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JAVIER VALLE-RIESTRA / El viaje traidor de un presidente
Quisiéramos ocuparnos de las traiciones presidenciales en el Perú, lógicamente, nos referiremos por excelencia al siglo XIX, donde destaca la deserción del presidente Mariano Ignacio Prado, durante la guerra con Chile (1879). Efectivamente, se ausentó del país en pleno conflicto, so pretexto de ir a comprar buques y armas.
Partió, es verdad, con la autorización del Congreso, ejecutada varias semanas después de recibida la licencia parlamentaria. Se llevó consigo varios miles de libras esterlinas, de las que jamás dio cuenta. Por eso, tiene aquí el estigma de traidor. Volvió al Perú en el mismo año 1879 y tuvo que abandonar el cargo por la hostilidad nacional y la sublevación de Piérola.
De todos los presidentes que hemos tenido en el Perú, el único sindicado como traidor es Mariano Ignacio Prado. Murió en Paris (1901), discriminado, afrentado por su cobarde deserción. En el siglo XX no hubo ningún caso análogo. Los jefes de Estado fueron acusados de dictadores, de déspotas, de haberse apropiado fondos públicos. Ninguno fue condenado o tachado de traidor.
Ahí están los nombres de Nicolás de Piérola (1895-1899), Candamo, López de Romaña, Calderón, Benavides, Billinghurst, Leguía, Pardo, con biografías de excesos políticos autocráticos, pero ninguno de tachado de traidor al Perú. Ninguno.
Ni siquiera Sánchez Cerro, Prado, Benavides, Bustamante y Rivero, Odría, Belaunde, Alan García. Los otros personajes de ese siglo no tienen ese estigma. Autócratas, pero patriotas. Examinemos las conductas presidenciales del siglo XIX, del siglo XX y del actual. Saldrán limpios. No fueron traidores. En todo caso, fueron malversadores. Analicemos.
II
Lo central del caso de Mariano Ignacio Prado es que se ausentó por largo tiempo dejando al país acéfalo, en una época en la que nos encontrábamos en guerra y en la que era inminente una crisis interna por la oposición liderada por Piérola y por la opinión pública negativa por la situación fiscal y bélica (…). El hecho es que Mariano Ignacio Prado no regresó al país en condiciones insólitamente graves para al Perú.
El peligro de entonces no ha tenido muchas similitudes a la lo largo de nuestra historia (Cfr. César Delgado Guembes – Wilo Rodríguez: “Los Viajes del Presidente 1822-1998” A&B S.A. editores, Lima 1998, p. 5). Respecto de aquella ausencia presidencial, Basadre afirma que no puede menos que censurarse el viaje de Prado. La sorpresa ante su partida en 1879 tenía que estallar inevitablemente en expresiones de protesta de donde podían salir la anarquía y la guerra civil ante el enemigo robustecido y envalentonado por sus victorias en mar y tierra.
El hecho que en la jefatura del Estado quedase un anciano –su vicepresidente Luis La Puerta— enfermo y casi reblandecido agravaba la situación. Y Markham, citado por Basadre, escribió: “El general Prado vio los desastres inevitables que eran inminentes y concibió la esperanza de evitarlos obteniendo ayuda en dinero o en material o intervención, de Europa o Estados Unidos. No hay razón para suponer que estuvo impulsado por motivos menos valiosos. Pero nada puede excusar esa súbita deserción de su puesto” (Cfr. Basadre, Historia del Perú, tomo V, p. 2401).
III
Nuestras constituciones han limitado al Presidente salir del territorio, incluso si se replegaba a más de ocho leguas de la capital. En las Constituciones de 1826 y 1828, el jefe de Estado no podía ausentarse del territorio de la República, ni de la capital, sin permiso de las Cámaras Legislativas o del Congreso.
La de 1834, igual; además, la presidencia se suspendía si se alejaba más de 45km de la ciudad-capital. Las Cartas de 1856 y 1867 también requería autorización del Congreso, incluso durante su juicio de residencia. La de 1933 facultaba al Congreso a fijar el tiempo para ausentarse del territorio y que la presidencia de la República vacaba si no se reincorporaba vencido el permiso de viaje. La de 1979 señalaba que la presidencia quedaba vacante si el presidente salía del territorio sin permiso del Congreso o no se reincorporaba al cargo al término de la autorización. La vigente de 1993, en los artículos 102, 113 y 115, se ocupa de autorizar viajes, encargo del despacho al vicepresidente; pero es vacado si sale sin autorización del Congreso o no retorna al término de su viaje.
En resumen: ladrones si, traidores no. Al final, moralmente esos individuos hipócritas y valetudinarios forman parte de la comparsa que aplastó al Perú en los siglos XIX y XX. Los próximos años serán de reivindicación y de reconstrucción moral de nuestra patria.
(*) Jurista, exconstituyente, exdiputado, exsenador y excongresista de la República.
