Horizonte Laboral advierte que algunas regulaciones, aunque buscan proteger a los trabajadores, estarían incentivando el uso de contratos temporales y dificultando el acceso a la formalidad.

Algunas normas laborales implementadas en el Perú podrían estar generando efectos contrarios a los esperados en el mercado laboral formal. Así lo advierte Horizonte Laboral, cuyo análisis señala que, pese a buscar una mayor protección para los trabajadores, varias regulaciones han terminado elevando las barreras para el empleo formal. A diciembre de 2025, alrededor de 2.9 millones de trabajadores del sector privado formal —equivalentes al 70.1 %— laboraban bajo contratos a plazo fijo, mientras que solo 1.26 millones contaban con contratos indefinidos. “Hoy, siete de cada diez trabajadores formales no cuentan con estabilidad contractual”, indicó la organización.

Horizonte Laboral sostuvo que esta situación responde a cambios acumulados desde finales de los años noventa. Mientras en esa época predominaban los contratos indefinidos, desde los años 2000 se reforzaron mecanismos como mayores costos de despido, reposición judicial y restricciones a la intermediación y tercerización. Según el organismo, frente al aumento de riesgos y costos potenciales, muchas empresas optaron por esquemas temporales como una forma de reducir exposición laboral y administrativa.

El análisis también advierte que el impacto se observa con más fuerza entre jóvenes y obreros: el 82 % de trabajadores menores de 29 años tiene contratos temporales, porcentaje que asciende a 83 % en el caso de los obreros. Además, cerca del 70 % de trabajadores en el Perú permanece en la informalidad, fuera de cualquier sistema de protección laboral. “No es que accedan a menos derechos: es que están completamente fuera del sistema que los reconoce”, advirtió Horizonte Laboral. 

Por eso, la organización plantea que el debate laboral no debería centrarse únicamente en ampliar derechos, sino también en diseñar reglas que faciliten el ingreso a la formalidad y no terminen precarizando el empleo. Según el informe, el reto es equilibrar protección laboral con incentivos que permitan generar más puestos formales y sostenibles.

Fuente: Horizonte Laboral

El costo de vida y la precariedad laboral en la capital profundizan la inseguridad alimentaria, superando por más de 10 puntos porcentuales la cifra registrada en el campo.

Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revela que el 41.6 % de los hogares en Lima Metropolitana no logró cubrir sus requerimientos calóricos mínimos durante el año 2025. Esta cifra es significativamente superior al 30.4 % registrado en el ámbito rural, lo que evidencia que la capital ha perdido su carácter histórico de polo de atracción para el bienestar. Según Javier Herrera, integrante de la Comisión Consultiva del INEI, la pobreza extrema en Lima también mostró un retroceso al incrementarse del 3.3 % al 3.6 %, en un contexto donde el crecimiento del PBI nacional no ha logrado ser redistributivo hacia los sectores intensivos en mano de obra.

La dificultad de ser pobre en Lima se agrava por una canasta básica per cápita de S/ 568, monto superior al promedio nacional de S/ 462 debido a los altos costos en transporte, alquiler y servicios. A diferencia de las zonas rurales, donde existe la opción del autoconsumo, los habitantes urbanos deben recortar gastos en alimentación para cubrir sus necesidades básicas fijas. Herrera destacó que: “el aumento del empleo adecuado no basta para compensar la precarización y el bajo ingreso en el sector informal”, sector que absorbe a la mayoría de los 300,000 jóvenes que ingresan anualmente al mercado laboral.

El análisis del INEI subraya que la brecha de pobreza entre el campo y la ciudad se ha reducido a solo 4 puntos, reflejando una convergencia inédita en la intensidad de las carencias. Expertos señalan que esta situación exige una reforma urgente de las políticas sociales y laborales, con estrategias diferenciadas que reconozcan que hoy la incidencia de hambre es mayor en la capital que en las provincias. A pesar de este panorama, Herrera aclaró que no existe una relación directa entre el aumento de la pobreza y la criminalidad, enfocando la urgencia en la focalización de políticas alimentarias urbanas.

Fuente: Infobae