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¿Por qué Trujillo y Pataz serán declaradas en estado de emergencia? – Realidad.PE
El Poder Ejecutivo anunció que las provincias liberteñas de Trujillo y Pataz serán declaradas en emergencia por 60 días, debido al alto índice de inseguridad ciudadana. Aunque el Decreto Supremo aún no se publica en el Diario Oficial El Peruano, ya se ha adelantado que la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas trabajarán de la mano para recuperar la tranquilidad en ambas jurisdicciones.
El orden interno de Trujillo, capital de la región La Libertad, será asumido por la Policía Nacional, con apoyo del Ejército del Perú; mientras que en Pataz será el Ejército quien tome el control, con apoyo de la PNP, según lo informado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
La atención puesta en estas provincias por parte del Ejecutivo radica, principalmente, en que es ambas donde se están cometiendo los principales delitos, y además donde operan organizaciones criminales que mantienen en zozobra a la población.
En lo que va del año, se han cometido 53 crímenes a manos de sicarios o asesinos a sueldo en la región La Libertad, y de estos 25 se han ejecutado en la provincia de Trujillo, que es casi el 50 %. Durante el 2023 se reportaron 351 crímenes.
La forma de actuar de estos asesinos casi siempre es la misma: llegan dos personas a bordo de una moto, y tras ubicar a su objetivo se acercan muy rápido y le disparan varias veces en diversas partes del cuerpo, para luego huir con rumbo desconocido.
Estos asesinatos ocurren en la noche, en el día, en el interior de una juguería, restaurantes, bares, discotecas, en plena calle, cerca de sedes policiales o cualquier otro lugar; los delincuentes simplemente no parecen tener límites.
Otro delito que preocupa, en especial a los empresarios, son las extorsiones. Diversos negocios del distrito El Porvenir, y otros en Trujillo, son atentados con artefactos explosivos que desconocidos detonan en sus puertas para intimidarlos y así accedan a pagar el monto requerido por las organizaciones criminales.
Según la Policía, la mayoría de estos delitos son dirigidos desde el penal El Milagro de Trujillo, y por ello ha insistido en el traslado de cabecillas a penales con régimen cerrado o de máxima seguridad.
Pero lo que más temen los empresarios es caer en manos de los secuestradores. La organización criminal que está detrás de estos delitos actúa de una forma sanguinaria, y si no entregas la cantidad que te exigen empiezan a cortarles los dedos de las manos a manera de tortura, y esos videos son enviados a sus familiares.
Un empresario minero fue la última víctima de secuestro, y sus captores lo asesinaron pese a recibir más de un millón de soles en efectivo; sin embargo, en el cuerpo de la víctima había un letrero que decía: “Por no pagar completo”.
Pero estos crímenes y delitos no solo se registran en Trujillo. La provincia de Virú sufre también esta ola de inseguridad ciudadana. En lo que va del año se han registrado 8 asesinatos en Virú, seguido por Pataz con 6, Pacasmayo 5, Ascope 4. Sánchez Carrión 2 y Santiago de Chuco, Gran Chimú y Chepén con 1.
Sin embargo, por ahora ninguna de estas otras provincias está contemplada en la nueva declaratoria de emergencia.
Minería ilegal en Pataz
La situación de la provincia de Pataz es aún más violenta. Desde hace varios meses ha crecido la presencia de organizaciones criminales vinculadas a la mafia de la minería ilegal y algunas de ellas están integradas por ciudadanos peruanos y extranjeros y que poseen armas de largo alcance.
El asesinato de nueve agentes de seguridad en un socavón de la empresa minera Poderosa ha sido lo más cruel que se ha visto hasta ahora, pero los atentados continúan de forma constante con el derribo de las torres de alta tensión.
Parte de los asesinatos que se registran en la provincia de Trujillo y otras provincias de la región La Libertad están vinculadas con la guerra que se ha desatado en la provincia de Pataz, principalmente en el distrito del mismo nombre.
En Pataz se cometen también delitos de trata de personas, tráfico ilícito de drogas, sicariato, extorsión y robo de material aurífero, es por ello que el Gobierno ha decidido que sea el Ejército quien tome el control, con apoyo de la PNP.
Ni siquiera la PNP se ha salvado de ser víctima de la delincuencia. En julio de 2023 se puso un artefacto explosivo contra la comisaría de Retamas, pero fortuna no se reportó ni un agente herido o fallecido.
Opinan las autoridades
El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, sostuvo que, si la declaratoria de emergencia no está acompañada de recursos económicos, y medidas para acelerar las compras en materia de seguridad ciudadana, solo será una “frase lírica”.
Reyna indicó que, para obtener resultados diferentes, las estrategias que debe plantear el gobierno también tienen que ser distintas.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, declaró que no funcionan los documentos firmados (declaratoria de emergencia), si no va acompañado de decisiones económicas o acompañado de decisión logística.
