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OBRAS PARALIZADAS SUMAN S/ 44,297 MILLONES, CON MÁS DE 2,400 PROYECTOS DETENIDOS EN TODO EL PAÍS
La Contraloría reportó 2,428 proyectos detenidos, y el Estado ya gastó S/ 22,500 millones en fierros y ladrillos. Cusco, Puno y Lima concentran la mayor cantidad de casos por incumplimiento de contratos y fallas en los expedientes.
La problemática de la inversión pública se agrava en Perú con 2,428 obras públicas paralizadas a junio de este año, según un informe técnico de la Contraloría de la República. El costo actualizado de estas inversiones suma S/ 44,297 millones, de los cuales el Estado ya ha gastado cerca de S/ 22,500 millones. El reto es enorme, ya que se necesitan S/ 21,812 millones adicionales para que todos estos proyectos puedan ser terminados.
El mayor número de obras paralizadas se encuentra a cargo de los municipios provinciales y distritales (1,732). No obstante, en montos de inversión, la lista se invierte, con los gobiernos regionales teniendo proyectos sin avance por S/ 17,339 millones. El vicepresidente ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, respondió que “no hay nada peor que una inversión realizada por el Estado que está paralizada. Hubiese sido mejor no ejecutar”. Además, advirtió que el costo total de las obras detenidas creció un 25% en un solo año, debido al deterioro y la actualización de presupuestos.
De acuerdo con la Contraloría, las principales causas de las paralizaciones son el incumplimiento de contrato (610 casos), la falta de recursos financieros (516) y las deficiencias en el expediente técnico (249). Luis Portugal, funcionario de la Contraloría, mencionó que existe una “saturación del sistema porque en Perú hay 131.000 inversiones con componente de obra de infraestructura en ejecución, pero el Estado tiene la capacidad para 45.000”. La Contraloría ha señalado que, desde agosto del 2024 hasta setiembre del 2025, se han reactivado 382 obras públicas por un monto de S/ 5,100 millones.
Fuente: Construyendo
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Minem plantea reducir a días la aprobación de permisos para pequeños proyectos de exploración minera
La propuesta crea la Declaración Jurada Ambiental (DJA) para proyectos de hasta 10 plataformas con impactos ambientales no significativos, y está en consulta pública por 15 días.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) propuso crear un nuevo mecanismo para agilizar la certificación ambiental de determinados proyectos de exploración minera. A través de una Resolución Ministerial publicada el 29 de setiembre en el diario oficial El Peruano, el sector dispuso la publicación de un proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera.
El objetivo es crear la Declaración Jurada Ambiental para Exploración Minera (DJA), un nuevo instrumento de gestión ambiental complementario al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dirigido a proyectos que contemplen entre una y 10 plataformas —los puntos habilitados para realizar perforaciones y determinar las características geológicas y mineralógicas de un posible yacimiento— y cuyos impactos ambientales sean considerados no significativos. A diferencia de otros instrumentos que requieren una evaluación previa de la autoridad, la certificación mediante la DJA estaría sujeta a aprobación automática.
El Minem abrió un plazo de 15 días calendario para recibir comentarios y aportes de entidades públicas, empresas y ciudadanía. La medida apunta a la etapa de exploración, previa a la explotación, en la que las empresas realizan perforaciones y estudios para determinar si un área tiene suficientes recursos minerales; una reducción de los tiempos de tramitación podría permitir que avancen más rápido los proyectos pequeños, aunque la propuesta no elimina la certificación ambiental ni se aplicaría automáticamente a cualquier proyecto minero.
Fuente: RPP
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Promesas electorales: candidatos deben ofrecer lo que realmente pueden cumplir
Armando Medina advierte que alcaldes y consejeros no pueden asumir funciones que corresponden a otros niveles de gobierno y pide revisar las competencias antes de votar.
De cara a las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, el elector debe revisar si las promesas corresponden a las competencias del cargo. El analista político y catedrático universitario, Armando Medina, cuestionó los ofrecimientos que atribuyen a alcaldes funciones de otros niveles. “Muchos candidatos hacen alusión, pues, como que van a crear la Policía, que van a crear colegios, que van a crear hospitales. Eso no corresponde a los gobiernos municipales”, señaló.
Sobre seguridad, precisó que un alcalde puede reforzar cámaras y serenazgo, pero no disponer de efectivos policiales. “Las facultades de la represión y el control policial les competen a otras instancias”, afirmó. En cambio, destacó servicios municipales como agua, saneamiento y residuos sólidos. “Los candidatos a las alcaldías deben tener un plan claro” sobre estos servicios. También recordó que los consejeros regionales fiscalizan y no gestionan obras públicas directamente.
Fuente: Lima Conecta
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