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Delegación de facultades luchará ante crimen el y narcotráfico
Las medidas que se implementarían comprenden el control de los taxis y motos, así como el robo de celulares
Afrontar la criminalidad organizada mediante medidas específicas, dentro del “Plan Boluarte”, es una de las metas que busca el Poder Ejecutivo con la solicitud de facultades legislativas que hizo al Congreso. Así lo indicó Alberto Otárola, presidente del Consejo de ministros.
Al explicar la iniciativa frente a la Comisión de Constitución y Reglamento de este poder del Estado, el titular del gabinete detalló que el planteamiento implica tres componentes: «La prevención, la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, y el fortalecimiento de la Policía como institución que dirige la política de seguridad”.
Bajo ese contexto, se aprobaron medidas con las que se van a regular los aplicativos que brindan servicios de transporte de pasajeros. También incluye las reglas de tránsito de vehículos menores, como las motocicletas.
Además, se van a implementar, con una norma específica, la Central Única de Emergencia, la cual se va a fortalecer el marco legal aplicable a casos de violencia contra las mujeres, terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.
A dichas medidas se agregarán, en caso se apruebes las facultades legislativas solicitadas, decretos que van a permitir la reincorporación del servicio policial del personal en retiro, la incorporación de la facultad para los gobiernos regionales y locales de disponer recursos en beneficio de la Policía, y la prevención y el combate al comercio ilegal de teléfonos celulares.
«La vida de nuestros hijos está siendo truncada por un delincuente que vende un celular a 50 soles. Tenemos que cortarlo de raíz. Para ello vamos a cambiar este marco normativo y estamos seguros de que contaremos con el apoyo del Congreso de la República para implementar estas medidas», manifestó el titular del gabinete.
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Desastres e infraestructura
Las facultades legislativas entienden también medidas para la gestión de emergencias en caso de desastres. Estas involucran el fortalecimiento del seguro agrario, así como la sostenibilidad de proyectos de inversión para infraestructura, la coordinación de los poderes del Estado y la agilización de las contrataciones para la asistencia de emergencias.
«Con el ordenamiento territorial se busca la incorporación de la gestión de riesgos de desastres en los procesos de planificación, a fin de no seguir comprometiendo la pérdida de vidas humanas, como recursos naturales y materiales», detalló Otárola.
Sobre la infraestructura social y la calidad de los proyectos públicos, se propusieron decretos legislativos para regular el derecho de propiedad, de características físicas de los predios urbanos, de habilitaciones urbanas y edificaciones, y legislar sobre el marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento, con el fin de dotar de agua potable a las zonas que más lo necesiten.
«Esto permitirá la adquisición y préstamos de hidrojets, motobombas, camiones cisterna, así como la contratación de sus respectivos operarios», explicó. Asimismo, mencionó que se impulsará la formación de un fideicomiso de titulación para el desarrollo de la movilidad urbana en Lima y Callao.
En relación al tema de la meritocracia, se hizo un proyecto de decreto legislativo que impulsa el ingreso de los servidores públicos al régimen del servicio civil. El objetivo es garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores de las entidades públicas.
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EL FENÓMENO EL NIÑO LE COSTARÍA S/16 000 MILLONES A LA ECONOMÍA PERUANA HASTA 2027
Credicorp Capital estima que el mayor golpe llegará el próximo año, cuando coincidan un Niño Costero fuerte y uno global, y advierte que Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad concentrarán el impacto más severo en agro, pesca y empleo.
El Fenómeno El Niño (FEN) restaría cerca de S/16 000 millones a la actividad económica del país entre 2026 y 2027, según estimaciones de Credicorp Capital Asset Management. Jonathan Gutiérrez, asociado senior de Renta Variable de la firma, explicó que, con una severidad de moderada a fuerte, el golpe acumulado superaría el 1% del PBI, por encima de lo registrado en eventos climáticos anteriores. El mayor efecto se concentraría entre diciembre de este año y marzo de 2027, cuando coincidirían un Niño Costero fuerte y uno de escala global; solo para 2026 el impacto equivaldría a 0.5% del PBI (unos S/6000 millones), mientras que para 2027 subiría a 0.8% (cerca de S/10 000 millones). Con este escenario, la firma redujo su proyección de crecimiento del país de 3.8% a 3.3% para este año, y de 4.3% a 3.5% para el próximo.
El impacto no se repartiría de forma uniforme entre regiones, ya que Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, que en conjunto aportan el 25% de la producción agrícola nacional y el 35% de la pesquera, serían las más golpeadas por su alta exposición a estas dos actividades. Cerca del 80% de la oferta nacional de mango, palta y arándano proviene de esas zonas, por lo que una afectación climática recortaría directamente la disponibilidad de estos productos. Gutiérrez precisó que, al sumar la contribución de actividades como comercio, transporte y manufactura, en esos cuatro departamentos «estos verían afectada casi la mitad de su producción agregada anual».
El fenómeno también presionará los precios y el empleo. Credicorp calcula que el encarecimiento de alimentos añadirá 1.25 puntos a la inflación de este año y 0.75 puntos a la de 2027, con lo que la proyección de cierre pasa a 4.1% y 2.7%, respectivamente. En el mercado laboral, el golpe recaería sobre todo en trabajadores informales de la pesca y el agro, los sectores más ligados al salario mínimo. Pese a ello, Gutiérrez sostuvo que ese menor dinamismo sería más que compensado por sectores no primarios como construcción, comercio y servicios, impulsados por un crecimiento de la demanda interna cercano a 5% y de la inversión privada de alrededor de 10%.
Fuente: Gestión
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SEGURIDAD, EL NIÑO E INVERSIÓN: LOS RETOS URGENTES PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS DEL PRÓXIMO GOBIERNO
Representantes de la pesca, la minería, los gobiernos regionales y el alcalde de San Martín de Porres detallaron las medidas concretas que esperan del nuevo Ejecutivo tras el cambio de mando del 28 de julio.
A pocas semanas del inicio del nuevo gobierno, cuatro voces del sector privado y subnacional plantearon las tareas que consideran urgentes para los primeros 100 días de gestión. Sus demandas coinciden en dos frentes: enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño, que ya golpea sectores como la pesca y amenaza con lluvias intensas en varias regiones, y recuperar el orden interno como condición para reactivar la inversión.
En seguridad, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, pidió priorizar la reorganización de la cúpula de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y la obtención de facultades delegadas del Congreso para modernizar la PNP con inversión en inteligencia y unidades de flagrancia. Para el burgomaestre de este distrito de Lima Norte, no hay margen para nuevos diagnósticos: «El orden requiere acciones inmediatas».
En el frente económico, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Jessica Luna, advirtió que El Niño ya obligó a suspender la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte, lo que pone en riesgo a los 250 000 trabajadores directos e indirectos del sector, y pidió a Imarpe y Produce un plan ágil de monitoreo. Julia Torreblanca, titular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, planteó acelerar una cartera de proyectos mineros por más de US$63 000 millones mediante mayor estabilidad jurídica y menos trabas burocráticas. Por su parte, Luis Neyra, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, calificó la respuesta ante El Niño como la verdadera prueba de fuego del nuevo Ejecutivo, y reclamó presupuesto adicional para destrabar obras de prevención paralizadas desde el desastre de 2017.
Fuente: El Comercio
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