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Llevan 36 años muriendo por desechos tóxicos abandonados por Suecia
Dramáticas consecuencias de depósito de residuos que han contaminado mortalmente a más de 12 mil personas en Arica, Chile
Más de 12 mil habitantes de la población de nombre Los Industriales ubicado al norte de Arica (Chile), está condenada a morir lentamente a consecuencia de un gigantesco depósito de residuos tóxico abandonados por una empresa sueca hace 36 años.
Una de sus habitantes, María José Bejares llegó a vivir a la población Los Industriales, ubicada en Arica, en el norte de Chile, en 1991, tenía apenas 5 años cuando con sus amigos jugaban entre unos montículos de distintos colores ubicados a pocos metros de su casa, con las que moldeaban la tierra con sus propias manos, como si fuera arcilla, sin saber que eran desechos tóxicos y que tendría graves consecuencias en ellos.
Sus padres y ellos ignoraban que se trataba de un gigantesco depósito de residuos de arsénico, plomo, cadmio y mercurio abandonados en los años 1984 y 1985, durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet, por la empresa minera sueca Boliden, que trasladó hasta este lugar casi 20 mil toneladas de residuos tóxicos hasta el sitio F, desde su planta Rönnskär, en Suecia, a la ciudad de Arica.
Los padres de María José murieron de cáncer —su mamá, al útero con falla multisistémica en 2015, y su papá, al pulmón con metástasis cerebral en 2012—, su hermana mayor tuvo cáncer de mamas y su hermana menor tiene fibrosis pulmonar. Su marido sufre la enfermedad de Perthes, que afecta los huesos de la cadera, su hijo mayor es autista, y ella tuvo un embarazo molar en 2013, por lo que estuvo un mes hospitalizada.
Muerte lenta
Varios vecinos tienen cánceres de distinto tipo, lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares, mujeres con abortos espontáneos y con dificultad para concebir, y niños con una serie de trastornos neurológicos, entre otras dolencias.
“Llevamos 36 años muriendo”, dice la mujer. “Esto no puede ser casualidad. Uno va viendo cómo los vecinos van cayendo enfermos de a poquito, es muy doloroso”, agrega.
Varios vecinos tienen cánceres de distinto tipo, lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares, mujeres con abortos espontáneos y con dificultad para concebir, y niños con una serie de trastornos neurológicos, entre otras dolencias. Todas viven en los conjuntos habitacionales aledaños al relave y, por lo general, tienen una situación económica precaria, por debajo de la línea de la pobreza.
El Estado chileno estima que los afectados por los desechos tóxicos en Arica superan las 12 mil personas.
Cómo llegó el relave
El relave fue recibido por la desaparecida empresa chilena Promel que, supuestamente, se encargaría de procesarlo a cambio de más de 1 millón de dólares de la época.
Sin embargo, el trabajo nunca se hizo y el material fue abandonado sin medidas de protección en una zona conocida como “sitio F”, que estaba a 250 metros de Sica Sica, la población más cercana.
El problema se agudizó un par de años después, en 1989, cuando se autorizó la construcción de viviendas sociales a pocos metros del lugar.
Poco a poco, algunos pobladores comenzaron a experimentar picazones, alergias y erosiones en la piel. Pero nadie sospechaba del relave.
En un informe en que Promel le solicita al Servicio Nacional de Salud de Chile de la época autorización para desembarcar el contenido proveniente de Suecia, este no era “tóxico” y cualquier persona podía manipularlo.
El documento -publicado por el Servicio Nacional de Aduanas en 1997- es parte del expediente de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados de Chile.
Los “polimetales”
A mediados de 1990, la dramática situación de esta comunidad comenzó a divulgarse y eso motivó a que algunas organizaciones iniciaran investigaciones de forma independiente.
Una de ellas fue la ONG Servicio Paz y Justicia, que le encargó al químico de la Universidad de Tarapacá Leonardo Figueroa visitar la zona afectada para realizar estudios de suelo.
“Recuerdo que encontré altas concentraciones de plomo y arsénico, dos tóxicos extremadamente contaminantes”, le dice a BBC Mundo.
Según la OMS, el arsénico puede producir lesiones cutáneas, cánceres de distintos tipos, diabetes y un efecto negativo en el desarrollo cognitivo de los niños, entre otras cosas.
