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-Los crímenes de odio, una emergencia perpetua
Escrito por: Helmut Kessel, Sociedad Secular Humanista del Perú
Un acto terrorista usualmente se motiva en alguna ideología u objetivo político, un argumento religioso o la simple ojeriza contra algún grupo social. Un crimen de odio se podría describir exactamente igual.
En este mes del Orgullo LGBT, recordemos este importante concepto sobre el cual nuestro siguiente Congreso debería legislar, pues se trata de una emergencia perpetua que no cesa año tras año.
Legalmente, un crimen de odio se da cuando el agresor ataca a una persona o grupo únicamente y sin otra motivación que su condición humana o creencias, como la raza, religión u orientación sexual. Si la acción califica como tal, aplica un agravante y la pena por el crimen se hace más severa.
Como ejemplos tenemos las violaciones «correctivas» contra lesbianas, las noches nefastas de salir a la calle a pegarles a las personas transgénero, las golpizas o asesinatos de gays, lesbianas y trans muchas veces por sus propias familias, o incluso los tan conocidos ataques gratuitos contra fans de otros equipos de fútbol.
Ataque en el Club Pulse de Orlando.
Cualquier crimen contra una persona gay o transgénero no es necesariamente un crimen de odio, pues esto depende de la motivación. Si un gay es asaltado por su billetera o envenenado por un familiar para quedarse con la herencia, no se trata de un crimen de odio. Y nótese que todo aquel que tenga una orientación sexual está cubierto, no solo la población LGBT.
Tal como los actos de terrorismo, el agravante se justifica porque tras el crimen se originan dos víctimas: los individuos atacados y la comunidad a la que pertenecen, a la cual el criminal está enviando un mensaje amenazante que incrementa su sensación de rechazo, restringe su libertad de movimiento e impacta sus posibilidades de adaptación social. Existe entonces un doble crimen que debe ser castigado, además de la necesidad de enfatizar que no se va a tolerar la violencia entre distintos sectores de la sociedad.
Un proyecto de ley sobre este tema se llegó a presentar en el 2017 (P.L. 1378), pero los acontecimientos del 2018 lo truncaron. El objetivo de este proyecto era el proteger mediante la disuasión a ciertas comunidades vulnerables, en particular a la población LGBT, con énfasis en la comunidad transgénero, cuyos miembros son los más proclives a caer víctimas de crímenes de odio.
Mujer trans atacada en Honduras.
Cuando en el año 2013 se presentó un proyecto de ley similar y tuvo que pasar por la comisión de justicia, ciertos congresistas ligados a instituciones religiosas extirparon de ella las categorías de orientación sexual, identidad de género y afiliación deportiva, dejando intacta la categoría de religión, en un país donde prácticamente nadie es violentado por su religión. Esto causó que se desvirtúe por completo el propósito del proyecto.
Fue fácil para ellos esconderse detrás de cifras nebulosas de crímenes que no se pueden contabilizar fácilmente pues i) la policía no lleva un registro de crímenes de odio, y ii) las familias rara vez los reportan como lo que son.
Ni aquél proyecto de ley ni el derogado Decreto 1323 (2017) tipificaban ni castigaban el llamado “discurso de odio”. Solo regulaban acciones criminales, pues regular opiniones atenta contra la libertad de expresión y es francamente impracticable con nuestro poder judicial.
El Congreso tiene que dejar de meter la cabeza en la arena cuando se trata de la protección de estas comunidades vulnerables que son objeto diario del odio y la discriminación. En juego se encuentran vidas humanas, no solo derechos civiles.
Un crimen de odio no sólo busca matar, violar o agredir a una persona, sino aterrorizar a toda una comunidad y limitar su participación en la sociedad. Y los agresores lo hacen motivados por un odio que usualmente se respalda en argumentos religiosos, políticos o puramente tribalistas. Un crimen de odio es casi indistinto a un acto de terrorismo.
Helmut W. Kessel
Sociedad Secular Humanista del Perú

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Jóvenes peruanos enfrentan mayor precariedad laboral pese a brechas de talento en las empresas
Especialista de Redes advierte una paradoja que afecta a una generación clave, justo cuando millones de jóvenes se preparan para votar por primera vez.