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Organizaciones políticas reciben capacitación sobre entrega de información financiera a la ONPE
Las organizaciones políticas no pueden tener fuentes de financiamiento ilegal y todos sus gastos deben ser reportados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) junto con comprobantes que los sustenten. Esas fueron algunas de las indicaciones que se brindaron en el taller organizado por dicho ente público el miércoles 27 de mayo en la ciudad de Lima.
Al evento asistieron tesoreros y contadores integrantes de una de las tres alianzas electorales y de 18 de los 54 partidos políticos que deben presentar ante la ONPE su Información Financiera Anual (IFA) 2025, a más tardar, el 1 de julio. La obligación también alcanza a otra alianza electoral y a 95 movimientos regionales que están siendo capacitados al interior del país por las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) de la ONPE.
Cada Información Financiera Anual (IFA) 2025 debe contener las actividades económicas y financieras desarrolladas por la organización política entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. Específicamente, datos de los aportantes y el monto de sus aportes, además del estado de situación financiera, el estado de resultados, y notas e información complementaria a los estados financieros
Indicaciones para las organizaciones políticas
Las fuentes de financiamiento privado de una organización política pueden ser: aportes en efectivo o en especie, actividades proselitistas, rendimiento patrimonial, créditos concertados y legados.
Se consideran fuentes de financiamiento ilegal las siguientes:
· Fuentes anónimas. Los aportes no pueden tener un origen desconocido.
· Personas naturales extranjeras.
· Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro.
· Personas jurídicas extranjeras con fines de lucro.
· Personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro (excepto cuando sus aportes sean para organizaciones políticas y estén exclusivamente destinados a actividades de formación, capacitación e investigación).
· Personas naturales de nacionalidad peruana condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada o con mandato de prisión preventiva por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado. La prohibición se extiende hasta diez años después de cumplida la condena.
· Entidades de derecho público o empresas de propiedad del Estado o con participación de este.
· Confesiones religiosas de cualquier denominación.
Forma de presentación de la IFA
· La carta de presentación de la IFA debe ser firmada por el representante legal y/o el tesorero de la organización política inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
· La información se consigna en los formatos aprobados por la ONPE y estos son suscritos por el tesorero y un contador público colegiado y habilitado.
· Los canales de presentación de la IFA son la mesa de partes de la sede central de la ONPE (Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima), así como las mesas de partes de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).
Fotos: Flickr ONPE
Lima, 29 de mayo de 2026
Cerro de Pasco, 28 de mayo de 2026.- En una multitudinaria concentración popular realizada en Cerro de Pasco, el candidato presidencial Roberto Sánchez denunció el abandono histórico que sufren las regiones mineras del país y presentó una serie de propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de millones de peruanos, con especial énfasis en salud, educación, empleo y protección social.
Durante su intervención, Sánchez calificó como inaceptable que Cerro de Pasco continúe siendo una de las zonas más afectadas por la contaminación ambiental mientras aporta importantes recursos a la economía nacional.
“Pasco no puede seguir siendo el símbolo de un Perú donde se extrae riqueza mientras el pueblo vive rodeado de contaminación, enfermedad y pobreza. La riqueza minera debe traducirse en desarrollo, salud y oportunidades para la población”, afirmó.
El líder de Juntos por el Perú expresó su preocupación por la situación de miles de niños, adolescentes y adultos afectados por la presencia de plomo, arsénico y mercurio en el organismo, consecuencia de décadas de contaminación ambiental y falta de atención estatal.
En ese sentido, reiteró que su gobierno promoverá una minería moderna, responsable y respetuosa del medio ambiente, garantizando una fiscalización efectiva y programas de remediación ambiental para las comunidades afectadas.
Sánchez también presentó propuestas orientadas a mejorar las condiciones económicas y sociales de las familias peruanas. Entre ellas destacó el incremento progresivo del sueldo mínimo para recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores frente al aumento del costo de vida.
“Los trabajadores merecen recibir una remuneración justa que les permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades de sus familias”, señaló.
Del mismo modo, anunció que promoverá el ingreso libre a las universidades públicas para los jóvenes peruanos, acompañado de programas de nivelación académica y fortalecimiento de la calidad educativa.
“Los hijos de los trabajadores, de los agricultores y de los sectores populares deben tener las mismas oportunidades de acceder a una educación superior de calidad”, sostuvo.
En materia social, Sánchez planteó fortalecer los programas dirigidos a los adultos mayores, proponiendo duplicar progresivamente el beneficio económico que reciben los usuarios de Pensión 65, con el objetivo de brindar mayor protección a quienes dedicaron toda una vida al trabajo y hoy viven en condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, hizo un llamado a defender la democracia, rechazar las campañas de desinformación y participar activamente en la vigilancia del proceso electoral.
“Pasco merece respeto, merece justicia ambiental, merece oportunidades para sus jóvenes y una mejor calidad de vida para sus familias. Nuestro compromiso es construir un país con más igualdad, más desarrollo y más dignidad para todos”, concluyó.
Tras su presentación en Cerro de Pasco, Roberto Sánchez continuará su recorrido por diversas regiones del país difundiendo sus propuestas de gobierno y recogiendo las principales demandas de la población.
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