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LOS CAMBIOS SON BUENOS –

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La reciente reorganización ministerial llevada a cabo por la presidenta Dina Boluarte el martes 13 de febrero ha generado un intenso debate en el panorama político peruano. Los cambios en las carteras de Economía, Defensa, Ambiente y Energía y Minas han llamado la atención, especialmente en un contexto donde ya se estaban presentando mociones de interpelación contra otros ministros. Este movimiento político no solo refleja la voluntad de la mandataria de impulsar una nueva dirección en áreas clave del gobierno, sino también una respuesta a las demandas de transparencia y eficiencia por parte del Congreso y la sociedad en general.

El impulso de mociones de interpelación, particularmente contra los ministros Raúl Pérez Reyes y Víctor Torres, revela la creciente preocupación por la gestión gubernamental en áreas sensibles como el transporte y la seguridad ciudadana. La cancelación de vuelos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez ha desencadenado un cuestionamiento sobre la capacidad de Pérez Reyes para dirigir el Ministerio de Transportes, mientras que las deficiencias en la lucha contra la inseguridad y otros eventos han puesto en la mira al ministro del Interior.

La respuesta del titular del Ministerio del Interior, Víctor Torres, ante la segunda moción de interpelación evidencia un clima de tensión política. Su declaración de que «renunciar sería un acto de cobardía» refleja la determinación de enfrentar los desafíos y las acusaciones en su contra. Sin embargo, la cantidad de preguntas presentadas sugiere que su gestión será objeto de un escrutinio minucioso por parte del Congreso.

En este contexto, es fundamental que el proceso de interpelación se lleve a cabo con responsabilidad y objetividad, con el objetivo de esclarecer las dudas y asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones concretas por parte del gobierno para abordar los desafíos que enfrenta el país en áreas cruciales como el transporte y la seguridad. Es evidente que la seguridad ciudadana le importa un pepino al gobierno de Boluarte y Otarola y han dejado a su suerte al ministro del interior en manos del congreso, por lo menos un mes más sin rumbo y a la deriva en manos de la delincuencia organizada.

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Inversión pública en el primer semestre apenas supera un 33% de avance

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ComexPerú advierte que está pendiente la ejecución de más del 65% del presupuesto para construir carreteras, escuelas, centros médicos, conexiones de desagüe, entre otros.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se han invertido S/ 22,444 millones hasta junio de este año, es decir solo 33.7% en el avance del presupuesto total asignado para 2024. “Está pendiente la ejecución de más del 65% del presupuesto para construir carreteras, escuelas, centros médicos, defensas ribereñas, conexiones de desagüe, etc.”, refiere ComexPerú. En el primer semestre del año, los gobiernos regionales en conjunto, han ejecutado el 35.7% del presupuesto asignado a inversión pública.

Sectores con mayor presupuesto como transporte, salud y educación tienen niveles de ejecución por debajo del 40%. En transporte, la situación es especialmente preocupante en la Municipalidad Metropolitana de Lima (17.2%). Asimismo, en el sector salud, algunos gobiernos regionales han ejecutado menos del 15% de su presupuesto destinado a proyectos: Piura (13.4%), Arequipa (13.1%) y La Libertad (9%). Respecto a los gobiernos locales han logrado ejecutar solo el 32.5% del presupuesto destinado a inversión pública.

Así, en el sector transporte, el gobierno local de Huánuco presenta uno de los menores niveles con un avance de 16.7%. En el sector saneamiento Piura tiene un avance de 19.8%, Huánuco (17.8%) y Tacna (16.1%). Además, en el sector educación, Ayacucho solo alcanza un 11.7% y Huánuco (8.8%). La ejecución de proyectos públicos es una gran debilidad de los gobiernos subnacionales debido a que no cuentan con el nivel de especialización necesario para manejar las diferentes áreas de su cartera y la cantidad de obras a su cargo puede sobrepasar sus capacidades.

Esto obliga a elegir qué obras cumplirán su presupuesto anual y cuáles serán postergadas. “El Estado debe resolver este dilema, pero no transfiriendo más dinero, sino mejorando la capacidad de los gobiernos subnacionales para utilizar lo que ya tienen, así como establecer acciones de promoción y corrección en la administración de los recursos públicos. El costo de no ejecutar obras lo paga la población, que no termina accediendo a servicios públicos de calidad”, puntualiza ComexPerú.Fuente: ComexPerú

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Es necesario el esfuerzo político para controlar el gasto

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El presidente del Consejo Fiscal (CF), Alonso Segura, consideró que los cambios de reglas se han dado de manera prematura.

A inicios de julio, el Consejo Fiscal (CF) emitió una opinión sobre la entonces propuesta del Gobierno de modificar la senda de consolidación fiscal. Ahora, ya con un Decreto Legislativo publicado, es decir, con la formalización del cambio en los “techos” del déficit fiscal desde este año hasta el 2028, el CF reitera su preocupación.

El presidente de la entidad, Alonso Segura, señaló que los cambios a las reglas fiscales realizados por el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Legislativo N° 1621 se han dado de manera prematura. Esto, considerando que las condiciones del próximo año muestran que la recaudación tributaria se recuperaría de manera significativa. “La información al día de hoy es que, entre otras cosas, la economía se recuperaría, habría un rebote y la caída de la recaudación tributaria se comenzaría a recuperar en 2025”, señaló.

También criticó que se extienda hasta el 2028 el camino de la consolidación fiscal hacia el 1% del PBI. Para el CF, esto no puede responder, únicamente, a la recuperación de los ingresos tributarios y no a esfuerzos gubernamentales por el lado de evitar mayores gastos. “La consolidación fiscal respondería simplemente a la recuperación de los ingresos, pero sin una política activa sobre los gastos. Nadie dice que haya recortes de gastos, pero debe haber algo de esfuerzo político para contener el crecimiento del gasto”, mencionó Segura.

Fuente: Gestión

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