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Roberto Sánchez plantea un nuevo pacto social basado en el respeto a la voluntad popular
NI FRAUDE NI CONFRONTACIÓN, RESPETO AL VOTO POPULAR
El candidato presidencial Roberto Sánchez aseguró que respetará el veredicto de las urnas, cualquiera sea el resultado electoral. Durante una entrevista con Nicolás Lúcar, sostuvo que el país necesita abrir una nueva etapa histórica basada en la unidad nacional, la inclusión y el respeto irrestricto a la voluntad ciudadana.
“Vamos a recorrer este camino junto al pueblo peruano. Y si el pueblo decide que aún no es nuestro momento, acataremos su voluntad con convicción democrática y absoluto respeto”, afirmó.
Sánchez señaló que el Perú requiere construir un nuevo pacto social que permita superar décadas de desigualdad, exclusión y crisis política. En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar un país donde ningún ciudadano sea discriminado por su origen cultural, condición económica, identidad sexual, creencias religiosas o lugar de nacimiento.
“Aspiramos a construir una nación donde no exista ningún tipo de discriminación. El Perú del futuro debe garantizar igualdad de derechos, oportunidades y dignidad para todos”, expresó.
Asimismo, indicó que, una vez recuperado plenamente el derecho ciudadano al referéndum, deberá abrirse un amplio debate nacional sobre una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución que responda a los desafíos del país y fortalezca la democracia.
El líder político reiteró que la transparencia electoral constituye una condición indispensable para la estabilidad del país y destacó que su organización participará activamente en la vigilancia del proceso mediante miles de personeros desplegados en todo el territorio nacional.
“Somos demócratas y quien cree en la democracia respeta la voluntad popular. Nos comprometemos a reconocer y respetar los resultados electorales. Defender el voto ciudadano también es defender la democracia”, manifestó.
En ese contexto, convocó a las fuerzas democráticas, a los organismos electorales y a la comunidad internacional a garantizar que prevalezcan la legalidad, la transparencia y la voluntad soberana del pueblo peruano.
Sánchez también cuestionó los discursos que buscan desacreditar anticipadamente los procesos electorales sin pruebas, señalando que esas posiciones solo contribuyen a profundizar la división y la inestabilidad política.
“La democracia exige coherencia. Si se participa en una elección, se deben respetar sus resultados. Basta de insistir en narrativas de fraude que solo debilitan nuestras instituciones y afectan la confianza de los ciudadanos”, sostuvo.
Finalmente, ratificó que el interés nacional debe estar por encima de cualquier candidatura o proyecto político personal.
“Ante el país, asumo el compromiso de reconocer el veredicto de las urnas. Si la ciudadanía nos otorga su confianza, gobernaremos con responsabilidad y al servicio de todos los peruanos. Y si decide otro camino, seremos los primeros en reconocerlo y en contribuir a la estabilidad democrática del país. Porque por encima de cualquier candidatura o interés político está el Perú y el respeto a la voluntad de su pueblo”, concluyó.
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“ROBERTO SÁNCHEZ SE COMPROMETE CON GREMIO VINCULADO A MOVADEF QUE PLANTEA LIBERAR PRESOS”, INFORMÓ CANAL N
“Un documento suscrito entre el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEP) ha generado controversia en la recta final de la campaña electoral, luego de que se conociera que el acuerdo contempla la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Según el compromiso firmado el pasado 12 de mayo, ambas partes coinciden en impulsar una serie de medidas políticas y sociales en caso de un eventual triunfo electoral. Entre los puntos más cuestionados figura el pedido de libertad para Pedro Castillo y otros ciudadanos a quienes el documento denomina “luchadores populares”.”, informó Canal N
Fuente: Canal N
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JP REACTIVA RIESGOS DEL GOBIERNO DE CASTILLO Y PODRÍA REDUCIR CRECIMIENTO A SOLO 1,5% ANUAL
Videnza Instituto recordó que durante el Gobierno de Pedro Castillo hubo una salida de capitales equivalente al 7% del PBI, por lo que las propuestas de Juntos por el Perú podrían desacelerar el crecimiento del país.
Aunque el Perú cuenta con importantes contrapesos institucionales, como la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), el Tribunal Constitucional y el retorno de la bicameralidad, Videnza Instituto advierte que estos mecanismos no eliminan la capacidad de acción del Ejecutivo. Según el análisis, los “candados” institucionales actúan como mecanismos de contención, pero “estos límites son parciales”, ya que el Gobierno conserva margen suficiente para influir en variables clave como la inversión, el empleo y la confianza empresarial.
Entre las propuestas que ofrece Juntos por el Perú están la intervención estatal, la asamblea constituyente y cambios en el sistema financiero y el BCR. De acuerdo con Videnza, “bajo un escenario de continuidad del marco macroeconómico” el país podría crecer alrededor de 4,5% anual entre 2026 y 2031. En contraste, “bajo un escenario de mayor intervención estatal e inestabilidad por el llamado a una asamblea constituyente, el crecimiento se desaceleraría a alrededor de 1,5%”.
El informe señala que la inversión privada sería la variable más afectada ante un escenario de renegociación de contratos, incertidumbre constitucional y mayor participación estatal en sectores estratégicos. En ese contexto, recuerda que “la experiencia con Pedro Castillo, entre julio del 2021 y diciembre del 2022, ofrece un precedente claro sobre los efectos de cuestionar las bases del modelo económico”. La incertidumbre generada en ese periodo derivó en una salida de capitales equivalente al 7% del PBI, una depreciación del sol y un deterioro de la confianza empresarial que terminó afectando el crecimiento y los ingresos de los hogares más vulnerables.
Videnza agrega que varias de las propuestas de Juntos por el Perú recogen elementos similares a los observados durante ese periodo, como el cuestionamiento de la autonomía del BCR, el uso de reservas internacionales para financiar gasto público y una mayor intervención estatal en sectores estratégicos. Asimismo, advierte que “el impacto de las decisiones del gobierno puede ser profundo”, pues el Ejecutivo mantiene control sobre aspectos clave como la ejecución del gasto público, la conducción de la inversión pública y el nombramiento de altos funcionarios, herramientas suficientes para alterar las expectativas económicas y el desempeño del país durante los próximos años.
Fuente: El Comercio
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