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La repartija, la ley pulpín y José Jerí: marchas que no voy a olvidar
La primera movilización a la que asistí fue el 2013. Aún era menor de edad y recuerdo con claridad cómo el Congreso eligió a personajes no idóneos en los cargos más altos para presidir el Tribunal Constitucional, la Defensora del Pueblo y el Banco Central de Reserva. La marcha inició en la Plaza San Martín y logró llegar hasta el Congreso. Personajes públicos como Jason Day, Claudia Cisneros, Francesca Brivio, entre otros, se hicieron presentes en primera línea para mostrar el malestar ciudadano.
Meses después, Martha Chávez fue elegida para presidir un grupo de trabajo sobre Derechos Humanos en el Congreso. Las calles volvieron a mostrar su desacuerdo. Al final, en el mismo parlamento mediante una votación justa fue desactivado el grupo que pretendía liderar con nueve votos, una mayoría que ni siquiera ella esperaba.
Se realizó un multitudinario plantón en el que se hicieron presentes diversos personajes también como Carles Tovar, caricaturista reconocido a nivel nacional, o Pedro Francke, docente de la PUCP. Además, también se hicieron presentes algunas víctimas de la dictadura fujimorista: una mujer esterilizada, Indira Huilca, y Gisela Ortiz, hermana de un joven asesinado en el crimen de La Cantuta. Por ello, pese a que ya la habían ratificado, Chávez terminó expectorada de su comisión.
Otra movilización memorable en la que estuve presente ocurrió en diciembre de 2014: cuando el gobierno aprobó el régimen laboral especial más conocido por esa época como «ley pulpín». Fueron más de tres movilizaciones que congregaron a miles de jóvenes. A inicios de diciembre, me había sometido a una cirugía, por ende, necesitaba descanso y reposo. Sin embargo, apenas me enteré de este contexto coyuntural que necesita a los jóvenes en las calles, opté por salir con el apoyo de una amiga.
Marchamos pacíficamente desde el Óvalo de Miraflores hasta el Cercado de Lima. No obstante, cuando estábamos por la parte de San Isidro en la avenida Arequipa, decidimos hacer una pausa por el local que en aquella época alquilaba Ollanta Humala para su partido político: el Partido Nacionalista. Queríamos arengar y hacer una acción simbólica. La policía comenzó a tirar bombas lacrimógenas y a mi amiga y a mí, no nos quedó otra opción que continuar. Todavía me dolía la parte de la espalda baja, por ello, recuerdo que mi amiga me había traído un palo para que lo usara en forma de bastón.
Llegar caminando a la Plaza San Martín no fue sencillo, pero lo logramos. La cosas estaban tranquilas cuando, de pronto, algunas personas comenzaron a querer romper la barrera policial. Las fuerzas del orden, en lugar de responder de alguna forma disuasiva con ese grupo, empezó a tirar bombas lacrimógenas y a enfrentarse a todo ciudadano que se encontraban. No estaba ni siquiera delante de la movilización, pero los policías lucían descontrolados. Mientras mi amiga y yo nos disponíamos a retirarnos, un policía montado en caballo me puso contra la pared y sin ninguna compasión empezó a pegarme con un palo en la espalda.
Ese día lo terminé desencajado en todo sentido: no solo no se había logrado la norma que esperábamos revertir, sino que necesitaba comprar varios analgésicos. Las movilizaciones continuaron los días siguientes y, finalmente, la llamada «ley pulpín» desapareció. La ciudadanía había sido escuchada.
He ido a tantas marchas en mi vida y nunca he visto un nivel de salvajismo por parte de la policía como el último miércoles 15 de octubre. Bueno, en la marcha contra Manuel Merino el 2020 hubo represión, de hecho, hubo dos fallecidos: Inti y Bryan. Sin embargo, la forma indiscriminada como esta semana la policía ha tirado cualquier cantidad de bombas lacrimógenas me ha sorprendido bastante.
Como ya lo mencioné, nunca suelo estar en primera línea. Siempre espero a que tiren una bomba para retroceder todo lo que pueda y estar a salvo. Hoy no pude. Quedé encerrado en la Plaza San Martín porque en segundos la plaza se llenó de gas lacrimógeno. Hay un fallecido y su asesinato lo produjo un policía, conforme lo anunció una de las autoridades del Ministerio del Interior.
Nuestro actual presidente interino José Jerí tal vez no lo sabe, pero se acaba de ganar a pulso no solo su vacancia (si no renuncia antes), si no además, la repulsión de todo un país que lo único que quiere es que lo dirija alguien mínimamente decente y sin ningún tipo de violencia. Ahora ya no se trata solamente de su denuncia archivada por violación sexual o de sus cuestionadas votaciones en la lucha contra el crimen organizado mientras fue congresista, sino sobre su forma de actuar frente al derecho constitucional que tenemos los peruanos para protestar.
