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Municipios distritales de Ayacucho deben garantizar entrega de mascarillas comunitarias a población vulnerable – Agencia de Noticias Órbita

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Municipios distritales de Ayacucho deben garantizar entrega de mascarillas comunitarias a población vulnerable – Agencia de Noticias Órbita


La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho demandó a los municipios distritales que garanticen, de manera prioritaria, el recojo de las mascarillas faciales textiles y descartables quirúrgicas para uso comunitario de los almacenes del municipio provincial y, de ser necesario, articulen el apoyo de otras entidades públicas, a fin de garantizar su entrega a favor de la población en situación de vulnerabilidad de sus respectivas jurisdicciones.

Este pedido fue dirigido a los gobiernos locales tras una supervisión con el objetivo de verificar las acciones adoptadas para garantizar la distribución de los kits de mascarillas faciales textiles de uso comunitario y mascarillas descartables quirúrgicas, puesto que desde agosto se viene retrasando el recojo y posterior entrega a las personas beneficiarias.

Al respecto, cabe señalar que el Ministerio de Salud destinó a la región 467 026 mascarillas faciales textiles y 2 802 156 mascarillas quirúrgicas en beneficio de 233 513 personas en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, adultas mayores, beneficiarias de programas de asistencia social, en pobreza y pobreza extrema, entre otras.

Cabe recordar que, tras recomendación de la Defensoría del Pueblo, mediante Decreto de Urgencia n.° 042-2021, el Gobierno declaró a las mascarillas faciales textiles de uso comunitario y mascarillas descartables quirúrgicas como bien público. En atención a lo cual se aprobaron las “Disposiciones complementarias para la distribución de mascarillas faciales textiles de uso comunitario y mascarillas descartables quirúrgicas para uso comunitario”.

Conforme a estas disposiciones , el Gobierno Regional de Ayacucho conformó el Grupo de Trabajo que estableció los esquemas y acciones operativas para la distribución de los kits en la región. Dicho grupo está por la Dirección Regional de Salud, la Dirección de Promoción de la Salud de la Diresa y representantes de cada gobierno local, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer Poblaciones Vulnerables. Asimismo, cuenta con participación del Ministerio Público y la supervisión de la Defensoría del Pueblo.

“Es urgente que los gobiernos locales dispongan acciones inmediatas que garanticen el rápido armado y distribución de los kits de mascarillas faciales textiles y descartables quirúrgicas para uso comunitario, pudiendo convocar el apoyo de la sociedad civil organizada, asegurando el cumplimiento de los protocolos sanitarios y medidas de distanciamiento. Además, deben coordinar con la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección Regional de Salud la superación de los problemas que pudieran presentarse en el recojo, armado y distribución”, sostuvo el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar.

Agregó que en caso de no cumplir diligentemente y dentro de los plazos establecidos por el Grupo de Trabajo, corresponderá remitir los actuados a las autoridades competentes como a la Contraloría General de la República para las acciones correspondientes en el marco de sus competencias. Recordó, además, que las mascarillas son un bien público, por ser una medida preventiva para evitar el contagio del COVID-19, pero hay personas que por diversos motivos no pueden adquirirlas, por lo que resulta indispensable contribuir a su protección entregándoles el kit.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo informó que seguirá atenta a que se sigan cumpliendo y reforzando la distribución de mascarillas para garantizar una efectiva protección en aquellas zonas con mayor índice de contagio y mayores niveles de pobreza.



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HOSTIGAMIENTO DISFRAZADO DE PERIODISMO EN PUEBLO LIBRE

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HOSTIGAMIENTO DISFRAZADO DE PERIODISMO EN PUEBLO LIBRE

¿Hasta dónde llega el límite entre la labor informativa y el acoso sistemático? Hoy exponemos una grave situación que afecta la tranquilidad de los trabajadores municipales en nuestro distrito.