“Yo he dicho en su momento, que Pataz tiene cuatro comisarías, y de las cuatro ni una tiene camionetas en condiciones para hacer patrullaje”, señaló.
Estadísticas: 69
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Alcaldes del Cusco protestan encadenados en Lima
En una medida de protesta sin precedentes, el alcalde del distrito de Huaro, provincia de Quispicanchi (Cusco), Juvenal Humpire, llegó a Lima junto a otros seis alcaldes de la región Cusco para exigir al Gobierno Central la asignación de recursos que permitan culminar importantes obras de infraestructura de salud.
Los siete burgomaestres representan a municipios cuyos proyectos forman parte del Programa Plan Mil, una iniciativa impulsada por el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, para construir y mejorar establecimientos de salud en distintos distritos y provincias del país. Sin embargo, denuncian que varias de estas obras, pese a encontrarse en ejecución, no fueron consideradas con el presupuesto necesario para su culminación.
Como medida de protesta, los alcaldes de provincias como Anta, Acomayo, Paruro y Quispicanchi decidieron encadenarse en instituciones del Estado, entre ellas el Congreso de la República y diversos ministerios, con el objetivo de ser escuchados y lograr la asignación de recursos mediante el próximo crédito suplementario.
«Nuestro centro de salud registra un avance del 70 % de ejecución, pero el presupuesto asignado no alcanza para concluir la obra. Necesitamos recursos adicionales para ejecutar el 30 % restante. Si no se aprueba este financiamiento, el proyecto quedará paralizado», manifestó el alcalde Juvenal Humpire.
El burgomaestre expresó su indignación al señalar que las autoridades del Gobierno les aseguraron que los proyectos en continuidad serían priorizados. Sin embargo, sostuvo que en la Ley de Presupuesto se incluyeron nuevos proyectos, mientras varias obras del Plan Mil quedaron sin el financiamiento requerido.
«Somos 17 alcaldes que integramos el Programa Plan Mil de la región cusco y, en esta oportunidad, siete hemos venido a Lima para alzar nuestra voz de protesta. Solo mediante esta medida radical esperamos que el Gobierno Central escuche nuestro pedido. Si no nos asignan el presupuesto en este crédito suplementario, nuestras obras quedarán paralizadas y se generará un grave problema para la población», afirmó.
El nuevo Centro de Salud de Huaro y de los demás distritos beneficiará a cerca de 100 mil habitantes de Huaro y distritos vecinos. La moderna infraestructura permitirá brindar atención médica oportuna y de calidad a miles de niños, adultos mayores y familias que durante décadas han esperado este proyecto.
«Han pasado más de 50 años y nuestro distrito sigue esperando un establecimiento de salud digno. El antiguo centro de salud ya colapsó y hoy, en medio del intenso friaje que afecta a nuestra población, necesitamos culminar esta obra con urgencia. La salud debe ser una prioridad. Gracias a Dios seguimos firmes en esta lucha porque nuestros pueblos no pueden seguir esperando», concluyó el alcalde Juvenal Humpire.
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Multas desde S/660 a quienes circulen con vehículos menores motorizados en ciclovías –
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, informó que la circulación de vehículos menores motorizados en las ciclovías de Lima constituye una infracción muy grave y se sanciona con una multa de S/660.
La comuna precisó que esta conducta se encuentra tipificada como la infracción M43, establecida en el Decreto Supremo N.° 016-2009-MTC, modificado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además de la sanción económica, la falta implica la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor.
Según la normativa vigente, esta infracción se aplica cuando no se respeta el derecho preferente de paso del ciclista o del conductor de vehículos de movilidad personal (VMP), lo que incluye el uso indebido de ciclovías por unidades motorizadas.
La MML recordó que la multa equivale al 12% de una UIT, lo que actualmente representa S/660. Esta medida forma parte del régimen de tránsito que busca ordenar el uso de las vías exclusivas para bicicletas y otros vehículos no motorizados.
La autoridad municipal remarcó que la infracción M43 no contempla medidas preventivas, pero sí se considera de alta gravedad dentro del sistema de fiscalización vial.
En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Tránsito, informó que desde el 2 de agosto de 2026 aplicará sanciones contra conductores de motocicletas eléctricas que circulen por ciclovías.
La medida se anunció durante el inicio de una campaña de orientación en Miraflores, que se extenderá por 45 días en las jurisdicciones de Lima norte, centro y sur. Luego de ese periodo, la PNP comenzará la imposición de sanciones.
La institución precisó que las motocicletas eléctricas pertenecen a la categoría vehicular L, por lo que deben circular por la pista y no por ciclovías, las cuales están destinadas exclusivamente a bicicletas y vehículos de movilidad personal como los scooters.
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