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Lima Norte

Personas que realicen actos vandálicos pueden ser detenidos hasta por 15 días – LA NOTICIA RENOVADA

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Exdirector general de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, explicó que recientes disposiciones de la Fiscalía otorgan facultades para proceder a las detenciones preliminares hasta por dos semanas y continuar con la investigación por actos vandálicos. Normativa vigente castiga hasta con 10 años de prisión a quienes tomen locales, obstaculicen vías de comunicación o impidan el libre tránsito.

“No se permitirá la presencia de ministros o representantes del gobierno ilegítimo de (Dina) Boluarte (…) Todo policía o militar infiltrado será capturado y ajusticiado”, es la advertencia -que linda con el delito- leída en uno de los comunicados de los promotores del nuevo paro regional indefinido, que se iniciará mañana.

Con ese tono beligerante, 70 dirigentes de la Macrorregión del Sur del Perú -que comprende a siete regiones- anuncian una protesta indefinida para exigir cuatro puntos: la renuncia de la presidenta Boluarte, la Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso e, incluso, la libertad del golpista Pedro Castillo Terrones.

Ante estas amenazas que pueden poner en peligro la propiedad pública y privada y la paralización de diversos rubros claves como el transporte, conviene recordar que existe normativa que penaliza estos actos ilícitos.

El 15 de diciembre del 2022, la Fiscalía de la Nación dispuso, a través de la Resolución Nº 2673-2022 MP-FN, que las fiscalías provinciales especializadas contra la criminalidad organizada puedan intervenir de forma inmediata y realizar diligencias urgentes por delitos que puedan cometerse “en el marco de las manifestaciones que se vienen realizando en el país”.

“(…) y en caso que los delitos materia de intervención no se encuentren en el ámbito de su competencia material, podrán derivar de manera directa la continuación de la investigación a la fiscalía provincial directiva”, señala el documento que lleva la firma de la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

Ese día, la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro dio cuenta de las disposiciones emitidas de la Fiscalía de la Nación en torno a las manifestaciones que puedan incurrir en actos delictivos.

Nacional, Eduardo Pérez Rocha explicó que la resolución de la Fiscalía otorga facultades para disponer de detenciones preliminares hasta por 15 días.

“De esta manera, todo aquel que participe en actos vandálicos, que atente contra propiedades públicas o privadas o bloquee carreteras puede ser detenido hasta por 15 días”, explicó Pérez Rocha.

Al término de ese plazo, la Fiscalía puede solicitar la prisión preventiva y continuar las pesquisas por estos actos vandálicos.

Añadió que la PNP está facultada para utilizar armas disuasivas en caso las protestas, previstas para mañana, degeneren en actos violentos que pongan en peligro la vida de los efectivos policiales.

PENAS. Según el Código Penal (artículo 200), la toma de locales, obstaculizar vías de comunicación, impedir el libre tránsito o perturbar el funcionamiento de servicios públicos para obtener de las autoridades beneficios o ventajas está penado con 5 a 10 años de prisión.

Asimismo, si el vándalo atenta contra instalaciones destinadas a servicios públicos de electricidad, telecomunicaciones o de transportes destinados al uso público recibirá una sanción de 6 a 10 años (artículo 281).

Por último, quienes impidan o entorpezcan el normal funcionamiento de los servicios de transporte, comunicación, provisión de agua, electricidad o hidrocarburos recibirán una pena entre 4 a 6 años (artículo 283). (Correo).



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MIMP: violencia de género continúa siendo una de las batallas más urgentes en la región

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Con el fin de informar acerca de los avances en los preparativos de la decimoquinta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se desarrollará el próximo año en México, el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, participó en la inauguración de la sexagésima sexta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en Chile.

En representación de la titular del sector, la viceministra de la Mujer, Elba Espinoza Ríos, señaló que la región puede enorgullecerse de ser la única en el mundo con una Agenda Regional de Género específica, diseñada para abordar los nudos estructurales de la desigualdad que enfrentan las mujeres, a fin de consolidar sus derechos y orientar políticas que promuevan su autonomía económica, física y la toma de decisiones.

Sin embargo, agregó qué, la violencia de género continúa siendo una de las batallas más urgentes, pese a los avances normativos. “Las mujeres en América Latina y el Caribe enfrentan cotidianamente patrones socioculturales patriarcales, discriminatorios y violentos que limitan su pleno desarrollo”, enfatizó Espinoza, tras reafirmar su compromiso con la promoción y protección de los derechos de las mujeres.

Estas declaraciones las brindó durante su intervención, en la Sesión Especial de Consulta Regional con miras al sexagésimo noveno periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde participó también la cofundadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán del Perú e integrante de la Articulación Feminista Marcosur, Virginia Vargas.

En la cita, estuvieron presente autoridades de la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres – ONU Mujeres, así como representantes de los hermanos países de Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela.

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que representa el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región.

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Presidenta Dina Boluarte informó que se desarticularon más de 12 000 bandas criminales

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La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, lideró la cuarta y última Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) en Tarapoto, San Martin, en la que participó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández Cajo, junto a titulares de otros sectores del Estado.


La mandataria enfatizó que se han dado duros golpes a la delincuencia y al crimen organizado. “De enero a diciembre, a nivel nacional, nuestra policía ha realizado un millón de operativos, en el marco de los cuales se detuvo a 255 000 peruanos y 15 000 extranjeros, además de desarticular a 229 organizaciones criminales y 12 300 bandas. “Son resultados que nos alientan a seguir y a mantenernos en esa ruta en el 2025, sirviendo siempre a nuestra población”, expresó.


La IV Sesión Ordinaria del CONASEC tiene un rol fundamental en el objetivo de fortalecer las acciones y estrategias contra el crimen. En las anteriores sesiones se elaboró el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva, el cual promueve la implementación de unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional, para impulsar una justicia célere, eficiente y oportuna.

Boluarte manifestó que en el 2025 se potenciará aún más la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado con los más de 12 000 millones de soles destinados al Ministerio del Interior. “Este presupuesto nos permitirá consolidar el trabajo por la seguridad ciudadana, la mejora de la infraestructura de las comisarías y el aumento para nuestro personal policial”, recalcó.

Por su parte, la ministra del MIMP, Teresa Hernández Cajo, manifestó que a través de la estrategia multisectorial “Prevenir para Proteger” se busca prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. En este sentido, se están articulando acciones con los gobiernos regionales y locales, empresas privadas y organizaciones sociales.   

“Vamos a seguir trabajando en la prevención de violencia sexual contra la niñez y adolescencia, tenemos que eliminar la impunidad en estos casos para que el mensaje sea fuerte y contundente en la sociedad. Se requiere una respuesta contundente de la justicia para que no haya impunidad”, recalcó la titular del sector.

La ministra también destacó que se trabaja con las comunidades a través de los Servicios de Atención Rural (SAR), donde se coordina con las lideresas y líderes para que identifiquen situaciones de violencia y las víctimas puedan acceder al sistema de justicia.  

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