La Junta Nacional de Justicia sucedánea del Consejo Nacional de la Magistratura ha demostrado desde su creación un claro sesgo político y puesto de manifiesto como sus integrantes no han sido capaces de actuar con independencia y objetividad.La JNJ ha pretendido extralimitarse en sus funciones y mostrarse ante la opinión pública como si fuera un poder del Estado. Sus magistrados no han comprendido que el Congreso en el marco del control político está facultado para investigarlos, removerlos del cargo e incluso inhabilitarlos para el ejercicio de la función pública. Por ello la decisión adoptada por el Congreso no constituye un acto arbitrario o inconstitucional, más aún cuando conforme al Reglamento del Congreso se han cumplido sin prisa todas las etapas establecidas para una acusación constitucional.

No puede olvidarse que a lo largo de varios meses se ha impulsado un proceso constitucional, mientras que los magistrados de la JNJ han desempeñado sus funciones, período en el que decidieron sólo en 5 días suspender por 6 meses a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides. En las últimas semanas, la renuncia de un magistrado de la JNJ puso al descubierto la supuesta venalidad con la que actuaba uno de sus magistrados en complicidad con el cuestionado exministro Chero, que se desempeñó como ministro de Justicia durante el gobierno del golpista Pedro Castillo.

Las columnas de opinión o declaraciones del excanciller Diego García Sayán o del exprocurador Ugaz Sánchez-Moreno, han demostrado la manera como para la llamada «costra caviar» la Junta Nacional de Justicia representa una cuota de poder, que deben preservar en sus manos. Si en los tiempos del gobierno de Pedro Castillo, el secretario general de la OEA Luis Almagro (el visitador Almagro) estuvo sucesivas veces en nuestro país para respaldar políticamente al señor Castillo; hoy pretenden valerse de la Comisión o la CIDH, por un lado, no habiendo dudado García-Sayán en solicitar que se active los mecanismos establecidos en la Carta Democrática Interamericana, ante una supuesta abierta violación del estado de Derecho por parte del Congreso.

Durante el gobierno de Martín Vizcarra, el señor García-Sayán guardó silencio y por cierto no cuestionó la disolución inconstitucional del Congreso perpetrada el 30 de setiembre del 2019. Además, fue complaciente con el gobierno de Pedro Castillo. Diego García-Sayán le debe explicaciones al Perú, por haber instrumentado durante el gobierno del presidente Paniagua una legislación laxa para los delitos de terrorismo. Alejandro Toledo presidió un gobierno en el que personalidades como Gustavo Gorriti o Diego García-Sayán fueron montando la «caviarización» del Estado, con programas financiados por la cooperación internacional y utilizando la Comisión de la Verdad, con el claro propósito de resumir la etapa marcada por la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, como un período de «conflicto armado interno». Sobre la base de un Informe sesgado, redactado por supuestos estudiosos del fenómeno subversivo, se construyó una nueva «narrativa» de la historia nacional.

Desde inicios de este siglo está en marcha en nuestro país una «batalla cultural» financiada desde el exterior por la cooperación internacional, que ha tratado de «humanizar» el accionar de los grupos terroristas, presentando a Abimael Guzmán y su cúpula casi como «luchadores sociales» decididos a poner fin a las injusticias y desigualdades. Sendero Luminoso le declaró la guerra al Perú, precisamente cuando el Perú retornaba a la democracia (1980) luego de una larga dictadura militar.

No nos confundamos García-Sayán y sus allegados no son idealistas, defensores de la libertad y los Derechos Humanos, son tan solo operadores de la cooperación internacional que han abrazado los planes globalistas de las Naciones Unidas. Diego García Sayán es un «cosmopolita» de buen trato y buenas formas, mientras que Gustavo Gorriti es más frontal y agresivo. La confrontación política e ideológica es necesaria en tiempos en los que un globalismo avasallador y nuevas formas de imperialismo pretenden sojuzgarnos. La decisión adoptada por el Congreso no ha sido un acto arbitrario, más aún cuando sólo dos magistrados han sido removidos e inhabilitados por diez años.

Por: José Antonio Torres Iriarte