El Jurado Nacional de Elecciones emitió la credencial que oficializa al teniente alcalde como burgomaestre interino hasta el fin del periodo 2023-2026. Vecinos esperan que se supere el descuido en el distrito, producto de la reciente incertidumbre política.

Lima. – El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso fin a la incertidumbre administrativa en Chorrillos al emitir la credencial oficial que reconoce a don Richard Cortez Melgarejo como el nuevo alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, para completar el periodo de gobierno municipal 2023-2026.

La decisión se formalizó tras un contencioso proceso de vacancia, lleno de dimes y diretes, que concluyó con la destitución del anterior alcalde, Fernando Emilio Velasco Huamán.

Mediante la Resolución N.° 0535-2025-JNE, el Pleno del JNE resolvió declarar fundado el recurso de apelación que solicitaba la vacancia de Velasco Huamán. La causa fue una infracción a la Ley Orgánica de Municipalidades por la causal de contratación. En consecuencia, el JNE revocó el acuerdo de concejo previo que había desestimado la solicitud y dejó sin efecto la credencial del burgomaestre saliente.

De acuerdo con la ley, el JNE convocó a Cortez Melgarejo, quien se desempeñaba como primer regidor hábil (teniente alcalde), para que asuma el cargo de alcalde. La nueva credencial, con fecha del 14 de octubre de 2025, lo acredita formalmente para ejercer la titularidad del distrito.

Expectativa vecinal y retos de gestión

Este prolongado periodo de inestabilidad política había generado un palpable clima de incertidumbre que afectó tanto a vecinos como a los propios trabajadores municipales.

Fuentes vecinales señalan que esta situación se tradujo en un notable descuido en la prestación de servicios básicos, la seguridad y el mantenimiento de las áreas públicas. La falta de un liderazgo claro detuvo la gestión y postergó decisiones importantes para el distrito.

Con la juramentación de Richard Cortez Melgarejo, los residentes de Chorrillos esperan que se restaure la gobernabilidad y el orden. La expectativa se centra en que la nueva gestión actúe con celeridad para reactivar la administración municipal y atienda las demandas urgentes que fueron desatendidas durante la crisis.

Dina Boluarte, la señora que se ausentó de su cargo para someterse a cirugías estéticas y que usaba relojes Rolex prestados, ya no es más presidenta del Perú. Fue vacada con más de 104 votos por el Congreso de la República el 10 de octubre de 2025, seis meses antes de las nuevas elecciones presidenciales de 2026, que se llevarán a cabo el 12 de abril del próximo año. Algunos argumentan que la vacancia se debió a un cálculo político, otros aseguran que se realizó en el momento indicado. Hay varias posiciones políticas alrededor de este tema, sin embargo, lo cierto es que esa vacancia hoy nos ha dejado al señor José Jerí como presidente transitorio.

Jerí fue elegido a mediados de año como presidente de la mesa directiva del Congreso y por esa razón actualmente cumple las funciones de presidente interino. No obstante, alrededor de él hay sendos cuestionamientos: Jerí votó a favor de seis leyes consideradas «pro crimen» por expertos en la materia. La primera norma es la Ley 32181, la cual establece que la Fiscalía y el Poder Judicial pueden detener a una persona solo cuando está cometiendo un delito. Finalmente, la ley fue derogada, pero estuvo cerca de tres meses aprobada con la venia de Jerí. La segunda norma es la Ley 31990, la cual disminuye el tiempo que tiene la Fiscalía para investigar determinados delitos graves y complejos. La tercera norma es la Ley 32108, la cual establece que la Fiscalía debe esperar a que un investigado esté con su abogado para que pueda allanar su domicilio. La cuarta norma es la Ley 6084, que hoy es la Ley 32054, la cual exime a los partidos políticos de responsabilidad penal. La quinta norma es la Ley 32130, la cual señala que la Fiscalía solo puede investigar a los delincuentes a través de la policía. La sexta y última norma es la Ley 32326, la cual incrementa los requisitos para que la Fiscalía pueda confiscar los bienes de las organizaciones.

A lo anterior, se suma una denuncia archivada por violación sexual contra el actual presidente. Por ello, gran parte de la población piensa que el gobierno de hoy es la continuidad de la época Boluarte. Tanto Jerí como su antecesora cargan sobre sus hombros acusaciones graves y ello no impide que haya estado o estén en el poder. Jerí, además, mantiene en su círculo cercano a Patricia Li, presidenta de su partido político Somos Perú y a quien considera su «madre política». Lo grave con esta señora es que en este momento se encuentra a punto de escuchar la lectura de su sentencia por haber mentido al Estado. La señora fue parte del despacho congresal del ex congresista Fernando Andrade; no obstante, en su currículum presentó estudios que nunca realizó: un título de contadora por la universidad Inca Garcilaso De la Vega, una maestría en administración por la universidad Esan y un diploma de estudios en el Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa. Li nunca realizó ninguno de los estudios mencionados y por ello fue sometida a un proceso judicial. Sería patético si absuelven a Li, pese a que las mismas instituciones mencionadas la negaron por los títulos que ella misma presentó.

Muchos jóvenes que pertenecen a la Generación Z han empezado a alzar su voz y a movilizarse. La población está cansada de los mismos políticos de siempre, pero también está asustada por la ola delincuencial que vive el país todos los días. El sicariato, las extorsiones, el robo al paso son parte del cotidiano y la percepción ciudadana es que a sus gobernantes ello no les interesa. Tal vez esa fue la razón por la que ni bien asumió el mando Jerí fue a visitar la cárcel. Producto de su visita salieron diversas postales por redes sociales y por los medios de comunicación, pero lo que llamó la atención fue que cuando hizo esa visita aún no había juramentado a su nuevo gabinete de ministros. Entonces, ¿acaso esa acción fue solo para la foto?

A este ritmo es probable que Jerí no dure más de un mes o, en la peor situación, que acabe su mandato hasta julio del próximo año, pero con una aceptación nula. Como decía la ex ministra y congresista Marisol Pérez Tello hace unos días: ¿Qué le cuesta a Jerí responder por diez minutos sobre sus cuestionadas votaciones mientras fue parlamentario y respecto a la denuncia que ostenta por violación? A Jerí, luego de la denuncia, le ordenaron seguir un tratamiento psicológico “por impulsividad y conducta sexual patológica”, sin embargo, incumplió la orden. Por ello, la fiscal suprema Zoraida Ávalos comenzó un proceso por desobediencia a la autoridad en su contra. Pero en agosto de este año, el fiscal Tomás Gálvez decidió archivar la denuncia asegurando que el caso carecía de evidencias. Jerí, hasta ahora, continúa sin dar la cara sobre por qué desacató la orden impuesta para que lleve apoyo psicológico.