La primera autopista de montaña en Perú, con una inversión de más de S/24.000 millones, promete revolucionar la conectividad entre Lima y la sierra central.

Con un recorrido de 185 kilómetros desde Ate hasta Yauli, pasando por Chaclacayo, Cieneguilla y La Oroya, la Nueva Carretera Central reducirá drásticamente los tiempos de viaje entre Lima y Junín, de más de seis horas a solo dos horas y media. Según Provías Nacional, esta autopista de alta montaña será un hito en la infraestructura vial del Perú, enfrentando desafíos geográficos con 33 kilómetros de túneles y 19 kilómetros de viaductos elevados. “El diseño prioriza la seguridad y la eficiencia, garantizando un tránsito más rápido y seguro tanto para vehículos ligeros como para transporte pesado”, señalaron los encargados del proyecto.

La obra, supervisada bajo un acuerdo de gobierno a gobierno con Francia, incluirá cuatro carriles y diez intercambiadores viales estratégicos, asegurando un flujo constante y descongestionando rutas alternas. Su construcción generará más de 112.000 empleos, directos e indirectos, beneficiando diversos sectores como hospedaje, alimentación y transporte. Además, la infraestructura facilitará el traslado de mercancías desde la sierra central y la Amazonía hacia los principales puertos del país, mejorando la competitividad de la agroindustria y la minería.

El turismo también se beneficiará significativamente con esta autopista. Destinos como el Valle del Mantaro y Huarochirí recibirán un mayor flujo de visitantes, atraídos por el acceso mejorado y las vistas panorámicas de la ruta. Se espera que este incremento impulse las economías locales, consolidando un círculo virtuoso de desarrollo. Con una inversión histórica, la Nueva Carretera Central no solo transformará la conectividad vial, sino también el potencial económico y social de las regiones que atraviesa.

Fuente: La República

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), ha sido señalado por intentar amordazar y amedrentar al Colegio de Abogados de Lima (CAL). El conflicto surge tras una reunión virtual sostenida el pasado 26 de diciembre de 2024 entre la directiva del CAL y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se cuestionaron normas inconstitucionales impulsadas por el Ejecutivo y el Congreso.

Durante el encuentro, el decano y los directivos del CAL expresaron su rechazo a la modificación de la Ley de Crimen Organizado (Ley N.º 32108, modificada por la Ley N.º 32138), que redefine el concepto de organización criminal y ha beneficiado a procesados en casos emblemáticos como el Caso Orellana y Cuellos Blancos. Asimismo, se pronunciaron contra propuestas legislativas que buscan retirar al Perú de la CIDH, normas que comprometen la autonomía del Ministerio Público, y proyectos que tratan a adolescentes como adultos en el sistema penal, medidas ya cuestionadas por UNICEF. Además, condenaron las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, por minimizar casos de abuso sexual contra menores.

DEMANDA Y RESPUESTA DEL CAL

Tras la reunión, la Dirección General de Derechos Humanos presentó una denuncia contra el Decano y los directivos del CAL ante el Consejo de Ética, argumentando que la reunión no contaba con la autorización de la Asamblea General. Sin embargo, el CAL sostiene que esta acusación es infundada, recordando que el artículo 25 de su Estatuto establece que el Decano personifica y representa al CAL, con plena atribución para emitir comunicaciones oficiales.

La directiva del CAL ha calificado esta acción como un atentado contra la libertad de expresión y los derechos constitucionales. En un pronunciamiento, destacaron que este intento de silenciar su voz es una ofensa no solo contra sus directivos, sino también contra todos los abogados del país, independientemente de sus posturas.

RESPALDO Y RECHAZO AL GOBIERNO

En medio de la polémica, la Junta Directiva del CAL reafirmó su respaldo a las decisiones del Decano y rechazó categóricamente la demanda del MINJUS, que consideran un intento de intimidar a quienes cuestionan el accionar del Ejecutivo y el Congreso. Además, lamentaron que la presidenta Dina Boluarte, quien es abogada y ex directiva del CAL, desconozca las normas estatutarias de la institución.

“Este acto vulnera principios fundamentales de la Constitución, como la libertad de expresión y el derecho a la difusión del pensamiento, y afecta la dignidad de los abogados que ejercen su derecho de opinión”, enfatizó la directiva del CAL, reafirmando su compromiso con la defensa de los principios democráticos y los derechos de la sociedad civil.

La situación deja entrever una creciente tensión entre el Gobierno y el gremio de abogados, abriendo un debate sobre la independencia de los colegios profesionales y la libertad de expresión en el contexto político actual.