“El plomo es un metal pesado y por lo tanto tiene una reactividad importante dentro del organismo. Provoca un conjunto de disfuncionalidades, y tiene efectos a nivel cerebral, neuronal, y puede incluso provocar la muerte. El arsénico es más o menos similar, puede provocar cáncer, desarrollo de tumores y lesiones en la piel”, agrega.
Reubican el depósito
Pero no fue hasta 1998 cuando las autoridades chilenas reconocieron que había un problema. Ese año, el Servicio de Salud de Arica tomó muestras del terreno y encontró lo mismo que había descubierto Figueroa años antes.
“Recién ahí nos dimos cuenta de lo que nos estaba pasando a nosotros y a nuestros hijos. Y empezó un largo caminar en búsqueda justicia, de lucha contra un Estado indolente, que aún no termina”, indica Verónica Lizama.
Hoy, los metales pesados están en una zona llamada Quebrada Encantada. Los pobladores han intervenido el lugar para advertir sobre la peligrosidad del contenido.
Y aunque la Corte Suprema de Chile ordenó medidas de seguridad para las miles de toneladas desechos químicos, el material solo fue trasladado (de forma “temporal”) unos metros más allá, al sector de Quebrada Encantada.
Más de 20 años después, el relave sigue allí, rodeado de un muro de cemento y cubierto con tierra, un plástico de alta densidad y piedras. Su presencia no es solo una pesadilla sanitaria para los habitantes del sector.
El caso cobró nueva vida en junio de 2021 luego de que un grupo de relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamara a remediar la situación con urgencia, incluyendo la repatriación del material a Suecia y la compensación de las víctimas.
Suecia reconoce depósito
De acuerdo con información del diario El Mercurio, el ministro del medio ambiente del país escandinavo, Per Bolund, afirmó el 18 de junio que su país estaba dispuesto a colaborar con Chile “si se solicita esa ayuda”.
Pero, luego de conversaciones largas y engorrosas, el gobierno sueco dio un paso atrás y rechazó responsabilidad alguna, porque en el momento de los envíos no se requería licencia de exportación ya que el material (…) no estaba clasificado como residuo peligroso”, señalaron a través de un comunicado.
El nuevo gobierno recién asumido, luego del retiro del dictador Augusto Pinochet, permitió el ingreso de estos tóxicos sin siquiera realizar un análisis químico y luego las autoridades autorizaron y construyeron viviendas sociales en las cercanías y lugares ya contaminados.
Klass Nilsson, director de comunicaciones de la compañía sueca, insistió en que la exportación de los materiales se hizo con la autorización de las autoridades pertinentes de la época.
El abandono de metales pesados en Chile desde Suecia no es un caso único en el mundo.
Convenio de Basilea
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se calcula que hacia 1983 el 15% de los desperdicios peligrosos mundiales (aproximadamente 45 millones de toneladas) se eliminaban fuera del país donde se generaba.
Los destinos más comunes estaban en el continente africano y en Europa oriental, en países como Rumania y Hungría. Pero también en América Latina.
Así fue como en 1992 entró en vigor el “Convenio de Basilea”, un acuerdo que en un comienzo tuvo como objetivo regular este tipo de movimientos transfronterizos.
La prohibición de esta práctica vendría casi 30 años después, en 2019, demasiado tarde para la población de Arica.
BBC.COM/MUNDO
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HUÁNUCO SE LEVANTA POR AGUA, ORDEN Y CAMBIO
CON ROBERTO SÁNCHEZ
Huánuco, 28 de mayo de 2026.- Pese a las dificultades presentadas por problemas de vuelo que obligaron a reorganizar su agenda en Huánuco, el candidato presidencial Roberto Sánchez llegó este mediodía a la denominada “Ciudad de los Caballeros”, donde encabezó una multitudinaria concentración popular y un gran mitin en el centro de la ciudad, recibiendo el respaldo de cientos de pobladores que exigen soluciones urgentes frente al abandono histórico que vive la región.
Durante su intervención, Sánchez escuchó directamente el clamor de la población respecto a la grave crisis del agua potable que afecta permanentemente a miles de familias huanuqueñas. Los vecinos denunciaron que hace apenas una semana la ciudad permaneció más de cinco días sin servicio de agua debido al colapso del sistema de abastecimiento y a la precariedad de una infraestructura abandonada durante décadas.
