En torno al debate de la regulación de la cuestión de confianza, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, la congresista Patricia Juárez Gallegos (FP), dejó en claro este martes 31 que la línea de trabajo de ese grupo se orienta con absoluta responsabilidad y compromiso con la defensa de la Carta Magna, de las instituciones, del equilibrio de podres y de la defensa del fuero parlamentario.

Tras invocar a sus colegas a comprometerse en ese mismo horizonte, Juárez afirmó que en la Mesa Directiva “nos hemos puesto de acuerdo y queremos que haya un debate amplio no solamente de congresistas, sino también de la opinión pública y de los constitucionalistas en general”.

Enseguida, anunció que se realizará una sesión extraordinaria para convocar a constitucionalistas para que puedan ampliar los argumentos contenidos en el predictamen a los que ya se han contemplado. “Luego en la siguiente sesión procederemos a la votación”, agregó.

EL PREDICTAMEN

La parlamentaria Patricia Juárez sustentó el predictamen recaído en los proyectos de ley 003/2021-CR, 006/2021-CR, 0019/2021-CR y 0036/2021-CR, Ley que interpreta el último párrafo del artículo 132 de la Constitución Política sobre la cuestión de confianza.

Indicó que las cuatro propuestas de ley en estudio tienen por finalidad precisar que la cuestión de confianza facultativa no procede respecto de iniciativas de reforma constitucional ni sobre competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, y que la decisión que tome el Congreso sobre el otorgamiento o rechazo de esta debe ser comunicada al Poder Ejecutivo para que tenga efectos jurídicos, no pudiendo, como consecuencia, ser interpretada de forma distinta a lo que el Parlamento haya comunicado.

Sostuvo que la posibilidad de abordar el problema, a través de la aprobación de una ley de interpretación, permitiría atender los aspectos nucleares urgentes para recuperar el principio de equilibrio de poderes, pues admitiría señalar que no se encuentran dentro de lo constitucionalmente permitido la presentación de cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales.

“Con ello, no solo se corregiría el error cometido por el anterior Congreso, sino que establecería una línea interpretativa acorde con la Constitución Política, recuperando, además, las funciones que de forma exclusiva y excluyente corresponden al Parlamento, como es la decisión de aprobar o rehusar un pedido de cuestión de confianza”, agregó.

EL DEBATE

El congresista José Balcazar (PL) observó que la Constitución prohíbe toda interpretación auténtica a través de una ley interpretativa.

“Planteo que este proyecto sea inviable y demos paso, en todo caso, si se quiere hacer una reforma constitucional dentro de los términos y plazos que establece la Constitución; pero, obviamente, la ley que se pretende, bajo este dictamen, sería irrito per se, ni siquiera inconstitucional”, agregó.

Por su parte, el parlamentario Luis Aragón (AP) estuvo a favor de la aprobación del dictamen. “El Poder Ejecutivo no puede sentirse vulnerado, porque de ninguna manera se está violando el principio de separación de poderes. El Poder Ejecutivo puede presentar cuestión de confianza sobe temas que le competen”, afirmó.

A su turno, el legislador Alejandro Muñante (RP) explicó que el artículo 206 de la Constitución otorga al Congreso de la República la prerrogativa excluyente y exclusiva de reforma constitucional y el Poder Ejecutivo solo puede presentar el proyecto de ley sobre la materia. “No estamos extralimitando ni vulnerando el principio de separación de poderes”, agregó.

A su vez, el congresista Edgard Raymundo Mercado (JPP) observó que el dictamen contiene un aparente sesgo y además sería inconstitucional. “Creo que se está creando las condiciones para posibilitar, si bien este es un debate técnico y no político, la vacancia del presidente de la República”, anotó.

Mientras que la parlamentaria Adriana Tudela (Avanza País) aclaró que el dictamen no le resta ninguna atribución al Ejecutivo. “De ninguna manera se podría decir que el texto estaría usurpando funciones del Ejecutivo. Es una ley interpretativa y no de reforma de la Constitución, y se enmarca dentro de los límites que señala la misma”, acotó.

En tanto que, Martha Moyano (FP) subrayó que lo que está haciendo el dictamen es precisar que sobre las iniciativas legislativas que son propias de la política general de Gobierno; el Ejecutivo pude presentar cuestión de confianza, pero no en proyectos de reforma constitucional, porque le corresponde al Congreso de la República.

Finalmente, Gladys Echaíz (APP) opinó que sería bueno escuchar a otros juristas que expongan sus puntos de vista y permitan posibilidades de ir con seguridad a una ley de interpretación.

OTRAS PROPUESTAS

Antes, el congresista Hernando Guerra García Campos, del grupo parlamentario Fuerza Popular, sustentó el Proyecto de Ley 0046/2021-CR, que propone una resolución legislativa para modificar el artículo 86 del Reglamento del Congreso, sobre el procedimiento de la cuestión de confianza.

Dicho artículo está referido a la moción de censura y la cuestión de confianza con el agregado “facultativa”.

Además, contempla que será debatida y votada en la misma sesión que se plantea o en la siguiente; así también “el resultado de la votación se comunica al presidente de la República en la misma fecha o a más tardar al día siguiente”.

Finalmente, se incluye la precisión de que la Mesa Directiva rechazará de plano cualquier proposición de confianza presentada por congresistas, “así como también las que, siendo planteadas por el Poder Ejecutivo, constituyan competencias exclusivas otorgadas por la Constitución Política a los otros poderes del Estado o a los organismos constitucionales autónomos”.

“Nosotros estamos convencidos que es el Congreso en su Reglamento como puede tramitar sus procedimientos”, dijo Guerra García al tiempo de subrayar que se desprende y es obvio el beneficio para el país y para su seguridad jurídica.

Posteriormente, fue sustentada la iniciativa legislativa 0055/2021-CR, Ley que desarrolla la investidura y la cuestión de confianza, a cargo del congresista Luis Cordero Jon Tay, del grupo parlamentario Fuerza Popular.

Se propone incorporar dos artículos, 17-A (investidura) y 17-B (cuestión de confianza, a la Ley 29158. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo con la finalidad de establecer ciertos parámetros a la investidura y a la cuestión confianza.

En el proyecto se precisa que dichos parámetros deben ser entendidos en la aplicación de los principios básicos constitucionales, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a los principios básicos de la democracia como son el equilibro de poderes, la democracia, la forma de gobierno, la unidad del Estado, las libertades, entre otros, teniendo en cuenta que, respecto a las reformas constitucionales, el Congreso ejerce el poder constituyente derivado.

RECURSOS NATURALES 

Por último, la congresista Francis Paredes Castro, del grupo parlamentario Perú Libre, sustentó el Proyecto de Ley 0022/2021-CR, sobre la modificación de los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución Política.

La finalidad es recuperar los recursos naturales explotados y sus derivados producidos en el país o región, para destinarlos a la atención prioritaria de la demanda nacional y regional de servicios públicos.

CONSEJO CONSULTIVO

Finalmente, fue aprobado el Consejo Consultivo ad honorem de la Comisión de Constitución y Reglamento que se constituirá en una asesoría técnica especializada fundamental en el proceso de estudio, debate y toma de decisiones.

Serán convocados Ernesto Álvarez Miranda, Natale Amprimo Plá, Carlos Blancas Bustamante, Alberto Borea Odría, Domingo García Belaunde, entre otros profesionales y especialistas de experiencia y con reconocimiento académico.