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ROBERTO SÁNCHEZ RECHAZA DENUNCIAS CONTRA MOVILIZACIÓN Y EXIGE JUSTICIA ELECTORAL EN MARCHA POPULAR
El presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuestionó este viernes las acciones emprendidas contra dirigentes y ciudadanos que participan en las movilizaciones convocadas para exigir transparencia electoral, al considerar que se estaría vulnerando el derecho constitucional a la protesta pacífica y a la participación democrática.
Antes de dirigirse a la marcha ciudadana convocada en defensa del voto, Sánchez informó que durante la mañana sostuvo una reunión con el alto mando de la Policía Nacional para explicar el carácter pacífico de la movilización. Sin embargo, expresó su preocupación por la presunta apertura de denuncias penales contra algunos líderes sociales y políticos vinculados a las protestas.
“Estamos ejerciendo un derecho democrático. No puede calificarse como una grave perturbación una movilización que ha sido organizada y promovida de manera pacífica”, señaló.
El dirigente también cuestionó que se pretenda restringir o deslegitimar las manifestaciones ciudadanas mediante documentos que, según afirmó, consideran ilegal la protesta social. En ese sentido, sostuvo que el país atraviesa una situación que pone en riesgo principios fundamentales de la democracia.
“Lo que estamos reclamando es justicia electoral y transparencia. El pueblo tiene derecho a expresarse y exigir que se respeten las reglas democráticas”, manifestó.
Sánchez indicó además que continúan las acciones legales para impugnar diversos aspectos del proceso electoral. Entre ellos, mencionó observaciones relacionadas con el desarrollo de la votación en oficinas consulares y los cambios normativos que, según denunció, fueron aplicados entre la primera y la segunda vuelta electoral.
Afirmó que dichas modificaciones afectaron la seguridad jurídica y la confianza en el proceso, especialmente en lo referido al voto de los peruanos residentes en el extranjero.
“El voto de los peruanos se respeta, dentro y fuera del país. No pueden cambiarse las reglas en pleno proceso electoral porque eso afecta la legitimidad y la transparencia”, sostuvo.
Asimismo, informó que en las próximas horas presentarán nuevos recursos legales con el objetivo de que las autoridades electorales revisen los cuestionamientos planteados. También criticó los elevados costos procesales exigidos para acceder a determinadas instancias judiciales en materia electoral.
Finalmente, Sánchez ratificó que las movilizaciones continuarán dentro del marco constitucional y aseguró que permanecerán vigilantes hasta que se garanticen condiciones de transparencia y respeto a la voluntad popular.
“Seguiremos defendiendo la libertad del pueblo peruano y agotando todas las vías del debido proceso. Queremos que se respete el voto de todos y que prevalezca la democracia con transparencia”, concluyó ante los asistentes que participaron en la concentración ciudadana.
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PUNO ES LA TERCERA REGIÓN CON MÁS POBREZA EN EL PAÍS PESE A LIGERA BAJA EN 2025
El IPE advierte que la región alberga a 80 mil personas más en situación de vulnerabilidad respecto a la prepandemia.
La pobreza en Puno bajó al 37.5 % en 2025, lo que significa que unas 36 000 personas salieron de esta condición en el último año. Según el informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), basándose en datos del INEI, la región sigue siendo la tercera más pobre del Perú, solo detrás de Cajamarca (41.0 %) y Loreto (40.1 %). La recuperación todavía no es completa, ya que la cifra actual supera el 34.7 % del año 2019, dejando un preocupante cambio respecto a la concentración del problema. “La pobreza es predominantemente urbana al 2025: el 61.6 % de los pobres reside en ciudades, frente al 46.1 % en 2019”, indicó el IPE. Esto significa que hay 130 mil nuevos pobres viviendo en las ciudades de la región.
Aunque la economía local creció 2.3 % por el empuje de la construcción y el transporte, mejorando los sueldos en 15.9 %, el golpe al campo frenó un alivio mayor. El sector agropecuario, que da trabajo al 40 % de la población, cayó 6.4 %. Además, la pobreza extrema afectó al 11.7 % de los puneños, quienes viven con menos de S/230 al mes. A esto se sumó la informalidad laboral, que alcanzó un altísimo 87.6 %.
Pensando en las elecciones, el IPE señaló que reanimar la inversión es urgente, asegurando: “Para una región donde el 73 % de la población es pobre o vulnerable, generar un entorno favorable a la inversión en sectores como la agroindustria, la minería responsable, y el turismo, junto con inversión pública focalizada en servicios básicos, no es una opción sino una necesidad”.
Fuente: IPE
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