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Nadine Heredia solicita asilo en Brasil y evade la justicia tras ser condenada

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La exprimera dama fue sentenciada a 15 años de prisión, pero evitó su captura al ingresar a la embajada brasileña. El gobierno peruano confirmó el pedido de asilo diplomático.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó este lunes a Nadine Heredia, exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala, a 15 años de prisión efectiva por lavado de activos, vinculado a fondos irregulares de Venezuela y Odebrecht para campañas del Partido Nacionalista (2006-2011). «Debe ser ubicada y puesta a disposición del juzgado», ordenó el tribunal tras su inasistencia a la audiencia.

Heredia, quien se convirtió en la primera ex cónyuge presidencial condenada en Perú, ejecutó una estrategia para evadir la prisión. Mientras su madre declaró que estaba hospitalizada, la Cancillería peruana confirmó que ingresó a la Embajada de Brasil para solicitar asilo diplomático. «Ambos gobiernos mantienen comunicación bajo la Convención de 1954», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El expresidente Humala, presente en la lectura de sentencia, fue detenido y trasladado al INPE. La fiscalía había pedido 26 años y 6 meses para Heredia y 20 años para Humala. El caso marca un hito en la lucha anticorrupción, aunque el pedido de asilo podría prolongar el proceso.

Fuente: Expreso

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Participación electoral en el Perú cae a mínimos históricos: urgen medidas para una democracia más inclusiva

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Un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) revela que la asistencia a las urnas ha disminuido del 88 % al 70 % en las últimas dos décadas. Además, advierte que el sistema electoral actual excluye a poblaciones vulnerables y plantea la necesidad de impulsar reformas estructurales.

El informe «La democracia en el Perú desde sus indicadores electorales», elaborado por la Escuela de Gobierno PUCP, evidencia una alarmante caída en participación electoral: mientras en 2006 el 88.7 % de la ciudadanía votó en comicios congresales, en 2021 se redujo al 70.1 %. «El sistema electoral actual reproduce exclusiones históricas al no garantizar accesibilidad para personas con discapacidad, comunidades indígenas y poblaciones rurales», advierte el reporte. Esta brecha se acentúa en las segundas vueltas regionales, donde la participación no supera el 66 %.

La investigación identifica tres factores clave detrás de la baja participación: la desconfianza institucional —con un 88 % de desaprobación al Congreso—, la falta de representatividad de los candidatos y las barreras logísticas. Además, las brechas territoriales también son evidentes: los distritos rurales registran tasas de participación hasta 25 % menores que los urbanos. «En las últimas elecciones, 3 de cada 10 peruanos habilitados no votaron no por desinterés, sino por dificultades para llegar a centros de votación o falta de documentos», detalla el documento.

Para revertir esta crisis, el estudio propone tres alternativas: implementar el voto electrónico asistido para zonas remotas, establecer cuotas obligatorias para candidatos indígenas y de personas con discapacidad, y reformar el sistema de multas por inasistencia. «Sin una inclusión real de los grupos marginados, la democracia peruana seguirá siendo una promesa incumplida», concluye el informe, que resalta la urgencia de aplicar estas medidas antes de los próximos comicios regionales.

Fuente: InfoActiva

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Más de 2,500 obras públicas están detenidas en el país

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Entre los departamentos más afectados se encuentran Arequipa (146 obras), La Libertad (86), Lima (186) y Piura (127). Ello perjudica la continuidad de servicios clave como salud, educación, saneamiento e infraestructura vial.

Un reciente informe del Sistema Nacional de Obras Públicas (Infobras) y el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en marzo de 2025, revela que “en el Perú existen 2,572 obras públicas paralizadas, con un costo actualizado total de 43,163 millones de soles. De dicho monto, aún queda un saldo de inversión por ejecutar de 22,512 millones de soles”. De acuerdo con la Contraloría, si se reactivan estas inversiones, permitiría restablecer servicios y obras esenciales para más de ocho millones de personas.

De esta manera, algunos de los departamentos más afectados son: Arequipa que tiene 146 obras paralizadas con más de S/ 7,731 millones comprometidos; destacan proyectos penitenciarios, viales y policiales. La Libertad con 86 obras detenidas por más de S/ 5,595 millones; resaltan tramos viales estratégicos y puentes clave. Asimismo, Lima registra 186 obras paralizadas por S/ 4,564 millones; incluyen proyectos de agua, saneamiento y carreteras interregionales. Finalmente, en Piura hay 127 obras sin ejecutar por más de S/ 2,547 millones; entre ellas, obras de saneamiento, conectividad digital y riego agrícola.

Así, estas regiones no solo concentran un volumen importante de proyectos detenidos, sino también millonarios recursos públicos que permanecen inmovilizados, afectando la continuidad de servicios clave como salud, educación, saneamiento e infraestructura vial.Fuente: Perú 21 y Rumbo Minero

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