Expertos cuestionan la quinta prórroga del Reinfo, al que califican de fracasado mecanismo que legitima la ilegalidad. El presidente José Jerí advirtió que observará cualquier modificación al acuerdo aprobado. 

La decisión del Congreso de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 ha generado duras críticas desde los gremios técnicos y especialistas, que advierten que la medida no corrige las fallas del proceso de formalización; por el contrario, profundiza la informalidad y la debilidad institucional del Estado. El Congreso evaluará su aprobación definitiva este 18 de diciembre.

Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), calificó al Reinfo como un “instrumento fracasado que no ha cumplido con su finalidad”. En la misma línea, el expresidente del gremio, Carlos Gálvez, sostuvo que la prórroga confirma un patrón que se arrastra desde hace más de dos décadas: “un mecanismo concebido como un puente hacia la formalización, pero que hoy funciona como un régimen que legitima la informalidad”. Según advirtió, esta decisión impacta en la institucionalidad del sector minero y transmite al inversionista formal un mensaje preocupante sobre la debilidad del Estado.

Pese a la crítica generalizada del sector técnico, el presidente José Jerí respaldó la prórroga de un año –y no por dos– al señalar que recoge “gran parte, por no decir casi todas, las recomendaciones del Ejecutivo”. No obstante, Gálvez cuestionó esta decisión y sostuvo que normalizar ampliaciones sucesivas del Reinfo solo “retrasa la modernización de la pequeña minería, un proceso que el país debió completar hace años”. En el Congreso, la decisión de limitar la extensión a un año se consideró un avance, ya que se rechazó la propuesta de reincorporar a más de 50 mil titulares depurados del registro.

Para los especialistas, el problema de fondo es la ausencia de una normativa integral. Gálvez cuestionó la falta de liderazgo en el Ministerio de Energía y Minas, pues “la designación de autoridades sin conocimiento del sector ha debilitado la capacidad del Ejecutivo para conducir la política de formalización”. En ese contexto, los gremios coinciden en que extender el Reinfo sin aprobar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) resulta estéril y solo profundiza la informalidad y posterga una reforma que el país debió concretar hace años.

Fuentes: El Comercio, Rumbo Minero, Caretas, Gestión

Pese a una reciente reducción de la pobreza, la región sigue expuesta a riesgos sociales por la persistencia de fallas estructurales en empleo, productividad y educación, advierte el organismo.

La desigualdad continúa siendo uno de los principales desafíos de América Latina y el Caribe y sigue agravando la crisis social de la región, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Según su último informe, el 10 % más rico gana más de 20 veces lo que recibe el 10 % más pobre, una brecha que trasciende lo económico. “Erosiona la cohesión social y la estabilidad de los pactos sociales”, alertó el organismo, al señalar que esta desigualdad alimenta la desconfianza en las instituciones y reduce el respaldo ciudadano a las políticas públicas.

Si bien en 2024 se registró una disminución de la pobreza monetaria y multidimensional, la CEPAL advirtió que este avance es insuficiente frente a los problemas estructurales que persisten. El informe identifica como principales factores de la desigualdad el bajo crecimiento económico, la escasa productividad y la elevada informalidad laboral. El caso peruano refleja con claridad estas brechas. Más del 70 % de los trabajadores se desempeña en la informalidad, mientras que los salarios representan apenas el 30 % de la riqueza que se genera cada año. Para el economista César Puntriano, el Perú es “uno de los países más informales y de menor productividad de América Latina”, una situación que limita tanto el crecimiento económico como la posibilidad de implementar reformas laborales que ya avanzan en otros países de la región.

A ello se suma la debilidad del sistema educativo, que no garantiza igualdad de oportunidades ni movilidad social. En ese sentido, la CEPAL advirtió que los resultados de las pruebas PISA muestran que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) casi triplican el desempeño promedio de América Latina y el Caribe. Esta situación se refleja en los ingresos laborales: en el Perú, el salario promedio alcanza los US$12.5 por hora trabajada, muy por debajo de Panamá (US$45.81) y cercano a Venezuela (US$11.54). Para el organismo, sin cambios estructurales en empleo, educación y productividad, la desigualdad seguirá siendo un freno para el desarrollo social de la región.

Fuente: InfoActiva