Bajo el título “ACLARACIÓN PÚBLICA FRENTE A PUBLICACIONES FALSAS Y ACTOS DE HOSTIGAMIENTO”, el funcionario Pedro Morales Miranda ha alzado su voz para denunciar las agresiones y el asedio constante de Javier Yoplac, un personaje que, escudándose tras una cámara y un supuesto rol de comunicador, se dedica a perseguir y difamar a quienes gestionan el distrito.

Los hechos son claros y están grabados:

📍 El pasado viernes, durante su horario de refrigerio y en una conversación privada, los funcionarios fueron interceptados de manera prepotente.

📍 Pese a solicitarle reiteradamente que respete su espacio privado, Yoplac inició una persecución con celular en mano, invadiendo el espacio personal a escasos centímetros del rostro de Morales.

📍 No solo se trata de hostigamiento profesional; se reportan comentarios inapropiados y ofensivos contra las funcionarias presentes.

¿Información o Manipulación? 🎥 Los videos publicados por este personaje intentan proyectar una imagen de violencia que no existe. Lo que realmente se ve es la legítima defensa de ciudadanos que exigen respeto a su intimidad y honor, derechos que no se pierden por ser funcionario público.

Basta de impunidad. La libertad de expresión NO es una licencia para el acoso, la provocación ni la mentira. Como vecinos, merecemos canales de información serios, no espectáculos de odio que buscan desestabilizar la gestión con ataques personales.

⚠️ DATO CLAVE: Pedro Morales cuenta con una trayectoria impecable y ha anunciado que no permitirá que se vulnere su integridad ni la de sus colegas. El caso podría llegar a instancias judiciales.

¡Basta de hostigamiento en Pueblo Libre! El respeto es la base de nuestra democracia.

FUENTE: PEDRO MORALES

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La FIL se muda de Jesús María

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La FIL se muda de Jesús María

Por: EDWIN CAVELLO LIMAS

La Feria Internacional del Libro de Lima ya no volverá al parque Próceres de Jesús María. No hubo incendio, ni clausura sanitaria, ni rebelión vecinal. Hubo algo más eficaz: una factura. Doscientos mil soles. Esa habría sido la cifra que la Municipalidad de Jesús María —con el alcalde Jesús Gálvez a la cabeza— puso sobre la mesa para permitir que los libros siguieran ocupando, por unas semanas al año, un parque público. La Cámara Peruana del Libro no aceptó. Y se acabó la historia. O mejor dicho: se reveló la verdadera.

Porque no se trata de logística ni de orden urbano. Se trata de prioridades. La FIL se va porque no quiso pagar un peaje municipal que huele más a castigo que a alquiler. Y se va, además, a un lugar donde el mercado —ese villano habitual del discurso cultural— resulta más razonable: el Jockey Plaza. Allí, dicen desde la CPL, el espacio cuesta menos. Ironías de Lima: un centro comercial resulta más accesible que un parque público.

La escena es grotesca. Mientras los libros hacen maletas, en el distrito varios vecinos miran con incredulidad la decisión municipal. No porque sean románticos de la literatura, sino porque entienden algo elemental: la Feria Internacional del Libro de Lima convoca a miles de personas, mueve economía local, pone al distrito en el mapa cultural. Pero el alcalde Gálvez —a quien en el barrio llaman «Mayimbú», con más sorna que cariño— parece tener otros gustos. Para conciertos chicha en el Campo de Marte o la Concha Acústica, permisos hay. Para presentaciones de libros, no tanto.

Este 2026, además, el país invitado de honor es Ecuador. La programación deberá rearmarse, adaptarse a pasillos comerciales. La cultura, como siempre, se acomoda. Las autoridades, en cambio, se atrincheran en su escritorio. Desde el año pasado, la Municipalidad de Jesús María y la Cámara Peruana del Libro venían negociando la permanencia de la feria en Próceres. Hubo reuniones, idas y vueltas, discursos amables. Hasta que apareció la cifra final. Y con ella, la ruptura.

Que no se engañe nadie: la FIL no se va por capricho ni por falta de público. Se va porque no habría aceptado pagar 200 mil soles por usar un parque que, en teoría, es de todos. Jesús María se queda sin feria y Lima pierde un espacio público para el libro.

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