El mercado laboral peruano atraviesa una contradicción preocupante: mientras muchas empresas aseguran no encontrar trabajadores con las competencias que necesitan, los jóvenes enfrentan un escenario cada vez más precario. Así lo advirtió Paola Del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes): “mientras un gran porcentaje de empresas reporta dificultades para cubrir sus plazas […], la situación del empleo de los jóvenes solo ha venido empeorando”.
Según explicó, este problema tiene raíces estructurales en el sistema educativo. Las brechas de aprendizaje que se arrastran desde la educación básica —y que se profundizaron durante la pandemia— no han sido corregidas, mientras que la educación superior no siempre garantiza calidad ni responde a las demandas del mercado laboral. El resultado es una mayor exposición a la informalidad, el subempleo y el desempleo. De hecho, los jóvenes son el único grupo etario que no ha mostrado mejoras sostenidas en el empleo tras la crisis sanitaria. Para Del Carpio, la situación resulta especialmente sensible en un contexto preelectoral, ya que millones de jóvenes ejercerán su derecho al voto por primera vez, con expectativas de progreso que chocan con un mercado laboral limitado.
Para la especialista, revertir esta tendencia exige decisiones de fondo. “Salir de este círculo vicioso requiere voluntad política y un compromiso colectivo por una educación de calidad”, sostuvo. En ese sentido, subrayó que una ciudadanía joven informada será clave para exigir políticas que fortalezcan el empleo formal, la productividad y la democracia, pues lo que está en juego es no solo su futuro laboral, sino el desarrollo del país en el largo plazo.
Fuente: Gestión
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Alcalde de Lima proyecta funcionamiento del Tren Lima–Chosica para el primer semestre de 2026
Tras la firma de un convenio marco con el MTC, la Municipalidad de Lima inicia la fase de pruebas técnicas y evaluaciones de seguridad para reactivar el transporte masivo ferroviario en Lima Este.
El anuncio de la puesta en marcha del tren Lima–Chosica ha generado nuevas expectativas sobre la movilidad en una de las zonas más congestionadas de la capital, tras la firma de un convenio de cooperación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, aclaró que si bien el acuerdo no implica un inicio de operaciones inmediato, existe una voluntad política coordinada para destrabar el proyecto. Al respecto, el burgomaestre manifestó que “el Gobierno central, en este momento, está con toda la disposición para que esto se acelere y podamos contar con este medio de transporte masivo. Debo decir que el convenio establece un esquema de cooperación para desarrollar evaluaciones técnicas que permitan determinar la viabilidad integral”, involucrando también a ProInversión y la ATU.
La implementación del servicio ferroviario se ha planificado en tres fases distintas para asegurar su operatividad progresiva. Actualmente, el material rodante ya se encuentra en periodo de pruebas sin pasajeros para verificar el estado de la infraestructura existente. Según detalló Reggiardo, el objetivo es habilitar primero una ruta directa y luego expandir el servicio, precisando que “el tren ya ha circulado en marcha en vacío como parte de las pruebas iniciales, sin registrarse incidentes. El objetivo es que pueda operar en el primer trimestre o, en un escenario más optimista, en el primer semestre de 2026, integrándose al sistema de transporte de la Línea 1, Línea 2 y el Metropolitano”.
Pese al optimismo de las autoridades, el proyecto aún enfrenta retos significativos relacionados con la seguridad vial y el mantenimiento de las vías férreas que atraviesan zonas altamente pobladas. La Municipalidad de Lima y el MTC deben coordinar la instalación de sistemas de control en los cruces peatonales y vehiculares para evitar accidentes. El alcalde Reggiardo explicó que la seguridad es una prioridad antes de la apertura comercial, señalando que “el MTC deberá implementar cercos, vallas, tranqueras y sistemas de control en los cruces, especialmente en zonas de alta circulación peatonal. Estos aspectos aún se evalúan en mesas técnicas y forman parte de las condiciones necesarias antes de autorizar el traslado de pasajeros”.
Fuente: Infobae
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