En ese sentido, el líder de Juntos por el Perú señaló la necesidad urgente de ejecutar una reingeniería integral del sistema de agua potable y modernizar la planta de tratamiento de Cabritopampa, cuya infraestructura presenta tuberías de más de 50 años de antigüedad elaboradas con asbesto, poniendo en riesgo la salud pública de la población.
“Huánuco no puede seguir viviendo abandonado. El pueblo está cansado de promesas incumplidas, de la corrupción y de autoridades que miran hacia otro lado mientras las familias sufren sin agua, sin seguridad y sin oportunidades”, expresó.
Asimismo, Roberto Sánchez recogió el pedido de atención inmediata a otras necesidades históricas de la región como hospitales equipados, títulos de propiedad, seguridad ciudadana, infraestructura vial, empleo y apoyo al agro.
En esa línea, dedicó especial atención a la problemática de los hombres y mujeres del campo. Recordó que en Huánuco existen más de 106 mil productores y productoras rurales que sostienen la economía agraria y alimentan al país; sin embargo, más de 50 mil mujeres productoras empadronadas continúan prácticamente excluidas de los programas estatales, ya que apenas 167 han podido acceder a la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI) promovida por el MIDAGRI.
“Esa cifra refleja el abandono, el centralismo y la indiferencia de gobiernos que nunca entendieron la realidad del Perú profundo”, afirmó, señalando que su propuesta será repotenciar y descentralizar este programa, ampliando presupuesto, créditos, asistencia técnica, capacitación y acceso a mercados para miles de mujeres emprendedoras y familias rurales.
El candidato presidencial también sostuvo que su equipo técnico viene trabajando propuestas concretas para los primeros 100 días de gobierno, priorizando la reactivación económica, la lucha frontal contra la corrupción, el combate contra la delincuencia y el crimen organizado, así como la generación de empleo y obras de infraestructura.
Además, reiteró que su propuesta no contempla estatizaciones y que buscará trabajar articuladamente con el sector privado, organizaciones sociales y fuerzas democráticas para recuperar el orden, la estabilidad y la confianza en el país.
Tras culminar su multitudinaria concentración en Huánuco, Roberto Sánchez partió rumbo a Cerro de Pasco, donde continuará su recorrido político por el centro del país con una nueva concentración popular.


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FUTURO DE PETROPERÚ EN DEBATE: PROPUESTAS ELECTORALES ENFRENTADAS REAVIVAN DUDAS SOBRE SU SOSTENIBILIDAD
Mientras una agrupación plantea incorporar capital privado para mejorar su gestión, la otra apuesta por un mayor control estatal en medio de una crisis financiera y de gobernanza.
El futuro de Petroperú vuelve al centro del debate en medio de su delicada situación financiera. En los últimos 14 años, la empresa ha recibido más de S/32 mil millones en apoyo estatal y, según el Banco Central de Reserva (BCR), sin ese respaldo habría acumulado 13 años consecutivos de pérdidas. De acuerdo con estimaciones, su patrimonio habría sido negativo en US$2.1 mil millones al cierre de 2025 si se excluyen los aportes públicos. Este escenario también ha impactado en la percepción ciudadana: el 84 % se opone a nuevos rescates y prioriza destinar esos recursos a salud, educación y seguridad.
Ante este escenario, Fuerza Popular propone abrir la empresa al capital privado, con la venta de activos no estratégicos y la limitación de sus operaciones a la refinación y distribución. En contraste, Juntos por el Perú (JPP) defiende el control estatal total de los hidrocarburos y rechaza la participación privada. Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) resalta que “el 88 % de los principales economistas del país está de acuerdo con la incorporación de capitales privados para mejorar la gestión interna de la petrolera estatal”. Sin embargo, la propuesta de JPP ignora este consenso técnico y califica cualquier apertura como una privatización.
De acuerdo con el análisis del IPE, el plan de JPP, liderado por Roberto Sánchez, implica riesgos para la economía nacional, pues no precisa cómo gestionará la deuda de US$7.8 mil millones ni cómo evitará depender de rescates del Tesoro. Su intención de aumentar la actividad empresarial del Estado pone en peligro el equilibrio fiscal, especialmente cuando los ahorros públicos están en sus niveles más bajos. Además, el IPE advierte que, para lograr la sostenibilidad, se requiere «asegurar una gobernanza sólida para garantizar la independencia de presiones internas o externas». Sin embargo, JPP no ha planteado reformas para mejorar la gobernanza, lo que mantendría la fragilidad institucional de la empresa.
Fuentes: IPE y El Comercio
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