno y lo que se publica en informes corporativos.
En ese punto, la coherencia documental cobra un peso decisivo. La traducción de contenidos técnicos —desde estudios hidrogeológicos hasta planes de cierre— requiere un nivel de precisión que preserve los matices del original y los adapte al marco normativo y cultural local. No se trata solo de equivalencias lingüísticas, sino de asegurar que el mensaje conserve su sentido técnico y jurídico.
Reportes que viajan de la cordillera a Wall Street

La minería latinoamericana no se financia exclusivamente en la región. Fondos de inversión, bancos internacionales y aseguradoras exigen reportes alineados con estándares globales de sostenibilidad y gobierno corporativo. Al mismo tiempo, las autoridades locales demandan estudios ajustados a su normativa específica.
El mismo proyecto puede ser evaluado por un regulador provincial, por analistas en Nueva York y por organizaciones ambientales con presencia internacional. En ese circuito, cualquier inconsistencia entre versiones —un dato expresado de manera distinta, una cifra que cambia de contexto— puede generar cuestionamientos.
Las compañías que sostienen operaciones en varios países suelen desarrollar sistemas internos de revisión documental que integran equipos técnicos, legales y de comunicación. No es una formalidad burocrática; es una forma de reducir riesgos reputacionales antes de que se conviertan en conflictos visibles.
La reputación como factor operativo
En mercados extractivos, la reputación no es un intangible etéreo. Tiene efectos concretos sobre cronogramas, financiamiento y continuidad operativa. Un proyecto con permisos aprobados puede enfrentar demoras si la percepción pública se deteriora.
Las redes sociales y los medios locales amplifican rápidamente cualquier señal de contradicción. Una frase mal interpretada en una entrevista o una discrepancia entre documentos puede alimentar sospechas que luego requieren meses para disiparse.
Por eso, algunas empresas han empezado a tratar la comunicación con el mismo rigor que la ingeniería. Incorporan revisiones cruzadas, validaciones técnicas y controles de coherencia antes de publicar estudios o comunicados. No es una cuestión estética; es una forma de blindar la operación frente a lecturas adversas.
Diferencias culturales que inciden en el tono
Más allá de la normativa, existe un elemento menos visible pero igualmente determinante: la cultura. Las compañías estadounidenses suelen privilegiar mensajes directos y estructurados. En ciertas regiones latinoamericanas, el contexto histórico y la sensibilidad social influyen en la manera en que se reciben esos mensajes.
Un informe técnicamente sólido puede percibirse como distante si no contempla el trasfondo local. Del mismo modo, un intento de simplificación excesiva puede interpretarse como falta de transparencia.
Las empresas que logran establecer relaciones estables invierten tiempo en comprender la dinámica del territorio. Analizan antecedentes de conflictos, estudian el rol de actores comunitarios y ajustan el tono de sus comunicaciones sin alterar la precisión técnica.
Una expansión que no termina con la aprobación
Abrir una operación minera no es un punto de llegada. Cada etapa —exploración, construcción, explotación y eventual cierre— introduce nuevos interlocutores y nuevas exigencias documentales. Lo que se afirma en un estudio inicial puede ser revisado años después, cuando la comunidad evalúa resultados concretos.
La expansión sostenible en América Latina parece depender menos de anuncios grandilocuentes y más de una consistencia silenciosa. Los proyectos que se mantienen a lo largo del tiempo suelen haber tejido una relación estable con autoridades, comunidades y mercados financieros.
En ese entramado, la claridad documental y la coherencia entre idiomas no son detalles secundarios. Funcionan como la base sobre la cual se construye —o se desgasta— la confianza. Y en un sector donde cada decisión se observa con atención, esa confianza termina siendo tan valiosa como el propio yacimiento.
Actualidad
Más de 53 000 efectivos de la PNP resguardarán segunda vuelta electoral
La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó este viernes el plan de operaciones para la Segunda Vuelta Electoral 2026, que contempla el despliegue de 53 373 efectivos en todo el país, para garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público durante la jornada democrática.
Desde la Institución Educativa Estatal Melitón Carvajal, en Lince, el ministro del Interior, José Zapata, aseguró que su sector ejecutará con firmeza el encargo del Gobierno central, liderado por el presidente de la república, José Balcázar, de salvaguardar el derecho a sufragio, la institucionalidad y la paz social en todo el país este domingo 7 de junio.
“Frente a esta importante decisión ciudadana, el Gobierno tiene una misión irrenunciable: asegurar que cada ciudadano vote con absoluta paz y confianza. La seguridad de la gente es el centro de nuestro trabajo. Para asegurar la tranquilidad de esta jornada se ha diseñado un plan estratégico y articulado que no deja nada al azar”, remarcó.
El titular del Ministerio del Interior (Mininter) informó también que esta labor de resguardo será complementada con más de 44 000 efectivos de las Fuerzas Armadas, que desarrollarán un trabajo conjunto con la PNP, a fin de brindar seguridad a la población y a los más de 10 000 locales de votación instalados a nivel nacional.
“Quiero ser categórico y enfático: el despliegue electoral no le dará tregua a la delincuencia. El patrullaje preventivo, las operaciones policiales y los servicios de emergencia no se detienen en el país. Mientras resguardamos el orden público, nuestras unidades de inteligencia e investigación criminal seguirán combatiendo el delito con firmeza en cada rincón del país”, enfatizó el ministro Zapata.
Por su parte, el comandante general de la PNP, general de Policía Óscar Arriola, hizo un llamado a la ciudadanía que acudirá a las urnas, exhortándola a cumplir con todas las recomendaciones de seguridad y no hacer caso a mensajes que puedan perturbar esta fiesta electoral.
“Nos queda hacer un llamado a la ciudadanía para que acudan a sus centros de votación, porque toda la seguridad está garantizada a nivel nacional. La Policía Nacional está en alerta absoluta desde hoy hasta que termine el proceso. Estamos dispuestos y preparados para cualquier contingencia.”, aseguró el jefe máximo de la PNP.
En esta actividad también estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor de la PNP, Tnte. Gral. Freddy López Mendoza; el inspector general de la PNP, Tnte. Gral. Augusto Ríos Tiravanti; el jefe del Comando Operaciones Policiales, Tnte. Gral. Luis Flores Solís; el director nacional de Investigación Criminal, Gral. PNP Manuel Lozada Morales; y el jefe de la Región Policial Lima, Gral. PNP Jorge Castillo Vargas.
-
Especiales5 años agoOpinión: LA LIGA CONTRA MESSI
-
Ciencia y Tecnología5 años agoProcesadora peruana Torre Blanca impulsa exportación de fruta a países asiáticos
-
Arte y Cultura4 años agoMinedu reconformará comisión organizadora de Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja “Daniel Hernández Murillo”
-
Ciencia y Tecnología5 años agoAtenciones del Servicio de Publicidad Registral en Línea de la Sunarp crecieron en 122 %
-
Lima Norte3 años agoRumbo al GOTHIA CUP en Luxemburgo Suecia con su categoría sub 11 – Señal Alternativa
-
Ciencia y Tecnología5 años agoDepsa lanza nuevo servicio Medical Box para el sector Salud
-
Noticias3 años agoMininter anuncia creación de nueva categoría en PNP
-
Deportes3 años ago🔴#ENVIVO Cienciano vence 5-2 a Alianza Atlético en Cusco
